Carlos Alberto Plata Ochoa
Expediente 683/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Alberto Plata Ochoa
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, catorce de junio de dos mil veintitrés. I. Parte quejosa. ********. Acto reclamado: Resolución interlocutoria dictada el nueve de mayo de dos mil veintitrés. Por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. II. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, atento la extemporaneidad en la promoción de la demanda de amparo. Respecto la temporalidad de la presentación del escrito de demanda, la causa de inejercitabilidad de la acción está contemplada en los dispositivos siguientes: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Luego, si en el caso se reclama la resolución interlocutoria dictada el nueve de mayo de del año en curso, que le fue notificada al aquí quejoso el dieciocho del mismo mes, fecha de la cual el promovente aduce bajo protesta de decir verdad haber tenido conocimiento del acto reclamado; en consecuencia la demanda de amparo es improcedente al haber sido presentada de forma extemporánea. En ese contexto, la interposición del juicio de amparo debe hacerse dentro del plazo genérico de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 17 de la ley de la materia, al no estar en alguno de los supuestos de excepción que el propio numeral prevé. En efecto, no se reclama alguna norma general auto aplicativa o el procedimiento de extradición; además que el acto reclamado no es sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; tampoco son actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por su parte, el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna establece que para iniciar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo se debe atender a la actualización de alguno de los siguientes supuestos: I. Al día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución reclamada conforme a la ley del acto reclamado. II. Al día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. III. Al día siguiente al en que se haya ostentado sabedor del acto reclamado. En el caso concreto debe atenderse al primero de los anteriores supuestos, a que la quejosa señala tuvo conocimiento de los actos reclamados -el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés-; por lo que, los quince días para promover amparo inició el veintidós de mayo del mismo año. En ese sentido, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo para que el promovente acudiera a esta instancia constitucional a reclamar el emplazamiento al juicio de origen, así como todo lo actuado, feneció el nueve de junio de dos mil veintitrés. Concatenado con la manifestación realizada bajo protesta de decir verdad por la quejosa, es evidente que la presentación de la demanda de amparo se hizo fuera del plazo de quince días previsto por la Ley de Amparo. En consecuencia, la promoción de la demanda de amparo al día de hoy es extemporánea, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo por manifiesta y notoria improcedencia. III. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo y autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo los que señala. Notifíquese y de manera personal a la parte quejosa.
- Principal
se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el aviso que previamente se dejó a la parte quejosa y se le notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado y en la Página electrónica la determinación que se dictó el catorce de junio de este año, en el juicio de amparo 683/2023, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29, ambos de la Ley de Amparo en vigor, por lo que se le tiene por notificado. Culiacán, Sinaloa, catorce de junio de dos mil veintitrés. I. Parte quejosa. ********. Acto reclamado: Resolución interlocutoria dictada el nueve de mayo de dos mil veintitrés. Por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. II. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, atento la extemporaneidad en la promoción de la demanda de amparo. Respecto la temporalidad de la presentación del escrito de demanda, la causa de inejercitabilidad de la acción está contemplada en los dispositivos siguientes: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Luego, si en el caso se reclama la resolución interlocutoria dictada el nueve de mayo de del año en curso, que le fue notificada al aquí quejoso el dieciocho del mismo mes, fecha de la cual el promovente aduce bajo protesta de decir verdad haber tenido conocimiento del acto reclamado; en consecuencia la demanda de amparo es improcedente al haber sido presentada de forma extemporánea. En ese contexto, la interposición del juicio de amparo debe hacerse dentro del plazo genérico de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 17 de la ley de la materia, al no estar en alguno de los supuestos de excepción que el propio numeral prevé. En efecto, no se reclama alguna norma general auto aplicativa o el procedimiento de extradición; además que el acto reclamado no es sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; tampoco son actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por su parte, el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna establece que para iniciar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo se debe atender a la actualización de alguno de los siguientes supuestos: I. Al día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución reclamada conforme a la ley del acto reclamado. II. Al día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. III. Al día siguiente al en que se haya ostentado sabedor del acto reclamado. En el caso concreto debe atenderse al primero de los anteriores supuestos, a que la quejosa señala tuvo conocimiento de los actos reclamados -el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés-; por lo que, los quince días para promover amparo inició el veintidós de mayo del mismo año. En ese sentido, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo para que el promovente acudiera a esta instancia constitucional a reclamar el emplazamiento al juicio de origen, así como todo lo actuado, feneció el nueve de junio de dos mil veintitrés. Concatenado con la manifestación realizada bajo protesta de decir verdad por la quejosa, es evidente que la presentación de la demanda de amparo se hizo fuera del plazo de quince días previsto por la Ley de Amparo. En consecuencia, la promoción de la demanda de amparo al día de hoy es extemporánea, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo por manifiesta y notoria improcedencia. III. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo y autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo los que señala. Notifíquese y de manera personal a la parte quejosa.
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