Carlos Alfonso Salomon Martinez
Expediente 355/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 355/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 08/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Alfonso Salomon Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de la diversa comunicación por el que se remitió el recurso de revisión hecho valer en contra de la sentencia dictada en este asunto, el cual quedó registrado bajo el número de revisión 236/2023 de su índice. De lo anterior, este órgano federal toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado María Victoria Sánchez Méndez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese copia del escrito firmado por el quejoso ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Notifíquese por lista, personalmente a la parte tercera interesada y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 355/2023, promovido por Carlos Alfonso Salomón Martínez; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés (fojas 2-4), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Carlos Alfonso Salomón Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 11.2, 11.3, 21.1, 21.2, 22.1, 22.2, 22.3, 24, 25.1 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 355/2023 y en proveído en proveído de tres de abril de dos mil veintitrés -previo cumplimiento a requerimiento- se admitió (foja 47); se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Reconocimiento de carácter de tercero. En proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés (foja 61), se reconoció el carácter de tercero interesado a la institución bancaria denominada HSBC MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y se ordenó su emplazamiento. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, derivado de que los actos reclamados tuvieron ejecución en el lugar en el que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, con los criterios transcritos y en atención a la lectura integral de la demanda, los actos reclamados por el quejoso a la Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, consisten en: Emplazamiento al juicio sumario civil hipotecario 1033/2022 efectuado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, así como todo lo actuado dentro del mismo. Tercero. Certeza de los actos reclamados. La Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 57 y 59, respectivamente). Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe la juez responsable, consistente en el original del juicio sumario civil hipotecario 1033/2022 (un tomo). Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documento público, de la que se advierte el emplazamiento reclamado así como todo lo actuado dentro del juicio sumario civil hipotecario 1033/2022; de ahí que se tengan debidamente probados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Al respecto, el apoderado de la institución bancaria tercero interesada Hsbc México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Hsbc, manifestó que en el caso se actualizaban las causales de improcedencia contenidas en las fracciones XIV y XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que desde el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, por lo que al no haberlo impugnado en tiempo y forma debe considerarse consentido por la parte quejosa. Con relación a la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, el planteamiento de la parte tercera interesada debe desestimarse, porque los motivos que invoca para considerar que debe sobreseerse el presente juicio de amparo, los hace derivar de aspectos que se relacionan con el estudio de fondo del asunto, pues el quejoso en sus conceptos de violación aduce precisamente que el emplazamiento efectuado en el juicio de origen fue ilegal; lo que impide analizarlos. Es aplicable la jurisprudencia P./J.135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 187973, que la letra dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". Por lo que ve a la diversa causal, contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es infundada. En efecto, la referida porción normativa es la que contiene el principio de definitividad y una de las excepciones al referido principio se actualiza cuando se trata de persona extraña al procedimiento; y, en el caso, el quejoso alega tener dicho carácter al no haber sido debidamente emplazado, por lo que no está obligado a agotar recursos ordinarios. Es aplicable la jurisprudencia 3a./J. 44/90, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 14/90 [Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito], registro digital 207117, de rubro y texto: "AMPARO. PROCEDE EL JUICIO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO NATURAL, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS. Los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimiento a que son ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sujeta al tercero extraño al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, lo que sí hace con las partes del juicio en que se producen los actos reclamados, como lo disponen los incisos a) y b) de la fracción y precepto constitucional citados. El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe interpretarse como una limitación para el tercero extraño, sino como una posibilidad adicional de que, ante una determinación judicial dictada en un procedimiento en que es tercero, pueda interponer los recursos ordinarios o medios legales de defensa, si ello conviene a sus intereses y resulta, a su juicio, mejor medio para obtener respeto a sus derechos, caso en el cual dispondrá de la acción constitucional contra la resolución que se dicte en el recurso ordinario o medio de defensa intentado, y ello sin perjuicio de su derecho de acudir directamente al juicio de garantías, interpretación que es congruente con el espíritu y texto del artículo 107 constitucional". De igual manera es infundado el diverso argumento en el que dicha parte tercera interesada manifestó que se debía sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de autos no se desprendía la existencia del acto reclamado, que según el dicho del quejoso, consiste en un supuesto emplazamiento llevado a cabo en el juicio Sumario Civil Hipotecario 1033/2022 sustanciado ante el Juez Sexto Primero de Distrito del Décimo Primer Circuito. Ello es así, porque contrario a lo señalado por la parte tercera interesada, sí existe el acto reclamado, como quedó evidenciado en el considerando tercero de este fallo, en el que se destacó que el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados y lo acreditó con el original del juicio sumario civil hipotecario 1033/2022, entre cuyas constancias se encuentra el emplazamiento materia del presente juicio de amparo. En esas condiciones, toda vez que las partes no hicieron valer otra causa de improcedencia ni este juzgador advierte, de manera oficiosa, la actualización de alguna de ellas, lo procedente es analizar los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/2010 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], registro digital 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Primeramente, cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que el emplazamiento constituye una formalidad esencial del procedimiento, al tratarse de la primera notificación que se hace en el juicio a la parte demandada, por lo que al ser la actuación judicial de mayor trascendencia dentro de un juicio, debe llevarse a cabo conforme a las formalidades establecidas para que se respete la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, segundo párrafo, que establece: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]". El derecho de audiencia consiste en otorgar la oportunidad de defensa previo a ser sometido a un procedimiento que tenga como objeto privar de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", para la determinación de sus derechos y obligaciones en controversias de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, esto es, el respeto al derecho al debido proceso. Sobre el tema el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: La notificación del inicio del procedimiento; La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; La oportunidad de alegar; y, Una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por la Primera Sala como parte de esta formalidad. Siguiendo esas directrices, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), titulada "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO." En ese sentido, la falta de emplazamiento o su verificación defectuosa se traduce en la violación procesal más grave a la ley, porque deja indefenso al demandado, impidiendo la correcta integración del vínculo procesal y vulnera el derecho humano de audiencia. Formalidades del emplazamiento. En principio, debe decirse que el emplazamiento cuya ilegalidad reclama la parte quejosa emana del juicio sumario civil hipotecario 1033/2022 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Por ello, el emplazamiento cuya ilegalidad se reclama, se regula ampliamente bajo las disposiciones de los artículos 79 y 84 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, que disponen: "Artículo 79. Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará en el domicilio designado al efecto, en la persona misma del que deba ser notificado, previo cercioramiento de su identidad y domicilio; no encontrándolo el notificador y cerciorado de que es el domicilio del notificado y está en la población, le dejará citatorio para hora fija hábil del día siguiente, y si no espera se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre del promovente, el tribunal que mande practicar la diligencia, la determinación que se notifique, la fecha y hora en que se deje y el nombre de la persona que lo reciba. El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán a cualquiera de los parientes o domésticos del notificado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio y si se negaren a recibirlos o éste se hallare cerrado, el citatorio y el instructivo se fijarán en la forma que previene el artículo 84; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias de traslado, o en su caso, estas quedarán en la secretaría a disposición del demandado.". "Artículo 84. No se dejarán de hacer las notificaciones de que habla el artículo anterior, aunque el que deba practicarlas reciba informe de que la persona que ha de ser notificada está ausente del lugar o ha mudado de domicilio, el que éste se encuentre cerrado o deshabitado; el que las personas que vivan en él se nieguen a recibir el instructivo o rehúsen ocurrir al llamado del que va a hacer la notificación, ni cualquier otra dificultad que tienda a embarazar o a impedir la diligencia; pues en todos esos casos y en cualquier otro análogo, bastará para que la notificación se entienda hecha y surta sus efectos legales, el que se fije el instructivo en la puerta de entrada, y si el domicilio tuviere varias, en cualquiera de ellas, haciéndose constar así en el expediente. Del contenido de los artículos transcritos se advierte el marco jurídico del emplazamiento o llamado a juicio, así como las formalidades de la diligencia que lo debe cumplimentar, que son las siguientes: La diligencia de emplazamiento debe realizarse en el domicilio señalado para tal efecto. Previo a emplazar, el notificador debe cerciorarse de que: el domicilio es el señalado para tal efecto, y que el demandado vive en él, así como que está en la población. La diligencia respectiva debe entenderse directamente con el demandado si está presente, entregándole copias de traslado. Si no se encuentra en su domicilio, pero dentro del poblado, el ministro notificador deberá dejarle citatorio para hora fija hábil del día siguiente. Si la parte demandada no espera a ese servidor público judicial, la notificación se hará por medio de instructivo. Tanto el citatorio como el instructivo y copias de traslado se entregarán precisamente a parientes (esposa, hijos, hermanos, etcétera), domésticos del notificado o persona adulta que se encuentre en el domicilio señalado. Si se negaren a recibirlos o éste se hallare cerrado, el citatorio y el instructivo se fijarán en la forma que previene el artículo 84; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias de traslado, o en su caso, estas quedarán en la secretaría a disposición del demandado. El instructivo respectivo debe contener ciertos y determinados requisitos, a saber: Nombre del demandado. Domicilio de éste. Tribunal o juez que manda practicar la diligencia de emplazamiento. Datos del asunto. Determinación que se notifica. Tanto fecha como hora en que se deja e, igualmente. Nombre completo de la persona que reciba tal documento. La finalidad de los requisitos en comento se debe a que el emplazamiento constituye la diligencia de mayor relevancia dentro del procedimiento, toda vez que su omisión o realización en forma contraria a las normas aplicables, no permite al demandado acudir a juicio a oponer las excepciones o defensas que estime pertinentes. Por ende, se impone al funcionario encargado de realizarlo, una serie de formalidades que debe seguir, a fin de obtener certeza de que la persona que deba ser emplazada tenga pleno conocimiento de la existencia del juicio en el que ha sido señalada como parte. De ahí que la estricta observancia de las normatividades que le resulten aplicables, garantiza al demandado el cumplimiento de las prerrogativas formales de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando que se le pueda causar el consecuente estado de indefensión. Sobre este punto, es ilustrativa la jurisprudencia 784, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, registro digital 394740, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO, FORMALIDADES DEL. NECESIDAD DE SATISFACER LAS, PARA SU VALIDEZ. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios, que salvaguarda la garantía de audiencia, por lo que el legislador instituyó para su realización una serie de solemnidades sin las cuales el mismo debe considerarse ilegal." Ahora bien, en cuanto a los documentos que el actor exhiba con su demanda, es preciso traer a contexto el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 107/2020 [Entre las sustentadas por el Pleno del Decimonoveno Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla], con registro digital 2022118, la cual es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado". Jurisprudencia que es importante traer a cuenta porque en ella se establece la obligación para el notificador al momento de emplazar, de certificar cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. En efecto, de la ejecutoria que dio origen a dicho criterio, se advierte que en el considerando sexto la Sala estimó que existía contradicción entre lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el amparo en revisión auxiliar 909/2019 y por el Pleno del Decimonoveno Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2014. Ello, porque el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región consideró que, conforme al artículo 1394 del Código de Comercio, tratándose del emplazamiento en todos los casos se le entregará al demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061 de esa misma codificación. Asimismo, precisó el colegiado que, conforme a dicho artículo, el notificador debía especificar de cuántas fojas se formaba el ocurso inicial de demanda, tampoco describió qué anexos fueron los que se entregaron a la persona con quien se entendió la diligencia. Lo que determinaba la invalidez del emplazamiento, en tanto que se transgredieron los derechos de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Mientras que el Pleno del Decimonoveno Circuito, interpretó el artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, concluyó que "aunque el correrle traslado a la parte demandada con las copias de la demanda y anexos, y de que dicha circunstancia el diligenciario deba realizar razón de ello, (sic) sea un requisito formal, debe estimarse que detallar en qué consisten tales anexos, no constituye propiamente un requisito esencial para la validez del emplazamiento y, en su caso, tal imprecisión (sic) se encuentra satisfecha al cumplirse el objeto del mismo y, por tanto, esa circunstancia no produce indefensión de la parte demandada". De igual manera, el Pleno del Decimonoveno Circuito precisó que sólo en el caso de que se demuestre en juicio que la copia de traslado entregada es diversa al escrito de demanda y sus anexos o que su contenido es diferente o aparece incompleto, podría dar lugar a la nulidad del emplazamiento, debido a que ante esa circunstancia, resultaría evidente que la parte demandada, al no conocer los hechos o hacerlo en forma parcial, no estaba en condiciones de preparar su defensa colocándola en estado de indefensión, para producir su contestación de demanda; de ahí que se considere que una razón como ésa, no prejuzga sobre el mérito de los motivos asentados por quien practicó la diligencia, pues como toda expresión de fe pública, es susceptible de ser desvirtuada. Finalmente, el Pleno del Decimonoveno Circuito concluyó que si la parte demandada (emplazada) considera que las copias de traslado que le son entregadas al momento de realizarse el emplazamiento no fueran la de la demanda formulada por la actora, incluidos los documentos anexos a la misma o que se encontraban incompletas, o bien, fuera diferente su contenido, dicha parte enjuiciada estaría en aptitud de impugnar tal circunstancia a través del medio de defensa correspondiente. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que existía contradicción entre lo resuelto por los referidos colegiados; que no era obstáculo para considerar eso, el hecho de que uno de los órganos colegiados contendientes haya analizado el Código de Comercio y el otro la legislación procesal civil del Estado de Tamaulipas, pues los enunciados normativos analizados son esencialmente iguales en uno y otro caso, ya que en esencia establecían el siguiente enunciado normativo: El actuario o notificador, al efectuar el emplazamiento, deberá correr traslado con "la demanda y demás documentos". Por lo que afirmó la Sala que el punto de contradicción en las resoluciones emitidas por los órganos contendientes radicaba en resolver la siguiente interrogante: "Para que el emplazamiento a juicio sea válido ¿el actuario o notificador debe describir o precisar cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que se corre traslado?" En el considerando séptimo, la multicitada Sala determinó que debía prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio consistente en que el actuario debe describir en el acta de emplazamiento qué anexos fueron los que se entregaron a la persona con quien se entendió la diligencia respectiva, por lo que, de no satisfacerse tal requisito, ello ocasionará la ilegalidad en el emplazamiento. También arribó a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el actuario tiene el imperativo legal de describir en el acta de emplazamiento qué anexos fueron los que se entregaron a la persona con quien se entendió la diligencia respectiva, por lo que, de no satisfacerse tal requisito, ello ocasionará la invalidez del emplazamiento. Igualmente señaló que en la jurisprudencia 1a./J. 22/2018 (10a.), que derivó de la contradicción de tesis 118/2017 ya había establecido en jurisprudencia firme que uno de los requisitos de validez del emplazamiento es el relativo a que el actuario o notificador, en el acta de emplazamiento, certifique que entregó las copias de la demanda (debidamente selladas y cotejadas); de modo que, al no hacerlo así, ello traería como consecuencia la nulidad de la diligencia respectiva. Sin embargo -destacó- no tuvo oportunidad de resolver, pues no era materia de la contradicción, si como requisito de validez del emplazamiento el actuario debía certificar que hizo entrega de las copias de traslado de los demás documentos que se adjuntaban a la demanda, menos aún resolvió si dicho notificador debía describir cuáles eran los anexos con cuyas copias corría traslado, pero que como en el caso, la pregunta que deriva de la contradicción de criterios sí permite hacer un pronunciamiento en tal sentido, abordaría dicho tópico. Precisó que era cierto que el enunciado normativo analizado (relativo a que el actuario o notificador, al efectuar el emplazamiento, deberá correr traslado con la "demanda y demás documentos" que se adjuntan a ésta) no contiene la orden expresa de que el fedatario público encargado de practicar el emplazamiento describa en el acta de emplazamiento cuáles son esos anexos documentales con los que corrió traslado. Sin embargo, también señaló que los artículos aplicados por los órganos contendientes no deben interpretarse sólo de manera literal o gramatical; pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado consistentemente que los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretase de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. Lo anterior -determinó- pues es mediante el emplazamiento que las autoridades cumplen en un proceso jurisdiccional con el derecho de audiencia y de debido proceso, reconocidos en el artículo 14 de nuestra Constitución. De igual modo señaló la Sala que la importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Por ende -determinó- la falta de observancia de las formalidades en el emplazamiento trae como consecuencia su nulidad, pues debe garantizarse que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio entablado en su contra y de sus consecuencias; sólo así tendrá oportunidad de defenderse. También sostuvo que era factible concluir que cuando una ley procesal establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, ello implicaba que, a través de la exigencia de tal formalidad (entrega de copias de los documentos que se adjuntan a la demanda), la legislación procesal busca que se observen las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. Por lo que, si al practicar el emplazamiento el actuario no certifica que corrió traslado con las copias de los documentos que el actor adjuntó a la demanda, o bien, en la certificación que asienta en el acta relativa no se establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado, no es factible concluir que la diligencia de emplazamiento cumplió su objetivo constitucional de hacer saber de manera cierta al demandado aquella información que le permitirá ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Ello -puntualizó la Sala- porque la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora; sino que, tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción; a fin de estar en posibilidad real de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que estime necesarias para su defensa. Es por estas razones que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando, al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, precisa o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Añadió la Sala que tal formalidad no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado; aunado a que, por encima de la comodidad del fedatario público que practica el emplazamiento se encuentra la obligación de los órganos jurisdiccionales de respetar y garantizar los derechos de audiencia, defensa, debido proceso, legalidad y certeza jurídica de las partes del proceso judicial. Por otra parte, debe precisarse que la jurisprudencia que surgió de la contradicción de tesis narrada tiene el carácter de obligatoria para este Juzgado de Distrito, atento a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo. En ese contexto, se debe reconocer como formalidad que debe contener el emplazamiento o llamado a juicio: El actuario debe entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, las cuales deberá relacionar o describir. Hechas las anteriores precisiones se advierte que, son infundados los conceptos de violación, aunque suplidos en su queja deficiente, como se expondrá en los párrafos siguientes. Emplazamiento reclamado. De las constancias que integran el juicio sumario civil hipotecario 1033/2022, mismas que el juez responsable adjuntó a su informe justificado, se advierte el acta de citatorio efectuada el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, así como la diligencia reclamada de veintinueve del mismo mes y año, mismas que se insertan a continuación para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve: "ACTA DE CITATORIO En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 doce horas del días 28 veintiocho del mes de noviembre del año 2022, dos mil veintidós, el suscrito licenciado Luis Eduardo López Ramírez, Actuario del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en funciones de ministro notificador, para lo cual, me constituyo en legal y debida forma en el domicilio señalado en autos domo de Carlos Alfonso Salomón Martínez, sito en el domicilio ubicado en la calle Tercera Privada de Paseo del Punhuato, número 310 trescientos diez, interior 48 cuarenta y ocho, del cluster tres, del condominio "Terrazas Tres Marías III", de esta ciudad de Morelia, Michoacán y cerciorado de que sí es el domicilio por tenerlo a la vista, asimismo por advertir la nomenclatura exterior del inmueble y la placa con el nombre de la calle, misma que se encuentra en la esquina de la calle, además de que aquí vive ya que así me lo manifestó quien dijo ser su esposa, pero principalmente porque así me lo indicaron los vecinos de la lado y de enfrente, así como el vigilante de la caseta quien dijo llamarse Raúl Albor Ávalos, quien me informa que el demandado, no se encuentra en estos momentos en este su domicilio, pero sí dentro de la ciudad, por lo que el suscrito procedo a dejarle citatorio con esta persona, con el fin de que me espere en este domicilio precisamente a las 12:00 doce horas, del día 29 veintinueve de noviembre del año en curso, en atención a que se me informa por la parte de quien me atiende, que a esa hora se localiza en este domicilio, para la práctica de una diligencia de carácter judicial, con el apercibimiento legal que de no hacerlo, la misma la entenderá con la persona que aquí se encuentre o en su defecto con el familiar más cercano como lo dispone la ley; citatorio que dejo en poder de la persona que me atiende, la cual no firma el citatorio respectivo. DOY FE". "EMPLAZAMIENTO. En el mismo lugar, siendo ya las 12:00 doce horas, del día 29 veintinueve del mes de noviembre del año en curso, nuevamente el suscrito actuario del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, licenciado Luis Eduardo López Ramírez, en funciones de ministro notificador, acompañado del licenciado Arturo Ruiz Álvarez, quien se identifica con su cédula profesional 8113582 así como de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad capital a cargo de Briseyda Arzata Ríos, comandante del sector Revolución y Carlos Alberto Gómez Mendiola, policía tercero así como del cerrajero, por segunda ocasión me constituí en legal y debida forma en el domicilio señalado en autos como de Carlos Alfonso Salomón Martínez, en el domicilio ubicado en calle Tercera Privada de Paseo del Punhuato, número 310 trescientos diez, interior 48 cuarenta y ocho, del cluster tres, del condominio "Terrazas Tres Marías III", de esta ciudad de Morelia, Michoacán, y cerciorado de que sí es el domicilio por tenerlo a la vista, asimismo por advertir la nomenclatura exterior del inmueble y la placa con el nombre de la calle, misma que se encuentra en la esquina de la calle, y no habiéndolo encontrado presente, pese al citatorio que se le dejó; procedo a entender la diligencia con quien dijo ser la esposa del demandado Carlos Alfonso Salomón Martínez y no se identifica por no querer hacerlo, siendo su media filiación la siguiente: sexo femenino de aproximadamente 40 años de edad, 1.70 mts de estatura, complexión delgada, tez moreno claro, cara ovalada, cabello largo, ondulado y obscuro, ojos medianos café obscuro, usa lentes de armazón, nariz mediana, recta, poco respingada de base chica, boca mediana de labios medianos, quien en tono grosero nos gritó que su esposo no se encontraba porque salió a trabajar y que ella no está en condiciones de recibir ningún documento porque ella no quiere tener problemas y que le gamos como sea, pero que ella conoce sus derechos. Dándole lectura íntegra al auto que se cumplimenta de fecha 05 cinco de octubre y 08 ocho de noviembre ambos del año 2022 dos mil veintidós, dictado dentro del juicio sumario civil hipotecario, número 1033/2022, que promueve Arturo Ruiz Álvarez, apoderado jurídico de HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, frente a Carlos Alfonso Salomón Martínez; auto que me ordena me constituya en este su domicilio para que le haga saber de la demanda de amparo en su contra; por lo que con las copias certificadas de la demanda y documentos anexos a la misma debidamente selladas y cotejadas con sus originales, consistentes en escrito inicial de demanda, cédula profesional número 8113582, alta al tribunal electrónico, escritura número 31,671, volumen 1,829 de fecha 11 de septiembre del 2013, suscrito por el notario público 52 del estado con residencia y ejercicio en esta ciudad, certificado de gravamen tomo 00007582, registro 00000019, de fecha 06 de noviembre de 2013, certificado de fecha 15 de septiembre del 2022, convenio de suspensión temporal de pago de amortizaciones de fecha 17 de abril del 2020, credencial para votar del demandado, estado de cuenta certificado, cédula profesional número 1551376, carátula de crédito de fecha 11 de septiembre del 2013, seguro de vida grupo para operaciones financiera consentimiento individual, seguro de daños casa habitación colectivo, instrumento número 31,996 del libro 930, de fecha 11 de octubre de 2018, suscrito por la notaría pública número 223 del Distrito Federal, escrito del actor de fecha 4 de los corrientes, instructivo de ley donde se insertan los autos a cumplimentar; que en este momento le entrego a la parte demandada, le emplazo y corro traslado, para que dentro del términos de 3 TRES DÍAS hábiles, comparezca ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, a dar contestación a la demanda entablada en su contra, si para ello tuviera excepciones y defensas que hacer valer a su favor, apercibido de que en caso de no hacerlo dentro de dicho término, la misma se le dará por contestada en sentido afirmativo, presumiéndose ciertos los hechos en ella enumerados, salvo prueba en contrario, asimismo, le requiero para que señale domicilio para recibir notificaciones personales en la ciudad donde radica el juicio o bien la dirección electrónica del sistema informático del Poder Judicial en la que se hubieren inscrito como usuarios a través del Centro de Tecnología del Poder Judicial, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo o en su caso de que habiendo señalado como domicilio la dirección electrónica del sistema informativo del Poder Judicial, no se realizara los trámites correspondientes para tener acceso a éste, las mismas le surtirán efectos en términos de lo que establecen los artículos 77, 79 y 84 del Código de Procedimientos Civiles, asimismo, se le requiere en el mismo término para que manifieste si acepta o no la responsabilidad de depositario y de aceptarla contraerá la obligación del depositario judicial respecto del inmueble hipotecado, de sus frutos y de todos los objetos, apercibido que de no hacerlo, la juez compelerá por los medios de apremio que le autoriza la ley, debiendo observar para ello los lineamientos del artículo 667 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. A lo que la persona que me atiende manifiesta lo siguiente: El suscrito actuario hago constar que la esposa del demandado Carlos Alfonso Salomón Martínez, se da por enterada del contenido íntegro que se notifica, sin embargo, ésta se niega a recibir los documentos de la demanda y anexos a ella mismos que ya fueron descritos, por lo que enseguida en tono grosero nos grita que la dejemos de molestar y que ella sabe lo que hace y conocer sus derechos, por lo que enseguida se mete al interior del domicilio y nos cierra la puerta; por lo tanto, en éste acto procedo a realizar el emplazamiento de ley como fijado en la puerta; asimismo, se dejan las copias de traslado de la demanda y anexos debidamente selladas y cotejadas e instructivo de ley mismos que le dejo fijado en la puerta, es decir, al pie de la entrada principal al domicilio, en atención a lo que establecen los numerales 79 y 84 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Con lo anterior, concluye la presente diligencia, firmando el acta que se levanta para debida constancia legal, los que en ella intervinieron, quisieron y supieron hacerlo, previa su lectura. Doy fe. El actuario Lic. Luis Eduardo López Ramírez. Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil Morelia, Michoacán. OTRO SÍ VALE. El suscrito actuario hago constar que el demandado Carlos Alfonso Salomón Martínez sí vive en el domicilio asentado en autos, mismo que se da por reproducido como si a la letra se insertase, atendiendo al principio de economía procesal, toda vez que así me cercioré con los vecinos de al lado y de enfrente, primeramente en la casa marcada con el número 46, donde soy atendido por una persona del sexo femenino de aproximadamente 25 años de edad, 1.60 mts de estatura, tez morena, complexión robusta, cara redonda, ojos medianos color negro, nariz mediana, boca chica, quien me informó que el demandado Carlos Alfonso Salomón Martínez, actualmente sí vive en el domicilio buscado y que a él se le encuentra por la mañana o por la noche. Posteriormente pregunté en el número 47 donde soy atendido por una persona del sexo femenino de aproximadamente 28 años de edad, 1.65 mts de estatura, tez morena, complexión delgada, cabello negro, lacio y largo, ojos grandes café obscuro, nariz mediana, boca mediana, de labios gruesos, a quien le pregunto si conoce al demandado en cita, manifestando que sí lo conoce y que sí lo ve a diario, ya que éste sí vive en la casa marcada con el número 48, pero que no sabe a qué hora sale o llegue de trabajar, siendo todo lo que me manifestó. Por último, hago constar que previo al ingreso del fraccionamiento, el vigilante del acceso principal a éste me informó que el demandado Carlos Alfonso Salomón Martínez, sí vive en la casa marcada con el número 48 de la calle en cita, que además dice que el demandado es ingeniero y que todos los días entre y sale del domicilio indicado en autos; quien además sí se identificó con el nombre de Raúl Albor Ávalos, asimismo, hago constar que después de unos minutos nos aborda quien dijo ser la administradora del fraccionamiento, sin embargo, ésta no se identifica por no querer hacerlo, siendo una persona del sexo femenino de aproximadamente 50 años de edad, 1.70 de estatura, complexión delgada, tez moreno claro, ojos medianos café obscuro, nariz mediana de base delgada, boca mediana, cara ovalada, a quien le hice saber el motivo del nuestra visita y quien me manifiesta que se niega a recibir el oficio número 2873/2022, ya que era una arbitrariedad lo que estábamos haciendo, por lo tanto, dicho oficio se anexa a la presente diligencia, para que en lo posterior obre en autos. Lo anterior, se hace constar para todos los efectos legales a que haya lugar. Doy fe". Expuesto lo anterior, quien esto resuelve advierte que el emplazamiento efectuado por el actuario adscrito al Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, cumple con todas las formalidades señaladas en párrafos anteriores, como se expondrá a continuación: La diligencia de emplazamiento se realizó en el domicilio señalado para tal efecto en el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós (foja 92 del tomo de pruebas), esto es, en la calle Tercera Privada de Paseo del Punhuato, número 310 trescientos diez, interior 48 cuarenta y ocho, del cluster tres, del condominio Terraza Tres Marías III, de esta ciudad de Morelia. Previo a realizar el emplazamiento reclamado, el notificador se cercioró que el domicilio era el señalado para tal efecto, y que el demandado vive en él, así como que está en la ciudad, Michoacán, ya que en el citatorio respectivo [realizado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós], el actuario asentó: "[.] me constituyo en legal y debida forma en el domicilio señalado en autos domo de Carlos Alfonso Salomón Martínez, sito en el domicilio ubicado en la calle Tercera Privada de Paseo del Punhuato, número 310 trescientos diez, interior 48 cuarenta y ocho, del cluster tres, del condominio "Terrazas Tres Marías III", de esta ciudad de Morelia, Michoacán y cerciorado de que sí es el domicilio por tenerlo a la vista, asimismo por advertir la nomenclatura exterior del inmueble y la placa con el nombre de la calle, misma que se encuentra en la esquina de la calle, además de que aquí vive ya que así me lo manifestó quien dijo ser su esposa, pero principalmente porque así me lo indicaron los vecinos de la lado y de enfrente, así como el vigilante de la caseta quien dijo llamarse Raúl Albor Ávalos, quien me informa que el demandado, no se encuentra en estos momentos en este su domicilio, pero sí dentro de la ciudad, por lo que el suscrito procedo a dejarle citatorio con esta persona, con el fin de que me espere en este domicilio precisamente a las 12:00 doce horas, del día 29 veintinueve de noviembre del año en curso, en atención a que se me informa por la parte de quien me atiende, que a esa hora se localiza en este domicilio, para la práctica de una diligencia de carácter judicial, con el apercibimiento legal que de no hacerlo, la misma la entenderá con la persona que aquí se encuentre o en su defecto con el familiar más cercano como lo dispone la ley; citatorio que dejo en poder de la persona que me atiende, la cual no firma el citatorio respectivo [.] Asimismo, al regresar para llevar a cabo el emplazamiento reclamado, el actuario asentó las razones por las cuales se cercioró que era el domicilio del demandado y que vivía ahí: "[.] por segunda ocasión me constituí en legal y debida forma en el domicilio señalado en autos como de Carlos Alfonso Salomón Martínez, en el domicilio ubicado en calle Tercera Privada de Paseo del Punhuato, número 310 trescientos diez, interior 48 cuarenta y ocho, del cluster tres, del condominio "Terrazas Tres Marías III", de esta ciudad de Morelia, Michoacán, y cerciorado de que sí es el domicilio por tenerlo a la vista, asimismo por advertir la nomenclatura exterior del inmueble y la placa con el nombre de la calle, misma que se encuentra en la esquina de la calle [.]. El suscrito actuario hago constar que el demandado Carlos Alfonso Salomón Martínez sí vive en el domicilio asentado en autos, mismo que se da por reproducido como si a la letra se insertase, atendiendo al principio de economía procesal, toda vez que así me cercioré con los vecinos de al lado y de enfrente, primeramente en la casa marcada con el número 46, donde soy atendido por una persona del sexo femenino de aproximadamente 25 años de edad, 1.60 mts de estatura, tez morena, complexión robusta, cara redonda, ojos medianos color negro, nariz mediana, boca chica, quien me informó que el demandado Carlos Alfonso Salomón Martínez, actualmente sí vive en el domicilio buscado y que a él se le encuentra por la mañana o por la noche. Posteriormente pregunté en el número 47 donde soy atendido por una persona del sexo femenino de aproximadamente 28 años de edad, 1.65 mts de estatura, tez morena, complexión delgada, cabello negro, lacio y largo, ojos grandes café obscuro, nariz mediana, boca mediana, de labios gruesos, a quien le pregunto si conoce al demandado en cita, manifestando que sí lo conoce y que sí lo ve a diario, ya que éste sí vive en la casa marcada con el número 48, pero que no sabe a qué hora sale o llegue de trabajar, siendo todo lo que me manifestó. Por último, hago constar que previo al ingreso del fraccionamiento, el vigilante del acceso principal a éste me informó que el demandado Carlos Alfonso Salomón Martínez, sí vive en la casa marcada con el número 48 de la calle en cita, que además dice que el demandado es ingeniero y que todos los días entre y sale del domicilio indicado en autos; quien además sí se identificó con el nombre de Raúl Albor Ávalos [.]". 3 y 4. La diligencia no se pudo entender con el demandado a las doce horas del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, al no haberlo encontrado, pero el actuario le dejó citatorio para las doce horas del veintinueve del mismo mes y año. 5. y 6. Toda vez que el actuario en la fecha y hora señaladas en el citatorio no encontró al demandado -aquí quejoso- la notificación se hizo por medio de instructivo; entregó el citatorio respectivo su esposa; y, toda vez que ésta se negó a recibir tanto el instructivo como las copias de traslado los dejó fijados en la puerta de la entrada del domicilio del demandado y asentó razón de ello en la diligencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós: "[.] El suscrito actuario hago constar que la esposa del demandado Carlos Alfonso Salomón Martínez, se da por enterada del contenido íntegro que se notifica, sin embargo, ésta se niega a recibir los documentos de la demanda y anexos a ella mismos que ya fueron descritos, por lo que enseguida en tono grosero nos grita que la dejemos de molestar y que ella sabe lo que hace y conocer sus derechos, por lo que enseguida se mete al interior del domicilio y nos cierra la puerta; por lo tanto, en éste acto procedo a realizar el emplazamiento de ley como fijado en la puerta; asimismo, se dejan las copias de traslado de la demanda y anexos debidamente selladas y cotejadas e instructivo de ley mismos que le dejo fijado en la puerta, es decir, al pie de la entrada principal al domicilio, en atención a lo que establecen los numerales 79 y 84 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. 7. En instructivo respectivo se asentó: Nombre del demandado: Carlos Alfonso Salomón Martínez. Domicilio de éste: calle Tercera Privada de Paseo del Punhuato, número 310 trescientos diez, interior 48 cuarenta y ocho, del cluster tres, del condominio "Terrazas Tres Marías III", de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Tribunal o juez que manda practicar la diligencia de emplazamiento: Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Datos del asunto: Juicio sumario civil hipotecario 1033/2022, promovido por Arturo Ruiz Álvarez, apoderado jurídico de HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, frente a Carlos Alfonso Salomón Martínez. Determinación que se notifica: El proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós. Asentó tanto fecha como hora en que se dejó, esto es, a las doce horas del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Asentó que la esposa del demandado se negó a recibir los documentos, por lo que los dejaba fijados en la puerta. 8. El actuario en el acta levantada con motivo del emplazamiento asentó cuáles documentos dejó fijados en la puerta: "[.] con las copias certificadas de la demanda y documentos anexos a la misma debidamente selladas y cotejadas con sus originales, consistentes en escrito inicial de demanda, cédula profesional número 8113582, alta al tribunal electrónico, escritura número 31,671, volumen 1,829 de fecha 11 de septiembre del 2013, suscrito por el notario público 52 del estado con residencia y ejercicio en esta ciudad, certificado de gravamen tomo 00007582, registro 00000019, de fecha 06 de noviembre de 2013, certificado de fecha 15 de septiembre del 2022, convenio de suspensión temporal de pago de amortizaciones de fecha 17 de abril del 2020, credencial para votar del demandado, estado de cuenta certificado, cédula profesional número 1551376, carátula de crédito de fecha 11 de septiembre del 2013, seguro de vida grupo para operaciones financiera consentimiento individual, seguro de daños casa habitación colectivo, instrumento número 31,996 del libro 930, de fecha 11 de octubre de 2018, suscrito por la notaría pública número 223 del Distrito Federal, escrito del actor de fecha 4 de los corrientes, instructivo de ley donde se insertan los autos a cumplimentar [.]". No es obstáculo para determinar legal el emplazamiento lo manifestado por el quejoso en sus conceptos de violación, en los que en esencia adujo que fue ilegal aquel, ya que desde el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, dejó de habitar el domicilio ubicado en la calle Tercera Privada de Paseo del Punhuato, número 310 trescientos diez, interior 48 cuarenta y ocho, del cluster tres, del condominio "Terrazas Tres Marías III", de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Lo cual -aduce- acredita con la copia cotejada por fedatario público del convenio de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, celebrado entre él e Iris Patricia Gallo Razo (esposa), debidamente ratificado ante fedatario público así como con un recibo de pago de energía eléctrica. Lo anterior, es así, porque con dichas documentales no logra desvirtuar la fe pública del actuario en el sentido de que la esposa del demandado, vecinos y el vigilante del acceso principal manifestaron que sí vivía en el domicilio ubicado en la calle Tercera Privada de Paseo del Punhuato, número 310 trescientos diez, interior 48 cuarenta y ocho, del cluster tres, del condominio "Terrazas Tres Marías III", de esta ciudad de Morelia, Michoacán al momento de llevar a cabo el emplazamiento reclamado. En efecto, si bien de la copia certificada del convenio a que hace referencia el quejoso se advierte en su cláusula quinta que Carlos Alfonso Salomón Martínez, a la firma del mismo desocuparía el domicilio conyugal [en donde se llevó a cabo el emplazamiento], y que a partir de ese momento lo sería el ubicado en la calle Artilleros de 1847 número 552 interior 104, colonia Chapultepec Sur, de Morelia, Michoacán; ello no implica que efectivamente el quejoso lo haya cumplido, ya que el Notario únicamente certificó que las copias presentadas ante el concordaban fielmente con su original, pero no que efectivamente el quejoso hubiera salido del domicilio conyugal para irse a vivir a uno diverso. Afirmación que tampoco se acredita con el aviso recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, ya que con éstos sólo se acredita que el domicilio ubicado en la calle Artilleros de 1847 número 552 interior 104, colonia Chapultepec Sur, de Morelia, Michoacán contaba con servicio de energía eléctrica, pero no que en éste viviera el quejoso, máxime está a nombre de Yolanda Martínez Cassio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital 230868, del tenor siguiente: "ACTUARIO, LA FE PÚBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDÓNEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia." También resulta aplicable la jurisprudencia IV.2o. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, registro digital 205152, del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." De ahí que se sostenga que la actuaria que llevó a cabo la diligencia en reclamo, cumplió con las exigencias que le impone la ley que rige tales actos y, por tanto, no se vulneró en perjuicio de la quejosa, el derecho de audiencia contemplado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las relatadas condiciones, se advierte que el emplazamiento reclamado no vulnera en perjuicio del quejoso los artículos 1°, 14, 16 y de la Constitución Federal, por lo que procede negar el amparo y protección solicitado por el quejoso. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Alfonso Salomón Martínez, en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de este fallo, en términos del diverso quinto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en su considerando último. Notifíquese por lista, personalmente a la quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 15 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Carlos Alberto Mercado Reyes874/2020
- Carlos Alberto Piñon Jimenez1432/2022
- Carlos Alberto Regalado Castro868/2018
- Carlos Alberto Vargas Meza799/2022
- Carlos Alejandro Mendoza Sandoval688/2022
- Carlos Alfonso Cedeño Cisneros533/2023
- Carlos Alfonso Salomón Martínez886/2022
- Carlos Alfonso Sixtos Avalos288/2023
- Carlos Alfredo Carranza Orozco477/2017
- Carlos Alfredo Vega Alvarez1106/2021
- Carlos Álvarez Benitez1094/2017
- Carlos Alvarez Benitez1074/2016