Carlos Alberto Perea Orta

Expediente 1406/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1406/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX
  • Carlos Alberto Perea Orta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual acusa de recibo del oficio 13825/2022; circunstancia de la cual se toma el debido conocimiento. Notifíquese.

  2. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguense las comunicaciones relativas a los informes respecto a la suspensión de plano rendido por el Director, Secretario del Comité Técnico, Subdirector Jurídico, Subdirectora de Apoyo Técnico y Jefe del Centro de Diagnostico, Ubicación y Determinación de Tratamiento todos adscritos a la Penitenciaría en la Ciudad de México; con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo. En atención a que este Juzgado se declaró incompetente de conocer de la demanda de amparo y el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, aceptó la competencia, remítanse los oficios señalados al juzgado competente, previa copia que se agreguen al presente cuaderno de antecedentes. Asimismo requiérase el acuse de recibo. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario que da fe.

  3. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio proveniente por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual informa que ese Juzgado aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Perea Orta, por conducto de Isabel Valeria Perea Rubio. Por tanto, remítanse al Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las comunicaciones que se agregaron al presente expediente en proveídos de veinte, veintiuno, veinticinco, veintiséis y veintiocho de octubre, cuatro de noviembre y veinticinco de noviembre del presente año. Atento a lo anterior, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta los efectos que legalmente corresponda el oficio signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación del Distrito Federal "2", con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual refiere la imposibilidad material y legal para efectuar el cobro por el importe histórico de mil setecientos veinticuatro pesos a Alberto González Vergara, multa impuesta en el presente sumario, virtud que no se localizaron bienes susceptibles de embargo, ni domicilios diversos en el que se pueda localizar al sancionado o bienes de su propiedad. Destaca, que con la finalidad de llevar a cabo la encomienda, y hacer efectivo el cobro de la multa, esa Administración procedió a emitir diversas acciones de cobro e investigación sin obtener resultados positivos En razón de lo anterior, y derivado a que no ha sido posible recuperar el monto de la sanción impuesta, lo cual ha quedado comprobado, en virtud, de haberse agotado los medios ordinarios y legales para su cobro, devuelve la documentación por la imposibilidad en el cobro detallado con antelación. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que de acuerdo al registro del libro uno de gobierno relativo a los juicios de amparo del año dos mil nueve así como la certificación respectiva de transferencia, el juicio de amparo 874/2009 fue transferido al Centro Archivístico Judicial en nueve de julio de dos mil quince. En vista de lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, es procedente analizar de oficio la multa que nos ocupa como crédito fiscal por incumplimiento a orden judicial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 50/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 184085, visible a página 252, Tomo XVII, Junio de 2003, Materia(s): Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL. Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio Código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código. Así, el numeral 146 del Código Fiscal de la Federación en cita dispone: El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos o a través del juicio contencioso administrativo. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del artículo 144 de este Código, también se suspenderá el plazo de la prescripción. Asimismo, se suspenderá el plazo a que se refiere este artículo cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. El plazo para que se configure la prescripción, en ningún caso, incluyendo cuando este se haya interrumpido, podrá exceder de diez años contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido. En dicho plazo no se computarán los periodos en los que se encontraba suspendido por las causas previstas en este artículo. La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de oficio por la autoridad recaudadora o a petición del contribuyente. Del artículo trascrito se desprende que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años; cómputo que inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. Asimismo, el término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. En esa tesitura, como la autoridad hacendaria informa que ha realizado acciones de cobro tendentes a hacer efectiva la multa en el domicilio proporcionado por este órgano jurisdiccional, de las cuales no fue posible lograr la efectividad virtud que el deudor se encuentra insolvente o no se localizaron bienes para cubrir el crédito; asimismo, hace saber que en las distintas oficinas rentísticas, así como en los sistemas institucionales con los que cuenta esa administración, no localizaron bienes susceptibles de embargo que sean propiedad del deudor. Por tanto, se declara la prescripción de la multa impuesta por mil setecientos veinticuatro pesos; virtud que el mandamiento de ejecución y requerimiento de pago tuvieron verificativo más de cinco años que establece el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, ya que desde el veintinueve de abril de dos mil diez estuvo en aptitud de hacer efectivo el cobro de la multa referida. En ese orden, gírese oficio al Administración Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa 1 con sede en esta ciudad, para que proceda a cancelar la multa impuesta a Alberto González Vergara, Agente del Ministerio Público o de la Federación de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedimiento ilícita y Falsificación o alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República, con residencia en la ciudad de México. Finalmente, una vez realizada la notificación de este proveído, glósese el presente cuaderno de antecedentes al expediente de varios. Notifíquese y cúmplase.

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