Carlos Alberto Vega Arellano
Expediente 1477/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1477/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Alberto Vega Arellano
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término del artículo 86 de la Ley de la Materia sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio en el presente sumario constitucional. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existen diligencias por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 21, inciso a), prevé que son susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia respecto del acto reclamado y no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de destrucción el presente expediente. Se instruye a la secretaria y al oficial de trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad de su envío efectivo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda.
- Principal
En virtud de no haberse presentado el quejoso a notificarse personalmente del acuerdo de veintitrés de febrero del año en curso, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que dice:Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, allega copia certificada de diversas constancias relativas juicio laboral *** de su índice. Ahora bien, es menester precisar que el acto reclamado en la presente contienda constitucional se hizo consistir en esencia en: La omisión de acordar la promoción presentada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio laboral ***. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Ahora, de las documentales allegas el Presidente de la Junta responsable, las cuales allegó en copia certificada, se aprecia que en proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintiuno por el apoderado legal de la parte actora ***llano (aquí quejoso), en el que solicitó la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ***, y al respecto, la Junta responsable determinó admitir las pruebas ofertadas y acordó lo conducente en relación con cada una de ellas. En consecuencia, en relación con la omisión reclamada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Con relación a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En efecto, en el caso concreto sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos del acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su previa existencia y posterior insubsistencia, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejare huella alguna. Establecido lo anterior, se tiene que de la documental que en copia certificada anexó al oficio de cuenta el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, se advierte que: 1. El nueve de agosto de dos mil veintiuno, el apoderado legal del actor Carlos Alberto Vega Arellano (aquí quejoso) presentó un escrito en el juicio laboral 10-1820/2019 ante la Junta responsable, en el que solicitó lo siguiente: "En relación a las pruebas ofrecidas por mi representado, a saber, 4.- TESTIMONIAL, 5.- DOCUMENTAL PRIVADA, 7.- INSPECCIÓN OCULAR, 8.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; 9.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA., y sobre las pruebas que ofrecí en beneficio del actor en la objeción de las pruebas allegadas por la patronal, que son: la ratificación de contenido y firma sobre la documental privada del supuesto Escrito de Renuncia de fecha 24 de septiembre de 2019 y la ratificación de contenido y firma sobre la documental privada del supuesto Escrito de Finiquito de fecha 24 de septiembre de 2019, se solicita que sean admitidas a trámite porque están ofrecidas conforme a derecho, además de que están relacionadas con los hechos controvertidos del juicio laboral que nos ocupa, y se fijen fecha de desahogo para las pruebas que lo requieren.". 2. En proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, la Junta responsable tuvo por recibido el escrito de nueve de agosto de dos mil veintiuno, indicado en el párrafo que antecede, y en relación con lo peticionado en dicho escrito, admitió las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de seis de mayo de dos mil veintiuno, a excepción del interrogatorio libre ofrecido por la parte actora, por las razones que ahí expuso. Así también, en dicho acuerdo tuvo por desahogadas las purebas insrumental de actuaciones y presuncional y humana en su doble aspecto y ordenó agregar a los autos los documentos allegados por la parte demandada. También señaló las diez horas del primero de marzo de dos mil veintidós para el desahogo de la prueba de ratificación de contenido y firma ofrecida por la parte actora, a cargo de ***y de la allegada por la parte demandada a cargo del actor. De igual manera, programó las diez horas del dos de marzo del año en curso para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, a cargo de ****, así como las doce horas del tres de marzo de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de***. Finalmente, señaló las diez horas del cuatro de marzo de dos mil veintidós para el desahogo de la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte actora. Lo anterior, evidencia que los efectos del acto reclamado desaparecieron con posterioridad a la presentación de la demanda (veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno), pues la Junta responsable en proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, atendió el escrito presentado por el autorizado del quejoso el nueve de agosto de dos mil veintiuno, en el que se solicitó se pronunciara respecto de las pruebas ofrecidas por las partes. Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, pues si la autoridad responsable en acuerdo de ocho de febrero del año en curso atendió el escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintiuno y se pronunció respecto a los medios de prueba que ahí se indicaron, es inconcuso que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejare huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXII de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En vista de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efecto legal alguno la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. TERCERO INTERESADO No pasa desapercibido que en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional se reservó proveer respecto al emplazamiento de los terceros interesados señalados por el quejoso en su demanda, hasta en tanto se contara con las constancias que remitiera la autoridad responsable. Sin embargo, aún cuando conforme al contenido de las constancias remitidas por la Junta responsable, pudiera revestirle dicho carácter a ***, debido al sobreseimiento que procede decretar en el presente juicio, ningún perjuicio le depara; por lo que se debe ponderar en este caso la pronta impartición de justicia en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. Justifica lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 59/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro 24, noviembre de 2015, tomo I, página 841, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con registro: 2010477 de rubro y texto: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN ESENCIAL QUE LA HACE PROCEDENTE, LA OMISIÓN DE NOTIFICAR AL MINISTERIO PÚBLICO QUE HAYA INTERVENIDO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL CUAL DERIVE EL ACTO RECLAMADO, SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, SIEMPRE QUE SU INTERVENCIÓN PUEDA TENER TRASCENDENCIA PARA EL SENTIDO DEL FALLO, PERO NO CUANDO TENGA QUE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la jurisprudencia 1a./J. 87/2012 (10a.), (1) emitida conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la omisión de notificar al Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal, sobre la presentación de la demanda en que se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que esté en posibilidad de formular alegatos, constituye una violación esencial a las reglas del procedimiento del juicio de amparo, en virtud de que su intervención podría influir en el sentido de la sentencia de amparo que deba dictarse. Dicho criterio continúa siendo aplicable, en términos del artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que no se opone a este último ordenamiento, sino que ha ampliado la participación del Ministerio Público que intervino en el proceso penal del que deriva el acto reclamado, al reconocerle el carácter de parte tercero interesada, como se advierte del contenido de los artículos 5o., 12, 115, 116 y 124 de la nueva ley". Así como la tesis aislada P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo VII, febrero de 1998, página 45, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". fe.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, allega copia certificada de diversas constancias relativas juicio laboral *** de su índice. Ahora bien, es menester precisar que el acto reclamado en la presente contienda constitucional se hizo consistir en esencia en: La omisión de acordar la promoción presentada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio laboral ***. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Ahora, de las documentales allegas el Presidente de la Junta responsable, las cuales allegó en copia certificada, se aprecia que en proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintiuno por el apoderado legal de la parte actora ***llano (aquí quejoso), en el que solicitó la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ***, y al respecto, la Junta responsable determinó admitir las pruebas ofertadas y acordó lo conducente en relación con cada una de ellas. En consecuencia, en relación con la omisión reclamada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Con relación a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En efecto, en el caso concreto sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos del acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su previa existencia y posterior insubsistencia, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejare huella alguna. Establecido lo anterior, se tiene que de la documental que en copia certificada anexó al oficio de cuenta el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, se advierte que: 1. El nueve de agosto de dos mil veintiuno, el apoderado legal del actor Carlos Alberto Vega Arellano (aquí quejoso) presentó un escrito en el juicio laboral 10-1820/2019 ante la Junta responsable, en el que solicitó lo siguiente: "En relación a las pruebas ofrecidas por mi representado, a saber, 4.- TESTIMONIAL, 5.- DOCUMENTAL PRIVADA, 7.- INSPECCIÓN OCULAR, 8.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; 9.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA., y sobre las pruebas que ofrecí en beneficio del actor en la objeción de las pruebas allegadas por la patronal, que son: la ratificación de contenido y firma sobre la documental privada del supuesto Escrito de Renuncia de fecha 24 de septiembre de 2019 y la ratificación de contenido y firma sobre la documental privada del supuesto Escrito de Finiquito de fecha 24 de septiembre de 2019, se solicita que sean admitidas a trámite porque están ofrecidas conforme a derecho, además de que están relacionadas con los hechos controvertidos del juicio laboral que nos ocupa, y se fijen fecha de desahogo para las pruebas que lo requieren.". 2. En proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, la Junta responsable tuvo por recibido el escrito de nueve de agosto de dos mil veintiuno, indicado en el párrafo que antecede, y en relación con lo peticionado en dicho escrito, admitió las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de seis de mayo de dos mil veintiuno, a excepción del interrogatorio libre ofrecido por la parte actora, por las razones que ahí expuso. Así también, en dicho acuerdo tuvo por desahogadas las purebas insrumental de actuaciones y presuncional y humana en su doble aspecto y ordenó agregar a los autos los documentos allegados por la parte demandada. También señaló las diez horas del primero de marzo de dos mil veintidós para el desahogo de la prueba de ratificación de contenido y firma ofrecida por la parte actora, a cargo de ***y de la allegada por la parte demandada a cargo del actor. De igual manera, programó las diez horas del dos de marzo del año en curso para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, a cargo de ****, así como las doce horas del tres de marzo de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de***. Finalmente, señaló las diez horas del cuatro de marzo de dos mil veintidós para el desahogo de la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte actora. Lo anterior, evidencia que los efectos del acto reclamado desaparecieron con posterioridad a la presentación de la demanda (veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno), pues la Junta responsable en proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, atendió el escrito presentado por el autorizado del quejoso el nueve de agosto de dos mil veintiuno, en el que se solicitó se pronunciara respecto de las pruebas ofrecidas por las partes. Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, pues si la autoridad responsable en acuerdo de ocho de febrero del año en curso atendió el escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintiuno y se pronunció respecto a los medios de prueba que ahí se indicaron, es inconcuso que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejare huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXII de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En vista de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efecto legal alguno la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. TERCERO INTERESADO No pasa desapercibido que en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional se reservó proveer respecto al emplazamiento de los terceros interesados señalados por el quejoso en su demanda, hasta en tanto se contara con las constancias que remitiera la autoridad responsable. Sin embargo, aún cuando conforme al contenido de las constancias remitidas por la Junta responsable, pudiera revestirle dicho carácter a ***, debido al sobreseimiento que procede decretar en el presente juicio, ningún perjuicio le depara; por lo que se debe ponderar en este caso la pronta impartición de justicia en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. Justifica lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 59/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro 24, noviembre de 2015, tomo I, página 841, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con registro: 2010477 de rubro y texto: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN ESENCIAL QUE LA HACE PROCEDENTE, LA OMISIÓN DE NOTIFICAR AL MINISTERIO PÚBLICO QUE HAYA INTERVENIDO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL CUAL DERIVE EL ACTO RECLAMADO, SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, SIEMPRE QUE SU INTERVENCIÓN PUEDA TENER TRASCENDENCIA PARA EL SENTIDO DEL FALLO, PERO NO CUANDO TENGA QUE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la jurisprudencia 1a./J. 87/2012 (10a.), (1) emitida conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la omisión de notificar al Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal, sobre la presentación de la demanda en que se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que esté en posibilidad de formular alegatos, constituye una violación esencial a las reglas del procedimiento del juicio de amparo, en virtud de que su intervención podría influir en el sentido de la sentencia de amparo que deba dictarse. Dicho criterio continúa siendo aplicable, en términos del artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que no se opone a este último ordenamiento, sino que ha ampliado la participación del Ministerio Público que intervino en el proceso penal del que deriva el acto reclamado, al reconocerle el carácter de parte tercero interesada, como se advierte del contenido de los artículos 5o., 12, 115, 116 y 124 de la nueva ley". Así como la tesis aislada P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo VII, febrero de 1998, página 45, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". fe.
- Principal
Agréguese a los presentes autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el informe justificado y anexo rendido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Ahora, de la documental que allega la autoridad responsable, se advierte que únicamente anexa del proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 0/3-766-IND-2021, en el que ordena se rinda informe justificado en el juicio que se actúa, sin allegar diversa constancia del juicio laboral de origen, en la que sustente lo manifestado en su informe. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la citada responsable, para que dentro del término improrrogable de TRES DÍAS, remita copia certificada de la totalidad de las constancias del acto reclamado, ello, para la debida integración del presente juicio; APERCIBIDA que en caso de no hacerlo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, conforme a lo establecido por el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia. Consecuentemente, no se está en condiciones de celebrarse la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se difiere la misma señalándose las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Se instruye a la secretaría y oficial de trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad de su envío efectivo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda.
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