Carlos Antonio Paez Hernandez

Expediente 1497/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1497/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • Carlos Antonio Paez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. No se tramitó incidente de suspensión. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que sobreseyó fuera de audiencia constitucional estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, no han dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a *************, Presidente Municipal y a **********, Tesorera Municipal, ambos del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que sea notificado el presente auto, remitan copia certificada de las constancias con las que acrediten la entrega del título de crédito a la parte quejosa para dar cumplimiento al fallo amparador; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, la autoridad contumaz se hará acreedora de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. De igual forma, se hace saber a la autoridad aquí requerida, que según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, el retraso en el cumplimiento del fallo protector, por medio de evasivas o procedimientos ilegales, será considerado como incumplimiento, por lo que, de ser el caso, se dará inicio al procedimiento de inejecución, y se procederá conforme al diverso 192 de la referida ley. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues en su caso la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, la autoridad responsable deberá cumplir el fallo protector, pues de lo contrario, se harán efectivas las medidas de apremio aludidas. Asimismo, se le reitera a las autoridades exhortadas que el artículo 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: "I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Por otro lado, se hace de su conocimiento que de persistir en su conducta contumaz, se podrá hacer uso de las facultades que otorga la ley de la materia a fin de hacer cumplir a cabalidad la ejecutoria constitucional. Asimismo, no es óbice el impedimento que de manera reiterada han referido las autoridades responsables para dar cumplimiento al fallo protector, en esencia, por oficio de veinticinco de febrero de dos mil veinte, signado por el Presidente Municipal del citado ayuntamiento, informo que estaba a disposición de la parte quejosa el título de crédito expedido a su favor para dar cumplimiento al fallo amparador; posteriormente la autorizada de la parte quejosa manifestó mediante escrito presentados ante este órgano jurisdiccional, que el apoderado legal de la moral quejosa acudió ante las oficinas de la Tesorería del Ayuntamiento de Ayala Morelos, el veintisiete de febrero de dos mil veinte, donde fue informado que no tenían el cheque, en razón de la suspensión de las actividades por la pandemia nuevamente acudió el siete de agosto del año próximo pasado, donde le informaron que no era posible entregar el cheque en virtud de que los títulos de créditos se los lleva la tesorera; el diez de septiembre de la misma anualidad, nuevamente se presenta a solicitar la entrega del multicitado cheque y le refieren nuevamente que lo tiene la tesorera ************** y que cuando llegue se comunicaran a la empresa. De ahí es evidente, en principio, que a la responsable corresponde tal obligación, ya que a cargo de la institución que representa, correrá el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; y no basta exponer la serie de impedimentos que ha expuesto, sin desarrollar la actuación a que haya lugar encaminada a cumplir lo exigido, toda vez que, el acatamiento no se encuentra supeditado a que la tesorera se ausente en los horarios que la misma autoridad estipuló. Habida cuenta que no debe inadvertirse que al tratarse de una ejecutoria de amparo la que nos ocupa, conforme la legislación de la materia, debe este órgano descartar que se estén dando evasivas o procedimientos ilegales por parte de la autoridad responsable o se despliegue cualquier otra actuación que contravenga el trámite relativo, ello en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, por lo que, de ser el caso, se dará inicio al procedimiento de inejecución, y se procederá conforme al diverso 192 de la ley de mérito. Notifíquese.

  3. Principal

    Sentencia Auxiliar

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los presentes autos, el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual, remite copia certificada de las actuaciones que obran en el juicio laboral de origen, mismas que se tienen por exhibidas para los efectos legales conducentes. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la oficiante, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que sea notificado el presente auto, informe lo acontecido respecto al desahogo de la prueba pericial en materia de documentoscopía; asimismo, superadas las fechas que señaló para el desahogo de las pruebas testimoniales, informe de su resultado; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Notifíquese.

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