Carlos Alejrandro Gama Blanco
Expediente 104/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 104/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Carlos Alejrandro Gama Blanco
Actuaciones
- Principal
Visto, la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintiséis de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya realizado; se declara firme el referido auto. En tal virtud, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Vista a demanda de amparo promovida por , por derecho propio y en representación de ..., contra actos del Juez Civil y Familiar de Primer Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, con residencia en Taxco, Guerrero y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 104/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En principio debe decirse que la demanda de amparo, así como sus anexos correspondientes, deben ser analizados en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar su alcance y contenido. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de seis de febrero del año en curso, dictado en el juicio de divorcio incausado, expediente 49/2019-I-F, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Alarcón, promovido por la tercera interesada, en contra del impetrante por medio del cual, entre otras, se decretó la guarda y custodia provisional de las menores, en favor de su progenitora. Así también, se deduce que el juicio natural se encuentra en trámite y que la parte quejosa es parte formal y material de éste, pues tiene el carácter de demandado. En ese sentido, éste juzgado federal considera que se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." El dispositivo apuntado contempla el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al juicio de amparo. La falta de cumplimiento de esa obligación acarrea la improcedencia de ésta instancia constitucional. En efecto, el principio de definitividad en materia de amparo, estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación del particular de agotar los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. Asimismo, es de precisar que tal recurso debe tener una existencia legal, es decir, debe estar previsto en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlo previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. Asimismo, si el demandado no diera contestación a la demanda y no acude a la Audiencia Previa y de Conciliación, se le tendrá por conforme con las prestaciones establecidas en el Convenio por la parte actora, debiendo el juzgador resolver en la misma sentencia que decrete la disolución del vínculo matrimonial de manera definitiva los alimentos y la guarda y custodia, quedando a salvo la disolución de la sociedad conyugal, misma que se resolverá en la vía incidental. La sentencia que decrete los alimentos y guarda y custodia definitivos será apelable en relación a estas acciones. III.- El juzgador podrá exigir la identificación de las partes cuando lo considere necesario; IV.- Si el cónyuge fuese omiso al pronunciamiento sobre la conformidad o inconformidad del convenio propuesto o no presentara contrapropuesta, habrá lugar a prevención por el juzgador; V.- No habrá lugar a la apertura de término probatorio, toda vez que las probanzas serán acompañadas en la propuesta y contrapropuesta del convenio; VI.- El juzgador en su sentencia dejará a salvo el derecho de los cónyuges para que hagan valer en la vía incidental los puntos del convenio en desacuerdo; y VII.- La muerte de uno de los cónyuges pone fin al juicio del divorcio, sin que puedan continuarlo los herederos". "Artículo 51.- Impugnación de las sentencias. La sentencia que declara la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, únicamente podrán recurrirse la resolución interlocutoria que recaiga en vía incidental respecto del o los convenios presentados." El primero y segundo de los dispositivos legales transcritos precisan que para la tramitación del divorcio incausado se seguirán las reglas y términos procesales señalados en el Título Segundo del Libro Segundo del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, correspondiente al juicio ordinario con las excepciones y modalidades previstas en la Ley de Divorcio; en tanto que el artículo 51, señala que la sentencia que declara la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, y que únicamente podrá recurrirse la resolución interlocutoria que recaiga en la vía incidental respecto del o los convenios presentados; lo cual por sí solo no conlleva a considerar que sean inimpugnables las determinaciones que se dicten durante el trámite del juicio o aquéllas inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. En ese contexto, los numerales 375, fracción I, 381 y 382 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, disponen: "Artículo 375.- Recursos admisibles. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Reconsideración; II. Apelación; y III. Queja." "RECONSIDERACIÓN Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. "Artículo 382.- Substanciación del recurso de reconsideración. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de reconsideración deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en las audiencias y deberá contener la expresión de los agravios; III. No se concederá término de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalan al pedirla; y IV. La reconsideración no suspende el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible." De los dispositivos legales antes transcritos se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el de reconsideración, el cual procede en contra de autos y decretos respecto a los cuales no proceda la apelación, que será tramitado por el Juez que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. En ese tenor, el citado numeral establece que la determinación reclamada puede ser impugnada mediante recurso de reconsideración, ya que por una parte, que las sentencias entendidas como resoluciones definitivas no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte, y por otra, que respecto de los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la ley expresamente disponga que no son recurribles; además de que en la citada legislación procesal civil vigente no existe disposición expresa que establezca la procedencia del recurso de apelación, ni una de carácter especial que prohíba la interposición de recurso alguno contra un auto definitivo o resolución intermedia, como se precisó con antelación. Consecuentemente, si el acto reclamado consiste en el auto de seis de febrero del año en curso, en el que el juez responsable decretó la guarda y custodia provisional de las menores, en favor de su progenitora, es inconcuso que dicho acto es susceptible de impugnarse mediante el recurso de reconsideración a que se refiere el artículo 381 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero, pues tal medio de impugnación tiene por objeto que el juez natural confirme, revoque o modifique total o parcialmente el acto reclamado, sobre todo si se considera que de acuerdo con el artículo 386 del Código en cita no es apelable y la ley respectiva tampoco establece expresamente que en contra de tal determinación no proceda recurso alguno, de ahí que la parte quejosa previamente a promover el juicio de amparo debió agotar el medio de impugnación aludido ante el juez de origen, y al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Además, sí el legislador estableció que el recurso de reconsideración procede en contra de todo tipo de resoluciones, siempre y cuando la sentencia no sea apelable, entonces, es evidente que abarca todo tipo de determinaciones, siempre que se trate de actos jurídicos distintos o independientes a la disolución del vínculo matrimonial, y que no constituyan decisiones definitivas sobre otros temas. Además, es preciso indicar que en el caso no se surten las excepciones previstas en dicho numeral, puesto que en el caso, el acto reclamado no es de los que importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se está en el supuesto de una persona extraña al procedimiento. En consecuencia, al encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Por otra parte, se tienen los estrados que se fijan y publican en el local de este juzgado para oír y recibir notificaciones; por lo tanto, notifíquese el presente proveído y háganse las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal por ese medio. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a , toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a .. por no contar con dicho requisito. Para la celeridad del procedimiento, se habilitan desde ahora, días y horas inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, únicamente para practicar notificaciones. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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