Carlos Alberto Ramírez Contreras

Expediente 19/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
19/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Ramírez Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinte de enero del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    II.- Toluca, Estado de México, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo, recibida vía electrónica, promovida por *******************, quien se ostenta como defensor del quejoso ********************************, contra el acto y autoridades responsables ************** Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 19/2021-II y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. En atención a que el acto reclamado en la presente demanda de amparo indirecto se encuentra contemplado en el supuesto de urgencia que prevé el artículo 4, fracción IX, inciso a), del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; dado que los derechos humanos en juego (la salud de una persona privada de su libertad), la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso, serían materialmente irreparables; este órgano jurisdiccional se avoca a su tramitación urgente en tanto prevalezca dicha necesidad. Ahora, en cuanto a la legitimación Domingo Javier López Pérez del escrito de demanda se advierte que se ostenta con la calidad de defensor público del quejoso Carlos Alberto Ramírez Contreras, dentro de la causa penal 42/2012 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, dicha manifestación es suficiente, por el momento, para reconocerle tal carácter, de conformidad con los artículos 6, y 11 de la Ley de Amparo; sin embargo, se le apercibe a dicho profesionista que si durante el transcurso del presente juicio aparece que no cuenta con tal calidad, este órgano jurisdiccional le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medidas y actualización; de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Amparo. Por lo que, se exhorta a las partes intervinientes al trámite y uso de la firma electrónica, a saber la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) para la tramitación de los juicios de amparo urgentes en la modalidad en línea. En esa lógica, debido a que la parte quejosa se duele de la falta de atención médica, esto es, de actos previstos tanto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como del artículo 15 de la Ley de Amparo, el requisito de contar con firma electrónica queda subsanado. Este órgano de control constitucional estima que debe desecharse de plano la solicitud de amparo, en virtud que advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia contenida en el precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación a los preceptos 1, párrafo tercero, 18, párrafos primero y segundo, 19, párrafo octavo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del acto reclamado consistente en atención médica en sus diversas especialidades. Para sustentar la presente determinación, se parte del análisis del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación a los preceptos 1, párrafo tercero, 18, párrafos primero y segundo, 19, párrafo octavo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que se obtiene, en lo que se interesa, que es improcedente la demanda de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los que proceda algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los mismos alcances que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la normatividad de garantías; y, que las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad y cuestiones relacionadas con las mismas, como es la ubicación de una persona en un centro penitenciario y la clasificación de sus áreas forman parte del sistema penitenciario y servicios, competencia del juez de ejecución y la autoridad penitenciaria; lo que conlleva a desechar de plano por su manifiesta e indudable procedencia la presente demanda de amparo, con fundamento en los artículos 113 y 217, de la Ley de Amparo. Esto, porque los citados artículos constitucionales invocados disponen que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; además, sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, en cuyo caso, dicho sitio será distinto del que se destine para la extinción de las penas y estará completamente separado; asimismo, que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Con relación a este último aspecto, es de destacarse que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al emitir la tesis de jurisprudencia P./J. 17/2012, precisó que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la facultad de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias". De manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, tales como la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas, corresponde conocerlas a tales jueces. En el mismo orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 1a. CLXVI/2014 (10a.) sostuvo que la interpretación realizada por el Tribunal en Pleno respecto a que la autoridad judicial es la competente para autorizar el traslado de un sentenciado de un centro de reclusión a otro, debe extenderse a la orden de traslado que se emita en la fase o etapa de proceso, pues el tiempo de la prisión preventiva es parte de la pena de prisión. En ese sentido, el sistema penitenciario se organizará sobre la base al respeto a los derechos humanos, siendo que todo mal tratamiento en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Tales disposiciones constitucionales se encuentran recogidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos artículos 1, 2 y 3, fracciones III, IX, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXII, prevén que dicho ordenamiento tiene como objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Dicho ordenamiento es de orden público y de observancia general para la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local. Debiéndose entender como juez de ejecución a la autoridad judicial especializada del fuero federal o local, competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé dicho ordenamiento y por persona privada de su libertad a la persona procesada (sujeto a proceso penal sometido a prisión preventiva) o sentenciada (sujeto que se encuentra cumpliendo una sanción penal en virtud de una sentencia condenatoria) que se encuentre en un Centro Penitenciario, en términos del artículo 32 de la referida Ley. Con relación a lo anterior, los artículos 117, fracciones I y II, 120, párrafo primero, 121, fracción I, 122, 124, 126, 127, 128 y 129, de la consabida Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen que los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas (entre los que se encuentra la persona privada de la libertad), también tendrán acción judicial ante el Juez de Ejecución con el objeto de resolver las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; como en la especie es la omisión de proporcionar atención médica. La controversia judicial mencionada se presentará por escrito ante el juez, y atendiendo a la naturaleza de la pretensión de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente (sin exigir requisito de efectividad alguno ni mayor trámite o condición para su substanciación), así como el desahogo de pruebas que estime conducentes. Una vez admitida la controversia y rendido el informe y contestación de la acción se fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia, la cual se realizará al menos tres días después de la notificación, sin exceder de diez días. Celebrada la audiencia principal en sus etapas, el juez declarará cerrado el debate y emitirá su resolución, la cual incluso podrá tener efectos generales que beneficien a todas las personas privadas de su libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución, previendo el ordenamiento legal en cita un procedimiento de ejecución a fin de cumplir con dicha resolución, así como la revisión por parte del juez para analizar si la actuación de la actualidad cumple los efectos de la concesión otorgada. De lo hasta aquí expuesto deviene claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé una jurisdicción especializada para resolver sobre los actos realizados por la autoridad penitenciaria en materia de prisión preventiva, la cual está reglamentada en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los términos ya indicados, incluso para el conocimiento de todo lo relativo al respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad (ya sea en prisión preventiva o punitiva) y con facultades expresas para conocer del controvertido que derive de las condiciones de internamiento, o del plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas durante su internamiento en los Centros Penitenciarios. De ahí que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades administrativas relativos a las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad y cuestiones relacionadas con las mismas, como es la falta de atención médica solicitada por el quejoso, respectivamente previstas en los artículos 74, 75, 76, 77 de la multicitada legislación, incluso si se alega violación a derechos fundamentales, dado que precisamente esa es la finalidad de la creación de la preindicada jurisdicción especializada, como entre otras normas ya invocadas lo estatuye el numeral 127 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: ".En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales.". En suma, de los artículos 1, párrafo tercero, 17, párrafo séptimo, 18, párrafos primero y segundo, y 19, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a la Ley Nacional de Ejecución Penal que recoge el sentido de los derechos que subyacen en aquellos y los regula e incluso pormenoriza, se advierte que tanto el Órgano Reformador de la Constitución como el legislador ordinario establecieron un sistema integral de justicia en materia de encarcelamiento que comprende todo lo concerniente a la vida de las personas privadas de su libertad, a fin de contar con los mecanismos necesarios para que las leyes y actos en esa materia estuvieran sujetos a control constitucional, haciendo una distribución de competencias constitucionales y legales en sede de jurisdicción ordinaria (entre jueces de ejecución penal y los jueces de proceso penal sea tradicional o acusatorio) que deben conocer en primera instancia de todo lo relativo a las condiciones de internamiento de tales personas. Así, conforme a la Constitución Federal y la Ley Nacional, existe un sistema de justicia en esa materia que permite, por un lado, impugnar vía acción tanto el actuar como las omisiones de las autoridades penitenciarias y, por otro, obtener medidas cautelares (suspensión), ya sea por vicios de legalidad o por violación directa a derechos fundamentales como son derechos sustantivos cuya ejecución sea de imposible reparación (cuyas consecuencias resultaran irreversibles o fatales al encontrarse en riesgo, por ejemplo, la vida, salud o integridad física de los internos), pues precisamente por ello es que se dotó de facultades expresas al juez de ejecución respectivo para suspender, incluso oficiosamente el acto u omisión controvertidos, sin necesidad de requisito alguno de sustanciación o de efectividad, atendiendo solamente a la naturaleza del acto u abstención, tal como lo prevé el numeral 122 e incluso el dispositivo 115 tratándose de casos urgentes. Luego, dichas reglas -cuyo origen y base son los preceptos inicialmente transcritos de nuestra Carta Magna- deben armonizarse con el juicio de amparo, previsto en los numerales 103, fracción I, y 107 igualmente constitucionales, cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales frente a leyes o actos de autoridad que aún después de aquél control por la jurisdicción especializada (previsto en los párrafos que anteceden) aún pudiesen vulnerar algún derecho humano reconocido por la Constitución o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte o las garantías que aquélla otorga para su protección, debiendo comprenderse en la materia de estudio sólo ese aspecto, dada la naturaleza de éste último como medio extraordinario de defensa. Es decir, con la promoción del amparo no pueden tratarse de primera mano aquellos aspectos que atañan estrictamente a la materia de los servicios de atención médica que se deben proporcionar a toda persona privada de su libertad recluida en un centro penitenciario, como son las cuestiones relacionadas con la falta de atención médica (prevista en los artículos 74 a 77 de la multicitada legislación), pues de acuerdo con el mencionado sistema constitucional y legal, dicho examen corresponde realizarlo a la jurisdicción especializada a través de los medios expresamente indicados en la ley para tal efecto. En efecto, las anteriores consideraciones jurídicas, conlleva a establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad supraindicada, porque, si bien es cierto que el quejoso reclamó la negativa de proporcionarle la atención médica, no obstante haber elevado dicha petición al Director del Centro Federal de Readaptación Social, Número Uno, "Altiplano", como se advierte del anexo que adjuntó a su demanda de amparo, es patente que el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución, prevé que en tratándose de casos urgentes el quejoso puede elevar su solicitud al Juez de Ejecución, en otras palabras, cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, el Juez de Ejecución, dictará las medidas necesarias a fin de suspender de inmediato, el hecho o acto que motivó la petición, o en caso de omisiones determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. No obstante, lo anterior, no se deja en estado de indefensión al amparista, toda vez que mediante circular 27/2020 emitida en la Gaceta del Gobierno del Poder Judicial del Estado de México el veintinueve de abril de dos mil veinte, publicada al día siguiente, emitió el ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DE VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE, MEDIANTE EL CUAL SE PRORRÓGA LA SUSPENSIÓN DE LABORES EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SE AMPLIAN LOS SERVICIOS DEL TRIBUNAL ELECTRÓNICO Y SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y DE JUSTICIA RESTAURATIVA, se advierte en el capítulo primero que los Jueces en materia penal continuarán realizando sus labores en el desahogo de las audiencias de carácter urgente y aquéllas que no admiten demora, como se precisó en el diverso acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura el diecisiete de marzo de dos mil veinte, por lo que, la petición de atención médica puede ser atendida por dichos jueces. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el precepto 61, fracción XX, ibídem, con relación a los preceptos 1, párrafo tercero, 18, párrafos primero y segundo, 19, párrafo octavo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos reclamados de que se trata. Por tanto, con sustento en los artículos 111, 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo consistente en omisión de proporcionar atención médica. Ahora, aun cuando las cuestiones de internamiento, como sería la atención médica (sea proporcionada o no), son competencia del juez de control o de ejecución, según este conformado el Centro de Justicia Penal Federal; este juzgado en aras de dar cumplimiento al artículo 1° constitucional, en cuanto a que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, es que se ordena remitir copia certificada de la demanda de amparo indirecto al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, a fin de que, el juez especializado en el sistema penal acusatorio, de estimarlo procedente, provea lo conducente sobre la falta de atención médica de que se trata reclamada a favor del quejoso; asimismo, se hace lo propio respecto del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, para los efectos legales procedentes a fin que, de estimarlo, tome las medidas conducentes si es que está sucediendo en la salud del quejoso lo que se alude. Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar en que se encuentra privado de la libertad el quejoso directo. Con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, en concomitancia con los numerales 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en su lugar de reclusión.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 6,755 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano