CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ y Otros.

Expediente 782/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
782/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ y Otros.
  • Carlos Alberto Martínez González
  • BRIAN ADRIAN CETINA BARRIENTOS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Autoridad remite información. Agréguese a los autos es oficio de cuenta signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, mediante el cual cumple el requerimiento que se le formuló en auto de veintidós de noviembre pasado, pues al efecto informa a que órgano jurisdiccional fue turnado el juicio de amparo 782/2023-II de este índice; información que se tiene por recibida para los efectos legales correspondientes. Se solicita información. En ese orden de ideas, solicítese comedidamente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, informe a este órgano jurisdiccional el pronunciamiento que realizó respecto a la incompetencia decretada por este tribunal; lo anterior, a fin de estar en posibilidad de proveer lo que en derecho corresponda.

  2. Principal

    Se solicita información de turno. Visto el estado procesal de actuaciones se colige que mediante fecha dieciséis de octubre del año en curso y a través del oficio 17381, este órgano jurisdiccional remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, la incompetencia legal planteada por este tribunal, sin que hasta este momento se tenga conocimiento del destino del mismo. En consecuencia, requiérase al responsable de dicha oficina para que, dentro del plazo legal de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciba el oficio que de este proveído derive, informe a qué órgano jurisdiccional fue turnada la incompetencia de trato; lo anterior, a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Defensora comunica intención de desistimiento. Finalmente, glósese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por Noemí del Carmen Piña Jasso, del que se advierte que su defendido, el quejoso Mario Arcadio García Valencia, manifestó su deseo en desistirse del presente juicio de amparo, por los motivos que expone y por así convenir a sus intereses. En consecuencia, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se tenga noticia de la decisión asumida por el órgano declinado, a fin de proveer lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    Defensoría Pública Federal cumple requerimiento. Agréguense a los autos el oficio firmado digitalmente por la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual cumple el requerimiento que se le formuló en proveído de diez de octubre pasado; sin que resulte necesario emitir mayor pronunciamiento al respecto, en virtud a que por auto de dieciséis de los actuales, se tuvo al defensor Público Federal Amador Flores Bedolla, apersonándose al juicio de amparo en que se actúa; de ahí los términos en que se ordena glosar el ocurso de cuenta. Cúmplase.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA DEFENSORA JOSELYN ANGÉLICA MARTÍNEZ SEGOVIANO, NOEMÍ DEL CARMEN PIÑA JASSO Y EVA LIZBETH CUERVO GARCÍA, EL PROVEÍDO DE 16 DE OCTUBRE DE 2023, LOS QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Defensor Público Federal acepta y protesta cargo. Agréguese a los autos el ocurso y anexo que remite el defensor Público Federal Amador Flores Bedolla, mediante el cual acepta y protesta el cargo de defensor público y/o asesor jurídico del quejoso Brian Adrián Cetina Barrientos, dentro del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se le tiene aceptado y protestado el cargo conferido, para los efectos legales procedentes. Luego, como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo toda vez que el nombre de usuario que proporciona (U233149), se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, se comisiona a la oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, por lo que ve al defensor de trato. De la misma forma, como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las determinaciones que se ordenen de manera personal al promovente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así también, se le tiene proporcionando medios de localización con la finalidad de establecer comunicaciones no procesales, en caso de estimarse necesario y como autorizados de su intención para oír y recibir notificaciones a las personas que ahí refiere. Sin que sea óbice que en su escrito el defensor precise como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, sin embargo, este órgano jurisdiccional privilegia el medio electrónico para la recepción de notificaciones en el presente asunto, además que así lo peticionó la ocursante. II. Se comunica designación. Hágase del conocimiento del quejoso que le fue designado como defensor público y/o asesor jurídico para que le preste asesoría durante la tramitación del presente juicio de amparo al defensor Público Federal Amador Flores Bedolla. III. Notificaciones a la parte quejosa. Por tanto, se comunica al impetrante y al ocursante, que este órgano jurisdiccional ordenará la realización de las notificaciones personales que estime pertinentes a ambos o solamente a la parte impetrante o a su respectivo defensor, dependiendo de la naturaleza del acuerdo a notificar. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, undécima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, con número de registro digital 2025391, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]." IV. Consideración previa respecto a la competencia legal de este Juzgado de Distrito. Del estado procesal de actuaciones se colige que mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se recibió el testimonio de la resolución pronunciada en el conflicto competencial 27/2023, suscitado entre el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan y este órgano jurisdiccional, en el que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, declaró legalmente a este juzgado para el conocimiento del asunto. Sin embargo, respetuosamente, la suscrita estima que se está frente a una imposibilidad legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa. Se explica. Si bien es cierto la competencia fincada por la superioridad, fue sustentada en la regla establecida por el artículo 37 de la Ley de Amparo, en lo atinente al lugar donde se están ejecutando los actos reclamados, también lo es que los argumentos aducidos por la suscrita para rechazar de primer momento, la competencia legal planteada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, fueron en razón a la diversa regla de competencia prevista el arábigo 38 de la legislación de la materia, sin que el órgano las hubiera atendido de fondo en razón de ser criterios sostenidos por Tribunales Colegiados de este Decimosexto Circuito, los cuales no resultaban obligatorios para su potestad, pero si para este Juzgado de Distrito. Por tanto, se estima que se está frente a un presupuesto procesal que tiene que ser observado por la suscrita respecto de la competencia legal de este tribunal, pues se insiste, esta juzgadora no puede pasar por alto lo establecido por el artículo 38 de la Ley de Amparo, así como tampoco lo resuelto en la contradicción de criterios 84/2021, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que al existir un motivo que precisa la incompetencia por parte de este Tribunal Federal, es que se justifique el sentido del acuerdo que se emite a continuación. V. Incompetencia legal. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, de las que se advierte que a la fecha la totalidad de los defensores públicos asignados para la defensa de los directos quejosos ya aceptaron el cargo que les fue conferido y atendiendo a que éstos últimos reclaman como acto destacado las omisiones de iniciar, tramitar y resolver las peticiones administrativas y controversias urgentes por ellos promovidas, derivado de la falta de atención médica general y especializada que les es negada en su lugar de reclusión, las cuales atribuyen al Administrador y juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución, ambos del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato Capital, en calidad de autoridades ordenadoras; así como la tortura y tormento que estiman se les ocasiona por las omisiones antes reseñadas, atribuyendo esto último a la autoridad penitenciaria que señalan como ejecutora; este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, determina carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, de acuerdo con las consideraciones siguientes. En principio, es importante recordar que el artículo 37 de la Ley de Amparo distingue tres reglas básicas para determinar la competencia para conocer de una demanda de amparo, a saber: a. Cuando el acto reclamado es materialmente ejecutable, será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar en que deba, trate, se esté o se haya ejecutado. b. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue realizándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda. c. Finalmente, cuando no se requiere ejecución material del acto reclamado, conocerá el juez en cuya jurisdicción se presente el libelo. No obstante lo anterior, al resolver la contradicción de criterios 84/2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó (en un criterio que resulta de observancia obligatoria), que para efectos de fincar competencia territorial a los jueces Federales cuando se reclamen en un juicio de amparo indirecto actos atribuidos a otro juez de Distrito, debe aplicarse la regla especial contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Lo anterior, explicó la Primera Sala, porque del contenido del mencionado precepto se aprecia que el legislador dispuso un supuesto de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el artículo 37 del mismo ordenamiento legal, la cual atiende a la autoridad responsable que emite el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto -juez de Distrito-. Mientras que las reglas generales previstas en el artículo 37 de la Ley de la Materia, definen la competencia de los jueces de Distrito para conocer y resolver de un juicio constitucional en atención a la ejecución del acto reclamado. Por tanto, concluyó la Sala, si en un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable lo es un juez de Distrito a quien se le atribuye el acto reclamado, la regla (especial) aplicable será la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y, por ende, la competencia recaerá en otro juez del mismo Distrito y especialización y, si no lo hubiere, en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. En ese sentido, la Corte explicó que dicha regla de excepción será aplicable con independencia de si el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material o no la tiene, ya que esa circunstancia no es determinante para establecer la competencia del juez de Distrito, toda vez que ello (la ejecución o no del acto reclamado) no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia. Dicho de otro modo, es irrelevante verificar si el acto reclamado cuenta o no con ejecución material, pues si éste fue emitido por un juez de Distrito, se tiene que atender forzosamente a la regla especial prevista en el numeral 38 de la Ley de Amparo, y no a la regla general contenida en el arábigo 37 de dicho ordenamiento legal. Las razones que se contienen en ese precedente, se sintetizaron en la jurisprudencia 1a./J. 44/2021 (11a.) de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juez de Distrito es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos atribuidos a un Juez de Distrito, ya que para resolver, uno de ellos aplicó la regla general de competencia prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para establecer que en este caso, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde puede materializarse el acto reclamado; mientras que para el otro era aplicable la regla especial prevista en el artículo 38 de dicho ordenamiento, para establecer que la competencia se surte a favor de otro Juez del mismo distrito y, en su caso, de la misma especialización. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de fincar competencia territorial a los Jueces de Distrito cuando se reclamen en un juicio de amparo indirecto actos atribuidos a otro Juez de Distrito, debe aplicarse la regla especial contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, porque dicha regla sólo será aplicable cuando en el juicio de amparo indirecto la autoridad responsable sea un Juez de Distrito. Justificación: Ello es así, porque del contenido del mencionado precepto se aprecia que el legislador dispuso un criterio de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el artículo 37 del mismo ordenamiento legal, la cual atiende a la autoridad responsable que emite el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto -Juez de Distrito-. Mientras que las reglas generales previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, definen la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo en atención a la ejecución del acto reclamado. Por tanto, si en un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable lo es un Juez de Distrito a quien se le atribuye el acto reclamado, la regla aplicable será la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y, por ende, en este caso, la competencia recaerá en otro Juez del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiera, en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Dicha regla de excepción será aplicable, con independencia de si el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material o no la tiene, ya que esa circunstancia no es determinante para establecer la competencia del Juez de Distrito, toda vez que no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia." (Lo resaltado es propio de esta jueza de Distrito). En atención al criterio jurisprudencial recién citado, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, en el que se reclaman diversas omisiones, atribuidas entre otros, al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital,; pues en términos del "ACUERDO GENERAL 3/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO", la suscrita no cuenta con competencia por razón de territorio en la ciudad de Guanajuato, lugar en donde tiene su residencia el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital. Por lo que conforme a la jurisprudencia de mérito y al acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal señalado en supralíneas, es que este Juzgado Federal declara no ser legalmente competente para conocer del presente sumario constitucional. Lo anterior es así, pues en términos del acuerdo general antes citado, los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 48, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional no es legalmente competente para conocer de los actos reclamados reseñados con antelación. No se soslaya la existencia de las siguientes tesis jurisprudenciales de rubros: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO." "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN." "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA." "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ." "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA." "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO." Sin embargo, si bien esos criterios atienden al caso genérico de la competencia cuando una persona privada de la libertad solicita la concesión de algún beneficio preliberacional o reclama la falta de atención médica; lo cierto es que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza una importante distinción, en relación con la denominación o naturaleza de la autoridad responsable -un juez de Distrito-, lo que no riñe con la multiplicidad de supuestos, avalados por esas jurisprudencias, en los que tales autoridades no ejerzan una jurisdicción Federal, sino local. Bajo ese contexto, si en el presente asunto se tiene señalado como autoridad responsable, entre otras, al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, es que se debe aplicar la regla especial contenida en el artículo 38, de la Ley de Amparo, y no la genérica (prevista en el diverso numeral 37), que se analiza en esos criterios con números de registros 2006160, 178232, 177673, 237105, 2021191 y 235884. En similitud de consideraciones fueron resueltos el conflicto competencial 11/2022 y amparo en revisión penal 209/2022, de las estadísticas del Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en sesiones de quince de junio de dos mil veintidós y ocho de junio de dos mil veintitrés, respectivamente. Por tanto, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo y el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, vigente a partir del veintiséis de enero anterior en que fue aprobado, con el cual se deja sin efectos el Acuerdo General 17/2012; y, en el segundo párrafo de la fracción XVI, del apartado cuarto del mencionado acuerdo, que delimita la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; se ordena remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, en turno. VI. Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuadernillo de incompetencia respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo y solicítese el acuse de recibo de estilo, correspondiente. VII. Escrito para efectos de control. Finalmente, glósese a las actuaciones el escrito signado por Eva Lizbeth Cuervo García, defensora Pública Federal del quejoso Rolando Ceballos Vargas, y en atención a que su contenido no tiene relación con lo determinado en el auto ahí aludido, se ordena incorporar al presente sumario sin mayor acuerdo.".

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