Carlos Antonio Gómez Brito

Expediente 1492/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1492/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • Carlos Antonio Gómez Brito

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; lo anterior por cuanto dicho término de cinco días transcurrió del veintiuno al veintisiete de noviembre del año en curso. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE quejosa EL PROVEÍDO DE once de noviembre de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, once de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio II-489/2019 signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se acuerda: agréguese a los presentes autos el memorial suscrito por *****, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de veintinueve de octubre último, realiza las manifestaciones conducentes respecto a los requerimientos realizados y exhibe las copias de su escrito aclaratorio correspondientes para correr traslado a las partes. En ese sentido, con la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se tiene a CARLOS ANTONIO GÓMEZ BRITO, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (en su correcta denominación), ambos con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La orden de aplicar la medida cautelar de secuestro sobre el predio ubicado en la calle dieciocho, letra "A", número doscientos treinta y cuatro, fraccionamiento Altabrisa, de esta ciudad, del que aduce ser propietario, en autos de juicio extraordinario hipotecario 135/2015. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, este juzgador se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no se ha dictado el último acto en el período de ejecución, como será la resolución que apruebe el cumplimiento total de lo sentenciado en la sentencia definitiva o reconozca la imposibilidad jurídica o material para ello. En efecto, el primero de los artículos antes invocados establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley. Por otra parte, el numeral 107, fracción IV, de la ley de la materia dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: - - - [.] - - - IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. - - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. - - - En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; - - - [.] - - -" Respecto de este precepto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento. Este último acto se ha interpretado como aquél que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31 del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro, 190,035, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Además, también se han emitido diversas jurisprudencias en las que se ha sostenido que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, aun cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada, por lo que, incluso en estos casos, el amparo procede contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución. Así lo demuestra la jurisprudencia 2a./J. 17/9, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 187, del Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 196,530, que dice: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." De igual manera, se ha sustentado el criterio de que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante. En estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 75, del Tomo XX, Julio de 2004, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 181,144, que informa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." No obstante lo anterior, también se han establecido algunas excepciones. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquéllos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de la que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no contiene un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. También cabe en el supuesto antes mencionado la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. Las consideraciones anteriores fueron tomadas de la ejecutoria de la Primera Sala del Máximo Tribunal, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 23/2005, visible en la página 231, del Tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 178,441, que establece: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa." De lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En el presente caso, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado al Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, la orden de aplicar la medida cautelar de secuestro sobre el predio ubicado en la calle dieciocho, letra "A", número doscientos treinta y cuatro, fraccionamiento Altabrisa, de esta ciudad, del que aduce ser propietario, en autos de juicio extraordinario hipotecario 135/2015, que promovió en su contra Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Norte. Por ello no puede considerarse dentro de los casos de excepción a que se ha hecho referencia, ya que la característica propia de ellos es que no tengan el propósito de ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. De los razonamientos anteriores se concluye que no procede el amparo indirecto contra del acto ahora reclamado, porque el mismo no culmina la fase de ejecución de sentencia, y por ello, lo ahora alegado vía conceptos de violación debe reclamarse por el quejoso a través del amparo que se promueva en contra de la última resolución dictada en ese período, ya sea que declare que tiene por cumplida la sentencia o la imposibilidad de hacerlo, y entonces sí, vía conceptos de violación, se combatan las ilegalidades en que hayan incurrido la Juez Civil y Director del Registro Público de la Propiedad responsables. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia ante mencionada, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por CARLOS ANTONIO GÓMEZ BRITO contra los actos que reclama del Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (en su correcta denominación), ambos con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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