Carlos Alberto Piñon Jimenez
Expediente 1432/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1432/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Alberto Piñon Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio firmado por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado por el que se le hizo del conocimiento que el presente expediente causó ejecutoria y se ordenó su archivo; asimismo, se le devolvieron las constancias que anexó como apoyo a su informe justificado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, la documental que allegó al presente asunto, mismas que obran en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 17 de febrero de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo ********************; promovido por ********************por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ********************por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión. Por razón de turno, le correspondió conocer de dicha demanda a este Juzgado de Distrito, se registró bajo el número ********************, se admitió a trámite el tres de enero de dos mil veintitrés, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, le dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. En proveído de once de enero de la anualidad que transcurre, convalidó el emplazamiento realizado por la responsable al agente del Ministerio Público adscrito a la sala; de igual forma se reconoció el carácter de tercera interesada a ********************, víctima en el proceso penal de donde deriva el acto reclamado, a quien se ordenó emplazarla a juicio, asimismo a ********************, agente del Ministerio Público quien fungió como fiscal en la audiencia de imputación. Así, seguido el juicio por sus trámites legales, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia, al tenor de los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, los actos reclamados por el quejoso al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, consiste en: La resolución pronunciada el siete de diciembre de dos mil veintidós, en el toca penal ********************, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el defensor particular y el imputado, en contra del auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, dentro de la causa penal ********************. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con el toca de apelación ********************, así como el disco magnético, en el cual obra la audiencia oral llevada a cabo por el Juez de Control, que remitió como complemento a su informe justificado. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado aduce, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues refiere que el quejoso no demostró encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditó una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de autos se advierte que el peticionario de amparo es el imputado en la causa penal de donde deriva el acto reclamado, en el cual se confirmó la vinculación a proceso decretado en su contra, lo que evidentemente afecta su interés jurídico, pues lo considera violatorio de sus derechos; además, no se advierte que en el presente juicio los actos reclamados consistan en una norma, como lo refiere la representante social adscrita. Por tanto, toda vez que no se hizo valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Conceptos de violación. En primer término debe precisarse que el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones que fueron abordadas en la resolución dictada el siete de diciembre de dos mil veintidós pronunciada en el toca de apelación ********************, que confirmó el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, dentro del proceso penal ********************, que se instruye al quejoso por el delito de violencia digital a la intimidad sexual en agravio de ********************. Ello, atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, previsto en el artículo 6º del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente, controvertir o confrontar los medios de prueba, es decir, tienen el derecho a contestar cualquier argumento de la contraparte, y desvirtuar pruebas para restar credibilidad a las ofrecidas por la contraria o para acreditar una versión alternativa. Por lo que, con base en el principio de contradicción, no se otorgan privilegios a ninguna de las partes, ni existe suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de las partes, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez de Garantía o en su caso tribunal de apelación, las discuten en un debate pleno y contradictorio, sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten, y superado el debate el juez o magistrado resuelve conforme a derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes, y de acuerdo con las tesis propuestas por ellos. Salvo cuando se advierta alguna violación a derechos sustantivos, pero dicho estudio se hará sólo en positivo y no en negativo, y en este caso no se advierte violación alguna. Sentado lo anterior, el peticionario de amparo expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en los conceptos de violación que formuló en su demanda, el quejoso señala medularmente lo siguiente: El agravio que expuso ante el magistrado responsable es atendible, toda vez que contienen los tres requisitos exigibles para ello, a saber: Precisó cuál era la parte de la sentencia que lo causa El precepto legal violado; y. El concepto por el cual fue infringido. Lo anterior, pues dice que opuesto a lo señalado por el Magistrado Penal, sí expresó en sus agravios que los nuevos indicios fueron manipulados y alterados, que se trataba de un fraude procedimental, porque en la segunda audiencia de formulación de imputación hizo referencia a que dichos indicios, aparentemente ya existían antes de que se llevara a cabo la primera audiencia, que sin embargo no fueron expuestos en la misma, por lo que se presume que en realidad no existían, además que contrario a lo aducido por el magistrado, no hay fundamento legal que le obligue a precisar, cuál es el derecho que se le vulneró con ese dato de prueba. Que no obstante que se encontraba en el supuesto establecido en el segundo párrafo del artículo 484 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Magistrado responsable omitió requerir al Juez de Control, para que remitiera copia del video de la audiencia de trece de enero de dos mil veintidós; mediante el cual acreditaría su dicho, en el sentido de que en ella no se hizo referencia al nuevo indicio aportado en la audiencia de vinculación, con lo que demostraría que se trata de un indicio manipulado. Que opuesto a lo aducido por la responsable, el Juez de Control al sostener que la fiscalía estaba facultada para seguir investigando y recabando datos de prueba, no le dio respuesta a los alegatos que expuso en la audiencia inicial, porque ello no estaba en duda y jamás fue materia de debate; sino lo que se demostraba, era que los indicios nuevos que presentó, en realidad no existían cuando se llevó a cabo la celebración de la primera audiencia, dado que no se hizo referencia a ellos; que por tal motivo, no eran indicios razonables y no debieron ser tomados en cuenta. Que el magistrado en forma indebida determinó que los agravios eran inatendibles, porque contrario a ello sí reúnen los requisitos y porque cuenta con la suplencia de la queja, además no se pueden revisar los agravios con la óptica del derecho privado, lo que vulnera sus derechos fundamentales. Que no se ocupó de analizar que los nuevos datos de prueba no constituyen indicios razonables en términos de lo dispuesto por el artículo 316, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales; pues insiste en que al formular la primera imputación ya estaban, sin embargo no se señalaron, por lo que debía determinarse si era lógica y creíble su existencia o si se trataba de una fabricación posterior con la finalidad de perjudicarle. Asentado lo anterior, este Órgano Constitucional se avoca el estudio de los argumentos de inconformidad expresados en la demanda de amparo, aunque ello sea en un orden distinto al en que fueran planteados, según lo autoriza así lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo. Conceptos de violación que son inoperantes en una parte e infundados en otra como se verá a continuación. En primer orden por cuestión de método, este Juzgado se avoca al estudio del motivo de inconformidad por medio del cual la peticionaria de amparo hace valer la infracción adjetiva identificada en el inciso c), consistente en que: no obstante que se encontraba en el supuesto establecido en el segundo párrafo del artículo 484 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Magistrado responsable omitió requerir al Juez de Control, para que remitiera copia del video de la audiencia de trece de enero de dos mil veintidós; mediante el cual acreditaría su dicho, en el sentido de que en la misma no se hizo referencia al nuevo indicio aportado en la audiencia de vinculación, con lo que demostraría que se trata de un indicio manipulado. Concepto de violación que deviene inoperante, dicha calificación obedece a que, respecto ese motivo de disenso, el promovente del amparo no atacó las consideraciones expuestas en la resolución tildada de inconstitucional. Así es, porque respecto al tema, el magistrado responsable determinó que la petición era improcedente, atento a lo siguiente: Porque el recurso de apelación frente al auto de vinculación a proceso tiene por objeto revisar la resolución impugnada, la cual se admite conforme a los argumentos de las partes en el debate de la audiencia inicial. Además, porque el ofrecimiento de pruebas en la alzada está limitado a los supuestos previstos por el artículo 484 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, en el caso concreto, la apelación no se fundamentó en un defecto en el proceso que discuta u objete la forma en que fue llevado a cabo un acto, en contraposición a lo señalado en las actuaciones, en el acta o registro del debate. Asimismo, porque la inconformidad no expuso por qué devenía indispensable para sustentar su agravio. Finalmente, porque por su naturaleza y origen no podía considerarse de carácter superviniente. Es decir, el promovente del amparo no atacó los argumentos formulados por la Sala en el sentido que, la resolución de alzada debe emitirse conforme a los argumentos de las partes en el debate de la audiencia inicial; que la apelación no se fundamentó en un defecto del proceso que discuta la forma en que fue llevado un acto; asimismo que no expuso porqué devenía indispensable para sustentar su agravio; y que por su naturaleza la audiencia que solicitaba no era de carácter superveniente; de igual forma no expuso los motivos y circunstancias por los que estima que sí se encuentra en los supuestos a que se refiere el artículo 484ndel Código Nacional de procedimientos penales. Se invoca como sustento de la calificación de inoperancia del concepto de violación que se estudia la jurisprudencia 1a. /J. 81/2002, publicada en la página 61, del Tomo XVI, Diciembre de 2002, relativa a la Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN "FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". Por otra parte, son inatendibles en una parte e infundados en otra más, los conceptos de violación identificados con los incisos a), b), d), e) e i) en los que se argumentó: El agravio que expuso ante el magistrado responsable es atendible, toda vez que contienen los tres requisitos exigibles para ello, a saber: Que el agravio que expuso ante el magistrado responsable es atendible, toda vez que contienen los tres requisitos exigibles para ello, a saber: Precisó cuál era la parte de la sentencia que lo causa El precepto legal violado; y. El concepto por el cual fue infringido. Lo anterior, pues dice que opuesto a lo señalado por el Magistrado Penal, sí expresó en sus agravios que los nuevos indicios fueron manipulados y alterados, que se trataba de un fraude procedimental, porque en la segunda audiencia de formulación de imputación hizo referencia a que dichos indicios, aparentemente ya existían antes de que se llevara a cabo la primera audiencia, que sin embargo no fueron expuestos en la misma, por lo que se presume que en realidad no existían, además que contrario a lo aducido por el magistrado, no hay fundamento legal que le obligue a precisar, cuál es el derecho que se le vulneró con ese dato de prueba. Que opuesto a lo aducido por la responsable, el Juez de Control al sostener que la fiscalía estaba facultada para seguir investigando y recabando datos de prueba, no le dio respuesta a los alegatos que expuso en la audiencia inicial, porque ello no estaba en duda y jamás fue materia de debate; sino lo que se demostraba, era que los indicios nuevos que presentó, en realidad no existían cuando se llevó a cabo la celebración de la primera audiencia, dado que no se hizo referencia a ellos; que por tal motivo, no eran indicios razonables y no debieron ser tomados en cuenta. Que el magistrado en forma indebida determinó que los agravios eran inatendibles, porque contrario a ello sí reúnen los requisitos y porque cuenta con la suplencia de la queja, además no se pueden revisar los agravios con la óptica del derecho privado, lo que vulnera sus derechos fundamentales. Que no se ocupó de analizar que los nuevos datos de prueba no constituyen indicios razonables en términos de lo dispuesto por el artículo 316, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales; pues insiste en que al formular la primera imputación ya estaban, sin embargo no se señalaron, por lo que debía determinarse si era lógica y creíble su existencia o si se trataba de una fabricación posterior con la finalidad de perjudicarle. Lo inatendible de los motivos de inconformidad estiba, en que si bien es cierto que el Magistrado Penal responsable determinó que el apelante aquí quejoso no precisó qué derecho fundamental estimaba vulnerado en torno a la ilicitud que atribuyó a los nuevos datos de prueba, y que el juez sí le dio respuesta a las alegaciones que expuso en relación a este tema, respecto de las cuales estimó que no combatió con sus motivos de disenso. También lo es que no obstante ello, el Tribunal de Alzada, en cautela de derechos del imputado sí analizó los motivos de disenso expuestos vía apelación, concluyendo que no se vulneraron los derechos fundamentales del quejoso, atento a lo siguiente: Que era facultad constitucional y legal propia y exclusiva del ministerio público, que en ejercicio de su función investigadora, indagara mayor información que le serviría como datos de prueba para, de así considerarlo y de acuerdo a los resultados de su investigación, hacer la imputación de hechos y solicitud de vinculación a proceso frente a una persona investigada, sin que existiese impedimento legal alguno para que se adicionara información o hechos a su exposición que, en diversa audiencia -agotada y concluida- no expuso o que, modificara ahora, los que previamente fueron motivo de aquélla. Que los agravios cuestionaban la información de las entrevistas, proponiendo una valoración alterna de las mismas indicando que no era creíble descalificando la actuación de la asesoría victimal, afirmando que era "sacada de la manga"; todo ello en sustitución de las objeciones que debió formular respecto de la razonabilidad de los argumentos y conclusión que sustentan el auto de vinculación a proceso. Que eso era, no bastaba exponer que, de haber ponderado la información de la manera en que proponía el inconforme, el fallo hubiese llegado a otra conclusión; sino que, debió explicar los argumentos lógico jurídicos que desmontaran por irracional, las inferencias que a partir de los datos expuestos como indicios, sirvieron para determinar la probabilidad de la intervención del imputado. Que las entrevistas cuyos registros fueron considerados dato de prueba, no podían estimarse análogos a un testimonio -que consiste en una declaración que rinde una persona en presencia de la autoridad judicial con las garantías y principios que prevé el sistema acusatorio, en las que se obtiene la narración directa del testigo a juicio- del que se valoraba su credibilidad. Que valorar las entrevistas que señalaba la defensa, no como datos de prueba, sino como testimonios desahogados en el juicio con todas las garantías, desvirtuaría el sentido de la resolución preliminar en revisión; que los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, facultan al Juez de control para decidir sobre la vinculación, sin estar obligado a efectuar un análisis de fondo sobre la credibilidad de los datos de prueba que no era propio de esta etapa, dado que las pruebas no se desahogaban aun (su admisión y posible depuración para un futuro desahogo y valoración depende del desarrollo de la etapa intermedia), pues la vinculación solo implicaba una aprobación en la continuidad del procedimiento. Que los agravios que propuso diversa valoración de los datos de prueba eran infundados, en razón de que no exponían de qué manera la información que destacaba era ineficaz para desvanecer los datos que, establecidos en la propia resolución, daban sustento a su inferencia y conclusión sobre los hechos de la imputación y la probabilidad de que el imputado intervino en los mismos. Argumentos del Magistrado Penal responsable, que el quejoso no combatió, empero este juzgador los estima correctos, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, la etapa de investigación tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Asimismo cabe destacar, que la investigación que realice el Ministerio Público debe llevarse a cabo de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho. Ahora, de las constancias que obran en el disco de audio y video deriva, que el trece de enero de dos mil veintidós se dictó auto de no vinculación a proceso al quejoso ********************, por los hechos que se le atribuyeron el diecinueve de marzo y veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno calificados como delito de violencia digital a la intimidad sexual, en agravio de ******************** [foja 26-28 pdf del disco de audio y video]. Mediante oficio de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, la representación social solicitó de nueva cuenta audiencia de formulación de imputación, la cual se llevó a cabo el veintisiete de octubre de dos mil veintidós. En dicha audiencia, la Fiscalía expuso su solicitud de vinculación a proceso, indicando los datos de prueba en que lo sustentaba [minuto 9:33:25- 9:50:03 del disco de audio y video]. Por tanto, si bien en un primer momento la representación social ejercitó acción penal y el juez de control dictó auto de no vinculación a proceso, ello de ninguna manera impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación aportando datos que aun y cuando existían en la primera audiencia, no se hubiesen expuesto en la misma. De igual manera, el hecho de que las actuaciones recabadas por el Ministerio Público sean posteriores al dictado del auto de vinculación a proceso, ello no hace suponer como lo alega el promovente, que sean pruebas manipuladas y alteradas, pues lo contenido en ellas, se refieren a situaciones que permiten robustecer el hecho inicial. Esto, porque no existe limitación alguna en el sentido de que no puede allegar alguno de data anterior a un auto de no vinculación a proceso y que no se hubiese exhibido en ella. Además, opuesto a lo que señala de ninguna manera puede considerarse la segunda solicitud de formulación de imputación como una continuación de la primera, dado que aquélla concluyó desde que se agotó y cerró; máxime que el propio artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales precisa, que el Ministerio Público posteriormente puede formular nueva imputación. De igual forma, la circunstancia de que el indiciado exponga una versión alterna a las entrevistas aportadas como dato de prueba -afirmando que fueron alterados y manipulados - no impide su dictado. Lo anterior, atento a que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que se vinculará a proceso penal a una persona cuando "los datos establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad" de que ella lo cometió, mientras que el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales reitera esa fórmula, pero con dos matices: que aquellos datos deben ser de prueba y que se entenderá que se cuenta con ellos cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo (que se ha cometido ese hecho), con lo que, propiamente fija en grado de probabilidad tanto el hecho como la participación de la persona a la que se le atribuye. Sobre esa base, la decisión sobre si se vincula o no a proceso depende de que la versión de imputación sea probable o no, probatoriamente hablando; dilema que no se altera por la circunstancia de que el imputado incorpore al debate una versión alterna, a saber que los datos de prueba fueron fabricados, y que son verosímiles, pues el hecho mismo de que sea sólo probable, no impide que también lo sean los datos de prueba aportados. Diferente sería si para el dictado de la vinculación a proceso se requiriera que los datos de prueba alcanzaran valor probatorio pleno, pero es claro que el Constituyente no se decantó por esa regla para esta etapa temprana del proceso. De igual manera, como bien lo adujo el Magistrado responsable, las entrevistas registradas como datos de prueba, no pueden considerarse análogas a un testimonio, atento a que de conformidad con los artículos 313, 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación constituye la fase en la que se recopilan datos de prueba, no pruebas en sí mismas, los cuales deben entenderse como el contenido o indicios probables que provienen de los actos de investigación que fueron recabados y registrados por el Ministerio Público para el esclarecimiento de un hecho que la ley señala como delito. En ese sentido, contrario a lo que sucede con las pruebas en el sistema penal escrito, en el oral acusatorio los datos de prueba no permanecen en las siguientes etapas procesales y su integración en la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada, ya que la finalidad del Ministerio Público no es acreditar el "cuerpo del delito" sino únicamente un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por otra parte, una entrevista registrada como dato de prueba, no puede considerarse análoga a una testimonial, pues ésta consiste en la obtención de una declaración realizada de forma directa ante una autoridad judicial y las partes, que es valorada como una prueba; en cambio, la entrevista, como acto de investigación, cuyo contenido se convierte en dato de prueba, consiste en los indicios, noticias o hechos que se desprenden del diálogo que tuvo el Ministerio Público con una persona. Así, en la testimonial se tiene la narración directa del testigo ante la autoridad judicial, mientras que en la entrevista como dato de prueba, es la narración del Ministerio Público, con sus propias palabras y tomando en cuenta los indicios que a su consideración son relevantes, obtuvo de una conversación con la víctima o alguna persona que intervino o presenció el hecho que investiga. Por tanto, en la etapa de investigación en el proceso oral acusatorio no es posible que existan una valoración alterna de las mismas indicando que no es creíble la información, ya que no se trata de una prueba rendida ante una autoridad judicial, sino que son entrevistas que fueron registradas como datos de prueba por el Ministerio Público, en donde éste narra los indicios derivados de la conversación que tuvo con los testigos. Por lo señalado, es dable afirmar que en la especie no existe violación a los derechos que consagran los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la peticionaria del amparo. En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación propuestos por los quejosa y no advertir queja que suplir al tenor de lo dispuesto por el artículo 79 fracción IV, de la ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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