Carlos Alberto Osuna Tirado

Expediente 207/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
207/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Osuna Tirado

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, treinta de abril de dos mil veintiuno. I. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante oficio ********** el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en suplencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, remitió copia del diverso ********** en que se giró la orden al Jefe de la Oficina de Recaudación de Mazatlán, Sinaloa, para que hiciera la entrega del cheque 0170 de Banorte, al aquí quejoso. II. Requiere cumplimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de la Oficina de Recaudación de Mazatlán, Sinaloa, para que, dentro del plazo de tres días contado a partir de que reciba la comunicación oficial respectiva, informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en el oficio SATES-DR-3498/2020, es decir, acredite la entrega del cheque 0170 de Banorte, al aquí quejoso Humberto Velázquez Miramón. Al efecto, deberá remitir copia certificada de las documentales que corroboren sus manifestaciones. III. Apercibimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que, en su caso, se haga efectivo dicho medio de apremio, en términos de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, conforme al artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo. Considerándose como incumplimiento, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, en términos del último numeral en cita. IV. Remisión de oficio. Se instruye al secretario o secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio relativo. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a trece de abril de dos mil veintiuno, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, para conocimiento de la parte quejosa Jaime Alfaro Piña, en su carácter de defensor particular del quejoso CARLOS ALBERTO OSUNA TIRADO; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a en lo conducente dice: Mazatlán, Sinaloa, seis de abril de dos mil veintiuno. I. Radicación y creación del expediente. Téngase por recibida la demanda presentada por Jaime Alfaro Piña, en su carácter de defensor particular del quejoso Carlos Alberto Osuna Tirado; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 207/2021 e intégrese expediente electrónico. II. Incompetencia. Este juzgador se considera legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del presente asunto. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral transcrito se desprenden los supuestos siguientes: 1. En caso de que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, será competente el juez de distrito jurisdicción en el lugar de ejecución. 2. En el supuesto de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. En los supuestos donde el acto reclamado no requiera ejecución material el juez de distrito competente es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Autoridad responsable ordenadora: Juez Javier Quiroz Ruiz, Juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. Ejecutoras: Agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Célula 2 del Equipo V de Investigación y Litigación en Mazatlán, Sinaloa y Director del Centro Penitenciario "El Castillo", con sede en esta ciudad. Actos reclamados.  Auto de vinculación a proceso de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno dictado en la causa penal 291/2020. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el peticionario reclama el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 291/2020 que se sigue ante la responsable Juez de Control adscrito Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, bajo ese expediente, en donde goza de libertad con motivo de habérsele concedido la medida cautelar de firma periódica tal como lo manifiesta en su demanda de amparo; asimismo, que el acto reclamado es ejecutado por la autoridad de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, por ende, en aquella jurisdicción. Lo anterior se clarifica de lo transcrito por el propio impetrante en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, a saber: "En este acto y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que los hechos y abstenciones que se narran a continuación, constituyen los antecedentes de los actos reclamados, el hoy quejoso tuve conocimiento de ellos el día dieciséis de marzo del año en curso, dentro de la causa penal 291/2020, en la continuación de audiencia inicial, que es cuando el Juez de control la emite y por ende decreta Auto de Vinculación a proceso en mi contra, hechos que se hacen consistir en lo siguiente: 1. Que en Audiencia inicial de fecha once de marzo del año en curso, se me formuló imputación en atención a que supuestamente DETUVIERON EN FLAGRANCIA DELICTIVA a mi defenso, hoy quejoso Carlos Alberto Osuna Tirado en conjunto con otros tres coimputados de nombres Alfonso Rafael Morales Rosas y una mujer de nombre Olivia del Carmen Zazueta Gómez y José Alfredo Patrón Güereca, se solicitó vinculación a proceso por parte del agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula 2 del Equipo V de Investigación y Litigación en Mazatlán, Sinaloa, dentro de la causa penal 291/2020, al Juez Javier Quiroz Ruiz, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, por considerarme probable participante en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, relacionado con el artículo 11, inciso c) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en términos del diverso 13, fracción III, 7, fracción II, 8 y 9 todos del Código Penal Federal; emitiendo e citado Juez la medida cautelar de reportarme ante UMECAS FEDERAL vía telefónica, una vez cada mes, y en atención que los diversos defensores solicitamos la duplicidad de término constitucional, por lo que por cuestiones de economía procesal solicito se tengan por reproducidos todos los argumentos y las resoluciones esgrimidas por las partes y el A quo que en este primer punto señalado como acto reclamado (videograbación de fecha once de marzo del año en curso). 2. En la continuación de la audiencia inicial de dieciséis de marzo del año en curso, DICTÓ AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO dentro de la citada causa penal, que para efectos de economía procesal solicito se tengan por reproducidos, en lo que hace a la resolución que nos trata y que por este medio se impugna, en la autoridad responsable ordenadora, misma que quedó plasmada en la videograbación de misma data. Es menester aclarar a su señoría que el hoy quejoso y el suscrito optamos por no interponer recurso de apelación contra el citado auto de vinculación de fecha dieciséis de marzo del mismo año, y se decidió interponer el presente juicio de garantías en atención a que desde la detención, puesta a disposición, integración de la carpeta de investigación, su judicialización, la audiencia inicial de formulación de la imputación de hasta la propia continuación de la citada audiencia de solicitud de vinculación, la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, se vulneraron derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales del hoy quejoso, haciéndole de su conocimiento a su señoría que actualmente nos encontramos en la etapa de investigación complentaria y la misma vence el dieciséis de mayo del dos mil veinte, pues de determino dos meses". Como se observa, los actos reclamados por el quejoso derivan de un procedimiento jurisdiccional, en el cual, su ejecución material, efectos positivos y sus consecuencias legales se materializarían, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que tiene que restituir y subsanar los derechos violados. Bajo ese contexto, atendiendo a una interpretación sistemática y armónica del artículo 37 de la Ley de Amparo, lo cual es acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos; cuando el acto reclamado no tenga ejecución material ( por encontrarse en libertad), pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un tribunal determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora. Luego, es inconcuso que las consecuencias legales de los actos reclamados, se siguen llevando a cabo en el procedimiento del que derivan tales actos, que se tramita en el Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa en turno, con residencia en Culiacán; y por consiguiente, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, resulta legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por Jaime Alfaro Piña, en su carácter de defensor particular del quejoso Carlos Alberto Osuna Tirado, ya que ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa en turno, con residencia en Culiacán; al ser quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tiene su residencia la autoridad que conoce del procedimiento de origen. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, carece de competencia legal por cuestión de territorio, para conocer y resolver del presente asunto, sin proveer sobre su admisión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo con todas sus copias, al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa en turno, con residencia en Culiacán; y fórmese cuaderno de antecedentes. Asimismo, se solicita al juez de distrito correspondiente, que de no existir inconveniente legal, se sirva informar si acepta o no la competencia planteada en el presente juicio de amparo. III. Domicilio y autorizados. Téngase como su domicilio procesal, el que para tal efecto indicó en la demanda de amparo; así como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Zamudio Zatarain y Daniel Sarabia Ortiz, en razón de que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuitos y Juzgados de Distritos. IV. Medida de mitigación de riesgos. En el entendido de que subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes, que en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a las autoridades responsables y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. V. Se exhorta a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con Fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que hagan uso del juicio en línea, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones. VI. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza a la actuaria que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID 19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. En el entendido que la parte quejosa indica que los correos electrónicos son alfaropj_28@yahoo.com.mx, jzamudio890@mail.com, daniel_sarabia324@hotmail.com y asjur_ruelas@hotmail.com VII. Reproducción electrónica. De conformidad con la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, el uso de los medios electrónicos para obtener copia de las constancias que integran el presente, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. VIII. Remisión de oficios. Se instruye al secretario o secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios correspondientes. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en la actuaria judicial de la adscripción que corresponda. IX. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. X. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la Ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. XI. Remisión de oficios. Se instruye al Secretario o Secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el Actuario Judicial de la adscripción, que corresponda. Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal.

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