Carlos Alfonso Novelo Romero

Expediente 1154/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1154/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alfonso Novelo Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de septiembre de dos mil veintidósVista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó y se concedió la suspensión provisional y la definitiva; en tal virtud, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que la parte tercero interesado Juan Manuel de Atocha Espadas Triay presentó el instrumento notarial con el que acredita la personalidad que ostenta de apoderado legal de la persona moral tercero interesada, y toda vez que no existe razón legal para que continúen al resguardo de la secretaría de este Juzgado, prevéngase a la parte tercero interesada para que acuda a este Tribunal con identificación oficial, a fin de recoger los documentos de referencia; en el entendido que de no hacerlo, dentro el plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, serán destruidos junto con el presente juicio de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte tercero interesado. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    En Mérida, Yucatán, a las diez horas con un minuto del diez de agosto de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1154/2022-V, promovido por Carlos Alfonso Novelo Romero; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla, sin la asistencia de las partes. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, Actuarios adscritos a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado; Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Actuario adscrito al Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, todos con residencia en esta ciudad, los cuales obran agregados en los presentes autos. Seguidamente, la Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que anteceden para los efectos legales a que haya lugar; y por rendidos en tiempo y forma los informes de ley de las autoridades responsables, mismos que ya obran agregados en autos, para ser relacionados y tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se hace relación de la instrumental pública de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto legal y humano que relacionó la tercera interesada Mutualidad Fátima Renovación, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su representante Manuel de Atocha Espadas Triay, en su escrito de diez de junio de esta anualidad; y con las constancias que remitió la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, a su informe justificado; por lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas las pruebas de referencia por su propia naturaleza jurídica. Abierto el período de alegatos, se hace relación del referido escrito de la tercero interesada, que obra en autos, con el que hace diversas manifestaciones en vía de alegatos; por lo tanto, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las alegaciones de la parte tercero interesada, las cuales serán tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo, con lo que se cierra dicha etapa. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo 1653/2022-III, promovido por Carlos Alfonso Novelo Romero contra actos de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y de otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado a este juzgado, Carlos Alfonso Novelo Romero solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades, siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Los C.C. JUEZ PRIMERO MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, JUEZ SEGUNDO MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, JUEZ TERCERO MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO Y JUEZ CUARTO MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, como autoridades ordenadoras y los C.C. ACTUARIO (según la central de actuarios) adscrito al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado; ACTUARIO (según la central de actuarios) adscrito al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado; ACTUARIO (según la central de actuarios) adscrito al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado; ACTUARIO (según la central de actuarios) adscrito al Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, estos últimos como autoridades ejecutoras." "ACTO RECLAMADO: LA FALTA DE NOTIFICACIÓN EN USO DE MIS DERECHOS PARA COMPARECR A JUICIO". SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de tres de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada Mutualidad Fátima Renovación, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, el cual se realizó oportunamente; seguidamente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción l y 107 de la Constitución Federal; 33, fraccion IV, 35, y 37, primer párrafo de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación´ del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdiccio´n territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente los actos reclamados, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, conforme al contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, junto con las constancias que conforman el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1204/2014, así como las consecuencias derivadas de dicho acto. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Los Jueces Primero, Segundo y Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y los Actuarios adscritos a dichos Juzgados, todos con residencia en esta ciudad, al rendir sus correspondientes informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclama; lo anterior sin que exista prueba en contrario aportada por la parte quejosa; por ende, procede sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama; por tanto, se tiene por cierto el mismo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, al rendir su informe de ley negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, en su propio informe realiza manifestaciones que evidencian su certeza, en tal virtud, se desvirtúa se negativa y se tiene por cierto el acto reclamado. Se estima aplicable al caso, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Certeza que además, se corrobora con la copia certificada de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, como justificación de sus actos, documentales que por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Pese a la existencia de los actos reclamados, esta Juzgadora estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con su diverso 107, fracción VI, aplicado en sentido contrario, por las consideraciones que a continuación se explican. Los referidos artículos disponen: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Como es de verse, el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro o fuera de juicio; acotando el legislador este concepto a aquellos casos que afecten materialmente a personas extrañas a juicio. En el caso, es necesario dejar sentado, que el quejoso reclamó, la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1204/2014 promovido en su contra, así como las consecuencias derivadas de dicho acto, como el despojo de sus bienes que afirma son de su propiedad. Por lo que, en primer término, debe precisarse que el emplazamiento es el acto procesal mediante el cual el juzgador da a conocer a una persona la admisión de una demanda enderezada en su contra y le concede un plazo para que pueda contestarla, de tal manera que sólo puede ser referido a la contraparte del actor, es decir, al demandado. Por otra parte, es menester determinar qué debe entenderse por persona extraña a juicio. La fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que procede el amparo indirecto "Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 ya citado; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por el Alto Tribunal de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107 fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia que a continuación se cita: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterio de que no tiene la calidad de persona extraña a juicio el quejoso quien conoce de manera completa y exacta la existencia del juicio al que pretende ser llamado, aunque no haya comparecido a aquél, hasta antes del dictado de la sentencia. Jurisprudencia que es del tenor siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Ahora bien, el quejoso se ostenta como persona extraña por equiparación al juicio del que emanan los actos reclamados, aduciendo al efecto no haber sido llamado y emplazado al juicio ejecutivo mercantil 1204/2014 promovido en su contra, seguido ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, que constituye el acto reclamado; por lo que alega que no se le ha otorgado la garantía de audiencia, dejándosele en estado de indefensión, ya que no pudo defender sus derechos como corresponde. Sin embargo, de la revisión integral de las constancias que integran el sumario de origen, se advierte que el nueve de diciembre de dos mil catorce compareció al juicio ejecutivo mercantil de origen a contestar la demanda, oponer excepciones, y ofrecer pruebas, señaló domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones, y la Juez responsable tuvo por contestada en tiempo la demanda, por opuestas la excepción hecha valer, por anunciada y ofrecidas las pruebas que relacionó, las cuales se reservaron para ser admitidas y perfeccionadas en su oportunidad; lo que se advierte de las constancias remitidas por la autoridad jurisdiccional responsable. Así las cosas, el hecho de que el promovente del amparo hubiese comparecido al juicio mercantil, haciéndose sabedor del emplazamiento ahora combatido, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del artículo 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que como quedó puntualizado, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos quienes siendo parte en el juicio de origen, no son emplazados legalmente. Ciertamente, el artículo 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, entre otros supuestos, contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería. En efecto, la persona extraña a juicio tiene opción de comparecer antes de que se dicte resolución definitiva e interponer los recursos o medios ordinarios de defensa pertinentes si ello conviene a sus intereses y resulta, a su parecer, mejor medio para obtener lo que a sus derechos convenga. Apoya la anterior consideración, la tesis cuyo tenor se reproduce a continuación: "AMPARO. PROCEDE EL JUICIO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO NATURAL, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS. Los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimientos a que son ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sujeta al tercero extraño al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, lo que sí hace con las partes del juicio en que se producen los actos reclamados, como lo disponen los incisos a) y b) de la fracción y precepto constitucional citado. El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe interpretarse como una limitación para el tercero extraño, sino como una posibilidad adicional de que, ante una determinación judicial dictada en un procedimiento en que es tercero, pueda interponer los recursos ordinarios o medios legales de defensa, si ello conviene a sus intereses y resulta, a su juicio, mejor medio para obtener respeto a sus derechos, caso en el cual dispondrá de la acción constitucional contra la resolución que se dicte en el recurso ordinario o medio de defensa intentado, y ello sin perjuicio de su derecho de acudir directamente al juicio de garantías, interpretación que es congruente con el espíritu y texto del artículo 107 constitucional." No obstante, si el gobernado que se hizo sabedor del juicio por haber comparecido al mismo, opta por intentar la vía indirecta en la que tendrá la oportunidad de ofrecer pruebas en relación con el emplazamiento defectuoso o de su omisión, el Juez de Distrito debe declarar improcedente el juicio fundamentalmente porque ya no es dable considerarla persona extraña al juicio, en virtud de que estuvo en aptitud de defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si fuera el caso, acudir al amparo directo. Por tanto, si la parte promovente se hizo sabedora del procedimiento incoado en su contra, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento, pues tal apersonamiento le ha permitido el conocimiento de las prestaciones que se le reclaman; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución interlocutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la resolución definitiva. En ese sentido, se concluye que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación, en razón de que ha conocido de manera completa y exacta la existencia del procedimiento natural promovido en su contra, antes de que se dictara sentencia. Asi, al quejoso no le reviste el carácter de tercero extraño, toda vez que figura como parte formal en el procedimiento de origen, pues es el demandado y ha tenido noticia del proceso de cuya falta de llamamiento se duele. Por tanto, se colige, que al haberse integrado a la relación procesal, está en aptitud para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en el Código de Comercio, por lo que respecta al emplazamiento que tacha de ilegal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se cita: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." No es obstáculo para arribar a la conclusión anotada, el hecho de que resulte de explorado derecho que la falta de emplazamiento a juicio sea una violación de gran magnitud, toda vez que tal circunstancia no puede ser materia de pronunciamiento en razón de que previo al análisis de dicha cuestión debe determinarse la procedencia del juicio, pues se insiste, en la hipótesis que se analiza no se está en presencia de una persona extraña al juicio que haya quedado sin defensa con motivo de la falta de emplazamiento o de su ilegalidad, sino que, como se ha indicado en forma reiterada, se trata de una persona que compareció al juicio natural y que habiendo tenido oportunidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, a la postre decidió, indebidamente, intentar la vía indirecta. En consecuencia, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, aplicada a "contrario sensu", ambos de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque la quejosa no tiene el carácter de tercero extraño por equiparación en el procedimiento de origen; toda vez que tiene conocimiento completo y exacto de su existencia, al integrarse a la relación procesal. En mérito de lo anterior, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que impide entrar al estudio de los argumentos de fondo vertidos en los conceptos de violación. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Carlos Alfonso Novelo Romero, contra los actos que reclamó del Juez Primer Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, precisado en el considerando segundo de esta determinación, y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto subsecuentes. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta Ciudad, sin hacer pronunciamiento alguno respecto al contenido del mismo, toda vez que mediante proveído de dieciocho de los corrientes, se le reconoció a Juan Manuel de Atocha Espadas Triay, el carácter que ostenta de apoderado de la persona moral, "Mutualidad Fátima Renovación", Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y se le tuvo por apersonado al juicio de amparo en que se actúa. CUMPLASE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de ellos se advierte que mediante acuerdo de quince de junio del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto del escrito signado por Juan Manuel de Atocha Espadas Triay, quien se ostenta apoderado de la persona moral, "Mutualidad Fátima Renovación", Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con motivo de que manifestó que por un error, el diez de junio pasado, exhibió su escrito de comparecencia ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, adjuntando al mismo el instrumento notarial con el que acredita la personalidad que ostenta de apoderado legal de la persona moral tercero interesada. Razón por la cual mediante oficio 33950/2022, de fecha ocho de julio del año en curso, se le solicitó al Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para que de no tener inconveniente legal alguno, remita a la brevedad posible el escrito de mérito junto con el citado instrumento notarial. Ahora bien, de la revisión realizada a las constancias que integran el cuaderno de varios 1/2022, que se lleva en este Juzgado, se desprende que obra agregado dicho escrito y el instrumento notarial de mérito; por tanto, extráigase el escrito signado por Juan Manuel de Atocha Espadas Triay, quien se ostenta apoderado de la persona moral, "Mutualidad Fátima Renovación", Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, así como el instrumento notarial con el que acredita la personalidad que ostenta de apoderado legal de la persona moral tercero interesada, para que obre en estos autos como legalmente corresponda. Ahora bien, de la lectura del escrito de mérito y en atención a lo que solicita; con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Amparo, se le reconoce a Juan Manuel de Atocha Espadas Triay dicho carácter, ya que lo acredita con la copia certificada del Acta ochocientos dieciséis, de veinte de noviembre de dos mil veinte, pasada ante la fe del Notario Público Número Dos del Estado de Yucatán. En mérito a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase por apersonado a este juicio con el carácter de tercero interesada a la negociación "Mutualidad Fátima Renovación", Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a quien se le deberá hacer las notificaciones subsecuentes, que sean de carácter personal, en el predio señalado en el escrito de cuenta. Asimismo, se tiene como autorizado a las personas que señala en el escrito de cuenta, con las facultades conferidas. En atención a la solicitud contenida en el escrito de cuenta, relativa a la autorización para la reproducción electrónica de los acuerdos que se dicten dentro del presente juicio de amparo; de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se accede a su petición, para que hagan uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista al tercero interesado, con el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, mismo que obran agregados en autos. Igualmente, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se admite como prueba de su parte la documental que alude en el escrito de cuenta, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, y ténganse por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, mismas para ser valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, toda vez que en su escrito de mérito el ocursante, solicitó el cotejo del instrumento notarial que exhibió; en consecuencia, procédase a realizar el cotejo del original exhibido por el ocursante con la copia simple que para tal efecto acompañó, a fin de que ésta última sea agregada a los presentes autos y los originales le sean devueltos a la parte quejosa, en días y horas hábiles, cuando las labores del Juzgado lo permitan, previa identificación y recibo que obre en autos. Finalmente, hágasele del conocimiento al citado tercero interesado que la audiencia constitucional está señalada para tener verificativo a las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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