Carlos Alberto García Pérez
Expediente 1005/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Alberto García Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Del estado procesal que guardan estos autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto. Por otra parte, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que la sentencia con la cual concluyó este juicio CAUSÓ EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Ello es así, pues si bien encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano, por lo cual debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de 2012; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes y el expediente carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto vigésimo primero referido. Por lo tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Carlos Alberto García Pérez, por las autoridades mencionadas en el resultando único, respecto de los actos destacados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando quinto, entréguese copia autorizada del presente fallo a la parte que lo solicite. TERCERO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.
- Principal
Las autoridades responsables residentes en Villa Aldama, Veracruz, rinden su informe justificado; con sus contenidos y anexo que acompaña al primer oficio, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado, como lo solicitan, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a los profesionistas que señalan.
- Principal
De la diligencia de notificación personal efectuada el uno de octubre del año en curso, por la fedataria de la adscripción, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, se advierte que el quejoso Carlos Alberto García Pérez, cumplió con la prevención realizada en autos; por tal motivo, este órgano jurisdiccional emite el siguiente pronunciamiento. Analizada la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto García Pérez, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 35, 107, 108, 110, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE en sus términos, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. SUSPENSIÓN DE PLANO En el caso, se advierte que en proveído de treinta de septiembre del año en curso (fojas 26 a 29), se proveyó sobre la suspensión de plano de los actos reclamados por el quejoso, consistentes en la omisión de proporcionar atención médica especializada respecto de los padecimientos que aducía, así como una dieta especial en el centro de su reclusión, en el sentido de conceder esa medida cautelar. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión, debido a que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS para la celebración de la audiencia; la cual se fija objetivamente, atendiendo a la disponibilidad de fechas que presenta la agenda de audiencias. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de quince días, rindan su informe justificado, para lo cual se les envía copia simple del escrito de demanda. Dicho informe deberá ser rendido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, remitiendo a este juzgado: 1) Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando las autoridades adviertan que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo a este Juzgado de Distrito, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acrediten, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, se les impondrá una multa consistente en cincuenta unidades de medidas y actualización, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; ello como la mínima establecida por el legislador para sancionar el incumplimiento a las determinaciones de este órgano jurisdiccional, que podrá incrementarse, dependiendo del actuar de las autoridades requeridas. CONSTANCIAS PARA RESOLVER Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, remitan copia certificada legible y completa de las constancias relativas al expediente médico, medicamentos y dieta que le son proporcionados al quejoso en ese centro penitenciario, en relación con los padecimientos que aduce; apercibidas que de no hacerlo en los términos señalados, se les impondrá multa de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace de su conocimiento que la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo, establece una pena de tres a nueve años de prisión destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, se considera que en el caso no existe tercero interesado, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo. PRUEBAS Se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexó a su escrito de demanda, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Asimismo, respecto a las diversas pruebas que ofrece, resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto obren en autos los informes justificados de las autoridades responsables. NOTIFICACIONES MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este órgano jurisdiccional copia simple de la demanda. AUTORIDAD RESPONSABLE Mediante atentos oficios que al efecto se giren, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional se notifiquen a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, interpretado a contrario sensu y 29 de la Ley de Amparo, pues la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercera interesada; máxime que la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. La anterior medida tiende también a contribuir a la protección del medio ambiente, en términos del artículo 4° Constitucional, al evitar consumo de papel, tinta y energía eléctrica innecesariamente. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo cinco, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que los acuses de recibo relativos a acuerdos que no sean trascendentes, por ser de mero trámite, no deberán ser escaneados ni vinculados en el expediente electrónico, pero sí agregados en autos sin mayor pronunciamiento; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta y energía eléctrica empleados por este órgano jurisdiccional; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES Conforme con lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable, se hace del conocimiento del promovente que en caso de que las autoridades que señaló como responsables no existan con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes y suspendida toda comunicación oficial con éstas. Finalmente, del estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de cuatro de octubre del año en curso (foja 34), se reservó acordar lo conducente, respecto del contenido del oficio registrado en la Oficialía de Partes de este juzgado con el número 19420; por tal motivo, al ser el momento procesal oportuno, con fundamento en el artículo 108, fracción lll, de la Ley de Amparo, téngase por inexistente a la autoridad que la parte quejosa denominó como "Médico de Guardia adscrito al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco 'Oriente', con supuesta residencia en Villa Aldama, Veracruz", y suspéndase toda comunicación oficial con la misma.
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