Carlos Alberto Rodríguez Quevedo

Expediente 16/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
16/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Rodríguez Quevedo
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, Culiacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término para que las partes se inconformaran contra el proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de garantías, transcurrió del once de abril al dos de mayo de este año, sin que se manifestaran en el término que establece el artículo 202 párrafo primero, de la Ley de Amparo; por ende, se tiene por consentido el citado acuerdo. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, y en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, en el artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que hiciera pronunciamiento alguno. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y el acto llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento que realizó lo que se indicó en la misma; lo que evidencia que la ejecutoria se cumplió. En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que, dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá por consentida.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, allega copia certificada del proveído de veintisiete de febrero del presente año, dictado en el expediente laboral 12-1374/2021. En consecuencia, con lo anterior dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente a la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga; APERCIBIDA de que, con el desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado resolverá de oficio si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución diez de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Por tanto, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Por otro lado, como hay materia para exigir el cumplimiento de esta sentencia, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del momento en que se encuentre legalmente notificada del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito, el acatamiento que dé a la ejecutoria y remita las constancias con las que acredite lo anterior. En la inteligencia de que al advertirse de constancias, que dicho órgano se encuentra integrado por el licenciado ******************** en su carácter de Presidente, el licenciado ********************, representante suplente de capital y ******************** representante del trabajo. Por tanto, se requiere y apercibe a las personas físicas antes mencionadas, que integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que de no dar cumplimiento con lo aquí requerido, se impondrá a cada una de ellos, una multa equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, Apartado B, párrafo sexto y séptimo, Constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos de lo previsto por el numeral 258 de la Ley de Amparo. Cabe citar, la jurisprudencia 1a./J. 43/2022 (11a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de cuatro de mayo de dos mil veintidós, con registro digital 2024571, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. EL JUZGADO DE DISTRITO QUE LO REQUIERA DEBE IDENTIFICAR A LOS INTEGRANTES DE UN ENTE COLEGIADO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE SANCIONE A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE LO INTEGRAN. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se otorgó la protección constitucional para que un cuerpo colegiado de naturaleza administrativa emitiera una determinación al que se requirió el incumplimiento, y ante su omisión, fue sancionado sin identificar a las personas que lo integran. Criterio jurídico: Cuando la autoridad obligada al cumplimiento de una sentencia de amparo sea un cuerpo colegiado, es insuficiente que se le requiera de manera genérica a su conjunto, y aún es menos idóneo que por su incumplimiento se imponga multa al cuerpo colegiado y no a las personas físicas que lo integran. Justificación: El artículo 267 de la Ley de Amparo establece la imposición de penas de prisión, multa y, en su caso, destitución e inhabilitación a la persona que incurra en los supuestos que describen sus fracciones; en tanto que el artículo 269 de la misma ley precisa que la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. En ese orden de ideas es claro que la responsabilidad en torno al cumplimiento y las consecuencias de su inobservancia recae en personas físicas y no en entes de gobierno, ya que no es lógico sancionar a un ente por la conducta de las personas que lo integran, pues de ser así no se lograría vencer la renuencia que se actualiza. Es por ello que el juzgado que lo requiera debe identificar a los integrantes de un ente colegiado para que en caso de incumplimiento se sancione a las personas físicas que lo integran". Además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO". En relación a lo cual cabe precisar que respecto a lo previsto en el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de la materia, el Acuerdo General 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que para el desarrollo del procedimiento de ejecución de una sentencia, en debido cumplimiento a lo establecido en el numeral antes mencionado, además de requerir a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, debe requerirse al superior jerárquico inmediato de la autoridad directamente obligada; sin embargo, este Juzgado Federal, estima que tanto las Juntas como los Tribunales de Conciliación y Arbitraje no tienen superiores jerárquicos, de modo que los requerimientos de cumplimiento de sentencias de amparo deben hacerse directamente a dichos tribunales del trabajo. Al respecto se cita la jurisprudencia 36/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3515, registro 2000099, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO".

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