Carlos Alberto González López

Expediente 594/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
594/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
30/09/2020

Partes del expediente

  • Carlos Alberto González López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y específicamente el contenido del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, en el que -con el objeto de dar continuidad y reanudar las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación- se establecen diversas acciones que deben llevar a cabo los órganos jurisdiccionales para la reanudación en el trámite y resolución de todos los asuntos radicados en este juzgado. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, con relación al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, en el entendido que conforme a la fracción I del artículo 2 del referido acuerdo, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Bajo esas circunstancias, agréguese a los autos el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 594/2019-II, un anexo y testimonio de la ejecutoria emitida en autos del recurso de revisión 334/2019, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: ".PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución sujeta a revisión. SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 594/2019, promovido por Carlos Alberto González López, por si y en representación de los menores B. y B., de apellidos G. E., por las razones expuestas en esta ejecutoria." En atención a lo resuelto, la sentencia definitiva dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído al Tribunal de Alzada, en vía de acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, así como el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO Por último, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, notifíquese el presente acuerdo a las partes, atendiendo a lo determinado en el auto admisorio de este asunto. Asimismo, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión, mismo que quedó radicado con el número 334/2019; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Bruno González Enríquez y Braulio González Enríquez, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el siete de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 594/2019-II, promovido por Carlos Alberto González López por propio derecho y en representación de sus menores hijos Bruno y Braulio, de apellidos González Enríquez; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado y recibido ese mismo día en este Juzgado de Distrito, Carlos Alberto González López por propio derecho y en representación de sus menores hijos Bruno y Braulio, de apellidos González Enríquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Previo desahogo de la prevención formulada, el trece de mayo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda promovida por Carlos Alberto González López por propio derecho y en representación de sus menores hijos Bruno y Braulio, de apellidos González Enríquez, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, se requirió al Instituto de la Defensoría Pública Federal Delegación Morelos para que designara un representante especial a los menores quejosos, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se inició en términos del acta de quince de julio de dos mil diecinueve (fojas 33 a 37). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a quien se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. En ese orden de ideas, se aprecia que el acto reclamado consiste en el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictado en el toca civil 150/19-4, mediante el cual se determinó no admitir las pruebas ofrecidas por la parte quejosa (Carlos Alberto González López). TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, toda vez que así lo manifestó su Magistrado Presidente al rendir su informe justificado (foja 57), y remitió copia certificada de las constancias que integran la toca civil 150/19-4, de las que se advierte el auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve (foja 69 del anexo I). Documentales que tienen pleno valor probatorio, de acuerdo a lo establecido en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que esgrime la quejosa, debe verificarse la procedencia de este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; pues de resultar acreditada alguna causa de improcedencia, advertida por el juzgador o mencionada por las partes, habría imposibilidad para examinar la constitucionalidad de los actos reclamados. En el particular, se estima que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; sin embargo, para arribar a dicha conclusión se estima pertinente señalar los antecedentes del acto reclamado. La parte quejosa en su escrito inicial de demanda manifestó, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, de los cuales cabe resaltar lo siguiente: 1. El diez de julio de dos mil diecisiete, se declaró procedente la solicitud de divorcio incausado externada por Gabriela Enríquez Guerra en contra de Carlos Alberto Gonzalez Lopez; por consiguiente, causó ejecutoria por ministerio de ley y se ordenó su ejecución en los términos ahí decretados (fojas 230 a 239, anexo I) 2. En el incidente de Guarda y Custodia y Alimentos definitivos relativo al Procedimiento Especial sobre Divorcio Incausado 202/17-3, promovido por Gabriela Enríquez Guerra por sí y en representación de sus menores hijos Bruno y Braulio, de apellidos González Enríquez, se dictó la resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se decretó la guarda y custodia definitiva de los menores quejosos, de manera compartida a sus progenitores en el domicilio en el que se encuentran habitando dichos padres. 3.- Inconforme con tal determinación el quejoso (Carlos Alberto González López) interpuso recurso de apelación, el cual quedó registrado bajo la toca civil 150/19-4, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. La Sala responsable al rendir su informe justificado remitió copia certificada del toca civil 150/19-4, de las que se advierte lo siguiente: 4. El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó turnar los autos para resolver en definitiva el presente recurso. (Foja 510 del anexo l) 5. Mediante escrito presentado ante la Sala responsable el veintitrés de abril de dos mil diecinueve y registrado bajo el folio 352, Carlos Alberto González López por propio derecho y en representación de sus menores hijos Bruno y Braulio, de apellidos González Enríquez, ofreció diversas pruebas documentales relativas a la carpeta de investigación SSC01/11710/2018 y solicitó fuesen decretadas las medidas provisionales solicitadas en favor de sus menores hijos. (Foja 1 a 68 del anexo l) 6. El veinticinco de abril siguiente, se dictó un auto en atención al escrito referido en párrafos que anteceden, en el que la responsable determinó no admitir las pruebas ofertadas en virtud de que el toca civil 150/2019-4 en el que se ventila el recurso de apelación interpuesto, no prevé una etapa probatoria de conformidad con el Código Procesal Familiar aplicable, específicamente en su artículo 587, siendo esta la determinación reclamada. (Foja 69 del anexo l). Sin que a la fecha el citado recurso de apelación, haya sido resuelto, al no obrar prueba en contrario en el presente juicio de amparo. Lo que se corrobora con las manifestaciones del propio quejoso vertidas bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda y las constancias que se anexaron al informe justificado que fueron valoradas en párrafos anteriores. Como se anticipó, de forma oficiosa, el suscrito juzgador federal advierte la actualización de una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; " Ahora bien, acorde a la regla de procedencia contenida en el citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede el juicio de amparo contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución, los cuales gozan de autonomía propia; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Igualmente, en los términos literales del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el amparo en el procedimiento de ejecución de sentencia, procede contra la última resolución en dicho procedimiento. Se precisa que por última resolución se entiende, aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la resolución definitiva, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 32/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." También, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en revisión 1211/97, sostuvo el criterio de que las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, sólo procederá el juicio de amparo hasta que se dicte una resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. No obstante, a lo anterior, atendiendo a la evolución de la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos emitidos en la fase procesal de ejecución de sentencia, se ha sostenido que éste no sólo procede contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, sino también cuando el acto reclamado afecte de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. Lo anterior, lo estimó así el Pleno del Máximo Tribunal del País, de modo que, cuando se reclamaran en vía de amparo indirecto, actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, y éstos pudieran afectar de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, podía aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio biinstancial. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página: 6, del siguiente rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Sin embargo, es necesario distinguir que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio, en dos etapas procesales distintas: una, respecto de actos dictados en la fase procesal de remate, y la otra, de actos dictados en la fase procesal de ejecución de sentencia, casos en los que únicamente la procedencia de esta vía de amparo se actualiza en contra de la "última resolución", lo que evidentemente no se configura, al tratarse de un acuerdo que no admitió pruebas dictado durante la tramitación de un recurso de apelación por un tribunal de segundo grado. Por otro lado, establecido qué se debe entender para la procedencia del juicio de amparo indirecto por "actos de imposible reparación", se arriba a la conclusión de que el auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, pronunciado por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dictado en la toca civil 150/19-4, en el que se ventila el recurso de apelación interpuesto contra la guarda y custodia definitiva de los menores (Bruno y Braulio de apellidos González Enríquez) derivado del juicio de divorcio incausado 202/2017-3, en el que se determinó no admitir las pruebas ofertadas por el quejoso (Carlos Alberto González López), no contiene esa característica para efectos de la procedencia de esta instancia constitucional. Así, tenemos que el acuerdo que se reclama, si bien se emitió durante el trámite de un medio ordinario de impugnación hecho valer durante la etapa ejecutiva del juicio de divorcio, éste no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del incidente de que se trata, habida cuenta que la admisión o negativa a recibir dichas pruebas no pueda estimarse condicionante para determinar el sentido en el que se resuelva el aludido recurso de apelación, pues ello aplicaría soslayar la libertad de jurisdicción con que cuenta el Tribunal de Alzada al hacerlo, además de las diversas disposiciones legales que lo regulen. Aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas; además, de que en el presente asunto, no se está ante un acto en los que se deje sin defensa a la parte quejosa, ni de los que le causen un perjuicio irreparable, en virtud de que el auto reclamado emana en un procedimiento judicial ante un órgano materialmente jurisdiccional en materia civil, tramitado una vez concluido el juicio de divorcio incausado de origen, en la medida que el acto reclamado precisamente se emitió durante el trámite de un recurso ordinario que se interpuso en dicha incidencia, sin haberse fallado en definitiva tal apelación. Además, con el acto reclamado no se está privando de un derecho, pues solamente se determinó no admitir las pruebas ofertadas en el toca civil 150/2019-4, en el que se ventila el recurso de apelación interpuesto, sin que por el momento existan elementos para concluir que dicha probanza condiciona el resultado de dicha incidencia, por lo que lo determinado de trascender sólo lo hace en un ámbito adjetivo y no sustantivo, no obstante que el aquí quejoso argumentara que con dicha prueba se acredita que la tercero interesada Gabriela Enríquez Guerra, no está en su totalidad dentro de su capacidad psicológica para salvaguardar los interés de los menores; pues dicho alegato puede ser apreciado al resolver en definitiva e incluso debería ser analizado por la Alzada de manera oficiosa al tratarse de un asunto relacionado con menores; teniendo en consecuencia, efectos puramente procedimentales y no el menoscabo de un derecho sustantivo, dado que el apelante pudiera tener un fallo favorable a sus intereses por parte del tribunal de alzada al dirimir ese recurso ordinario. Por tanto, toda vez que el juicio de amparo indirecto procede sólo contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado, como podrían ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera; resulta improcedente el que se promueve en contra de los actos que únicamente producen una afectación de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable aunque ésta constituya una determinación incidental, pues aún con ésta se concluye dicho procedimiento; pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllos sin vulnerar los derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución definitiva, sino en que, con motivo de esa resolución favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de dos mil catorce, con número de registro 2006338 de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Por consiguiente, el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en la que la Sala responsable determinó no admitir la pruebas ofertadas en el toca civil 150/2019-4 por el quejoso Carlos Alberto González López, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos del peticionario de amparo, pues lo resuelto no da pauta en automático a obtener una resolución incidental adversa a los intereses del quejoso de ahí que no revista el carácter indicado y no se está ante la excepción que estableció el Pleno del Máximo Tribunal del País, concerniente al artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, constituida en el artículo 107 fracción V de la Ley de la materia vigente, para estimar procedente el juicio de amparo intentado al no constituir un acto que afecte de manera real y actual derechos sustantivos del impetrante, ni ante la última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y tampoco hay alguna determinación que declare cumplida la sentencia. Esto al margen de los diversos argumentos que expusiera la responsable en torno a la improcedencia del medio ordinario de impugnación hecho valer; cuenta habida que como se indicó el acto reclamado adolece de las características constitucionales requeridas para ser controvertido en vía de amparo, pues éste no produce una afectación real y actual a su esfera de derechos, pues no constituyó un rechazo en definitiva a la pretensión incidental formulada. Sin que se soslaye la procedencia del amparo indirecto contra las violaciones que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los el Estado sea parte; empero, como se dijo el acto reclamado forma parte del procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio de origen, además de que no se está privando de un derecho, pues se reitera soló determino no admitir las pruebas ofertadas por el quejoso bajo el argumento de no contemplarse una etapa probatoria en apelación, sin que por el momento existan elementos para concluir que dicha probanza condiciona el resultado del recurso de apelación que se interpuso en el incidente sobre guarda y custodia definitiva de los menores (Bruno y Braulio de apellidos González Enríquez), por tanto, no resulta aplicable lo pretendido por el impetrante. En conclusión, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo respecto del acto y autoridad referida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV (aplicado contrario sensu) y 63 fracción V, de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por Carlos Alberto González López por propio derecho y en representación de sus menores hijos Bruno y Braulio, de apellidos González Enríquez, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy siete de agosto de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano