Carlos Alberto Lara Marín
Expediente 328/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 328/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/01/2022
Partes del expediente
- Carlos Alberto Lara Marín
- Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de enero de dos mil veintidós.Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veintiuno de enero de dos mil veinticinco. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir al quejoso para que realice las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.
- Principal
CONSIDERANDO Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que se reclama una omisión de autoridad, por lo que es competente este órgano jurisdiccional, al haber prevenido en el conocimiento del asunto. Segundo. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda, se precisa que el acto reclamado destacado es la omisión de expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, a que hace referencia el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del término establecido en el cuarto transitorio de la reforma constitucional de quince de septiembre de dos mil diecisiete. Tercero. No es cierto el acto reclamado al Presidente de la República, con sede en Ciudad de México, pues así lo manifestó la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica al rendir su informe justificado, sin que el quejoso ofreciera prueba alguna para desvirtuar dicha negativa; por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, tomo VI, apéndice 2000, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Es cierta la omisión reclamada a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en Ciudad de México, pues así lo manifestó la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, al rendir su informe justificado. Asimismo, debe tenerse por cierta la omisión legislativa atribuida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, residente en Ciudad de México, pues no obstante que al rendir informe justificado negó la existencia de dicha omisión, de su contenido se advierte que no se ha expedido la citada legislación única a que alude el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que se tenga por cierto el acto que se le atribuye. Además, debe destacarse que conforme a lo establecido en el referido artículo cuarto transitorio, el Congreso de la Unión debía expedir la legislación procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 constitucional, en un plazo que no excediera de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del mismo, esto es, del quince de septiembre de dos mil diecisiete, sin que hasta la fecha de emisión de esta sentencia se haya expedido la referida legislación procedimental; de ahí que se tenga por cierta la omisión reclamada a las responsables. Se cita, por la razón que informa, la jurisprudencia 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las Leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Quinto. Las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, deben estudiarse preferentemente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Con relación a la omisión legislativa reclamada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º, ambos de la Ley de Amparo, así como el numeral 107, fracción I, constitucional, que hacen valer las autoridades responsables. Tales preceptos establecen: Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De los numerales trascritos se desprende que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; persona quien estará legitimada para instar la acción constitucional. De la interpretación sistemática de los citados preceptos, se tiene que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Por perjuicio se entiende para efectos del amparo la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, o bien, de un interés legítimo individual o colectivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Tal afectación, debe ser real y actual en la esfera jurídica de la persona, ya sea de manera directa (a un derecho subjetivo), o bien, en virtud de la especial situación que tiene frente al orden jurídico (a un interés legítimo). Aunado a lo anterior, en términos del artículo 107, fracción I, constitucional, el acceso al juicio de amparo, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica de la parte quejosa. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. Ello se estima así, pues no basta con el hecho que en el caso particular se reclame en sede constitucional una omisión legislativa absoluta, esto es, la omisión de expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, a que se refiere el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que resultó cierta, tal como se expuso en el considerado tercero de esta sentencia, ya que el Congreso Federal conforme a lo establecido en el artículo cuarto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, debía expedir la referida legislación procedimental en un plazo que no excediera de ciento ochenta días contados a partir de su entrada en vigor, mismo plazo que ha transcurrido en exceso; sin embargo, al margen de que resulte cierta la omisión reclamada, este órgano de control constitucional se encuentra obligado a analizar si el juicio de amparo resulta procedente a la luz de las hipótesis que para tal efecto prevé la Ley de Amparo, como en el caso ocurre con la afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso para impugnar la omisión reclamada. Esto es, se estima que en los casos en que se reproche la abstención de legislar, el juzgador debe verificar, con toda exactitud, no sólo si la omisión reclamada es de aquellas que tiene origen en el incumplimiento a una norma que ordena a la autoridad legislativa a actuar legislando, sino también: 1. Si efectivamente se ha actualizado la obligación de emitir la regulación y, por tanto, es exigible; 2. Si es posible determinar que tal abstención existe; 3. Si el juicio resulta procedente a la luz de las hipótesis que para tal efecto prevé la Ley de Amparo o, incluso; y, 4. Si es posible imprimir efectos a la sentencia respectiva. En ese contexto es que se estima actualizada la causa de improcedencia mencionada, en tanto que no se afecta la esfera jurídica del impetrante, pues no se causa una afectación real y actual, como requisito para instar la acción constitucional en contra de la omisión legislativa atribuida a las responsables. A efecto de evidenciar lo anterior, debe destacarse que tratándose del interés legítimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que su existencia requiere, como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En efecto, el interés legítimo para instar la acción constitucional consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero que tampoco se identifica con el interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple, es decir, que se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que está en aptitud de expresar un agravio diferenciado de los demás integrantes de la comunidad, al ser su interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que su anulación le producirá un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica como resultado inmediato y directo de la resolución que se pronuncie. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la distinción entre el interés simple y el interés legítimo, precisando que el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Sustenta este razonamiento, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 690, libro 33, agosto de 2016, tomo II, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Lo que se sostiene, pues se reitera, se reclama la omisión de expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, a que alude el artículo 73, fracción XXX, de la Carta Magna, conforme al plazo previsto en el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de septiembre de dos mil diecisiete, que -en lo que aquí interesa- refiere: "Artículo 73. El Congreso tiene facultad: [.] XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución, y [.];" [.] "CUARTO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 constitucional adicionado mediante el presente Decreto, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. QUINTO. La legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 constitucional, adicionada mediante el presente Decreto, y de conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en la legislación procesal civil federal y la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a la misma." Del artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de quince de septiembre de dos mil diecisiete, se deprende que los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en la legislación procesal civil y familiar local deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a la misma; esto es, la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 constitucional. En esa línea de pensamiento, el que el referido transitorio establezca que la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 constitucional, evidencia que en tanto lo anterior ocurra, las obligaciones de su implementación y las consecuencias de su hipotético incumplimiento no serán obligatorias tanto para los jueces del Estado, ni para la persona. Entonces, se reitera, para la procedencia del juicio de amparo, no basta con señalar que se cuenta con un interés legítimo, porque, como en el caso acontece, el quejoso desempeña su práctica profesional como licenciado en derecho en litigios civiles y familiares en esta Entidad Federativa; sin embargo, tal circunstancia no le otorga interés legítimo para impugnar la omisión legislativa absoluta reclamada. En principio, pues no acreditó que al desempeñar tal función ejerza patrocinio en asuntos civiles o familiares, y el interés legítimo en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse mediante presunciones. Pero además, en todo caso, cuando un abogado proporciona asesoría legal o representación en juicio a una de las partes procesales, no lo hace en lo personal sino a nombre de ese sujeto procesal (parte activa o pasiva). Luego, que los abogados litigantes que postulan en favor de las partes no resienten directa ni indirectamente una afectación en su esfera jurídica de derechos, pues ninguno de los derechos controvertidos en juicio les pertenecen sino sólo a las personas que fungen como actor y demandado. Por tanto, al no acreditarse afectación indirecta alguna a los derechos fundamentales del quejoso, se determina que carece de interés legítimo para promover el juicio de amparo, por ende, posee únicamente un interés simple, ya que pretende lograr un control de legalidad abstracto respecto de la omisión legislativa absoluta reclamada, el cual es genérico de la sociedad, hace inatendible la jurisprudencia 2a. LXXXIII/2018 (10a.) invocada, de rubro: "OMISIONES LEGISLATIVAS ABSOLUTAS. SU IMPUGNACIÓN NO CONFIGURA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.". Pues no debe inadvertirse que corresponde a la parte que se dice afectada por un acto u omisión de una autoridad acreditar ser titular de un interés legítimo, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1078, libro 43, junio de 2017, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En tales condiciones, al resultar evidente que la omisión reclamada no ocasiona afectación alguna en la esfera jurídica del impetrante, al no advertirse que cuente con un interés legítimo, se actualiza la hipótesis de improcedencia anunciada. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º de la ley de la materia, así como el dispositivo 107, fracción I, constitucional, el reclamo contra la omisión denotada resulta improcedente y, en consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Por el resultado obtenido, resulta innecesario estudiar las diversas causas de improcedencia invocadas por la autoridad responsable Presidente de la República, ya que su examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de la resolución. Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracciones I y II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, y 6º, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo 328/2020, promovido por Carlos Alberto Lara Marín, contra la omisión que reclamó de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en Ciudad de México, y de otras autoridades, precisada en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, aún no se encuentra notificada por oficio de la reanudación del procedimiento en el presente juicio promovido en reclamo de diversas normas generales. Por tanto, a fin de impulsar la secuela procesal, expídase la comunicación relativa. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y, en su lugar, se fijan las doce horas con treinta minutos del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese y cúmplase
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el telegrama remitido por el delegado de la autoridad responsable; en atención a su contenido, reexpídase el oficio 4672; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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