Carlos Alberto Gonzalez Lopez
Expediente 1231/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1231/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carlos Alberto Gonzalez Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos se advierte que aún no obra el acuse de recibo de la pieza postal, con la que se acredite que se notificó el oficio 25915/2023 dirigido al Notario Público Número Dos de Xicotepec, Estado de Puebla, sin que a la fecha conste en autos la información requerida o en su caso, la pieza postal que acredite su recepción, la cual fue depositada ante la oficina de "correos de México" el tres de octubre de dos mil veintitrés, como se advierte de la siguiente imagen: Por ende, requiérase al Administrador Postal de Correos de esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contadas a partir del momento en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado sobre el tratamiento dado a la referida pieza postal relativa al oficio antes aludido. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. En esas condiciones, para dar tiempo a la recepción de éste, o en su caso, de la notificación correspondiente, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las diez horas del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el escrito de ***** ****** ***** *****, asesor jurídico federal representante especial de los menores hijos de iniciales ****** y ******, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos. En atención al contenido, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente en vía de alegatos; las que se hará relación en el momento procesal oportuno. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito signado por el quejoso Carlos Alberto Gonzalez Lopez, a través del cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos y adjunta diversas documentales. Cabe destacar que la promoción de cuenta se presentó ante este juzgado federal como constan en el sello de recepción a las trece horas con treinta y cuatro minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés. Sin embargo, no se pueden acordar de conformidad, en términos establecido en el artículo 144 de la Ley de Amparo, en virtud de que a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del pasado nueve de octubre de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia incidental, dicho lo anterior, deberá estarse a lo resuelto en torno a la suspensión definitiva. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1231/2023-II y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito de demanda ****************************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, de quien reclama la sentencia interlocutoria en la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de siete de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se ordenó, entre otras cosas, girar oficio al Departamento de orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos para que señalara día y hora para el verificativo de al menos seis sesiones de pláticas de sensibilización entre los niños de iniciales ******. y *******, el quejoso **************************** y la progenitora de los menores, así como las valoraciones psicológicas para determinar la viabilidad de decretar convivencias de los adolescentes involucrados con su progenitora, a fin de lograr se lleven a cabo convivencias entre los adolescentes y su progenitora, tal y como aquella lo solicitó; hecho lo anterior emita el informe correspondiente, en el expediente número 202/2017. II.- CERTEZA DEL ACTO. El Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, manifestó que es cierto el acto reclamado. III.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos del presente cuadernillo incidental relativo al juicio de amparo 1231/2023-II, se desprende que el Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, adjunto a su informe previo, copia certificada de la determinación de siete de junio de dos mil veintitrés, así como de la resolución de nueve de agosto del año en curso. A las cuales se otorga valor probatorio pleno, en virtud de haber sido expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones, con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Al no configurarse alguna hipótesis para el otorgamiento de la suspensión de oficio o de plano, se procede a examinar si en el caso concreto se configuran las exigencias que aluden los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, al abrirse esta incidencia a petición de parte, preceptos legales que establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I.- Que la solicite el quejoso; y II.- Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I.- Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II.- Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." De esta normatividad, se puede advertir que la suspensión se decretará cuando la solicite la parte quejosa y, además, que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En suma, se impone la obligación al juzgador de amparo que, una vez solicitada esta medida cautelar, se haga un análisis ponderando la apariencia del buen derecho, insistiendo en la no afectación del interés social. En este sentido la parte quejosa solicita la suspensión para que se paralice la ejecución del auto de siete de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se ordenó, entre otras cosas, girar oficio al Departamento de orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos para que señalara día y hora para el verificativo de al menos seis sesiones de pláticas de sensibilización entre los niños de iniciales B.G.E. y B.G.E., el quejoso Carlos Alberto González López y la progenitora de los menores, así como las valoraciones psicológicas para determinar la viabilidad de decretar convivencias de los adolescentes involucrados con su progenitora, a fin de lograr se lleven a cabo convivencias entre los adolescentes y su progenitora, tal y como aquella lo solicitó; hecho lo anterior emita el informe correspondiente, en el expediente número 202/2017. Entonces, tomando en cuenta la naturaleza jurídica y consecuencias legales del acto reclamado, se niega la suspensión definitiva que se solicita, debido a que debe prevalecer el interés superior del menor, como lo dispone el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos 3º, 9º, 19 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que se advierte que de conceder la suspensión del acto reclamado se afectarían los intereses del menor. Lo anterior es así, atendiendo a las siguientes consideraciones: Primeramente, se precisa que el artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. De igual forma, se precisa que el cuidado y protección de los menores, corresponde en manera original al padre y a la madre, quienes tienen la patria potestad para el cumplimiento del deber de educar y proteger a sus hijos menores de edad, no emancipados, que no es propiamente una potestad, sino una función propia de la paternidad y de la maternidad. En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que el quejoso, pretende que se paralice la ejecución del auto de siete de junio de dos mil veintitrés, esto es, no se verifiquen las seis sesiones -al menos- de pláticas de sensibilización entre los niños de iniciales B.G.E. y B.G.E., el quejoso Carlos Alberto González López y la progenitora de los menores, así como las valoraciones psicológicas para determinar la viabilidad de decretar convivencias de los adolescentes involucrados con su madre, a fin de lograr se lleven a cabo convivencias entre los adolescentes y su progenitora, tal y como aquella lo solicitó; hecho lo anterior emita el informe correspondiente, en el expediente número 202/2017. De lo anterior se destaca que el derecho de convivencia se encuentra dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el veintiséis de enero de mil novecientos noventa; aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio del propio año; y ratificado por el ejecutivo el diez de agosto de mil novecientos noventa, cuyos artículos 3, 9 y 12, determinan lo siguiente: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. Artículo 9. 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas. Artículo 12. 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional." Es pertinente precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige el sistema jurídico de nuestro país, establece diversas prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores. Así, el texto actual del artículo 4o. constitucional establece: "Artículo 4o. [...] Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. "Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. "El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. [...]". Encuentra apoyo en el principio rector la tesis IV.1o.C.112 C (9ª) de rubro "MENORES DE EDAD. EL DERECHO DE CONVIVIR CON SUS PROGENITORES DEBE PONDERARSE POR EL JUZGADOR EN TODOS LOS CASOS.". Bajo esa perspectiva, todo el potencial del niño y del joven dependerá de las condiciones y circunstancias en que se desarrolle dentro de su núcleo familiar y social, pues cuando se encuentre en disputa legal -como en el caso- la patria potestad, podría ocurrir que se niega el derecho del menor a encontrar afecto en el ambiente familiar y en el ámbito social en que se desenvuelve, y es ahí donde pueden generarse serias distorsiones en la personalidad, complejos, angustias, desinterés por su desarrollo y, en muchas ocasiones, por su vida; en pocas palabras, se le va clausurando la posibilidad de ser feliz. De lo antes establecido, es claro el derecho que tienen los hijos y los padres para convivir, sin más limitante o restricción a ese derecho que el interés superior de los propios menores, por lo que válidamente puede concluirse que el establecimiento de un régimen de convivencias equitativo, no sólo es un derecho de los menores y sus progenitores, sino también una obligación legal para la autoridad jurisdiccional, dado que se trata de una medida cuyo objetivo primordial es que el menor se identifique con el progenitor que no ejerce la guarda y custodia y se dé una relación entre ellos, en beneficio de un sano desarrollo físico, emocional y mental del menor, pues la falta de convivencia familiar puede acarrear serias consecuencias irreparables en este último, tanto de índole sociológico como psicológico. En apoya de los argumentos previos, se cita la jurisprudencia I.6o.C. J/49 (9ª) del rubro "MENORES DE EDAD. EL DERECHO DE VISITA Y CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL Y, EN CASO DE OPOSICIÓN, EL JUZGADOR RESOLVERÁ LO CONDUCENTE EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS.". Como se mencionó en párrafos que anteceden, por no reunirse en el caso específico el requisito exigido por el artículo 128, en su fracción II, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, respecto de las consecuencias legales de la determinación reclamada, toda vez que es una cuestión de orden público, además la sociedad está interesada en la protección y estabilidad personal y emocional de las niñas, niños y adolescentes, tal caso se logra a través del derecho de visita y convivencia con sus padres, como así fue decretado, y de ello se colige que con el otorgamiento de la medida suspensional se contravienen no solo disposiciones de orden público, como las contenidas en esta resolución, sino además se afectaría el resaltado interés de la sociedad con la protección y estabilidad personal y emocional del menor. Por tal motivo, atendiendo a la naturaleza jurídica y consecuencias legales del acto reclamado, procede negar la medida suspensiva que se solicita, debido a que debe prevalecer el interés de la sociedad en evitar poner en riesgo la salud física y emocional y el normal desarrollo de los menores, así como el interés superior de los adolescentes involucrados, tal y como lo dispone el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 3º, 9º, 19 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, que establecen: 1) Que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2) Que los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. 3) Que los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativa apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 4) Que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. La anterior consideración encuentra apoyo en la tesis 1a. CCCVII/2013 (10a.) de rubro: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR E PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.". La negativa de la suspensión no significa otorgar o conceder derecho alguno a favor de la tercera interesada Gabriela Enríquez Guerra, más bien que no se suspendan los efectos de la resolución interlocutoria de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Cuarto Familiar De Primera Instancia Del Primer Distrito Judicial Del Estado De Morelos, en los autos del expediente número 202/2017, por ende, las sesiones de pláticas de sensibilización entre los niños de iniciales B.G.E. y B.G.E., el quejoso Carlos Alberto González López y la madre de aquellos, así como las valoraciones psicológicas para determinar la viabilidad de decretar convivencias de los infantes involucrados en el juicio familiar de primer instancia, con su progenitora Gabriela Enríquez Guerra. Por las razones expresadas, sin prejuzgar sobre la legalidad de lo resuelto por el Juez responsable, pues ello constituirá materia del fondo del asunto del que deriva esta incidencia, por el momento, la suspensión debe negarse ya que con la paralización de las consecuencias del acto reclamado podría afectarse los intereses del menor, en contravención de disposiciones de orden público establecidas en el numeral 4° de la Carta Magna y la Convención de los Derechos del Niño. Cabe precisar que, como se mencionó, las anteriores consideraciones no prejuzgan sobre el fondo del asunto, pues la legalidad o no, de los actos reclamados en el amparo indirecto, serán motivo de estudio del fondo del asunto en el amparo principal. Bajo tales consideraciones, como se dijo, en atención al interés superior del menor, dadas las particularidades del asunto, y como en este caso, con la concesión de la suspensión sí se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público; con fundamento en los artículos 128 y 129, fracción VIII, de la Ley de Amparo, se debe negar la suspensión definitiva solicitada. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 204/2009 de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.". Sin soslayar las manifestaciones del quejoso relativas a que puede existir un riesgo en la estabilidad emocional de los menores ante las convivencias con su progenitora; sin embargo, dichas convivencias se verificaran a través del Departamento de orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; de ahí que, no se advierte riesgo de aquellos, y se pondera el reinicio de la relación entre los adolescentes involucrados y su madre biológica. Lo cual es un derecho de toda niña, niño o adolescente; por ende, se niega la medida cautelar solicitada Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ****************************, por propio derecho y en representación de sus hijos de iniciales ******* y ******* respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto cuarto de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Carlos Alberto Cervantes Islas1256/2021
- Carlos Alberto Flores Avalos390/2018
- Carlos Alberto Flores García1527/2021
- Carlos Alberto Gomez Sanchez1221/2015
- Carlos Alberto González López594/2019
- Carlos Alberto González López1010/2019
- Carlos Alberto Gonzalez Lopez1339/2023
- Carlos Alberto Granados Laredo703/2015
- Carlos Alberto Guizar Marquines2015/2013
- Carlos Alberto Martínez Delgado756/2015
- Carlos Alberto Mercado Vidal518/2017
- Carlos Alberto Molina Joaquin998/2020