Carlos Antonio Barragán Sánchez
Expediente 1120/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 23 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1120/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Antonio Barragán Sánchez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por ************ quien se ostenta como defensor particular de *****************, mediante la utilización de la firma electrónica certificada con número de serie ************, a nombre del citado promovente, contra actos del Juez Tercero de Distrito del Décimo Primer Circuito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que hace consistir en: "IV. -ACTOS RECLAMADOS: Reclamo de la autoridad responsable el auto de fecha veintiocho de julio de dos mil veintitrés 2023. En particular la certificación que se realiza y a la letra dice: "CERTIFICO: Que al realizar una revisión a esta causa penal, de la misma se desprende que no quedan diligencias pendientes por desahogar; lo que se asienta para los efectos legales procedentes. Morelia, Michoacán, a veintiocho de julio de dos mil veintitrés.- DOY FE" "SE AGOTA LA INSTRUCCIÓN Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, específicamente la certificación secretarial que encabeza este autos, de la que se advierte que dentro de esta causa penal no existen pruebas pendientes por desahogar; consecuentemente, y toda vez que esta se tramitó por la vía ordinaria, con apoyo en los numerales 147 y 150 del Código Federal de Procedimientos Penales, se declara AGOTADA LA INSTRUCCIÓN, por lo que se manda poner el proceso a la vista de las partes por el término de diez días comunes, para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y que puedan desahogarse dentro de los quince días siguientes al en que sean notificadas del auto que recaiga a la solicitud de la prueba; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a derecho." En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 1120/2023. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XVIII y XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley. [.] " En primer lugar, porque la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición de la parte interesada y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para la afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. En efecto, al ser el juicio de amparo de calidad extraordinaria, su procedencia se rige por reglas especiales y principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones Constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre la autoridad y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales rectoras del juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, por virtud al cual únicamente procede contra actos, respecto de los que no proceda algún recurso ordinario o medio de impugnación para ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior tiene sustento en la propia Constitución Federal, la cual restringe la procedencia del juicio de amparo, pues atribuye una calidad extraordinaria, es decir, una forma de reparación de la violación de derechos fundamentales al que de ninguna manera puede acudirse sino cuando previamente se han agotado los medios o recursos ordinarios de defensa. La regla general del principio de definitividad consiste en que antes de acudir al juicio de amparo, deben interponerse esos mecanismos por virtud de los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, de forma substancial, se relacionan, entre otros, con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes. En ese orden de ideas, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama por esta vía constitucional el auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, emitido en la causa penal 11/2014 del índice del Juzgado Tercero de Distrito del Décimo Primer Circuito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual se declaró agotada la instrucción, señalando que no existían pruebas o diligencias pendientes por desahogar. Acto reclamado frente al cual, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque previo a instar el juicio de derechos fundamentales, el promovente debió observar el principio de definitividad. Resulta aplicable el Código Federal de Procedimientos Penales; específicamente los artículos 361 y 362, del citado ordenamiento, que señalan: "Artículo 361.- Solamente los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. También lo serán las resoluciones que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia. Artículo 362.- El plazo para interponer el recurso de revocación y ofrecer pruebas será de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna. El tribunal resolverá el recurso oyendo a las partes en una audiencia que se efectuará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación que se haga a la parte que no interpuso el recurso, acerca de la admisión de éste. En la audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas, se escuchará a las partes y se dictará resolución, contra la que no procede recurso alguno. Si no es posible que en esa audiencia concluya el desahogo de pruebas, el juez podrá convocar, por una sola vez, a otra audiencia". Preceptos legales de los que se desprende que en contra de la respuesta obtenida por la autoridad judicial de mérito, a través del cual declaró agotada la instrucción, se podrá interponer recurso de revocación a fin de que tal acto pueda ser confirmado, modificado o revocado por la autoridad que lo emitió. De ahí que, antes de acudir el peticionario debió agotar dicho medio ordinario de defensa, para satisfacer el principio de definitividad que resulta necesario para la procedencia del juicio de amparo, de acuerdo con el invocado artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. Máxime que el presente asunto no se encuentra dentro de las excepciones a que hace referencia el multicitado artículo XVIII, pues el acto reclamado no es de aquellos que afecte la libertad personal del quejoso, pues no se trata de la sentencia definitiva dentro del proceso penal que se sigue en su contra. Sirve de orientación la jurisprudencia 1a./J. 122/2010, emitida por la Primera Sala de este Alto Tribunal, localizable en la página 553, del Tomo XXXIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, del siguiente tenor literal: REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UN INCIDENTE NO ESPECIFICADO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ)." Asimismo, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, localizable en la página 678, del Tomo VI, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del siguiente tenor literal: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO". Aunado a lo anterior, lo reclamado en el presente juicio de amparo no constituyen actos de imposible reparación, pues conforme a la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, así como con el ordinal 173, apartado A, fracción XIV, aplicada analógicamente con la fracción VII, todos de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61 [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" [.] Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: [.] Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto. [.] VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho; [.] XIV. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo." En el caso concreto, el acto aquí reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afecta de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracción III, inciso b), ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De lo anteriormente expuesto, se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con los actos reclamados no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídico, la propiedad, entre otros. Ahora, la parte quejosa reclama en esencia el auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, emitido en la causa penal 11/2014 del índice del Juzgado Tercero de Distrito del Décimo Primer Circuito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual se declaró agotada la instrucción, señalando que no existían pruebas o diligencias pendientes por desahogar. De ahí que, si los actos que reclama la parte promovente consistente en el auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, a través del cual se declaró agotada la instrucción, señalando que no existían pruebas o diligencias pendientes por desahogar, sólo constituyen meras transgresiones a derechos adjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, así como con el ordinal 173, apartado A, fracción XIV, aplicada analógicamente con la fracción VII, todos de la Ley de Amparo, porque no afectan los derechos sustantivos del agraviado ni decide el fondo de la litis planteada, pues su única consecuencia es que se siga con el dictado de la sentencia definitiva, que de serle favorable a la impetrante, borraría los efectos de tal violación procesal como si el acto jamás hubiese existido; y, en caso contrario, por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas, podría hacerla valer, en su caso, cuando recurra la sentencia final que se dicte. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número PC.III.P.J/9 (10ª.) sustentada por los Plenos de Circuito, consultable en la página 2092, Libro 35, Tomo lll, Octubre de 2016, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "INSTRUCCIÓN. EL AUTO QUE LA DECLARA AGOTADA Y EL ACUERDO QUE RESUELVE QUE ES INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA AQUÉL, NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN" Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia citadas, resulta improcedente la demanda de derechos fundamentales y, por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Tomando en consideración que el promovente se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez" con domicilio en esta ciudad, notifíquese a Carlos Antonio Barragán Sánchez en el lugar de su reclusión, con fundamento en el artículo 26 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 11./J. 104/2022 (11ª.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2049, Libro 18, Tomo ll, Octubre de 2022, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES. EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTA, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR , REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN L, INCISO A DE LA LEY DE AMPARO] Por lo que respecta al correo electrónico, que menciona en su escrito inicial de demanda, se tendrá únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario. Por otro lado, como lo solicita, procede darle acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con los nombres de usuarios ********** y ***********, los cuales se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, hágase del conocimiento del promovente, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este juzgado federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Tiene aplicación a la anterior determinación la tesis XI.2o.33 K, localizable en la Página: 1401, Tomo: XVI, Septiembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES POR LISTA EN EL AMPARO. SON LEGALES SI NO SE HA SEÑALADO DOMICILIO PARA RECIBIRLAS EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL". Ahora bien, se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******** y ***********, toda vez que toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizaron las cédulas profesionales número ****** y *********, que acreditan a los referidos autorizado como licenciado en derecho. Asimismo, se tienen únicamente para recibir notificaciones a *************, hasta en tanto acredite estar legalmente facultada para ejercer la citada profesión, toda vez que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, no se encontró dato inherente a la cédula profesional. En términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el centro de reclusión.
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