Carlos Alberto Villalpando Solís

Expediente 2520/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2520/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Villalpando Solís

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Luis Felipe Reyes Mendoza, quien se ostenta como autorizado en términos amplios de la parte actora en el sumario en que se actúa y realiza diversas manifestaciones; sin embargo, no ha lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto, atento que de autos no se advierte que sea parte en el juicio en presente juicio, por tanto agréguese a sus autos el citado escrito únicamente para que obre como corresponda.

  2. Principal

    Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de siete de marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el entendido de que el presente juicio se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Carlos Alberto Villalpando Solis, acude a esta instancia constitucional a reclamar del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, la omisión de emplazar a los demandados, señalar la fecha de la audiencia trifásica y dictar el laudo respectivo, ello, tomando en consideración que desde el siete de agosto de dos mil dieciocho en que presentó su demanda laboral, no se ha dictado acuerdo alguno. Ahora bien, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a su Presidente, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, toda vez que mediante proveído de quince de enero de dos mil diecinueve, dentro del expediente D-187/2018, acordó el escrito que el aquí quejoso presentó el siete de agosto de dos mil dieciocho. Para corroborar lo anterior, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente D-187/2018, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que se encuentra el proveído que emitió el quince de enero de dos mil diecinueve, en el que acordó el escrito que la aquí parte quejosa le presentó el siete de agosto de dos mil dieciocho, en el que lo requirió a fin de que precisara el nombre y domicilio del o de los demandados que señale como responsables de la relación laboral, el cual fue notificado mediante instructivo el dieciséis de enero de la presente anualidad. El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, acordara el escrito que presentó el siete de agosto de dos mil dieciocho, aquélla se vio satisfecha en la medida en que por auto de quince de enero del año en curso, dentro del expediente D-187/2018, la autoridad responsable se pronunció sobre dicho ocurso, requiriéndolo para que precisara el nombre y domicilio del o de los demandados que señale como responsables de la relación laboral, el cual fue notificado mediante instructivo el dieciséis de enero de la presente anualidad. Por consiguiente, se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el pleno goce del derecho que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. En razón de lo expuesto, respecto de los diversos actos consistentes en la falta de emplazamiento, señalamiento de la fecha de la audiencia trifásica y el dictado del laudo, este juzgado no hará mayor pronunciamiento, pues como ya se indicó, la atención de la responsable al escrito de demanda presentado por el hoy quejoso, no implicó su admisión a trámite, por lo que, lógicamente, no opera emplazamiento alguno ni actos posteriores, pues ello depende del cumplimiento que en su caso dé el inconforme al requerimiento hecho por la autoridad responsable. Así entonces, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se puedan imponer con la oportunidad debida del contenido de las constancias remitidas como complemento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, para que manifiesten, si lo consideran necesario, lo que a su derecho importe; en tal virtud, difiérase la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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