Carlos Alberto Salazar Pantoja
Expediente 1458/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 29 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1458/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 06/11/2020
Partes del expediente
- Carlos Alberto Salazar Pantoja
- Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Bucerías, Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Visto el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, de donde se desprende que en sus artículos 1, 2, fracción I, y 20 se establece lo siguiente: Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF, mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. De los numerales transcritos se advierte que el objetivo del acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento del Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 8/2020 de su índice y, a su vez, remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 1458/2019 del índice de este juzgado de distrito; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y, hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia resolvió: PRIMERO. Quedan firmes las consideraciones vertidas en relación con el sobreseimiento decretado en la sentencia de amparo recurrida, respecto de la autoridad Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, atento a las razones precisadas en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carlos Alberto Salazar Pantoja, en contra de los actos que reclamó a las autoridades señaladas como responsables. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, se dice lo anterior, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, procédase a su destrucción. Asimismo, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses procédase a su destrucción; en tanto que el cuaderno original, es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa, por tanto, agréguese al presente juicio de amparo. Por otra parte, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, y agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: Visto el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, de donde se desprende que en sus artículos 1, 2, fracción I, y 20 se establece lo siguiente: Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF, mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. De los numerales transcritos se advierte que el objetivo del acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento del Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 8/2020 de su índice y, a su vez, remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 1458/2019 del índice de este juzgado de distrito; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y, hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia resolvió: PRIMERO. Quedan firmes las consideraciones vertidas en relación con el sobreseimiento decretado en la sentencia de amparo recurrida, respecto de la autoridad Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, atento a las razones precisadas en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carlos Alberto Salazar Pantoja, en contra de los actos que reclamó a las autoridades señaladas como responsables. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, se dice lo anterior, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, procédase a su destrucción. Asimismo, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses procédase a su destrucción; en tanto que el cuaderno original, es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa, por tanto, agréguese al presente juicio de amparo. Por otra parte, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, y agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Incidental
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y apareciendo de los mismos que se encuentra pendiente que se resuelva el recurso de queja interpuesto por Maribel Robledo Blanquet, en su carácter de autorizada de la quejosa HERMINIA RAMOS DE SANTIAGO, en contra del proveído de catorce de enero de dos mil diecinueve, en el que se le negó la admisión de la prueba testimonial a cargo del testigo Valente Tapia Sahagún. De igual manera, se encuentra pendiente que el perito en materia de topografía o agrimensura Eduardo Corona López, exhiba su cotización de honorarios en la que precise las horas que empleará para llevar a cabo la pericial que le fue solicitada, a fin de que el Secretario Técnico de la Dirección General de Asuntos Periciales y de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, esté en condiciones de intervenir en la estimación de sus honorarios; luego, para dar margen a lo anterior e integrar debidamente el presente expediente, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la celebración de la misma. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación Secretarial que antecede, comuníquese a las partes que la adscripción del licenciado IVAR LANGLE GÓMEZ, como nuevo titular adscrito a este órgano jurisdiccional, inició a partir del día uno de mayo de dos mil diecinueve, conforme el acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de abril de dos mil diecinueve, en sustitución del licenciado Alfredo Barrera Flores; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad de Tepic, Nayarit, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 727/2018 de su índice, así como los autos originales del juicio de amparo indirecto 1630/2017; en consecuencia, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia confirmó la sentencia dictada en autos; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y glósese el cuaderno de antecedentes. Luego, tomando en consideración que el Tribunal de Alzada, confirmó la resolución dictada por este Juzgado de Distrito en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ADRIANA VALENCIA AMARAL. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, Presidente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno, todos del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificados del presente proveído, procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia; devuelvan a la quejosa las cantidades realizadas por los descuentos efectuados por concepto 53 (fondo de pensiones), desde la fecha del primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, esto es, a partir de la materialización del dictamen de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio que se le otorgó el dieciséis de julio de dos mil once. Apercibidos que de no hacerlo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedores a una multa por la cantidad de QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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