Carlos Alvarado Aguilar

Expediente 1043/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1043/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
13/06/2018

Partes del expediente

  • Carlos Alvarado Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dentro del toca R-45/2018, derivado de la revisión interpuesta en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1781/201; téngase a la superioridad devolviendo el expediente principal y dos anexos. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a RAÚL SANTILLÁN LULE, respecto de los actos que reclamó por su propio derecho, a las autoridades que han quedado precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria, con excepción del Notario Público número TREINTA Y NUEVE, del Distrito Judicial de Puebla, al haberse desechado la demanda de garantías promovida en su contra". Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la anterior ejecutoria, para los efectos legales procedentes, las anotaciones del caso en el libro de gobierno y glósense el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Sin que haya lugar a ordenar por el momento el archivo del presente asunto, así como tampoco el glose del cuaderno original del incidente de suspensión, hasta que se decida el destino de la póliza que obra agregado en la incidencia que se deriva de este expediente. Por tanto, una vez que transcurra el término de seis meses referido por el artículo 156 de la Ley de Amparo se acordará lo procedente respecto de la póliza de fianza número 3154-07607-5 expedida por Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos cero centavos moneda nacional), exhibida por el quejoso Raúl Santillán Lule, para que surtiera sus efectos la suspensión definitiva. Finalmente, previa razón que quede en autos, devuélvanse al Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, las copias certificadas del expediente 233/2010, remitidas como justificante del informe solicitado.

  2. Principal

    1 ORDEN DE TRAMITAR INCIDENTE Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 313/2018-II, promovido por Cristina Juárez Tecuapetla y Guadalupe Rojas Tecuatl, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Puebla y otras autoridades. 2 PETICIÓN DE INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracciones II y III y 142, ambos de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación de este auto, enviándoles al efecto copia simple de la demanda, apercibidas que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción I, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Signifíquese a la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve los oficios que contienen la trascripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias, se tendrán como inexistentes y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. 3 AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el numeral 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del ocho de junio de dos mil dieciocho, para que se lleve a cabo la audiencia en este incidente. 4 SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO En principio, resulta pertinente destacar que de la lectura integral de la demanda que motivó la radicación del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, se advierte, por un lado, que las quejosas Cristina Juárez Tecuapetla y Guadalupe Rojas Tecuatl se auto adscriben como personas indígenas habitantes de la comunidad de Santa María Tonantzintla, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula, Puebla, misma que refieren de origen Náhuatl y, por otro, que dichas peticionarias de garantías acuden a esa instancia constitucional en defensa de los derechos de la comunidad indígena a la que pertenecen. Al respecto, debe precisarse que sobre los dos aspectos puestos de relieve en el párrafo que antecede, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado, entre otras, las tesis que en seguida se transcriben: Del mismo modo, de la referida lectura del libelo de garantías se observa que las nombradas Juárez Tecuapetla y Rojas Tecuatl, aduciendo un interés legítimo conforme a lo que señala el artículo 131 de la Ley de Amparo, solicitan la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes, en concreto, en la ejecución del proyecto urbanístico denominado "Barrio Smart", que a decir de las referidas quejosas supone la realización, entre otras, de las obras y actuaciones siguientes: "1. La destrucción del patrimonio cultural, histórico, antropológico y arqueológico de Santa María Tonantzintla; 2. La destrucción del empedrado de la plaza principal y su sustitución por lajas de piedra: 4. La modificación de los sentidos de tránsito de las calles hacia la plaza: 5. La denominación y difusión pública de nuestro territorio como BARRIO SMART, en lugar de Santa María Tonantzintla; 6. La imposición de cobros municipales por el uso de nuestros espacios públicos y comunitarios, como lo son la plaza de la comunidad donde se instalaran stands de venta con administración municipal y la concesión de mercado de comida gourmet sin control, ni administración de la comunidad; 7. Parquímetros; 8. Casetas de cobro y 9. Modificación de vías de acceso y transporte, a Santa María Tonantzintla. [.] La cesión del agua pluvial que se recolectará de la construcción de un colector pluvial en San María Tonantzintla a sujeto diversos a la comunidad, sin garantizar primero a la misma el derecho a decidir y participar qué hacer con el agua recolectad en la comunidad. El cambio de uso de suelo en la comunidad de Santa María Tonantzintla para la instalación del Barrio Smart y de usos de suelo comercial incompatibles a los usos habitacionales que hay en el centro de la comunidad. La violación da los sistemas normativos de decisión de la comunidad a través de ejecutar el proyecto de BARRIO SMART en la comunidad, cuando el Presidente Municipal de San Andrés Cholula ya había acordado con la asamblea comunitaria general de Santa María Tonantzintla, que el Proyecto BARRIO SMART ya no se realizaría en la comunidad y se reconstruirá el puente de la comunidad, violando los acuerdos tomados en Asamblea General de la comunidad el 1 de febrero de 2018, en la Casa de Cultura de Santa María Tonantzintla y convocada conforme a nuestros usos y costumbres. [.]" Ello por considerar que con la ejecución del aludido proyecto urbanístico se afecta grave e irreparablemente el patrimonio cultural de la comunidad indígena a la que pertenecen, entendiéndose como tal el cúmulo de creaciones materiales e inmateriales que han sido trasmitidas a lo largo de décadas y generaciones en la zona geográfica de que se trata. Sentado lo anterior, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 131, 136, 139 y demás relativos de la ley de la materia, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que no se lleven a cabo las obras o actuaciones necesarias para ejecutar el proyecto urbanístico denominado "Barrio Smart" en la comunidad de Santa María Tonantzintla, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula, Puebla, o bien, para que cesen de manera inmediata en el supuesto de que ya hubiesen iniciado, en el entendido de que tales prohibición de ejecutar o cese de obras, única y exclusivamente habrán de referirse a la realización de las tareas, gestiones, trabajos, construcciones, remodelaciones, edificaciones, o cualquier otra actividad que implique o pueda implicar la afectación del patrimonio cultural de la comunidad indígena en cuestión, en la inteligencia de que serán las propias autoridades responsables las encargadas de evaluar, bajo su más estricta responsabilidad, cuáles actividades de ejecución del pluricitado proyecto urbanístico son susceptibles de llevarse a cabo o en su caso proseguir, y cuáles no, ya que el objeto primordial de esta medida cautelar es la preservación del patrimonio cultural de mérito, conservación que desde luego resulta ser de orden público e interés social. Lo antes indicado, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente incidente de suspensión. 5 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 6 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del citado acuerdo 1/2015, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". 7 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 8 EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA En diverso aspecto, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en supletoriedad a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada del presente proveído, teniendo por autorizadas para recibirla a las personas que menciona, previa toma de razón que de su recibo obre en autos, quienes deberán comparecer con identificación oficial y vigente y una copia simple de la misma. En cuanto a su solicitud para que se le expida copia certificada de la suspensión definitiva, dígasele que una vez que se dicte la misma, deberá realizar la petición respectiva. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    1 OFICIO Agréguese a sus autos el oficio I-886/2018 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el que remite testimonio de la resolución pronunciada el veintitrés de mayo dos mil dieciocho, en el recurso de queja Q.-62/2018, interpuesto contra el auto de veinte de febrero de dos mil dieciocho. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes que en el recurso de queja se determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Se declara fundada la presente queja. SEGUNDO.- Se ordena al Juez de Distrito proveer sobre el trámite de la demanda de amparo". En ese tenor, en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se provee: 2 PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. 3 INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En atención a que de la demanda de garantías de que se trata, se advierte que se solicita se conceda la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, tramítese por separado y por duplicado el incidente de suspensión relativo. 4 SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el arábigo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, las que deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen (mismas que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entre selladas), se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Signifíquese a la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve los oficios que contienen la trascripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias, se tendrán como inexistentes y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. Por otra parte, de conformidad con los artículos 64, 238 y 251, de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 251 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho; la cual, en su caso, será impuesta al momento de dictarse la sentencia que en derecho corresponda. 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el numeral 115 de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con veintiocho minutos del seis de julio de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. 6 TERCERO INTERESADO Dado el planteamiento de la demanda de amparo, se estima que no existe persona tercero interesada. 7 VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del numeral 5 y 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario Judicial Adscrito a este Juzgado emplazar al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, corriéndole traslado con copia de la demanda de garantías que dio origen al presente sumario. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XX. J/8, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 379, Tomo II, octubre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. SI EN EL JUICIO DE GARANTÍAS SE OMITE CORRERLE TRASLADO CON LAS COPIAS DE LA DEMANDA AL. SE IMPONE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA SUBSANAR LA OMISIÓN. La fracción IV, del artículo 5o. de la Ley de Amparo, establece que la institución del Ministerio Público Federal, en representación de la sociedad, es parte en los juicios de amparo y, por tanto, debe ser llamado a juicio, emplazándolo legalmente con la copia simple de la demanda de garantías de que se trate, para estar en aptitud de intervenir y hacer valer sus derechos si a su criterio se afecta el interés público; o en caso contrario, abstenerse de intervenir en el procedimiento ya sea manifestándolo expresamente, o simplemente guardando silencio, revelando con ello el desinterés en el asunto; de manera que si de las constancias de autos se advierte que la señalada institución no fue emplazada, debe ordenarse la reposición del procedimiento, para el efecto de que se subsane esa omisión." 8 PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por anunciadas las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno; esto es, al momento de celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante la Secretaria Nadya Domínguez Andrade, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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