Carlos Alberto Contreras Robles
Expediente 857/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 857/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Alberto Contreras Robles
- Juez Primero de Ejecucion de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Visto el oficio *******, y anexo que remite la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez, por medio del cual anexa el testimonio de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez, en los autos del juicio de amparo en revisión penal ******* del índice del tribunal oficiante, asimismo, remite los autos originales del juicio de amparo *******, promovido por *******; ejecutoria que de su parte resolutiva se advierte: PRIMERO. Se Confirma la Resolución recurrida SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, contra el acto que reclamó del Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, Encargado de la Fiscalía en Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales Zona Norte y al Director del Centro de Reinserción Social Estatal No. 3, todos con residencia de esta ciudad, consistente en el acuerdo de catorce de abril de dos mil quince, y su ejecución. Acúsese recibo, agréguese el cuadernillo de antecedentes, el original del incidente de suspensión y, en su oportunidad envíese el juicio al archivo definitivo. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto VIGÉSIMO, del invocado Acuerdo General 1/2009. Para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción II del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra del proveído emitido el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, mediante el cual se sobreseyó el presente juicio. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 87 y 89 de la Ley de Amparo vigente, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto del proveído emitido el veintiocho de enero del año en curso, como del recurso de revisión, remítanse dentro del plazo de tres días al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios de la autoridad recurrente y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al citado Tribunal, para la substanciación del recurso hechos valer. Por último, toda vez que el Juez de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, no anexó a su informe justificado la constancia de emplazamiento al presente juicio, del Agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal **********, tal y como se le requirió en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil quince, por ende, se le requiere para que dentro del término de tres días, lo remita a este órgano jurisdiccional, asimismo deberá notificarle el auto de veintiocho de enero del año en curso, y el recurso de revisión presentado por el quejoso, debiendo remitir la constancia que así lo acredite. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, entregándoles copia del escrito de agravios, formulados por el quejoso. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de enero de dos mil dieciséis. Glósese a los autos el oficio y anexo enviados por parte de la autoridad responsable, Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de veintiuno del actual, y al efecto, informa que por oficio ***************, de quince de abril de dos mil quince, ordenó que se excarcelara al quejoso ***************, con el propósito de hacerle entrega del oficio que contenía la transcripción del acuerdo que constituye el acto reclamado de referencia. Lo informado por la autoridad responsable actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable, que amerita sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Para evidenciar este aserto, es oportuno precisar que de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el veintidós de diciembre de dos mil quince y turnado a este órgano el mismo día, *************** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional de este Distrito Judicial Bravos y otras autoridades, a quienes les reclamó la emisión del acuerdo de catorce de abril de dos mil quince, en el que se le negó a declarar la prescripción de la acción penal y de la prescripción de la ejecución de la pena que se decretaron en su contra y su respectiva ejecución. Por acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite y se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 857/2015-II; se solicitó a las autoridades responsable sus informes justificados; se ordenó el emplazamiento al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Al rendir su informe justificado el Encargado del Juzgado Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional por Ministerio de Ley del Distrito Judicial Bravos aceptó la existencia del acto reclamado por el quejoso y afirmó que el catorce de abril de dos mil quince se recibió el oficio ********** signado por la licenciada ***************, Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, por medio del cual remitió copia certificada de la sentencia condenatoria dictada en Procedimiento Abreviado el trece de febrero de dos mil quince, en la causa penal ***************, en contra del quejoso ***************, y otros, por el delito de Robo Calificado, cometido en perjuicio de la moral ***************, sin que hubiere anexado la constancia de notificación de dicha resolución al quejoso, por lo que por auto de veintiuno del actual se le requirió a fin de que remitiera dicha documental. En cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado, mediante oficio que se recibe en esta data, el Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos informa que mediante oficio ***************, de quince de abril de dos mil quince, ordenó al Director del Centro de Reinserción Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad, la excarcelación del ahora quejoso, ***************, para que en esa data fuera trasladado a las instalaciones de ese Juzgado, con el propósito de notificarle el acuerdo que constituye el acto reclamado, lo cual ocurrió el quince de abril siguiente, como consta en el oficio que se libró para tal efecto, que contiene la determinación impugnada, así como la razón de recibo estampada por el ahora quejoso, al calce de la primera hoja del mismo, que fue remitida en copia certificada. Esta narrativa de antecedentes revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: 17. el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezara a contar 1. Al día siguiente en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2. Al día siguiente al que tuvo conocimiento el quejoso o 3. se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, el quejoso reclama lo que jurídicamente se trata de la negativa a declarar la prescripción de la acción penal y de la prescripción de la ejecución de la pena resuelta en el acuerdo de catorce de abril de dos mil quince, del cual tuvo conocimiento el quince de abril de dos mil quince; por ende, su demanda de amparo es extemporánea. En efecto, lo narrado en la documental enviada por el Juez Responsable revela que el quejoso fue excarcelado el quince de abril de dos mil quince, a fin de notificarle el oficio ***************, que contenía la resolución emitida por el Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, el catorce del citado mes y año, que constituye el acto reclamado en el presente juicio, lo cual revela que desde aquella época conoció del contenido íntegro de la determinación que tilda de inconstitucional en este juicio. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues el promovente tuvo conocimiento del acto que reclama el quince de abril de dos mil quince, por lo tanto, fue a partir del día hábil siguiente, esto es, el dieciséis del citado mes y año, en que inició el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto y concluyó el siete de mayo de dos mil quince, sin contar los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de abril, así como el uno, dos y tres de mayo, por tratarse de días no laborables. En ese sentido, si la demanda de amparo fue entregada en la Oficialía de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintidós de diciembre de dos mil quince, su presentación resulta extemporánea, pues a esa data ya había transcurrido el plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor. Sin que se advierta que el referido acto reclamado, se ubica dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta minutos del once de febrero de dos mil dieciséis. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de enero de dos mil dieciséis. Glósese a los autos el oficio y anexo enviados por parte de la autoridad responsable, Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de veintiuno del actual, y al efecto, informa que por oficio ***************, de quince de abril de dos mil quince, ordenó que se excarcelara al quejoso ***************, con el propósito de hacerle entrega del oficio que contenía la transcripción del acuerdo que constituye el acto reclamado de referencia. Lo informado por la autoridad responsable actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable, que amerita sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Para evidenciar este aserto, es oportuno precisar que de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el veintidós de diciembre de dos mil quince y turnado a este órgano el mismo día, *************** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional de este Distrito Judicial Bravos y otras autoridades, a quienes les reclamó la emisión del acuerdo de catorce de abril de dos mil quince, en el que se le negó a declarar la prescripción de la acción penal y de la prescripción de la ejecución de la pena que se decretaron en su contra y su respectiva ejecución. Por acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite y se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 857/2015-II; se solicitó a las autoridades responsable sus informes justificados; se ordenó el emplazamiento al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Al rendir su informe justificado el Encargado del Juzgado Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional por Ministerio de Ley del Distrito Judicial Bravos aceptó la existencia del acto reclamado por el quejoso y afirmó que el catorce de abril de dos mil quince se recibió el oficio ********** signado por la licenciada ***************, Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, por medio del cual remitió copia certificada de la sentencia condenatoria dictada en Procedimiento Abreviado el trece de febrero de dos mil quince, en la causa penal ***************, en contra del quejoso ***************, y otros, por el delito de Robo Calificado, cometido en perjuicio de la moral ***************, sin que hubiere anexado la constancia de notificación de dicha resolución al quejoso, por lo que por auto de veintiuno del actual se le requirió a fin de que remitiera dicha documental. En cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado, mediante oficio que se recibe en esta data, el Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos informa que mediante oficio ***************, de quince de abril de dos mil quince, ordenó al Director del Centro de Reinserción Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad, la excarcelación del ahora quejoso, ***************, para que en esa data fuera trasladado a las instalaciones de ese Juzgado, con el propósito de notificarle el acuerdo que constituye el acto reclamado, lo cual ocurrió el quince de abril siguiente, como consta en el oficio que se libró para tal efecto, que contiene la determinación impugnada, así como la razón de recibo estampada por el ahora quejoso, al calce de la primera hoja del mismo, que fue remitida en copia certificada. Esta narrativa de antecedentes revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: 17. el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezara a contar 1. Al día siguiente en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2. Al día siguiente al que tuvo conocimiento el quejoso o 3. se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, el quejoso reclama lo que jurídicamente se trata de la negativa a declarar la prescripción de la acción penal y de la prescripción de la ejecución de la pena resuelta en el acuerdo de catorce de abril de dos mil quince, del cual tuvo conocimiento el quince de abril de dos mil quince; por ende, su demanda de amparo es extemporánea. En efecto, lo narrado en la documental enviada por el Juez Responsable revela que el quejoso fue excarcelado el quince de abril de dos mil quince, a fin de notificarle el oficio ***************, que contenía la resolución emitida por el Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, el catorce del citado mes y año, que constituye el acto reclamado en el presente juicio, lo cual revela que desde aquella época conoció del contenido íntegro de la determinación que tilda de inconstitucional en este juicio. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues el promovente tuvo conocimiento del acto que reclama el quince de abril de dos mil quince, por lo tanto, fue a partir del día hábil siguiente, esto es, el dieciséis del citado mes y año, en que inició el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto y concluyó el siete de mayo de dos mil quince, sin contar los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de abril, así como el uno, dos y tres de mayo, por tratarse de días no laborables. En ese sentido, si la demanda de amparo fue entregada en la Oficialía de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintidós de diciembre de dos mil quince, su presentación resulta extemporánea, pues a esa data ya había transcurrido el plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor. Sin que se advierta que el referido acto reclamado, se ubica dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta minutos del once de febrero de dos mil dieciséis. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
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