Carlos Alberto Gonzalez Saavedra

Expediente 309/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
309/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/12/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Gonzalez Saavedra
  • Junta Local de Conciliacion Y Arbitraje En Iguala del Estado de Guerrer

Actuaciones

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL DE CUENTA, SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL PLAZO DE CINCO DÍAS QUE ESTABLECE EL NUMERAL 98 DE LA LEY DE AMPARO, PARA INTERPONER RECURSO QUE QUEJA CONTRA EL AUTO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, POR EL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, SIN QUE LA PARTE QUEJOSA LO HAYA HECHO VALER; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO PRECEPTO LEGAL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.). EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y EN ATENCIÓN A LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, SE ESTIMA QUE NO EXISTE MÁS POR CUMPLIMENTAR; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA PROCEDENTE REMITIR ESTE ASUNTO AL ARCHIVO DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE; RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, EN TÉRMINOS DEL DIVERSO ARTÍCULO 21, INCISO A), DEL REFERIDO ACUERDO EN RELACIÓN CON LOS PUNTOS 8.1.2 DEL MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES RESGUARDADOS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, APROBADO EL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE ESTE EXPEDIENTE ES DESTRUIBLE, EN EL PLAZO DE TRES AÑOS, AL SER UN JUICIO EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA. EN OTRO CONTEXTO, SE COMUNICA A LAS PARTES QUE DE CONFORMIDAD EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO DEL REFERIDO ACUERDO, EL PRESENTE EXPEDIENTE PERMANECERÁ EN EL ARCHIVO DE ESTE JUZGADO FEDERAL DURANTE EL PLAZO DE TRES AÑOS. POR LO QUE DESPUÉS DE ESE LAPSO, SE PROCEDERÁ A LA DESTRUCCIÓN DEL MISMO, PUES A CONSIDERACIÓN DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL PRESENTE SUMARIO CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, ADEMÁS, NO ENCUADRA EN SUPUESTO ALGUNO DE LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 15 DEL ACUERDO GENERAL DE REFERENCIA. SE PRECISA QUE EL PRESENTE SUMARIO CONSTITUCIONAL SE ENVIARÁ MATERIALMENTE AL ARCHIVO UNA VEZ QUE OBREN LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DERIVADAS DEL PRESENTE PROVEÍDO. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso ****, a través del desahoga la prevención formulada por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, y manifiesta que presentó su escrito de demanda ante la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, tal como se evidencia del acuse de recibo correspondiente, anexo al ocurso que se provee. Estudio de la demanda de amparo Precisado lo anterior, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario realizar el análisis que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, a fin de dilucidar si en aquélla existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, para efectos de la disposición normativa invocada, se considera insoslayable precisar lo que se debe entender por causa manifiesta e indudable de improcedencia. os elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del criterio jurisprudencial anterior, se puede advertir que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente precisar que, del análisis integral del escrito de demanda, el acto que se reclama en el presente juicio, esencialmente, es la omisión por parte de la autoridad responsable en emitir el auto de admisión de demanda y proveer sobre la medida cautelar consistente en el embargo precautorio dentro de dicho proveído. Hecha tal precisión, este juzgador estima que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo. Bajo ese tenor, se precisa lo dispuesto por los mencionados artículos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal del país interpretó que debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo ese tenor, el artículo 17 constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos, cuyo texto dice: "Articulo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Ahora bien, es pertinente precisar a qué se refieren los principios que integran el derecho fundamental de acceso a la justicia, los cuales se traducen en lo siguiente: - Justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias planteadas ante ellas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; - Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; - Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y - Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no recaudarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Luego, si el citado derecho fundamental está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Lo cual implica que las autoridades judiciales, administrativas o del trabajo no deben retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, ya que su obligación de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos establecidos por las leyes procesales respectivas, deriva del hecho de que están obligadas a despachar los negocios en que intervengan, en forma expedita, de conformidad con los plazos procesales, y tomar las medidas necesarias para vigilar el cumplimiento de sus determinaciones, incluso a través del uso de mecanismos legalmente aplicables, de no hacerlo, se viola dicho derecho fundamental. No obstante, se destaca que de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; por lo que es necesario que se produzca una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro o fuera de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, por lo que en este caso el juicio de amparo es improcedente. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente. Dicho de otro modo, el amparo indirecto es notoriamente improcedente cuando se promueve por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. Ahora bien, si el quejoso de mérito presentó su escrito de demanda el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, tal como se advierte del sello de recepción correspondiente a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, entre esta fecha y la fecha de la presentación de la demanda (doce de noviembre de dos mil veintiuno), median siete días hábiles (sin contar sábados y domingos; del mismo modo el uno, dos y quince de noviembre de dos mil veintiuno por haber sido inhábiles); de ahí que es inconcuso que el transcurso de esos siete días no generan una paralización o abierta dilación al procedimiento. En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 107, fracción V de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Iguala de la Independencia, Guerrero. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 309/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Prevención Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, el juez de distrito mandará prevenir al promovente para que aclare la demanda, cuando esta sea deficiente, irregular o contenga una omisión que deba corregirse; por su parte, la fracción II, del artículo 114 de la propia legislación, establece que constituye una omisión cuando se hubiere omitido alguno de los requisitos del 108 de dicho ordenamiento; como lo son los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, en términos de la fracción V de dicho artículo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 114 y 108, fracción V, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al momento en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, realice lo siguiente: ÚNICO. Manifieste bajo protesta de decir verdad, la fecha en que presentó su escrito de demanda, ante la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Iguala de la Independencia, Guerrero, y exhiba copia del acuse donde se advierta esa circunstancia. Lo anterior es ineludible, a efecto de que este juzgado federal esté en aptitud de pronunciarse respecto a la procedencia de la demanda de amparo presentada por el inconforme. Cabe hacer notar que la finalidad de una prevención es que se satisfagan los requisitos de ley, porque únicamente con base en su contenido es factible verificar los presupuestos procesales de la acción constitucional y apreciar que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apercibido que de no dar cumplimiento en los términos indicados y en el plazo señalado, se procederá conforme al artículo 114 de la Ley de la materia, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Al respecto, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - - II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Autorizado Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios de dicho arábigo, a ****, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que los acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Domicilio Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ***** de Iguala de la Independencia, Guerrero. Uso de medios electrónicos Atento a lo solicitado por la parte quejosa, y con apoyo en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Recomendación a las partes En atención a la contingencia sanitaria, provocada por la epidemia denominada virus SARSCOV2 (COVID-19) y de conformidad con el artículo 28, 29, 30 y 31 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes que de ser posible y al tomar en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea", en uso de la firma electrónica conocida como "FIREL", (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial) o "e.firma" (antes Firma Electrónica Avanzada FIEL). Medidas de seguridad al momento de realizar la notificación del presente proveído. Se exhorta al actuario judicial adscrito que al momento de realizar la notificación, deberá proceder en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, a fin de resguardar su integridad y salud, y de las personas justiciables. De igual forma, se le solicita acate el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención de Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), en términos de lo indicado en el artículo 14, fracción IV, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias. Se hace del conocimiento a los litigantes que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Así, pues el Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Medidas sanitarias y consecuencias de su incumplimiento. En los inmuebles del Poder Judicial Federal se establecerán controles sanitarios para regular y, de ser necesario, restringir el acceso de quienes no cumplan con los lineamientos establecidos para tal efecto. En adición al control sanitario de ingreso, las personas que acudan a los inmuebles del Poder Judicial Federal deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada de conformidad con los mecanismos previstos en los artículos 3 o 6, las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. Aviso de transparencia En otro contexto, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Integración de expediente electrónico Se encomienda al oficial encargado al que le corresponde el expediente que queda a su cargo la digitalización diaria de los acuerdos y cualquier otro documento en el que auxilie en su elaboración y que se incorpore al expediente físico; al funcionario encargado de la oficialía de partes, que digitalice los documentos que reciba; los actuarios deberán digitalizar diariamente, todas las actas, razones, constancias de notificación o diligencias en las que haya intervenido; dichos funcionarios deberán ingresar esos documentos digitalizados al (S.I.S.E.) en su apartado respectivo; en tanto que al secretario le corresponderá el cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en términos del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competentes de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese y personalmente al quejoso.

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