Carlos Alejandro Contreras Arjona
Expediente 145/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 145/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/04/2023
Partes del expediente
- Carlos Alejandro Contreras Arjona
- Marisela Rodríguez Montoya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que las partes, dentro del término legal concedido, no se inconformaron con la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma causa ejecutoria para todos sus efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso b) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se sobreseyó el presente juicio de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, tomando en consideración que resultan innecesarias las constancias que el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta Ciudad, que en dos tomos adjuntó a su informe justificado, devuélvanse las mismas para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFIQUESE
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se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por MARCO ANTONIO RUIZ ARREOLA, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en el resultando primero y en el considerando segundo de esta sentencia, por los razonamientos jurídicos vertidos en sus considerandos tercero y sexto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por CARLOS ALEJANDRO CONTRERAS ARJONA, en contra de las autoridades responsables y por los actos que de ellas reclama precisados en el considerando segundo, conforme los razonamientos jurídicos expuestos en los considerandos tercero y quinto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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TEPIC, NAYARIT, UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación a la imposibilidad manifestada por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, en el sentido de que no se presentó a proporcionar la documentación requerida por la citada responsable. Sin embargo, de constancias se advierte que en proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, se le requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el entendido de que debía realizar todas las gestiones necesarias a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia de mérito; incluyendo cualquier notificación que proceda a fin de lograr el exacto acatamiento del fallo constitucional. Luego, y toda vez que a la fecha la autoridad de mérito no ha dado cumplimiento a lo anterior, es por lo que con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la citada autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo, esto es, realice las gestiones necesarias, incluyendo cualquier notificación que proceda a fin de lograr el exacto cumplimiento de la sentencia emitida en el presente juicio. Apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida de Actualización, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
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