Carlos Alberto Girón Remigio

Expediente 141/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
141/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
30/05/2017

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Girón Remigio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; treinta de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de tres de mayo de dos mil dieciséis, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de mayo de dos mil diecisiete. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto *******, promovido por *******. C O N S I D E R A N D O Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, turnado en misma fecha a este juzgado, ******* demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, en esta ciudad, y otra autoridad, de quienes reclamó la negativa de proporcionarle atención médica, pues requería de una operación en el pie izquierdo, toda vez que el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se fracturó la tibia del pie realizando sus actividades deportivas, y el Titular de dicho Centro Penitenciario le informó que tenían que realizarle una operación, sin que a la fecha en que presentó su demanda se le hubiere practicado. Concesión de amparo. Mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo e integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el treinta de marzo de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se determinó lo siguiente: [.]lo procedente es otorgar la protección y amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, en contra de los actos analizados en el presente Considerando para los efectos que se precisan a continuación. Dentro del ámbito de sus atribuciones, proveerán que de inmediato el quejoso *******, sea valorado por un especialista conforme a lo destacado en esta sentencia (posible fractura de tobillo), tal y como lo indicó el médico tratante; y en caso de ser procedente, se realice la cirugía que requiere; En el caso en particular y, en virtud de que se involucra el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar bajo su estricta responsabilidad, las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde puedan realizarle dicho procedimiento. Lo anterior, a fin de que el amparista tenga una mejor calidad de vida y sin perjuicio de que conforme a una nueva valoración médica, se determine que a la fecha en que esto se resuelve, la aplicación de esos tratamientos conlleve a una afectación a su actual estado de estado de salud, dada la temporalidad transcurrida entre la presentación de la demanda y la emisión del presente fallo. [.] Determinación por la que causa ejecutoria la sentencia y la emitida por la Autoridad. Por auto de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, al no haberse interpuesto recurso de revisión contra la aludida sentencia, ésta causó ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables, quienes mediante oficios recibidos en este Juzgado el veinticuatro del citado mes y año, informaron que el veintidós de marzo del año en curso, al quejoso *******, le fue practicada la cirugía con motivo de la fractura de la cual adolecía, otorgándole el medicamento farmacológico para la misma; para lo cual anexaron copia certificada de dicha valoración y de la nota médica de atención al quejoso. Documentales a las que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2. Vista a las partes. En proveído de veinticinco de abril del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa, con la determinación dictada por las responsables, para que dentro del término de tres días manifestará lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a *******, y lo resuelto por la autoridad responsable, se colige que esta última dio cumplimiento a la ejecutoria federal, porque el veintidós de marzo del año en curso, al quejoso le fue practicada la cirugía con motivo de la fractura de la cual adolecía, otorgándole el medicamento farmacológico para la misma, tal y como como le fue ordenado en la sentencia de amparo. Por lo que, al no haber hecho manifestación alguna el quejoso, y conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgador advierte que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó al impetrante el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto ******* ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, haciéndoles saber que en caso de no estar conformes con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a las Autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia que concedió el amparo solicitado por *******, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Asimismo, de autos se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: [.]lo procedente es otorgar la protección y amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, en contra de los actos analizados en el presente Considerando para los efectos que se precisan a continuación. Dentro del ámbito de sus atribuciones, proveerán que de inmediato el quejoso *******, sea valorado por un especialista conforme a lo destacado en esta sentencia (posible fractura de tobillo), tal y como lo indicó el médico tratante; y en caso de ser procedente, se realice la cirugía que requiere; En el caso en particular y, en virtud de que se involucra el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar bajo su estricta responsabilidad, las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde puedan realizarle dicho procedimiento. Lo anterior, a fin de que el amparista tenga una mejor calidad de vida y sin perjuicio de que conforme a una nueva valoración médica, se determine que a la fecha en que esto se resuelve, la aplicación de esos tratamientos conlleve a una afectación a su actual estado de estado de salud, dada la temporalidad transcurrida entre la presentación de la demanda y la emisión del presente fallo. [.] En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", Titular del Área Médica de dicho Centro Penitenciario, ambos en esta ciudad, así como al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en la ciudad de México, en su calidad de superior jerárquico, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificados de este proveído, ordene se dé cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informen a este juzgador, lo que deberán acreditar con las constancias respectivas. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, Octava Época, visible en la página 554, XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. ESTÁN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCIÓN, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución. En acatamiento a lo anterior, deberán informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que hayan realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, es decir, se les impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cantidad que asciende a $******* y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior." Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de marzo de dos mil diecisiete. Visto para resolver el juicio de amparo *******, promovido por *******; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, turnado en misma fecha a este juzgado, ******* demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, en esta ciudad, y otra autoridad, de quienes reclama: la negativa de proporcionarle atención médica, pues requiere una operación en el pie izquierdo, toda vez que el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se fracturó la tibia del pie realizando sus actividades deportivas, y el Titular de dicho Centro Penitenciario le informó que tenían que realizarle una operación, sin que a la fecha se le haya practicado. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados el contenido en el artículo 1, 4, 8 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el juicio el amparo *******, se solicitaron los informes con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una omisión proveniente de autoridad administrativa, que ejerce sus funciones dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se realiza la fijación de los actos reclamados. Del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama la negativa de proporcionarle atención médica, pues en valoración médica de veintiuno de febrero del año en curso, el médico tratante diagnóstico la probable fractura antigua de tobillo izquierdo. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes con justificación, las autoridades responsables manifestaron que no es cierto el acto reclamado por la parte quejosa; pues si bien en la valoración médica de veintiuno de febrero del año en curso, el médico tratante diagnosticó al quejoso *******, con probable fractura antigua de tobillo izquierdo, en condición estable; también lo es que le prescribió tratamiento de una tableta de meloxicam 15 mg cada veinticuatro horas por treinta días y diclofenaco gel una vez al día por treinta días y venda de diez centímetros por sesenta días; además, que se tenía fecha señalada para que el quejoso sea valorado por un especialista en el hospital general de esta localidad (dos de marzo de dos mil diecisiete). Asimismo, de la copia del oficio que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en la ciudad de México, envió al Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", en esta ciudad, se tiene que el tres de marzo de dos mil diecisiete, autorizó el egreso temporal del aquí quejoso *******, para ser trasladado a las instalaciones del Hospital General en esta ciudad, con la finalidad de realizarle un cirugía de tobillo Sin embargo, de la constancia de notificación al quejoso el veintiuno de marzo del año en curso, en la cual el quejoso manifestó que no le fue realizada la cirugía; sin que a la fecha las Responsables hubieren informado algo al respecto, por lo que, continúa la negativa de las autoridades de realizar la cirugía de tobillo, reclamada por el quejoso. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinado todo lo anterior y toda vez que no se advierte que exista diverso motivo de improcedencia que hagan valer las partes, o que el que suscribe advierta de oficio, se procede al estudio de los motivos de inconformidad que adujo el quejoso, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la Ley de la materia no establece como obligación para el juzgador que se transcriban a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, ya que tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, se estudian y se les da respuesta vinculada a los planteamientos de ilegalidad o inconstitucionalidad efectivamente planteados. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa, son sustancialmente fundados, aunque para ello deba suplirse la queja deficiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 fracción III, inciso a) y último párrafo de la Ley de Amparo vigente, sin que resulte necesaria su transcripción para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia que rigen toda determinación jurisdiccional. Se cita como apoyo en lo conducente la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, registro 164618, visible en la página ochocientos treinta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, materia común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Así, atendiendo a la causa de pedir, se obtiene que la parte quejosa, en esencia, se duele, de que, con el actuar de la autoridad responsable, se vulnera el derecho fundamental de acceso a la salud, el cual se ve trastocado ante la eventualidad de que no se le proporciona una atención médica adecuada. Ahora bien, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone: 4. El Varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución (.)". Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, en su precepto 5, Punto 1, establece: 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derechos a que se respete su integridad física, psíquica y moral." (.)". Debe destacarse también, lo dispuesto por el ordinal 25, punto número 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, que estableció: 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad...". Así, de lo dispuesto en el artículo 4 Constitucional, interpretado de conformidad con los instrumentos internacionales recién destacados, se obtiene que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, cuya finalidad es la de garantizar, por una parte, el disfrute de servicios de salud y asistencia médica a fin de que se avale esa prerrogativa elevada al rango de derecho humano. Es aplicable al respecto, el criterio asilado sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado con el número de tesis LXV/2008, en la página 457, Tomo XXVIII, Julio de dos mil ocho, Materias Constitucional, Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". A mayor abundamiento, el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho fundamental a la protección de la salud, mientras que el Organismo de las Naciones Unidas especializado en la materia, ha definido la salud como un "estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de la salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo...". De ahí que, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. Sin que resulte obstáculo alguno la condición de internamiento que guarda la parte quejosa, en el centro penitenciario, habida cuenta que del dispositivo 18, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compatible con el numeral 10, punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta), se obtiene el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada de manera humana, y con el debido respecto a la dignidad. Al respecto, tales disposiciones establecen: 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves. Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley". 10. 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano." Lo expuesto, en síntesis obliga a las autoridades responsables encargadas de la reinserción social de los internos, a prestar un servicio médico básico, que cumpla con las exigencias de los derechos humanos que se protegen a través de los dispositivos apuntados, es decir, es menester atender a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad establecidas en el artículo 1 de la Constitución Federal. En la inteligencia que los referidos derechos obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, que no niegan la posibilidad de verse expandidos por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinan la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deben reconocerse a favor de las personas, para que de ese modo, se dé cumplimiento al mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos dentro del marco normativo antes mencionado. Se cita como apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis aislada IV.2o.A.15 K (10a.), con número de registro 2003881, visible en la página mil doscientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2, Materia Constitucional, Décima Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, del rubro y texto siguientes: PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente (indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). De esta guisa, los referidos principios representan criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales, porque conducen a su realización y observancia plena e inmejorable a favor del individuo, al orientar el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, lo cual se refleja al ejercer el control constitucional, en el sentido de que el respeto y restauración de los indicados derechos son una tarea no sólo de la jurisdicción federal, sino también de la ordinaria en el conocimiento de los asuntos de su competencia.". En ese contexto, las autoridades carcelarias deben atender a las necesidades médicas que se requieran, tomando como base los lineamientos que establece el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, el cual, en lo relativo a la protección a la salud, dispone: 49. Los servicios médicos del Centro Federal tendrán por objeto velar por la salud física y mental de los internos. El Titular del Área de Servicios Médicos realizará campañas permanentes para la prevención y erradicación de enfermedades y la planificación familiar, y proporcionará a los internos la atención necesaria. El Área de Servicios Médicos deberá contar, al menos, con los insumos del cuadro básico de medicamentos de la Secretaría de Salud. 50. La atención médica de los internos se realizará en las instalaciones del Centro Federal por personal dependiente del Área de Servicios Médicos. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, previo dictamen del Área de Servicios Médicos del Centro Federal, podrá autorizar por escrito: I. El acceso de médicos de instituciones públicas del sector salud a las instalaciones del Centro Federal para que brinden atención médica a los internos. Esta autorización podrá otorgarla el Director General bajo su más estricta responsabilidad, o II. El traslado de internos a instituciones públicas del sector salud para su atención médica. Esta autorización únicamente podrá otorgarla el Comisionado o el Coordinador General en su ausencia. El Director General deberá notificar de inmediato al Coordinador General los casos a que se refiere la fracción I de este artículo. Tratándose de procesados, también deberá informar por escrito a la autoridad judicial que tenga a su cargo el proceso. 51. El Comisionado celebrará convenios con instituciones públicas del sector salud para los casos a que se refiere el artículo anterior, así como para el desarrollo de acciones y de programas específicos. 52. El traslado de un interno a una institución pública del sector salud, así como su custodia durante su internamiento en ésta, se realizará bajo la más estricta responsabilidad del Director General, quien para tal efecto podrá solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad pública. 53. La intervención de médicos particulares sólo procederá en casos graves cuando las instituciones públicas del sector salud con las que se haya celebrado convenio, manifiesten su incapacidad para otorgar el servicio. Para ello, se requerirá de la autorización por escrito del Director General previo dictamen del Área de Servicios Médicos, quien deberá informar de inmediato al Coordinador General. Los gastos y honorarios derivados de la intervención correrán a cargo del interno y la responsabilidad profesional corresponderá al médico particular. De la interpretación de los dispositivos legales supracitados, se advierte que los servicios médicos de los Centros Federales de Readaptación Social, deberán ser suficientes para atender toda clase de necesidades de salud, proporcionando la atención médica en sus instalaciones y, de primera mano, con el personal de la propia institución. Asimismo, que existen convenios celebrados por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social con instituciones públicas del sector salud en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, así como para el desarrollo de acciones y de programas específicos. Además, que los internos podrán ser atendidos por médicos particulares en casos graves cuando las instituciones públicas del sector salud con las que se haya celebrado convenio manifiesten su incapacidad para otorgar el servicio, previa autorización por escrito del Director General del Centro de Readaptación Social y previo dictamen del Área de Servicios Médicos, quien deberá informar de inmediato al Coordinador General de Centros Federales. También, se advierte que el citado Reglamento prevé aún los supuestos en que el Centro Penitenciario no cuente con la capacidad para atender a los internos, caso en el cual se acudirá a las instituciones públicas y más aún, que ante la incapacidad de éstas para otorgar el servicio, pueden ser atendidos por médicos particulares o trasladados a instituciones públicas, previa la satisfacción de los requisitos que el propio reglamento enuncia. Así, al involucrarse el derecho humano a la salud, las autoridades penitenciarias deben realizar las gestiones pertinentes para que las personas que guardan reclusión sean atendidos en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde puedan recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a sus padecimientos. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia VII.2º.P. J/2 (10ª.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 1966, del Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, Décima Época y número de registro 2011012, del rubro y texto: DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO. El marco normativo que integran los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos respectivos, el estado de salud de aquél, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que necesite, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere qué medida es más conveniente para brindar al quejoso el trato médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento. Ahora bien, por una parte en la demanda de amparo, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, la negativa de proporcionarle atención médica, pues requiere una operación en el pie izquierdo, toda vez que el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se fracturó la tibia del pie realizando sus actividades deportivas, y el Titular de dicho Centro Penitenciario le informó que tenían que realizarle una operación, sin que a la fecha se le haya practicado. Por otra parte, las Responsables al rendir sus informes justificados, manifestaron que en la valoración médica de veintiuno de febrero del año en curso, el médico tratante diagnosticó al quejoso *******, con probable fractura antigua de tobillo izquierdo, en condición estable; así como que le fue prescrito tratamiento de una tableta de meloxicam 15 mg cada veinticuatro horas por treinta días y diclofenaco gel una vez al día por treinta días y venda de diez centímetros por sesenta días; además, que se tenía fecha señalada para que el quejoso sea valorado por un especialista en el hospital general de esta localidad (dos de marzo de dos mil diecisiete). Asimismo, de la copia del oficio que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en la ciudad de México, envió al Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", en esta ciudad, se tiene que el tres de marzo de dos mil diecisiete, autorizó el egreso temporal del aquí quejoso *******, para ser trasladado a las instalaciones del Hospital General en esta ciudad, con la finalidad de realizarle un cirugía de tobillo, lo que hace presumir de manera fundada que aquél fue valorado por el especialista; sin embargo, la misma no se llevó a cabo, y las responsables, no informaron a este Juzgado, los motivos, o en su caso, si la misma fue reprogramada. Entonces se concluye que la autoridad responsable no ha satisfecho el derecho a la salud que asiste al quejoso, pues las autoridades responsables, no han cumplido con su deber de que se le realice la cirugía de tobillo que necesita el accionante del amparo. De esta manera, la actitud omisiva de las autoridades responsables en atender los postulados de los dispositivos citados, puede agravar el avance de los padecimientos médicos que presentó el interno ahora quejoso, lo que se traduce en una directa afectación a su salud sin justificación alguna, haciendo nugatorios el derecho a la salud de los internos. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis VI.2o.37 P , con número de registro IUS 203666 , sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página quinientos setenta y cuatro del Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia penal, que establece: SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si conforme a lo establecido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la protección de su salud y acceso a los servicios correspondientes, el quejoso tiene tal derecho, lo que se traduce en recibir el tratamiento requerido. Luego, con el hecho de que el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, no proporcione la atención médica a un procesado y niegue su traslado a un hospital especializado, es inconcuso que viola esa garantía individual consagrada en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución General de la República". Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 136/2008, con número de registro IUS 168549 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página sesenta y uno del Tomo XXVIII, Octubre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, Administrativa, que sostiene: SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar la protección y amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, en contra de los actos analizados en el presente Considerando para los efectos que se precisan a continuación. Dentro del ámbito de sus atribuciones, proveerán que de inmediato el quejoso *******, sea valorado por un especialista conforme a lo destacado en esta sentencia (posible fractura de tobillo), tal y como lo indicó el médico tratante; y en caso de ser procedente, se realice la cirugía que requiere; En el caso en particular y, en virtud de que se involucra el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar bajo su estricta responsabilidad, las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde puedan realizarle dicho procedimiento. Lo anterior, a fin de que el amparista tenga una mejor calidad de vida y sin perjuicio de que conforme a una nueva valoración médica, se determine que a la fecha en que esto se resuelve, la aplicación de esos tratamientos conlleve a una afectación a su actual estado de estado de salud, dada la temporalidad transcurrida entre la presentación de la demanda y la emisión del presente fallo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 117, 119 y 124, de la Ley de Amparo vigente, se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a *******, respecto al acto reclamado y autoridades responsables precisadas en el considerando tercero, para los efectos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese; y, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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