Carlos Alberto Montiel Cobos

Expediente 379/2015 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
379/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
08/02/2016

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Montiel Cobos
  • Juez Séptimo de lo Penal, Tijuana, Baja California.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo otorgado a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el informe de cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por parte de la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Penal, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con apoyo en el tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido. El veintiocho de mayo de dos mil quince, este juzgado dictó sentencia, en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión a Carlos Alberto Montiel Cobos, respecto los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Séptimo de lo Penal, y Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, ambos con residencia en esta ciudad (fojas 210 a 218). Inconforme con la resolución anterior, la parte quejosa Carlos Alberto Montiel Cobos, interpuso recurso de revisión en contra de la citada sentencia, del cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, y mediante ejecutoria dictada por dicho Tribunal, el diez de diciembre de dos mil quince, se concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Carlos Alberto Montiel Cobos, para los efectos siguientes: "Para que la Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, Baja California, deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el veinte de marzo de dos mil quince, en la causa penal 206/2015, en contra del aquí recurrente, por el delito de robo, previsto por los artículos 198, 201, en relación con el 14, fracción I y 16 fracción I, todos del Código Penal de Baja California, y con plenitud de jurisdicción, emita otra resolución, en la que deberá considerar que la declaración ministerial rendida por el indiciado, carece de validez y valor probatorio, por ser consecuencia directa e inmediata de la violación de su derecho humano de ponerlo a disposición del Ministerio Público sin demora. Y en la nueva resolución que deberá dictarse, se valore todo el material probatorio existente, concediendo valor sólo al resto de las pruebas, con plenitud de jurisdicción, pero fundando y motivando, debida y suficientemente, toda determinación a la que se arribe." Mediante proveído de doce de enero de dos mil dieciséis, se requirió a la autoridad responsable, Juez Séptimo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, diera cumplimiento al fallo protector (fojas 388 y 389). Por oficio número 0062-2 firmado por la Juez Séptimo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, informó haber dado cumplimiento al fallo protector, adjuntando copia certificada del auto de término constitucional de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal número 206/2015, de su índice, en el que dejó sin efectos el auto de plazo constitucional de veinte de marzo de dos mil quince; y dictó otro en la que siguiendo los lineamientos ordenados en dicho fallo, consideró que la declaración ministerial rendida por el quejoso, carece de validez y valor probatorio por ser consecuencia directa e inmediata de la violación de su derecho humano de ser puesto a disposición del Ministerio Público sin demora; valorando en su totalidad el caudal probatorio a excepción de la prueba en comento, y con plenitud de jurisdicción decretó auto de formal prisión en contra del quejoso Carlos Alberto Montiel Cobos; documental que tiene valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, y con la cual, en auto de veinte de enero de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hiciera pronunciamiento alguno al respecto. Por tanto, es evidente que con ello la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, motivo por el cual se concluye que, lo procedente en el caso, es declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplida; asi, ya que en la especie, no existen diligencias pendientes por desahogar, documentos originales que devolver, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo definitivo del presente asunto, en terminos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. De conformidad con el punto decimoprimero del acuerdo de referencia, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, por virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la caratula del expediente. En cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de depuración, pues si bien, este órgano jurisdiccional, mediante sentencia de veintiocho de mayo de dos mil quince, negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; lo cierto es que, de acuerdo con los lineamientos que prevé el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a los fines archivísticos de la regulación en comento, deberá aplicarse la disposición que corresponda a la resolución final que define el sentido del fallo; por tanto, al haberse revocado la anterior resolución para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, en el juicio de amparo en que se actúa, deberá conservarse la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil quince, así como la ejecutoria pronunciada en sesión de diez de diciembre de dos mil quince, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto, con residencia en Mexicali, Baja California, en la que se modificó la sentencia recurrida y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, estableciéndose como fecha probable para tal efecto, el once de febrero de dos mil veintiuno. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente a la Casa de la Cultura Jurídica de Toluca, en el Estado de México, el once de febrero de dos mil diecinueve.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexos, firmado por la Juez Séptimo de lo Penal por Ministerio de Ley, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto; asimismo, remite copia certificada del nuevo auto de término constitucional de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 206/2015; en consecuencia, con dichas constancias, dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráigase los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, y copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión penal 448/2015, interpuesto por la parte quejosa Carlos Alberto Montiel Cobos, en contra de la sentencia dictada el veintiséis de mayo de dos mil quince, ejecutoria en la que se resolvió: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. En los términos de la parte final del considerando quinto de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a CARLOS ALBERTO MONTIEL COBOS contra los actos que reclamó de la autoridad responsable Juez Séptimo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, consistentes en la resolución de plazo constitucional dictada el veinte de marzo de dos mil quince, en la causa penal 206/2015, y su cumplimiento. [.]." En consecuencia, agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, así como el cuaderno de antecedentes relativo, desglosando del mismo las copias certificadas con que se formó, toda vez que son susceptibles de destrucción, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un expediente auxiliar, conforme al punto segundo, fracción XX del citado acuerdo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, y háganse las anotaciones en el libre de gobierno respectivo. Ahora, la ejecutoria de referencia otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los siguientes términos: ".para el siguiente efecto: Para que la Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, Baja California, deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el veinte de marzo de dos mil quince, en la causa penal 206/2015, en contra del aquí recurrente, por el delito de robo, previsto por los artículos 198, 201, en relación con el 14, fracción I y 16 fracción I, todos del Código Penal de Baja California, y con plenitud de jurisdicción, emita otra resolución, en la que deberá considerar que la declaración ministerial rendida por el indiciado, carece de validez y valor probatorio, por ser consecuencia directa e inmediata de la violación de su derecho humano de ponerlo a disposición del Ministerio Público sin demora. Y en la nueva resolución que deberá dictarse, se valore todo el material probatorio existente, concediendo valor sólo al resto de las pruebas, con plenitud de jurisdicción, pero fundando y motivando, debida y suficientemente, toda determinación a la que se arribe." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Séptimo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se les notifique el presente proveído, de cumplimiento al fallo protector; apercibido que de no hacerlo en el plazo fijado, o de no manifestar el impedimento legal que tuviese para ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, para seguir el trámite de inejecución; misma que podrá culminar con la separación de sus puestos y su consignación. En caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al artículo 237, fracción I y 258, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades responsables, dése cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar.

  4. Incidental

    SE TIENE AL TRIBUNAL DE ALZADA INFORMANDO SE ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO...

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