Carlos Alfredo Camara Medina

Expediente 1486/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1486/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
19/12/2017

Partes del expediente

  • Carlos Alfredo Camara Medina

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII.Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de cuatro de diciembre del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    MESA VII. Vista la demanda de amparo promovida por Alfredo Cámara Medina, contra el acto que reclama del Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, y de otra autoridad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte el quejoso impugna de las responsables, el auto de formal prisión de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, emitido en su contra en la causa penal 375/2013, como probable responsable en la comisión del delito de robo calificado, así como la orden de identificación administrativa decretada en el mismo. Ahora bien, debe decirse que constituyen un hecho notorio para este Juzgador, los expedientes tramitados en este órgano de control constitucional; por tanto, se invoca como tal, el juicio de amparo 1090/2016, promovido por el propio quejoso. Constancias de las que se desprende que en la ejecutoria emitida en dicho juicio de amparo, se concedió al propio quejoso, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de las mismas autoridades señaladas como responsables, y que hizo consistir en el auto de formal prisión de ocho de agosto de dos mil dieciséis, emitido en su contra en la causa penal 375/2013, como probable responsable en la comisión del delito de despojo, así como la orden de identificación administrativa decretada en el mismo. La protección constitucional fue otorgada a efecto de que el Juez de la causa dejara sin efectos el auto de formal procesamiento, y en su lugar dictara otro, en el que determinara inacreditado el cuerpo del delito de despojo, así como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, analizando, en su caso, la actualización de algún diverso ilícito. En cumplimiento a dicho fallo protector, por resolución de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el Juez responsable dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, como probable responsable en la comisión del delito de robo calificado, ordenando de nueva cuenta su identificación administrativa. De dicha determinación, se dio vista al quejoso, de manera personal, en el juicio de amparo de marras, el veinte de octubre de dos mil diecisiete, a través de su autorizado José Fidel Pérez Guzmán. Incluso, en auto de treinta de octubre anterior, se declaró cumplido el fallo protector, reseñándose de nueva cuenta la resolución pronunciada por el Juez de origen; de lo cual tuvo conocimiento el quejoso, a través de su autorizada Julia Belem Eulalia Ramayo Chacón, el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. A fin de acreditar lo anterior, se ordena glosar a este expediente, copia certificada de las constancias a que se hizo alusión con antelación. Sentado lo anterior, este Juzgador Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias que integran el diverso juicio de amparo 1090/2016, del índice de este órgano de control constitucional, se advierte que el propio quejoso, a través de sus autorizados, al menos desde el veinte de octubre de dos mil diecisiete, tuvo conocimiento del auto de formal prisión dictado en su contra, en virtud de que fue emitido precisamente en cumplimiento al fallo protector otorgado en dicho juicio de garantías. E incluso, de nueva cuenta, el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se le hizo de su conocimiento el contenido de dicha resolución de plazo constitucional. Con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de garantías presentada por la parte quejosa, respecto al acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, emitido en su contra en la causa penal 375/2013, como probable responsable en la comisión del delito de robo calificado, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, si de las constancias que integran el juicio de amparo 1090/2016, del índice de este órgano de control constitucional, se desprende que tuvo conocimiento del auto de bien preso que por esta vía impugna, al menos desde el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en que se le notificó la declaratoria de cumplimiento del fallo protector dictado en aquel juicio de garantías; el plazo para presentar su demanda de garantías comenzó a correr y contarse al día siguiente, por lo que es inconcuso que a la fecha en que, mediante su demanda de amparo, señaló como acto reclamado el auto de formal prisión en cuestión, que lo es el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, según aparece de la boleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, tuvo conocimiento del auto de formal prisión reclamado al menos desde el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en tanto que presentó su escrito de demanda hasta el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, es notorio que resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el predio ciento cincuenta y seis, de la calle veintiocho, por las calles tres y cinco "A", de la colonia "García Ginerés", de esta ciudad de Mérida, Yucatán; y como autorizados para tal efecto a Julia Belem Eulalia Ramayo Chacón y José Fidel Pérez Guzmán. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

  3. Principal

    MESA VII. Vista la demanda de amparo promovida por Alfredo Cámara Medina, contra el acto que reclama del Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, y de otra autoridad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte el quejoso impugna de las responsables, el auto de formal prisión de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, emitido en su contra en la causa penal 375/2013, como probable responsable en la comisión del delito de robo calificado, así como la orden de identificación administrativa decretada en el mismo. Ahora bien, debe decirse que constituyen un hecho notorio para este Juzgador, los expedientes tramitados en este órgano de control constitucional; por tanto, se invoca como tal, el juicio de amparo 1090/2016, promovido por el propio quejoso. Constancias de las que se desprende que en la ejecutoria emitida en dicho juicio de amparo, se concedió al propio quejoso, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de las mismas autoridades señaladas como responsables, y que hizo consistir en el auto de formal prisión de ocho de agosto de dos mil dieciséis, emitido en su contra en la causa penal 375/2013, como probable responsable en la comisión del delito de despojo, así como la orden de identificación administrativa decretada en el mismo. La protección constitucional fue otorgada a efecto de que el Juez de la causa dejara sin efectos el auto de formal procesamiento, y en su lugar dictara otro, en el que determinara inacreditado el cuerpo del delito de despojo, así como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, analizando, en su caso, la actualización de algún diverso ilícito. En cumplimiento a dicho fallo protector, por resolución de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el Juez responsable dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, como probable responsable en la comisión del delito de robo calificado, ordenando de nueva cuenta su identificación administrativa. De dicha determinación, se dio vista al quejoso, de manera personal, en el juicio de amparo de marras, el veinte de octubre de dos mil diecisiete, a través de su autorizado José Fidel Pérez Guzmán. Incluso, en auto de treinta de octubre anterior, se declaró cumplido el fallo protector, reseñándose de nueva cuenta la resolución pronunciada por el Juez de origen; de lo cual tuvo conocimiento el quejoso, a través de su autorizada Julia Belem Eulalia Ramayo Chacón, el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. A fin de acreditar lo anterior, se ordena glosar a este expediente, copia certificada de las constancias a que se hizo alusión con antelación. Sentado lo anterior, este Juzgador Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias que integran el diverso juicio de amparo 1090/2016, del índice de este órgano de control constitucional, se advierte que el propio quejoso, a través de sus autorizados, al menos desde el veinte de octubre de dos mil diecisiete, tuvo conocimiento del auto de formal prisión dictado en su contra, en virtud de que fue emitido precisamente en cumplimiento al fallo protector otorgado en dicho juicio de garantías. E incluso, de nueva cuenta, el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se le hizo de su conocimiento el contenido de dicha resolución de plazo constitucional. Con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de garantías presentada por la parte quejosa, respecto al acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, emitido en su contra en la causa penal 375/2013, como probable responsable en la comisión del delito de robo calificado, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, si de las constancias que integran el juicio de amparo 1090/2016, del índice de este órgano de control constitucional, se desprende que tuvo conocimiento del auto de bien preso que por esta vía impugna, al menos desde el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en que se le notificó la declaratoria de cumplimiento del fallo protector dictado en aquel juicio de garantías; el plazo para presentar su demanda de garantías comenzó a correr y contarse al día siguiente, por lo que es inconcuso que a la fecha en que, mediante su demanda de amparo, señaló como acto reclamado el auto de formal prisión en cuestión, que lo es el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, según aparece de la boleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, tuvo conocimiento del auto de formal prisión reclamado al menos desde el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en tanto que presentó su escrito de demanda hasta el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, es notorio que resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el predio ciento cincuenta y seis, de la calle veintiocho, por las calles tres y cinco "A", de la colonia "García Ginerés", de esta ciudad de Mérida, Yucatán; y como autorizados para tal efecto a Julia Belem Eulalia Ramayo Chacón y José Fidel Pérez Guzmán. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

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