Carlos Alberto López Carpio

Expediente 943/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
943/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto López Carpio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. León, Guanajuato, siendo las once horas con treinta y tres minutos del catorce de enero de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 943/2021-III, promovido por Carlos Alberto López Carpio, por propio derecho, se procede a celebrarla ante la presencia judicial de la licenciada Norma Rojas López, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargada del despacho por vacaciones concedidas a la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización emitida por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/4362/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por la secretaria técnica de dicha Comisión, quien actúa con el secretario José Luis Sánchez García, que autoriza y da fe. La secretaria encargada del despacho declara abierta la audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin comparecencia de las partes. A continuación, el secretario da lectura a todas las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, entre las que destacan por su importancia los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, los cuales obran agregados a fojas 35 a 45 y 94 a 104 de autos. A lo que la secretaria encargada del despacho acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida, la secretaria encargada del despacho declara abierto el periodo probatorio, en el que se tienen por ofrecidas y desahogadas, dada su especial naturaleza, las documentales que obran a fojas 9 a 19, 48 a 69 y 72 a 93, y al no existir más medios de convicción con que dar cuenta, se procede a cerrar dicha etapa y se abre el periodo de alegatos, en el que se tiene por precluido el derecho de las partes a formularlos, en virtud de que no lo hicieron. Por otra parte, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no exhibió pedimento, por lo que al no haber argumentos que tener por reproducidos, se cierra dicha fase y se pasa al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O el juicio de amparo 943/2021-III, promovido por Carlos Alberto López Carpio, contra actos del director general de Fiscalización y Control de León, Guanajuato y otras autoridades, que consideró violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 5, 14 y 16, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Admisión, trámite e integración. Ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se presentó la demanda de amparo, vía electrónica, promovida por Carlos Alberto López Carpio, por propio derecho, la cual por razón de turno correspondió a este Juzgado Federal; así, en auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se registró con el número de expediente 943/2021-III, y se formuló prevención al quejoso en los términos ahí precisados; así las cosas, a través del proveído de veinticuatro de noviembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo, por lo que se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Así, la audiencia constitucional se desarrolló en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que los actos reclamados tuvieron ejecución en esta ciudad de León, Guanajuato, territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se procede a analizar el escrito de demanda, conceptos de violación y demás constancias que conforman los autos, para determinar que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables director general e inspectores adscritos a la Dirección General de Fiscalización y Control, de León, Guanajuato, lo siguiente: La medida de seguridad consistente en la clausura parcial de las instalaciones y servicios del establecimiento denominado "LA PARRILLA DE CHARLY", ubicado en Avenida Sion, número 301, de la colonia Villa de las Flores, de esta ciudad, dictada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en autos del expediente DGFC/0788/2021-C/A, del índice de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta ciudad, y su ejecución llevada a cabo en esa misma fecha. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Así lo manifestaron las autoridades responsables director general e inspectores adscritos a la Dirección General de Fiscalización y Control, de León, Guanajuato, al rendir sus informes con justificación (fojas 35 a 45 y 94 a 104 de autos). Tal certeza se corrobora en razón de que el director general de Fiscalización y Control, de esta ciudad, remitió copias certificadas de las constancias que integran el expediente administrativo DGFC/0788/2021-C/A, de su índice, instruido contra el quejoso. Pruebas documentales públicas a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copias certificadas respecto de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. Estudio de procedencia del juicio de amparo. Causal de improcedencia actualizada. Previamente al estudio de fondo del juicio, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio. En el caso, tal como lo precisó la autoridad responsable, se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Del precepto legal transcrito se advierte que uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en el caso, el de definitividad, consistente en que resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme con las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme con las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para conceder la suspensión definitiva. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. En el caso, de las documentales remitidas por las autoridades responsables se advierte que el peticionario es parte en el procedimiento administrativo que por esta vía reclama, pues el seis de julio de dos mil veintiuno se le realizó una visita de inspección, ordenada en esa misma fecha en el expediente administrativo DGFC/0788/2021-C/A, del índice de la Dirección General de Fiscalización y Control, de esta ciudad; en la que se le hizo saber el derecho que tiene para que se presente acompañado de su abogado o persona de confianza, si es así su deseo, en las oficinas de la Dirección de Fiscalización y Control de esta ciudad, a efecto de llevar a cabo el desahogo de la diligencia de audiencia de calificación, en la que podrá ofrecer pruebas y rendir alegatos. Conviene destacar que el quejoso no expuso ningún concepto de violación tendente a evidenciar que en realidad no le fue notificado el inicio del procedimiento, o bien, que este haya sido realizado contrario a las disposiciones aplicables. De donde resulta que, al no controvertir tal inicio del procedimiento, ha de estimarse consentido y, en consecuencia, para los efectos que aquí interesan, debe considerarse que fue debidamente notificado del despliegue de las facultades de verificación de la autoridad, de donde estuvo en aptitud de desplegar debidamente su defensa. Por tanto, el peticionario previo a promover el juicio de amparo, debió impugnar la medida de seguridad reclamada a través del recurso de inconformidad, o bien, mediante el juicio contencioso administrativo. Los artículos 226, 227, 234 y 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato establecen lo siguiente: "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido. Artículo 234. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnado, siempre y cuando: Lo solicite expresamente el recurrente; Se admita el recurso; No se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público; No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa. Artículo 235. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad." De lo trascrito se advierte que el artículo 226 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, regula el recurso de inconformidad, mientras que el numeral 234 de la citada codificación prevé la suspensión del acto o resolución impugnada, cuyos requisitos no son mayores a los exigidos en la Ley de Amparo en los artículos 128, 129, 132 y 133, para el otorgamiento de la medida cautelar. En efecto, acorde con lo dispuesto por el artículo 234, en correlación con el 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la interposición del recurso de inconformidad suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnada, siempre y cuando se solicite expresamente, lo que puede acontecer en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad; asimismo, en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, dicha solicitud puede promoverse mientras no se dicte sentencia ejecutoria, por consiguiente dicho requisito se considera similar. Asimismo, se otorgará la suspensión de la resolución impugnada tal y como lo prevé el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con la salvedad que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, al igual que lo dispone la Ley de Amparo. De igual forma, para otorgar la suspensión en el recurso de inconformidad, del mismo modo que en el juicio de amparo, deben garantizarse los posibles daños o perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros. En lo que respecta a los créditos fiscales el recurrente en la inconformidad deberá de garantizar el importe en cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa; asimismo, la Ley de Amparo tratándose del cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, sujeta la suspensión que se concederá discrecionalmente, a que se garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; por consiguiente se estima similar dicho requisito. Ahora, la suspensión del acto o resolución impugnada en el recurso de inconformidad se otorgará, cuando se admita el aludido recurso; circunstancia que no se considera un requisito adicional a los previstos en la Ley de Amparo, puesto que en este último caso, es claro que para el otorgamiento de la suspensión se requiere como condición previa la admisión de la demanda de amparo, habiéndose cubierto todos los requisitos del numeral 108 del mismo cuerpo de leyes; ya que solo es procedente en materia de amparo, proveer sobre la medida cautelar, sin admitirse previamente la demanda, cuando se trate de actos de naturaleza penal que se relacione con privaciones de libertad, esto es, los previstos en el ordinal 15, en los cuales incluso la demanda puede promoverse por cualquier persona en nombre del directo quejoso, precisamente por la condición de imposibilidad física que le impera. Por otra parte, el numeral 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato establece: "Artículo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato tiene a su cargo: Dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares; Conocer de los actos y resoluciones administrativas dictadas por los ayuntamientos; Conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y los Órganos Internos de control de los entes públicos estatales y municipales, o por la Auditoría Superior del Estado, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley en materia de responsabilidades administrativas aplicable; Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al Patrimonio de los entes públicos estatales o municipales; y Conocer en segunda instancia, de las resoluciones que pongan fin al proceso administrativo municipal, y de los acuerdos dictados por los Juzgados Administrativos Municipales, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del acto impugnado." Asimismo, el artículo 249 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece como medio de impugnación el juicio contencioso administrativo, el cual de conformidad con el ordinal 268 también contempla la suspensión del acto reclamado, la cual podrá solicitarla en su demanda por escrito o en juicio en línea, o en cualquier momento del proceso, por tanto, el quejoso previo a promover el presente juicio de amparo debió agotar el referido medio de impugnación, dado que esa legislación no prevé mayores requisitos para obtener la medida cautelar que los señalados en la Ley de Amparo, por los motivos siguientes: a) Tanto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como la Ley de Amparo, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a terceros si no se obtiene sentencia favorable. b) El artículo 271 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo. c) Tratándose de asuntos de carácter fiscal, el artículo 276 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes ante las oficinas exactoras correspondientes en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente; en tanto que tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo supedita la suspensión a que se garantice el interés fiscal previo depósito del total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para la quejosa que en el juicio contencioso administrativo, dado que la Ley de Amparo condiciona la suspensión al previo depósito en efectivo, mientras que la legislación local otorga un plazo de tres días y además la garantía puede otorgarse en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación fiscal. d) Ambos ordenamientos impiden la concesión de la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. e) La legislación procesal administrativa de mérito (artículo 275), así como la Ley de Amparo (artículo 147), prevén que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios; en el primer caso, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular; y, en el segundo caso, cuando la naturaleza del acto lo permita, es decir, que sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que se considera que la prerrogativa otorgada en la ley procesal de justicia administrativa en comento concede mayores posibilidades de dar efectos restitutorios a un acto a través de la medida cautelar, porque no lo condiciona a la factibilidad material o jurídica -como si lo hace la Ley de Amparo-, sino que lo deja a juicio discrecional del resolutor del medio de impugnación, con el solo objeto de conservar la materia del recurso o impedir perjuicios irreparables. Por tanto, no se considera un mayor requisito. En suma, se estima que las leyes que regulan los medios ordinarios de defensa -recurso de inconformidad o juicio contencioso administrativo-, no exigen mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto. En consecuencia, previo a promover el juicio de amparo, contra la medida de seguridad decretada consistente en la clausura parcial realizada al establecimiento comercial denominado "LA PARRILLA DE CHARLY", propiedad del quejoso, ubicado en calle Avenida Sion, número 301, de la colonia Villa de las Flores, de esta ciudad, el peticionario debió agotar el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo en los términos indicados, pues a través de esos medios de defensa, pudo obtener la insubsistencia del acto reclamado. Sirve a lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1536, tomo II, libro 17, abril de 2015, Décima Época, con número de registro 2008891, de rubro y texto siguiente: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Dicha jurisprudencia resulta ser de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto por el artículo 217, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, si bien en materia administrativa puede promoverse el amparo en forma inmediata sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal; lo cierto es que esa situación no acontece en el asunto que se analiza, puesto que, contrario a lo aseverado en la demanda de amparo, el provomente no se ubica en la excepción al principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XX, último párrafo, de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación: basta con imponerse de la lectura de la medida de seguridad decretada y del acta levantada con su ejecución para advertir que las autoridades responsables citaron los preceptos legales ahí plasmados. De ahí que existe pleno conocimiento de los fundamentos plasmados en los mencionados actos que le permiten impugnarlos, a través de los recursos o medios ordinarios de defensa. Además, dichos medios de impugnación se encuentran previstos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y no en reglamento. De modo que no se materializa diversa excepción al principio de definitividad. Finalmente, se toma en consideración que el promovente no es tercero extraño al procedimiento del que deriva el acto reclamado, pues tuvo conocimiento de la orden de visita emitida en el procedimiento iniciado por la autoridad responsable; lo anterior se desprende de las constancias que al efecto remitió la autoridad responsable director general de Fiscalización y Control, de esta ciudad, en específico de la orden de visita de inspección ejecutada el seis de julio de dos mil veintiuno (fojas 49 a 52 de autos), diligencia en la que se hizo del conocimiento al quejoso que debía presentarse a la audiencia de calificación, acompañado de su abogado o persona de confianza, en la que podría ofrecer pruebas y rendir alegatos, el día catorce de julio de dos mil veintiuno; a dicha audiencia el quejoso se presentó y manifestó: "[.] Soy propietario del establecimiento denominado "La Parrilla de Charly" ubicado en AV. Sion número 301 de la colonia Villa de las Flores de esta ciudad de León Guanajuato (sic) desde hace un año y con la venta de bebida alcohólica tengo seis meses, ya estoy tramitando el permiso del cual pague (sic) $ (sic) 20, 000 veinte mil pesos 00/100 M.N. al Sr. Cesar (sic) del cual desconozco su apellido, quien me vendido (sic) el permiso y está realizando los trámites de cambio de nombre por lo pronto le entregue (sic) comprobante de domicilio y comprobante de hacienda, el (sic) comenzó a realizar estos trámites desde hace cuatro meses pero no me ha dado respuesta, aún queda pendiente otro pago al termino de los tramites (sic); en este momento me están entregando los requisitos para ver si yo personalmente realizo mis propios tramites (sic) siendo todo lo que deseo manifestar [.]" De ahí que se evidencie que el quejoso tenía pleno conocimiento del procedimiento administrativo que le ha sido instaurado con motivo de la venta de alcohol en el establecimiento comercial destacado, sin contar con el permiso respectivo para ello. Asimismo, se destaca que el quejoso no acudió a esta instancia para controvertir la citada orden de visita de seis de julio de dos mil veintiuno, sino la medida de seguridad decretada el cuatro de noviembre pasado, respecto de la cual, se reitera, se encontraba obligado a agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo. En esa circunstancia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se impone sobreseer en el juicio. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 73, 74, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Informes justificados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense los informes justificados que rinden las autoridades responsables Director General de Fiscalización y Control e Inspectores adscritos a dicha dirección, ambas con sede en esta ciudad, y dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su especial naturaleza la documental que anexan, así como la presuncional en su doble aspecto; téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su ocurso y designando como delegados de su parte en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a los profesionistas que nombran en su libelo. Diferimiento. Del estado de autos se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta y tres minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo en que se actúa, por lo que, entre la fecha de presentación de los informes justificados de cuenta y la citada audiencia, no median los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la ley de la materia, a fin de que las partes se impongan del contenido de los mismos; en consecuencia y para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional y se fija como nueva fecha para su desahogo las once horas con treinta y tres minutos del catorce de enero de dos mil veintidós.

  3. Incidental

    Audiencia incidental.- ÚNICO. Se niega a Carlos Alberto López Carpio, la suspensión definitiva que solicitó contra los actos que reclamó de las autoridades responsables Director General de Fiscalización y Control, así como inspectores adscritos a dicha dirección, ambas con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en la presente resolución incidental.

  4. Principal

    Cumple requerimiento parte quejosa. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación. Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para los efectos legales de su representación, en términos del artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo. Se señalan las nueve horas con treinta y tres minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Por cuerda separada y duplicado tramítese el incidente de suspensión. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su especial naturaleza las documentales que anexa a su demanda de amparo. Se informa a las partes modelo de atención presencial basado en citas. A fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.

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