Carlos Alejandro Rojas López

Expediente 226/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
226/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
03/04/2017

Partes del expediente

  • Carlos Alejandro Rojas López
  • Andrés Virgen Meza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, tres de abril de dos mil diecisiete. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional; con su contenido dese vista a las demás partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Pruebas documentales y vista a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase ofrecida la prueba documental que se anexa al informe justificado de cuenta, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional, y con la misma dese vista las partes para los efectos legales correspondientes. Tiene aplicación al respecto, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada el 29 de abril de 2016, en el Semanario Judicial de la Federación, en Materia Común, correspondiente a la Décima Época, con Registro 2011561, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CASOS EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR SU NOTIFICACIÓN POR LISTA. Si del informe justificado rendido por la autoridad responsable no se advierte la existencia de un nuevo acto reclamado, de una diversa autoridad no señalada inicialmente por el agraviado o que mediante él se den a conocer los fundamentos y motivos del acto que impugna y alegó desconocer, el Juez de Distrito deberá ordenar su notificación por lista de acuerdos, ya que sólo si se actualiza alguno de los referidos supuestos tendría que efectuarse personalmente porque, de no hacerlo así, se dejaría en estado de indefensión al quejoso, pues no tendría otro momento para impugnar esos aspectos, cobrando aplicación, en ese caso, la fracción I, inciso k), del artículo 26 de la Ley de Amparo, que consigna la facultad del juzgador para hacerlo así cuando lo amerite." Cuaderno auxiliar. Dado el volumen de las pruebas que se anexan, y para mejor manejo del expediente, fórmese con éstas dos cuadernos auxiliares por separado, los que quedan a disposición de las partes para su consulta. Se decreta acumulación. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, específicamente la certificación que antecede, lo cual constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2º, y con apoyo en la Jurisprudencia J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, mes de Enero de 1997, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS AUTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.". En esa virtud, dada la conexidad que existe entre el juicio constitucional 221/2017 y el presente amparo, toda vez que en ambos se reclama el mismo acto: la orden de arresto como medida de apremio en caso de incumplimiento, contenida en el acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete, en contra de las mismas autoridades Juez Octavo de Distrito en el Estado, y Secretario de Seguridad Pública Municipal, ambos con residencia en esta ciudad; y deriva del mismo juicio de origen: juicio mercantil ordinario 37/2010; y las partes quejosas en ambos juicios de Amparo, son parte procesal en el citado juicio mercantil ordinario. En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima pertinente DECRETAR DE PLANO LA ACUMULACIÓN del presente juicio de amparo 226/2017, promovido por Carlos Alejandro Rojas López, por su propio derecho y en representación legal de la persona moral Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, al diverso 221/2017, promovido por Faustino Cevallos de la Cruz, por su propio derecho y en su carácter de representante legal de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Nicolás Bravo, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por ser este último, el más antiguo. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal. Certifíquese lo anterior en el juicio de amparo 221/2017, para los efectos legales procedentes, y en su oportunidad, glósese los autos a ese expediente Notifíquese y personalmente a las partes.

  2. Incidental

    Resolución incidental. V I S T O, para resolver en definitiva el incidente de suspensión deducido del juicio de amparo 226/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda y fijación del acto reclamado. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, el trece de marzo de dos mil diecisiete, Carlos Alejandro Rojas López, por su propio derecho y en representación legal de la persona moral Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1) Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, y 2) Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Mazatlán, ambos con sede en esta ciudad. Demanda donde se declinó competencia a este juzgado, radicando el juicio de amparo 226/2017, de donde deriva el presente indecente, el día veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados consistentes en: La orden de Arresto librada en su contra por el incumplimiento a un requerimiento formulado, en el juicio mercantil ordinario radicado bajo el número 37/2010 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del incidente de suspensión. El veintidós de marzo del año en curso, se concedió al quejoso la suspensión provisional, se pidió informe previo a las autoridades señaladas como responsables, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención legal que le compete y se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en los artículos 33, 37 y 125 de la Ley de Amparo vigente. SEGUNDO. Informes previos. 1) Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, y 2) Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Mazatlán, ambos con sede en esta ciudad; negaron la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, del informe rendido por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se advierte que mediante proveído de tres de marzo de dos mil diecisiete, se requirió al aquí quejoso para que diera cumplimento a lo solicitado en proveído de nueve de enero de dos mil diecisiete, ambos acuerdos dictados por la autoridad responsable en el Juicio ordinario mercantil 37/2010, bajo el apercibimiento para los representantes legales de las entidades mercantiles, entre ellas la quejosa, que en caso de incumplimiento a la preindicada prevención, se les haría efectiva la sanción contenido en el referido auto, esto es un arresto hasta por treinta y seis horas. De ahí que se tenga por cierto el acto que reclama. Pronunciamiento sobre la suspensión definitiva. En consecuencia, SE CONCEDE la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que Carlos Alejandro Rojas López, por si o como representante legal de la persona moral Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, no se prive de su libertad personal, o arresto con motivo del medio de apremio impuesto en auto de tres marzo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio mercantil ordinario 37/2010, del índice de la autoridad responsable hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: "Séptima Época Registro: 247592 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 205-216, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 79 ARRESTO. MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE SUSPENSION DEFINITIVA PARA QUE NO SE LLEVE A EFECTO, EN TANTO SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO. Es infundado el argumento de inconformidad que formula el recurrente acerca de no haber considerado el Juez Federal al conceder la suspensión definitiva del acto reclamado por el quejoso, fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, como imperativamente se señala en el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, si de la lectura de la resolución recurrida se desprende que sí se cumplieron dichas prevenciones en tanto que se estableció que se concede la medida suspensional definitiva para el efecto de que el quejoso no sea arrestado con motivo del medio de apremio decretado por el Juez civil y su no ejecución por parte de las restantes autoridades responsables, lo que indica que sí se fijó la situación definitiva de la medida suspensional, y se cuidó de conservar la materia del amparo, si el acto reclamado se hizo consistir precisamente en la orden de arresto por cierto número de días que como medida de apremio se decretó en contra del quejoso en el juicio civil de donde proviene dicho acto, de modo que dada la naturaleza inminente de ejecución del arresto, de no concederse el beneficio de la suspensión y negarse ésta, para cuando se resolviera en definitiva el juicio constitucional, posiblemente hubieran transcurrido los diez días de arresto y en consecuencia resultaría intrascendente el juicio de garantías al haber desaparecido la materia del mismo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 30/86. Arturo Meza García. 7 de febrero de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Ernesto Rosas Ruiz. Secretario: Jesús S. Fraustro Macareno." Fundamentación y motivación. En el caso, sí se actualizan los marcados por los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, en virtud de que el apercibimiento se decretó en contra del peticionario de amparo y con ello acredita su interés suspensional. Asimismo, solicita la suspensión y no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que de concederse la suspensión no se continuarán o permitirán actividades que afectan a la salud pública o a la salud mental de los individuos que integran la sociedad, ni se impedirán que combatan enfermedades físicas y mentales de dichos individuos; ni se permitirá el incumplimiento de órdenes militares, ni se producirá daño al medio ambiente y al equilibrio ecológico, no se afectará la salud de las personas, de igual forma, no se permitirá el ingreso al país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien que se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se incumplirá con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, ni se incumplirá con las Normas Oficiales Mexicanas que afecte la producción nacional, y tampoco se afectará la producción nacional, ni se impedirá la continuación de un procedimiento de extinción de dominio. De la garantía. Ahora bien, por tratarse de actos que afectan la libertad personal del promovente y tomando en consideración que en el caso existe tercero interesado a quien pudieran ocasionarse daños y perjuicios de difícil reparación, con el otorgamiento de la medida suspensional; por tanto, con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se estima que lo procedente es fijar discrecionalmente una garantía por la suma de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), al no contar hasta este momento con mayores datos que hagan necesario fijar una garantía mayor. Garantía que deberá exhibir dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, de conformidad con el arábigo 136, párrafo segundo, de la expresada ley de la materia; bajo apercibimiento que de no acreditar que cumplió con dicha prevención en el plazo indicado, la medida cautelar concedida dejará de surtir efectos, de acuerdo a lo que establece el precepto señalado en orden final del párrafo precedente; o bien, si al inconforme se le sorprende en la comisión de delito flagrante. En el entendido de que la garantía fijada para que surta efectos la suspensión definitiva, deberá ser presentada por el promovente en cualquiera de las formas establecidas por la ley para el cumplimiento de la obligación (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera); a efecto de resarcir los posibles daños y perjuicios que se ocasionaren al tercero interesado en caso de que no obtenga sentencia favorable en el juicio constitucional. En el entendido que si el quejoso decida hacerlo mediante póliza de fianza, la afianzadora deberá indicar que se somete a la jurisdicción del juzgado de distrito, y que renuncia expresamente al procedimiento establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para el caso de hacer efectiva esa garantía, y se somete al procedimiento incidental previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo. En cambio, si opta por hacerlo mediante billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), la institución crediticia depositaria debe incluir la leyenda de que el depositante autoriza de manera expresa al Secretario Técnico del Fondo del Apoyo de la Administración de Justicia, para que solicite y reciba la información que le permita el control de ese depósito, y la relativa a que el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna en favor del depositante; lo anterior, en conformidad con lo ordenado en los artículos 28 y 32 del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo de la Administración de Justicia. Tienen aplicación al respecto la jurisprudencia y tesis siguientes: "Novena Época Registro: 174590 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Julio de 2006 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 28/2006 Página: 264 SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU CONCESIÓN DEBE CONDICIONARSE A LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA SUFICIENTE CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO CIVIL O MERCANTIL Y LA MEDIDA CAUTELAR PUEDA OCASIONAR DAÑOS O PERJUICIOS AL PATRIMONIO DEL TERCERO PERJUDICADO. La necesidad de fijar una garantía al conceder la suspensión en el juicio de amparo contra la ejecución de una orden de arresto decretada como medida de apremio en un procedimiento de naturaleza civil o mercantil depende de la naturaleza del requerimiento que se haya formulado al quejoso, en tanto que en ese tipo de procedimientos pueden dictarse requerimientos que, de no cumplirse, afectan los bienes o derechos de la contraparte. En ese tenor, en la hipótesis referida es necesario condicionar la concesión de la suspensión a la exhibición de garantía suficiente para la reparación e indemnización de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado, en caso de que la dilación en el cumplimiento del requerimiento -origen de la orden de arresto- no sólo implique un retraso en el trámite del procedimiento natural, sino una afectación directa a los bienes o derechos del tercero perjudicado que se traduzca en un daño a su patrimonio; regla que debe entenderse referida únicamente al supuesto de las partes en el juicio natural, esto es, actor y demandado." "Quinta Época Registro: 343942 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo CIV Materia(s): Común Tesis: Página: 1099 MEDIDAS DE APREMIO, SUSPENSION TRATANDOSE DE (ARRESTO). Cuando las medidas de apremio afectan la libertad personal, procede la suspensión en los términos de la Ley de Amparo, para que éste no quede sin materia; pero como la suspensión de esa medida de apremio seguramente que se traduce en daños y perjuicios para el colitigante del quejoso, esa suspensión debe concederse previo el otorgamiento de la garantía relativa. Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 9018/49. Méndez Abundio. 29 de abril de 1950. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis G. Corona Redondo. La publicación no menciona el nombre del ponente. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, Común, página 307, segunda tesis relacionada con la jurisprudencia 188, de rubro "MEDIDAS DE APREMIO.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 125, 132 y 144 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE al quejoso Carlos Alejandro Rojas López, por sí y en representación legal de la persona moral Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, la suspensión definitiva de los actos que reclama del 1) Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, y 2) Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Mazatlán, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Juez de Distrito, remite oficio relativo a este juicio de amparo. Se tiene por recibido el oficio 55637-II y anexo, signado por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual anexa el diverso 1127/2017 firmado por el Coordinador de Asuntos Jurídicos en ausencia del Encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, por corresponder al índice de este juzgado. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Coordinador de Asuntos Jurídicos en ausencia del Encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional; con su contenido dese vista a las demás partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Domicilio y delegados. Como lo solicita, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el informe de cuenta, y por designados como delegados en términos del artículo 9 de la citada ley, a los profesionistas que precisa. Notifíquese.

  4. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Informe previo. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, rindiendo informe previo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental; con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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