Carlos Alberto Sánchez Lorenzo
Expediente 694/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 694/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/07/2023
Partes del expediente
- Carlos Alberto Sánchez Lorenzo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. VALORACIÓN En acatamiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órgano jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en tres años, ya que se sobreseyó el amparo solicitado. ARCHIVO DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN De conformidad con el artículo 20, fracción III, el incidente de suspensión es destruible en tres años, toda vez que se negó la suspensión definitiva, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órgano jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Debido a que el destino del incidente es el mismo que el expediente principal; glósese el incidente a los autos. RELEVANCIA DOCUMENTAL De conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente asunto carece de relevancia documental. ARCHIVO FÍSICO Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Toluca, Estado de México; diez de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. VALORACIÓN En acatamiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órgano jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en tres años, ya que se sobreseyó el amparo solicitado. ARCHIVO DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN De conformidad con el artículo 20, fracción III, el incidente de suspensión es destruible en tres años, toda vez que se negó la suspensión definitiva, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órgano jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Debido a que el destino del incidente es el mismo que el expediente principal; glósese el incidente a los autos. RELEVANCIA DOCUMENTAL De conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente asunto carece de relevancia documental. ARCHIVO FÍSICO Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe.Raúl
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, el doce de mayo de dos mil veintitrés y turnado a este órgano de control jurisdiccional al día hábil siguiente, ********************por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Seguido el trámite correspondiente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por reclamarse actos omisivos que carecen de ejecución material y la demanda se presentó en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado y autoridad responsable. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como acto reclamado y autoridades responsables las siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. ACTO RECLAMADO La omisión de acordar las promociones con números de folios ******************** y presentados ante la responsable, dentro del expediente ******************** radicado ante la responsable. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por técnica jurídica, ahora procede analizar la inexistencia o certeza de las omisiones controvertidas. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone las hipótesis normativas para decretar la inexistencia de los actos reclamados, a saber: a) Cuando en los autos está claramente demostrado que no existen los actos reclamados; o b) Negados los actos reclamados por la autoridad responsable, cuando no se prueba la existencia de éstos hasta la celebración de la audiencia constitucional. En el caso concreto, es inexistente el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, porque así se aprecia del informe justificado, ello en virtud de que, mediante acuerdos de quince de febrero de dos mil veintitrés y treinta y uno de marzo del dos mil veintitrés, se acordaron las promociones con números de folios ********************por medio de las cuales el quejoso solicitó la ejecución del laudo emitido en el expediente laboral ******************** de su índice (fojas 23 y 26 de autos); proveídos que fueron notificados mediante boletín laboral de ese Tribunal responsable a la quejosa, el veinte de febrero y diecisiete de abril, ambos de dos mil veintitrés, según se advierte de los sellos respectivos (fojas 24 y 26 vuelta de autos); circunstancia que se acredita con las documentales que adjuntó a dicho informe. Documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria; por lo que ello, robustece lo determinado en el párrafo que precede. En ese contexto, es válido considerar que el acto reclamado a través de este juicio constitucional no existe, ya que es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda ya había sido subsanada la omisión por la responsable. En este tenor, es por demás claro que al doce de mayo de dos mil veintitrés, en que se presentó la demanda de amparo, no existían las omisiones reclamadas; toda vez que la responsable ya había acordado las promociones del quejoso, con independencia de su sentido, dado que lo cierto es que ya existía un pronunciamiento al respecto, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento en este juicio, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y, (.)". Ahora, los artículos 1° fracción I y 75° primer párrafo de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; [.] "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.". Como se ve, el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violan derechos humanos, de lo que se infiere que el acto reclamado debe existir al momento de la presentación de la demanda. Este aserto se corrobora con lo dispuesto por el descrito artículo 75 del ordenamiento invocado, que establece que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. De lo anterior se sigue que los actos deben estudiarse atendiendo a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, debe probarse que existían a la presentación del libelo. Por tanto, si los actos reclamados en la demanda de amparo presentada el doce de mayo de mayo del año en curso, consisten en el silencio en que incurrió la responsable, al omitir acordar las promociones ********************por medio de las cuales el quejoso solicitó la ejecución del laudo emitido en el expediente laboral ******************** respecto de las cuales ya existía un pronunciamiento mediante acuerdos de quince de febrero de dos mil veintitrés y treinta y uno de marzo del dos mil veintitrés, los cuales adquirieron certeza jurídica al ser notificados el veinte de febrero y diecisiete de abril siguientes; es claro que procede el sobreseimiento en el presente juicio, respecto del acto reclamado en estudio, por no existir a la fecha de la presentación de la demanda. Esto, tomando en cuenta que del análisis del artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos 1º y 75, del mismo ordenamiento legal que han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, tomando en cuenta que, por regla general, todos los actos de autoridad que atentan contra las garantías de los gobernados, se emiten sin el consentimiento de éstos. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo, tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho humano transgredido, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. O como en el caso en estudio, si bien pudo existir un plazo de tiempo en el que no se habían acordado sus peticiones, lo cierto es que a la fecha de la presentación de la demanda las omisiones reclamadas ya no existían, por lo que ya no habría materia sobre la cual restituir al quejoso. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 10, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, página 12, Tomo VI, común, Octava Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sobre la base de lo relatado con anterioridad, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los actos reclamados, como quedó analizado en párrafos precedentes. Sin que haya lugar a dar vista para que amplié la demanda el quejoso, pues de las constancias de autos se advierte que la respuesta fue notificada el veinte de febrero y diecisiete de abril, ambos de dos mil veintitrés, por lo que ya la conocía antes de la presentación de la demanda de amparo. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 61, 62, 73, 74, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************respecto del acto reclamado y autoridades responsables indicadas en la presente resolución. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL DE AUTOS Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la audiencia constitucional está fijada para esta fecha, no obstante se encuentra transcurriendo el plazo otorgado en por el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del informe rendido por las autoridades responsables Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y el Actuario adscrito a dicho órgano laboral, mediante proveído de uno de junio del año en curso. DIFERIMIENTO Por tanto, a fin de dar margen a que se cumplimente lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional prevista para esta data y, en su lugar, se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
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