Carlos Alfonso Mata González
Expediente 880/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Alfonso Mata González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio número 346/2021, suscrito por el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, por medio del cual, devuelve sin diligenciar el despacho 80/2021 (30/2021-D), por el que se le solicitó que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado, emplazara a juicio a la tercera interesada ..; acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Sin que haya lugar a efectuar mayor pronunciamiento, en virtud de que, por auto de quince de abril del año en curso, se declaró firme el proveído de diecisiete de marzo del presente año, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el original del incidente respectivo. Por otra parte, en virtud de que por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Luego, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión definitiva; el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, en términos de los artículos 20, fracción I y, 21, inciso c), del referido Acuerdo General. Finalmente, en virtud que resulta innecesario la retención de las constancias del juicio ordinario familiar oral sobre divorcio sin expresión de causa número 636/2020, devuélvase al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio número 228, suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, atento a su contenido, agréguese sin mayor acuerdo, en virtud de que, por auto de diecisiete de marzo del año en curso, se acordó sobre la información que proporciona. Cúmplase.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio número 228, remitido vía correo electrónico por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, mediante el cual informa que, por proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno, el actor en el juicio ordinario oral familiar 636/2020, sobre divorcio sin expresión de causa, de su índice, a saber, Carlos Alfonso Mata González, desistió de la demanda de mérito; lo que acredita con las documentales que acompaña. En la inteligencia que el aludido oficio y anexos vía correo electrónico han sido previamente certificados por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245 del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, rubro y texto dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente Ahora bien, de las constancias remitidas por el citado Juez a su oficio de cuenta, se advierte que el doce de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio ordinario oral familiar número 636/2020, sobre divorcio sin expresión de causa, se tuvo al aquí quejoso Carlos Alfonso Mata González (actor) desistiéndose de la demanda, con el consentimiento de Yamilet García Soria, tercera interesada en el presente juicio Constitucional (demandada en el juicio de origen), quien firmó y ratificó el escrito de desistimiento, razón por la cual, se dio por concluido dicho asunto. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Lo anterior es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En los presentes autos se advierte que mediante auto de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Carlos Alonso Mata González, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán y otra autoridad, por los actos reclamados consistentes en: ".CUARTO.- ACTO RECLAMADO A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.I.- DE LAS AUTORIDAD ORDENADORA.- Se reclama: 1.- El auto de fecha 24 de Noviembre y el auto de fecha 7 siete de diciembre ambos del año 2020 dentro del Juicio Ordinario Familiar oral número 636/2029, con el cual ordena se me descuente como pago de pensión alimenticia de forma provisional la cantidad de $3,696.60, mensualmente equivalente a 30 días de salario mínimo, a razón $ 123.22 Ciento Veintitrés pesos 22/100; determinación que carece de Fundamentación y motivación debido a que el suscrito me encuentro desempleado con motivo de la pandemia debido a que en la empresa en la cual laboraba era en la empresa denominada Servicios Administrativos de Atlacomulco Estado de México S.A de C.V. que se encuentra ubicada en el lote numero 01 Manzana 10 de la Ciudad de Atlacomulco Estado de México y en realizaron recorte de personal y fui dado de baja desde el día 6 de Noviembre del año 2020. II.- DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS.- Se reclama el posible embargo que pudieran llevar el cual se decretó en el auto de fecha 7 de diciembre del año 2020 dentro del Juicio Ordinario Familiar Oral numero 636/2020; debido a que no puedo cubrir el pago provisional de pensión alimenticia ya no cuento con la solvencia económica de cubrir de forma mensual la cantidad de 3,696.60, mensualmente equivalente a 30 días de salario mínimo, a razón $ 123.22 Ciento Veintitrés pesos 22/100, por carecer de recursos económicos, motivo por el cual he estado depositando la cantidad de $ 400.00 Cuatrocientos pesos de forma semanales, debido a que estas son la posibilidades económicas en la actualidad que tengo ya que desempeño trabajos eventuales como ayudante de albañilería obteniendo como ingresos la cantidad entre $ 600 a 700 pesos de forma semanal..". Lo anterior, virtud a que la parte quejosa se duele de la medida cautelar dictada en el juicio de origen, a través del cual se ordenó el descuento a su salario, por concepto de pensión alimenticia provisional, ordenado por el Juez de origen, por proveídos de veinticuatro de noviembre y siete de diciembre de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario oral familiar número 636/2020, y de un posible embargo decretado en el último de los referidos acuerdos. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, las cuales merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio ordinario oral familiar del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así, virtud a que, se itera, la parte quejosa se duele de la medida cautelar dictada en el juicio de origen, a través del cual se ordenó el descuento a su salario, por concepto de pensión alimenticia provisional, ordenado por el Juez de origen, por proveídos de veinticuatro de noviembre y siete de diciembre de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario oral familiar número 636/2020, y de un posible embargo decretado en el último de los referidos acuerdos; sin embargo, mediante acuerdo dictado el doce de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al aquí quejoso Carlos Alfonso Mata González (actor) desistiéndose de la demanda, con el consentimiento de Yamilet García Soria, tercera interesada en el presente juicio Constitucional (demandada en el juicio de origen, razón por la cual, se dio por concluido dicho asunto, se estableció que las cosas vuelven al estado que guardaban antes de la presentación de la demanda, y se ordenó el archivo del asunto; con lo cual, es inconcuso que las medidas cautelares, incluida la fijación de una pensión alimenticia provisional a cargo del inconforme, dejan de surtir efectos. En ese sentido, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad responsable Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia con residencia en Maravatío, Michoacán. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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