Carlos Antonio González Caamal

Expediente 5/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
5/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Carlos Antonio González Caamal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el treinta de abril de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 5/2021-I-B promovido por ********************, por conducto de su defensor particular ********************.********************R E S U L T A N DO********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el seis de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y turnado al día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció ********************, por conducto de su defensor particular, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto del Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, Agencia Décimo Primera, con sede en Progreso, Yucatán.********************SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de siete de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se reservó emplazar a la tercero interesada, y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía.********************Así mismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede.********************TERCERO. Emplazamiento de la tercero interesada. Posteriormente, por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la tercero interesada ********************, y se le dio vista del informe justificado y anexo que obraban en autos.********************C O N S I D E R A N D O********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación.********************SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa.********************Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro P./J. 40/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."********************En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama:********************La resolución de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada en la carpeta de investigación ********************; mediante la cual, se requirió al indiciado quejoso que pusiera a disposición de la Fiscalía diversos bienes muebles, a fin de practicar un prueba de inspección.********************TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama del Fiscal responsable, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado.******************** Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone:********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto."********************CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede a analizar la existencia o no, de causas de improcedencia, por ser de orden público y estudio preferente en el juicio; como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo.******************** "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: ********************"IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."********************A criterio de quien resuelve, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************[.]********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."****************************************"Artículo 107. El amparo indirecto procede:********************III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:********************a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y********************b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;****************************************Ahora bien, de los artículos transcritos, de la segunda porción normativa se desprende que el amparo indirecto es procedente contra actos, omisiones o resoluciones que emanen de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, si se trata de una resolución definitiva; o bien, de actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.********************En el caso, el acto que el quejoso reclama de la autoridad responsable consiste en el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, que se dictó en la carpeta de investigación ********************; mediante el cual, se le requirió pusiera ciertas máquinas de costura a disposición de la Fiscalía Investigadora, a fin de que se solicite al perito fotógrafo, realice una inspección y toma de fotografías de la referida maquinaría.********************Ahora bien, cabe precisar que el acto que el quejoso reclama se ubica en la etapa de investigación inicial, la cual tiene como finalidad que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal.********************En ese contexto, el inicio, trámite e integración de la investigación inicial por la autoridad ministerial, por regla general, constituyen actos que no irrogan perjuicio a los gobernados, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, ya que pueden ser anulados o contrarrestados en el momento en que el fiscal formule la imputación ante el juez de control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien, si se determina el no ejercicio de la acción penal.********************Estimar lo contrario, entorpecería las facultades y obligaciones que el Ministerio Público tiene conferidas, obstaculizando su deber de recabar datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho constitutivo de delito y que hay la posibilidad de que el denunciado o querellado lo cometió o participó en su comisión; lo que supondría anteponer el interés particular al de la sociedad.********************Apoya lo anterior, en lo que interesa, la tesis que emitió el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Materia(s): Común, Tesis (X Región) 2o.1 P (10a.), con número de registro 2012423, página 2592, del rubro y texto siguientes: ********************"INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular."****************************************Sentado lo anterior, la orden de poner a disposición de la Fiscalía cierta maquinaria para llevar a cabo una prueba de inspección, a efecto de recabar datos de prueba para integrar la carpeta de investigación, no es un acto de imposible reparación; pues en el caso, la afectación se ve condicionada a si llega a trascender durante el desenlace del procedimiento, ya que en este momento no afecta de manera cierta e inmediata los derechos sustantivos del quejoso.********************Se sostiene dicha estimación, pues para que exista una ejecución de imposible reparación, las consecuencias del acto reclamado deben afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre tutelados por la Constitución y los tratados, como la vida, integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, propiedad, domicilio, etc., porque esa afectación o sus efectos no se eliminan aunque quien la sufra obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses.********************De manera que cuando la violación reclamada repercute sólo en cuestiones de trámite durante la sustanciación del procedimiento del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, pues éste no genera efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino únicamente efectos de carácter intraprocesal.********************En ese sentido, para que el acto sea de imposible reparación, la afectación material a derechos sustantivos debe ser de tal grado, que sus consecuencias impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá en el resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental; lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.********************Así mismo, con independencia de que el acto reclamado pueda afectar derechos fundamentales o no, lo cierto es que esa circunstancia, por sí, no determina que cause un gravamen de imposible reparación al quejoso, ya que para ello, se requiere que exista una afectación de manera directa e inmediata a sus derechos sustantivos contenidos en la Carta Magna y los tratados, tales como la vida, libertad, propiedad u otro análogo, lo que no acontece en el caso.********************Esto es así, ya que el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la vida del quejoso, propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, etcétera, pues solamente se refiere a la orden del Fiscal Investigador de poner a su disposición ciertas máquinas de costura, a efecto de que un perito fotógrafo realice una inspección y toma de fotografías de dichos objetos motivo de la litis; todo lo cual, a fin de recabar mayores datos de prueba.********************Lo que tiene sustento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que confiere al Ministerio Público la facultad exclusiva de persecución de los delitos; función que no puede ser obstaculizada, al constituir un derecho social y no un derecho privado de los particulares. ********************En tales condiciones, por su naturaleza, la determinación que se reclama no afecta al quejoso de manera directa ni material sus derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución y los tratados internaciones suscritos por el Estado Mexicano, ya que el acto no le produce un perjuicio cierto e inmediato, puesto que éste se materializaría hasta que el juez de control que conozca de la carpeta emita un mandamiento contra el quejoso, pues en el supuesto de que determine que no existen elementos para considerar integrado el cuerpo del delito, no se le ocasionaría afectación o perjuicio alguno a sus derechos fundamentales. ********************Por tanto, el acto concreto que se reclama tendiente a integrar la carpeta de investigación, no irroga mayor perjuicio al quejoso, por no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, al poder ser contrarrestado en el desenlace del procedimiento.********************En este orden, es evidente que el amparo resulta improcedente, pues como se ha venido exponiendo, el acto reclamado no afecta materialmente los derechos sustantivos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.********************Ello, si se tiene presente que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, la ejecución de imposible reparación debe atender a su naturaleza sustantiva, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues si ese fuera el caso, se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, dado que bastaría que le imputara al acto una transgresión a sus derechos fundamentales para que procediera el juicio de amparo.********************En apoyo de lo expuesto, se cita la jurisprudencia siguiente:********************"ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." (Época: Décima Época, Registro: 2006338, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 02 de mayo de 2014 12:05 h, Materia(s): (Común), Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.)****************************************En tal virtud, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción III, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, lo que lleva a sobreseer en el presente juicio; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, del propio ordenamiento legal.********************Lo antes resuelto, impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualiza.********************Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece:********************"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."********************QUINTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales.********************Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares.********************Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; ********************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública.********************De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. ********************SÉPTIMO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. ********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se :********************R E S U E L V E********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, por conducto de su defensor particular ********************, contra el acto del Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, Agencia Décimo Primera, con sede en Progreso, Yucatán; por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia.********************SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. ********************CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. ********************QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.********************Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vistos estos autos, se ordena agregar el oficio firmado por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad; mediante el cual, informa que ******************** tiene el carácter de defensor particular del directo quejoso ********************. Al respecto, no es el caso hacer mayor pronunciamiento, ya que dicha circunstancia ya fue informada a este Juzgado y mediante proveído de dieciséis de abril en curso se acordó lo conducente. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán, y anexo que acompaña, el cual remite en cumplimiento con el requerimiento que se le hizo mediante proveído de seis de abril en curso, e informa que ***tiene el carácter de defensor particular del quejoso ***, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que dicho oficio fue recibido con anterioridad en este juzgado y relacionado mediante acuerdo de dieciséis de los corrientes. Notifíquese y cúmplase.

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