Carlos Alberto Magaña Hidalgo y Otros.
Expediente 1624/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1624/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Alberto Magaña Hidalgo y Otros.
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal de estos autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en este asunto. Por lo que, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHO ACUERDO para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Ello es así, pues si bien encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano, por lo cual debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de 2012; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes y el expediente carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto vigésimo primero referido. Por lo tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo
- Principal
Ténganse por recibidos los oficios de cuenta, remitidos por las autoridades adscritas al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz; en atención al contenido del primero de los oficios que se provee, se realiza el siguiente pronunciamiento: PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo en vigor, prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." De la interpretación del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo en vigor, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional o convencional, como si se hubiese concedido el amparo, o bien, se dejó de afectar la esfera jurídica del gobernado. HECHOS En el caso, cabe destacar que los actos reclamados los hizo consistir en: La omisión de proporcionar atención médica y dieta al quejoso en atención a sus padecimientos. De las constancias que en este acto se proveen, se advierte que el quejoso Carlos Alberto Magaña Hidalgo ha recibido atención médica efecto de preservar su salud respecto del padecimiento que tiene, entre los que se encuentran el informe de estado de salud que se lleva en aquel lugar (fojas 20 a 59). Dichas documentales gozan de pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tanto, se advierte que se ha brindado atención médica al quejoso en relación a sus padecimientos. Asimismo, por lo que respecta a la dieta que reclamó, la autoridad responsable informó que solo se proporciona a los internos de acuerdo a las indicaciones médicas que sean necesarias para los padecimientos que presente cada interno, sin que por el momento, el quejoso requiera de la misma. CONCLUSIÓN Por lo tanto, considerando que se ha brindado la atención médica que necesita el quejoso, se concluye respetuosamente que han cesado los efectos de los actos reclamados que imputa a las autoridades señaladas como responsables y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "No. Registro: 917,637 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Tesis: 103 Página: 81 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, comuníquese a las autoridades responsables que queda bajo su más estricta responsabilidad continuar con el suministro de atención médica y medicamentos al quejoso, por tratarse de un derecho humano. Por otra parte, en atención al segundo de los oficios de cuenta, estese a lo acordado en el proveído de seis de octubre del año en curso (foja 17), en el que se tuvo por inexistente, a la autoridad que la parte quejosa denominó como "Titular del Área de Nutrición del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco 'Oriente', con supuesta residencia en Villa Aldama, Veracruz".
- Principal
Analizada la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Magaña Hidalgo, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 37, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese con el número 1624/2015. SUSPENSIÓN DE PLANO En primer término, debido a que el acto reclamado en la demanda que se provee se hace consistir en la falta de proporcionar una dieta "hipercalorica" para mejorar la salud de la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de los quejosos, por lo que las autoridades responsables deberán hacer cesar de inmediato los actos reclamados, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, deberán proporcionar la atención médica que requiera la parte quejosa, hasta en tanto se resuelva este juicio de amparo. Se previene a las autoridades responsables para que informen a este juzgado en el término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales. Hágase saber a las autoridades que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito, conforme con lo que disponen los artículos 262 y 266, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se les reclama, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos a que haya lugar. Cabe destacar que si bien no todos los actos reclamados encuadran exactamente en las hipótesis del artículo 22 Constitucional, se considera procedente conceder la suspensión de plano, porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde con el principio Pro persona. INCIDENTE Sin tramitarse incidente de suspensión, debido a que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados a la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia, la que se fija objetivamente, atendiendo a la disponibilidad de audiencias que presenta la agenda. INFORME JUSTIFICADO Tomando en consideración que se están reclamando actos relacionados con los previstos en el artículo 22 Constitucional; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se solicita informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días. Dichos informes deberán ser rendidos con estricto apego a lo establecido por los artículos 117, párrafo tercero, 63 fracción IV, y 75, todos de la Ley de Amparo remitiendo a este juzgado: Copia certificada de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo. En orden. Completa y legible. Dada la naturaleza de los actos reclamados, en caso de que la autoridad responsable niegue la existencia de los mismos, deberá acompañar las constancias respectivas. Asimismo cuando las autoridades responsables adviertan que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causal de sobreseimiento, deberá informarlo, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acrediten, lo anterior con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo así, y con las copias, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento y su omisión entorpece el procedimiento, con fundamento en el artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica. CONSTANCIAS PARA RESOLVER Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a las autoridades responsables, para que al rendir su respectivo informe justificado remitan copia certificada legible y completa de las constancias de las que se advierta la dieta proporcionada al quejoso antes indicado así como de su estado de salud actual, en ese centro penitenciario; apercibidas que de no hacerlo en los términos señalados, con fundamento en la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días; asimismo, se hace de su conocimiento lo previsto por el artículo citado el cual establece una pena de tres a nueve años de prisión destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado, sin que se actualice alguno de los supuestos previstos por el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Se ordena efectuar las notificaciones que deriven de este juicio de manera personal en el Centro Federal de reclusión de la parte quejosa. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. NOTIFICACIONES AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo AUTORIDAD INEXISTENTE En términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar con precisión la denominación de las autoridades responsables, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que las autoridades que señaló como responsables no existan con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con éstas. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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