Carlos Antonio Paez Hernandez

Expediente 934/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
934/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Carlos Antonio Paez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de diez de agosto de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d) de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. No se tramitó incidente de suspensión. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. ... Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diez de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable: Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y en Representación del Pleno de la misma, con sede en esta ciudad, en el que ACEPTA el acto reclamado. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la documental que allega la autoridad responsable como complemento a su informe justificado. En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los propuestos por el oficiante. Téngase por satisfecho el requerimiento formulado en autos, toda vez que la responsable de mérito allega las constancias de las que se advierte la personalidad de la promovente del amparo *************, como apoderada legal de la parte quejosa, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de la materia, se le reconoce tal carácter. Por otra parte, se tiene a la autoridad responsable informando de la existencia de los diversos juicios de amparo, radicados en este órgano de control constitucional, que pudieran estar relacionados con el presente asunto; lo que se tiene por informado para los efectos legales conducentes. Ahora bien, de la lectura del oficio de cuenta rendido por la autoridad responsable, y de las constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". La parte quejosa reclamó en su escrito de demanda presentado el dieciocho de julio de dos mil veintidós, la omisión de dictar acuerdo a la promoción presentada ante la responsable el veinticinco de abril de dos mil veintidós, registrada con el folio 000399 en el expediente ************. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado, así como las documentales relativas al oficio de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el dos de agosto del año en curso, dictó el acuerdo correspondiente a la promoción presentada el veinticinco de abril de dos mil veintidós, lo cual fue notificado a la parte quejosa el tres de los actuales, en el que tuvo por interpuesto el recurso de revisión de actos de ejecución en contra del actuario de su adscripción, respecto de la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo realizada el veinte de abril de dos mil veintidós, fijando día y hora para la audiencia de pruebas y alegatos respecto de la revisión en cita. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al dieciocho de julio de dos mil veintidós, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había dictado el acuerdo correspondiente, lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, el dos de agosto del año en curso, dictó el acuerdo correspondiente al escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintidós, registro 000399, proveyendo lo conducente respecto al recurso de revisión de actos del Actuario, en el juicio laboral de origen, lo cual se notificó el tres de los actuales, a través de su apoderado legal, por lo que es evidente que en el caso la omisión reclamada, cesó en dichas fechas, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. En esas condiciones, la autoridad responsable al dictar el acuerdo correspondiente al registro 000399 de veinticinco de abril de dos mil veintidós, hizo que cesaran los efectos de los actos reclamados, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada y, por tal motivo, se sobresee en el juicio de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del quince de agosto de dos mil veintidós, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veinte de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *****, quien se ostenta como apoderada legal de *****, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad; personalidad que refiere tiene acreditada en el expediente laboral de donde emana el acto reclamado; asimismo, anexa copia de la constancia que obra en el juicio de origen de la que se advierte su personalidad, por lo que de inicio dese trámite a la presente demanda de amparo, sin perjuicio de que dicha circunstancia deba quedar debidamente reconocida durante la secuela de este juicio. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 934/2022 y fórmese expediente. Admisión. Toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento de la demanda de cuenta, así como tampoco de incompetencia, que impidan a este juzgado conocer de aquélla, con fundamento en los artículos 112,115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Suspensión. No ha lugar a tramitarse incidente de suspensión en razón de no haber sido solicitada dicha medida cautelar. Audiencia constitucional. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Hágase saber a las partes que toda vez que de conformidad con el acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que entró en vigor el tres de agosto del presente año, se privilegia el uso de medios tecnológicos y se controla la presencia física en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, la audiencia constitucional se llevará a cabo mediante el método de videoconferencia en la plataforma digital CISCO WEBEX; por lo que, deberán proporcionar un correo electrónico, en el que se les enviará una invitación para unirse a la sesión correspondiente, pero en caso de no hacerlo, se entenderá que no es su deseo participar en la misma. Sin que pase inadvertido que deberán estar legitimadas para tal efecto, ya que a las personas que indiquen, se les enviará el citatorio electrónico respectivo siempre y cuando tengan personería reconocida en autos. Oportunidad de escrito. Se aclara que el escrito deberá presentarse a más tardar dos días hábiles antes de la fecha programada para la audiencia constitucional, pues se deben realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional. En caso de que la totalidad de las partes manifiesten que no es su deseo asistir o, hagan caso omiso a lo anterior, se entenderá que no es su deseo participar en la videoconferencia; por lo tanto, la audiencia constitucional no será por este medio, sino únicamente con una constancia que al efecto se realice y firme por el personal de este juzgado, ya que como bien lo estipula el artículo 5, fracción II del acuerdo 21/2020, la misma puede llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Requerimiento informe justificado. Con fundamento en el numeral 117, de la ley en cita, requiérase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles, posterior al en que surta efectos la notificación de este proveído, en el que deberán referirse expresamente, en caso de reclamarse más de uno, a todos y cada uno de los actos reclamados, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente, aun cuando se allegue antes de la celebración de la audiencia constitucional, pero después del citado plazo; debiendo, con fundamento en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, acompañar en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este juzgado cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia, de modo que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, si lo hubiere, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Requerimiento constancias. En caso de que no rindan su informe justificado, o lo hagan sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo; o bien de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, no la comuniquen de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañaran las constancias que la acrediten, con fundamento en los artículos 260, 64, 251 y 237, fracción I de la Ley de Amparo, se les aplicará una multa de cien y treinta unidades de medida y actualización, la primera por no rendir el informe y la segunda por no informar sobre causas de sobreseimiento; conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. De igual manera, solicítese a las autoridades responsables para que informen si tienen conocimiento de algún juicio de garantías promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, para evitar el dictado de resoluciones contradictorias, con el apercibimiento para el caso de no atender lo anterior, de imponérsele como medida de apremio, multa hasta por la cantidad equivalente a ciento unidades de medida y actualización. Apercibimiento a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte promovente, que si la autoridad señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación; tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. Por otro lado, se hace notar a las referidas autoridades responsables que de la misma manera podrá allegar los oficios y escritos que estime pertinentes al correo oficial institucional (4jdo18cto@correo.cjf.gob.mx), por lo que deberán comunicarse al teléfono 7771008700, extensión 1201, en el que previa coordinación se constate en uso de los medios electrónicos a efecto de recibir las comunicaciones de sus partes. Intervención Ministerio Público. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Requerimiento de constancias de personalidad. Ahora bien, con el objeto de estar en condiciones de tener por reconocida plenamente en este asunto la personalidad de presentada por Yenni Elizabeth Flores Vázquez, quien se ostenta como apoderada legal de Carlos Antonio Paez Hernández, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 11 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que al momento de rendir su informe justificado, se sirva remitir a este órgano de control constitucional copia certificada de las constancias que acrediten la personalidad que ostenta la promovente en este asunto, con el apercibimiento de que en caso de no atender lo requerido, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 237 de la invocada legislación, se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualizaciones, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Apercibimiento al promovente. De igual forma, se apercibe al promovente de amparo que en caso de no tener acreditada la personalidad con que se ostenta dentro del juicio natural, de conformidad con el artículo 240 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualizaciones, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Domicilio y autorizados. Se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y por autorizados en los términos señalados a las personas que refiere, por ser parte actora en el juicio natural. En virtud de que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encuentra registrado el nombre de usuario YENNIFLORES, se autoriza la consulta del expediente electrónico, por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que efectúe las gestiones necesarias y se habilite la consulta del expediente electrónico. Correo electrónico Téngasele por señalado el correo electrónico que proporciona en su ocurso de cuenta, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de los cuales debe precisarse que únicamente tienen como finalidad establecer contacto y comunicación en caso de que se estime necesario, empero no para notificársele, pues esta formalidad procesal debe practicarse de manera electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno en mención, a través de un usuario, siempre y cuando lo solicite expresamente. Autorización de medios electrónicos. De igual forma, se autoriza a la parte quejosa la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, mediante reproducción de "imágenes digitalizadas"; en el entendido, que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal y bajo su más estricta responsabilidad el uso y destino del material digitalizado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba la documental que exhibe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Del Tercero Interesado. Este juzgado federal considera que en el caso no es necesario llamar al presente juicio de amparo como tercero interesado a la contraparte del quejoso, quien es la parte demandada en el juicio laboral de origen, ya que la sentencia que en su caso se dicte en el fondo del asunto, no le irroga perjuicio alguno, en atención a la jurisprudencia VI.T. J-1 (10ª) del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página 1751, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Registro digital: 2000923, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA . TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Exhorta a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, así como para presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Habilitación días y horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Se instruye al actuario de la adscripción para que previa investigación y cercioramiento, lleve a cabo la notificación a las autoridades responsables a través de los medios electrónicos a su alcance y que facilite la práctica de actuaciones en este asunto. Aviso de transparencia. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notificación a autoridades responsables. Hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, en relación con el 245 de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio sean dirigidos, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta, al rendir su respectivo informe justificado; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa por cien unidades de medida y actualizaciones, conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese.

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