Carlos Alberto Feal Rosello

Expediente 507/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
507/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Feal Rosello

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Juez Primero de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunica que recibió los autos originales del juicio de amparo 507/2022-I, del índice de este juzgado, el cual ha quedado registrado bajo el consecutivo 681/2022-VIII, de su índice. Asimismo, refiere que el juicio de amparo 507/2022-I, guarda estrecha relación con el juicio de amparo 607/2022, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en la Laguna, con residencia en esa ciudad, por lo que remitió los autos originales del juicio de amparo 507/2022-I, del índice de este juzgado, a dicho Juzgado Quinto de Distrito en la Laguna, con residencia en esa ciudad, para lo que tenga a bien determinar respecto de si acepta o no el conocimiento del referido juicio de amparo. Recepción oficio. Glósese el oficio signado por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Coahuila, mediante el cual designa representante especial del menor de edad identificado con la iniciales L.A.F.O.; en atención a su contenido resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se conozca quien acepta la competencia para conocer del presente asunto.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE 28 DE ABRIL DE 2022 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Agréguese el oficio 124/2022-B, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en atención a su contenido se provee: Téngase por recibido el testimonio de la ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, pronunciada por el citado tribunal, en el toca en revisión administrativo 305/2021. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes y, notifíquese a las partes y a las autoridades responsables mediante atento oficio que se le gire, haciendo de su conocimiento que de los puntos resolutivos de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta se advierte lo siguiente: PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, en relación con los actos reclamados al Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en el refrendo y publicación del numeral 200, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. SEGUNDO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, carece de competencia legal para resolver sobre la constitucionalidad del artículo 200, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. TERCERO. Se deja a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo que tenga a bien determinar en relación con el presente asunto. CUARTO. Remítanse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los autos del recurso de revisión administrativo 305/2021 y el expediente relativo al juicio de amparo indirecto 441/2020-VIII del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. Tribunal informa. En tal virtud, esta autoridad queda enterada que el tribunal oficiante remitió los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de que se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente."

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo del Ramo Familiar de esta ciudad, mediante el cual informa que en atención a su excusa planteada para conocer del expediente 693/2020, quien conocerá de dicho expediente será el Juzgado Cuarto del Ramo Familiar de esta ciudad, sin que sea necesario proveer al respecto, toda vez que en proveído de diecinueve de abril de este año, se acordó lo conducente.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Armando Benjamín Andrade Salado, a favor de Carlos Alberto Feal Rosello, Yadana Ortiz González y del menor de iniciales L.A.F.O., contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 507/2022-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Amparo los menores de edad podrán pedir amparo sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente o impedido, este tribunal a efecto de no dejar en estado de indefensión al menor de edad con iniciales L.A.F.O., mediante oficio que derive de este proveído requiérase al Delegado Estatal del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Coahuila, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, que se le conceden con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al 2° de la Ley de Amparo, designe a una persona que funja en el presente juicio de amparo como representante del citado menor, comparezca ante el juzgado que conozca del presente juicio a imponerse de los autos y manifieste si existe algún impedimento para representarlo, comparecencia en la cual deberá emplazársele formalmente a juicio acompañándole copia del escrito de demanda y del auto por el que se admitió. Del escrito de demanda se advierte el quejoso señaló como autoridades responsables a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila, así como a la Estación Migratoria en la ciudad de Torreón, Coahuila, de quienes reclama: "[.] 1. La INCOMUNICACIÓN de la que está siendo objeto CARLOS ALBERTO FEAL ROSELLO, YADANA ORTIZ GONZÁLEZ Y L.A.F.O. 2. La detención sin haber llevado a cabo un procedimiento en el que se ordene de manera fundada y motivada la razón del arresto, pues la misma fue llevada a cabo por elementos de la policía. 3. La retención en la OFICINA DE REPRESENTACION LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION o en cualquier otra estación o lugar de detención del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de Torreo o en el Estado de Coahuila sin haber cometido ninguna acción delictiva. 4. El inminente traslado a cualquier Estación Migratoria fuera de la Ciudad de Torreón, Coahuila.; 5. La inminente orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro. 6. La negativa de permitir realizar llamadas telefónicas a que tiene derecho los quejosos CARLOS ALBERTO FEAL ROSELLO, YADANA ORTIZ GONZÁLEZ Y L.A.F.O., a fin de nombrar abogado o persona de su confianza. 7. La omisión de brindar o proporcionar información (de forma verbal, escrita, impresa o de cualquier otra), de los detenidos CARLOS ALBERTO FEAL ROSELLO, YADANA ORTIZ GONZÁLEZ Y L.A.F.O. 8. La negativa a otorgar el oficio de salida del país por propios medios en términos del artículo 137, fracción III de la Ley de Migración, en relación con el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Migración. 9. La negativa de hacer válido el derecho a solicitar y recibir asilo, el derecho a otorgar la condición de refugiado, autorizarles estancia de visitante por razones humanitarias; y, el derecho a tener representación y asistencia legal. 10. El impedimento de transitar libremente por territorio nacional por los quejosos. 11. La omisión de hacer entrega de los documentos de identificación del quejoso, como pasaporte, el cual no existe razón legal para que este en poder de la Estación Migratoria. 12. El hacinamiento con personas positivas a COVID 19, así como la omisión de cumplir con las normas mínimas de salud respecto de la pandemia se SARS COV2, previstas en el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración. 13. La omisión de recibir la solicitud verbal de las quejosas de su reconocimiento como refugiadas. 14. La omisión de dar aviso inmediato a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), sobre la necesidad de registro y tramitación de la solicitud de la condición de refugiadas de las quejosas. 15. La inconvencionalidad de los artículos 101, 102 y 111 de la Ley de Migración. 16. La omisión de respetar los derecho de los niños migrantes reconocidos en la Ley de Migración y el Reglamento de la Ley de Migración. 17. LA OMISIÓN DE DEJAR EN INMEDIATA LIBERTAR A CARLOS ALBERTO FEAL ROSELLO, YADANA ORTIZ GONZÁLEZ Y L.A.F.O., en relación al artículo 99 de la Ley de Migración, al albergar al menor de edad L.A.F.O. y a su familia en la Estación Migratoria de Torreón, Coahuila, pues la autoridad debe a toda costa evitar la presentación de las personas adultas bajo cuyo cuidado estén niñas, niños o adolescentes migrantes atendiendo al principio de unidad familiar y del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Desde luego, se demandan las consecuencias jurídicas y materiales derivadas y que pudieran derivarse de los actos reclamados.[...]" Declinación de competencia. En atención a lo anterior, se estima que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer y resolver del presente asunto; para demostrar esta premisa, es necesario trascribir el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal del artículo citado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla que se encuentra contenida en el señalado numeral, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo trascrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución, como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Ahora bien, en la demanda de amparo el quejoso reclama diversos actos ya descritos en párrafos anteriores, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional en el Estado de Coahuila, así como a la Estación Migratoria en la ciudad de Torreón, Coahuila. Así las cosas, es evidente que el supuesto de competencia relativo se ubica en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente; dado que la ejecución del acto reclamado se realiza en las referidas oficinas ubicadas en Torreón, Coahuila. Por otra parte, en el Acuerdo General 3/2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proveyó lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; precisando en el apartado Segundo, punto XIV, número 3, que los ocho juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Torreón, ejercerán jurisdicción territorial en el Octavo Circuito. En consecuencia, quien resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción es competente para que se ejecute el acto reclamado; es decir, el Juez de Distrito en Turno en el Estado de Torreón, Coahuila. En mérito de lo expuesto, este Juzgado se declara legalmente incompetente para el conocimiento de la presente demanda de amparo, debiéndose remitir el juicio al Juez de Distrito en Turno en el Torreón, Coahuila, por ser donde tiene jurisdicción para la ejecución el acto reclamado. Asimismo, se solicita de la manera más atenta, tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Suspensión de plano. Ahora bien, respecto de la suspensión de plano que solicita, es pertinente establecer que el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien faculta a la autoridad administrativa para aplicar sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, limita dicha atribución a la imposición de multas, arresto, o trabajo en favor de la comunidad; sin que, en ningún caso, el arresto pueda exceder de treinta y seis horas. Establecido lo anterior, se estima que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, no justifica por sí, al menos en términos constitucionales, una detención por un plazo superior a treinta y seis horas, de ahí que el acto reclamado, referente a la omisión de emitir la orden de salida de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Torreón, Coahuila, en que se encuentra el recurrente, en caso de haber transcurrido más de treinta y seis horas, deba considerarse como un ataque a la libertad personal pues, además de provenir de autoridades administrativas, como son las autoridades migratorias, y si rebasa el referido plazo de treinta y seis horas, no deriva de la probable comisión de hecho ilícito considerado como delito que merezca pena de prisión preventiva ni tiene participación en él, la autoridad judicial. Apoya a lo expuesto, por su contenido jurídico, la tesis I.16º. A.51 (10ª.), visible en la Página 1568, del Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en su Décima Época, que dice: "ORDEN DE EXPULSIÓN O DEPORTACIÓN. LA INMEDIATEZ EN SU EJECUCIÓN NO AUTORIZA SOSLAYAR EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO MIGRATORIO. Aun cuando la Ley General de Población -previo a la entrada en vigor de la Ley de Migración disponga que las órdenes de expulsión son de orden público y su ejecución es inmediata, ello no significa que estén exentas del debido proceso y, mucho menos, que puedan ejecutarse sin observar los derechos de los extranjeros legalmente previstos, destacadamente, el relativo a ser puesto y seguir el procedimiento migratorio en libertad bajo custodia. En efecto, la circunstancia de que dicho ordenamiento prevea la posibilidad de permanecer en libertad bajo custodia mientras se resuelve el procedimiento migratorio, permite afirmar que la inmediatez en la ejecución de la orden de expulsión se refiere a su ejecutabilidad directa -sin necesidad de ser autorizada por autoridad judicial u otra- pero no a que tenga o pueda llevarse a cabo de modo instantáneo, pues ello imposibilitaría observar los derechos que le asisten a la persona extranjera, además de que se anularían el objeto de la tramitación misma del procedimiento correspondiente y el derecho de audiencia que asiste a todo gobernado sujeto a él, lo que significa que, previo a la ejecución de tal medida, debe darse al extranjero la oportunidad de conocer el motivo de su eventual deportación, así como de alegar y probar en su defensa y poder seguir ese procedimiento en libertad. Esta intelección se robustece por el hecho de que las propias normas reconocen que las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo migratorio pueden impugnarse mediante el recurso de revisión o, cuando proceda, en la vía jurisdiccional correspondiente, y que, incluso, el artículo 228 del Reglamento de la Ley General de Población establece la posibilidad de ordenar discrecionalmente la reposición del procedimiento o, en su caso, la emisión de una nueva resolución, en la cual se le obliga a preservar los derechos de legalidad y al debido proceso y, por el hecho mismo de que, ante una expulsión, el extranjero tiene derecho a solicitar una salida voluntaria, lo cual le permitiría, en contraste con la orden de expulsión, regresar al país y, en ese entendido, reintentar regularizar su estancia. Así, aun antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en el régimen migratorio se reconocían, así sea de manera básica, los derechos de la persona extranjera a, previo a su expulsión o deportación, manifestar lo que a sus intereses conviniera, designar representante, aportar pruebas, o solicitar su libertad bajo caución, los cuales, junto con otros previstos en el marco del procedimiento y que se advierten de la normativa señalada, serían tan sólo aparentes, si se aceptara que la expulsión puede llevarse a cabo instantánea o discrecionalmente, sin observar las formalidades mínimas." Ahora, los artículos 162, párrafo primero, y 164, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. (.)". "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad.". De conformidad con tales preceptos, cuando se reclame la orden de privación de la libertad, el efecto de la suspensión será que no se ejecute y quedará el órgano jurisdiccional de amparo en aptitud de dictar las medidas que aseguren que la parte quejosa no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. Asimismo, cuando la detención no tenga relación con la comisión de un delito y sea efectuada por autoridades administrativas distintas del ministerio público, el efecto de la medida cautelar también es dejar en libertad al quejoso. Lo anterior es acorde al principio de excepcionalidad de la detención, por ingreso irregular, previsto en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el diecisiete de abril de dos mil, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de junio del mismo año, que dispone: "Artículo 31. REFUGIADOS QUE SE ENCUENTREN ILEGALMENTE EN EL PAÍS DE REFUGIO. 1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales. 2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias, y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país." Principio que también se encuentra previsto en los artículos 5°, fracción V y 7 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en los términos siguientes: "Artículo 5. En aplicación de esta Ley se observarán, entre otros, los siguientes principios y criterios: (.) V. No sanción por ingreso irregular, y (.)." "Artículo 7. No se impondrá sanción alguna por motivo de su ingreso irregular al país, al refugiado o al extranjero que se le otorgue protección complementaria. En caso de haberse iniciado procedimiento migratorio por ingreso irregular al territorio nacional a un solicitante, dicho procedimiento se suspenderá hasta que se emita una resolución sobre el reconocimiento de la condición de refugiado. En cualquier caso, los procedimientos migratorios serán concluidos considerando la resolución sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado." Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272. Párrafo 158.", precisó que diversos Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos han incorporado estándares en su normativa interna en materia de refugiados que se encuentran reconocidos en la aludida Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 y que, en el caso de México, se cuenta precisamente con la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria de veintisiete de enero de dos mil once, así como su reglamento de veintiuno de febrero de dos mil doce, lo que refleja un creciente consenso en la región en cuanto a que la protección de los refugiados y solicitantes de ese estatuto a nivel interno, sea regulada de conformidad con las disposiciones del Derecho Internacional sobre Refugiados, de modo que deba realizarse a través de autoridades competentes y previamente establecidas, mediante procedimientos específicos y que respeten el debido proceso. Así, la irregularidad en el ingreso migratorio no debe ser vista como una conducta punible en el ámbito del derecho penal sino, en todo caso, como una falta administrativa, por lo que los derechos de las personas migrantes son aquellos propios de las personas sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Lo anterior se robustece con la instrumentación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional, como un mecanismo auxiliar que sirva como orientador para una mejor y más adecuada toma de decisiones en el ámbito jurisdiccional, en pro de la salvaguarda de los derechos fundamentales; documento que, en su capítulo octavo, intitulado "Reglas Específicas de Actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a excepcionalidad de la detención, en los términos literales siguientes: "(.) La despenalización de la irregularidad en el ingreso migratorio es una decisión legislativa que conlleva un cambio sustancial en su tratamiento. Esta irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. (.). Lo anterior constituye una excepción a las disposiciones migratorias del país. Para quienes se ubican en este supuesto, la detención administrativa es una medida altamente indeseable. La privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger. El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes ha recomendado abolir progresivamente la detención de personas migrantes y sujetas de protección internacional por razones administrativas. Sin embargo, hasta en tanto este objetivo se logre, la detención administrativa sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por otra parte, el artículo 21 de la CPEUM establece como término máximo de la privación de la libertad personal, como sanción administrativa, el de treinta y seis horas. Diversos precedentes lo adoptan también como término máximo para las medidas de apremio. En consecuencia, la tutela judicial debe considerar la especial relevancia de la libertad personal a efecto de garantizar la eficaz protección a los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Sería un contrasentido que la despenalización fuera sustituida por una intervención judicial que tuviera resultados más lesivos para la libertad de esta población, o bien, que colocara a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en condiciones de mayor vulnerabilidad en la defensa de sus derechos frente a cualquier persona procesada en un juicio penal. (.) La privación de la libertad no debe tener una finalidad punitiva. Por ello, debe realizarse únicamente cuando fuere necesaria, en apego al principio de proporcionalidad y de persecución de un fin legítimo e idóneo, así como asegurar que sea realizada durante el menor tiempo posible. Existe jurisprudencia sobre las restricciones a los derechos humanos que se encuentra acorde con la normativa de origen internacional, estableciendo que deben cumplirse los siguientes requisitos:4 i) ser admisibles bajo el ámbito constitucional; ii) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos humanos; iii) ser proporcionales, esto es, que la persecución de un objetivo constitucional no se haga a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. En el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte IDH en el caso Vélez Loor contra Panamá, en donde se especifica que, de incumplir con estas características, se está frente a una detención arbitraria. Lo anterior se complementa con la normativa de origen internacional aplicable en México, en la que se encuentra la prohibición de la detención arbitraria, así como el principio de excepcionalidad en la detención, por lo que resulta necesario recurrir a medidas alternativas. (.) Por otro lado, las personas detenidas (alojadas) en las estaciones migratorias deben ser tratadas con respeto a la dignidad inherente del ser humano. Se debe supervisar que se cumpla con lo previsto en las Normas para el Funcionamiento de Estaciones Migratorias, así como con el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas. Esto quiere decir que se debe proporcionar condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, asegurar que la población se encuentre dividida en hombres y mujeres, garantizar los derechos a la alimentación y a la salud, y propiciar actividades de recreación. (.) Las medidas cautelares surgen para evitar que la intervención judicial tenga resultados más lesivos o coloque a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando están privadas de su libertad. Ahora bien, por la naturaleza de los actos que motivan a las personas migrantes y sujetas de protección internacional a acudir a tribunales, la medida jurídica más utilizada es la suspensión del acto con el amparo. Cuando el acto reclamado es la deportación - acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar del territorio nacional a la persona extranjera que no reúna los requisitos migratorios para su permanencia en el país- el Pleno de la SCJN ha emitido jurisprudencia en el sentido de la procedencia de la suspensión de oficio. La suspensión también puede solicitarse para el acto consistente en la privación ilegal de la libertad de personas migrantes y sujetas de protección internacional en estaciones migratorias. Al ser ésta una detención hecha por autoridades administrativas, el otorgamiento de la suspensión debe darse para efectos de que la persona quede en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento correspondientes. En este sentido se han pronunciado Tribunales Colegiados de Circuito, que reconocen que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional y quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez o Jueza de Distrito por cuanto hace a su libertad personal." De donde se obtiene que el Alto Tribunal establece que la privación de la libertad, aun cuando en principio persiga un objetivo legítimamente regulado, se trata de una medida de carácter excepcionalísimo que debe atender, en todo momento, al principio de proporcionalidad en relación con el fin perseguido y su aplicación debe estar constreñida al menor tiempo posible, y para ello, en tratándose de la detención impuesta como medida de seguridad dentro de un procedimiento administrativo -como en el asunto que se examina- el parámetro temporal al que como máximo puede quedar sujeta una persona lo es el previsto por el artículo 21 Constitucional, a saber, el de treinta y seis horas. En ese orden, la detención administrativa debe ser excepcional y encontrarse debidamente justificada, esto es, con un fundamento claro y establecido en la ley, sin que pueda tornarse indefinida, conforme al ámbito temporal de su imposición, bajo riesgo de transgredir derechos humanos tales como el de la seguridad jurídica y la protección a la libertad personal, entre otros. El artículo 11, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo; y que el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados internacionales y las leyes, las cuales regularán sus procedencias y excepciones. El artículo 33, párrafo segundo, de la Ley Fundamental, dispone que el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Luego, la Constitución reconoce el derecho al debido proceso de los extranjeros que por decisión administrativa se pretende expulsar de territorio nacional, en el entendido de que, en tal supuesto, la ley en que se regule el procedimiento administrativo correspondiente debe prever el lugar y tiempo que dure la detención. Se trata pues, de una cláusula de excepción a los principios previstos en los artículos 18, primer párrafo, 19 y 21 de la propia Constitución Federal, en la medida que, no permite la detención por autoridad administrativa y no judicial por más de treinta y seis horas, sin que se persiga delito que merezca pena privativa de libertad que amerite la prisión preventiva. Esto es así, porque el ejercicio de la atribución otorgada por el Poder Constituyente a las autoridades administrativas en tal supuesto, está supeditado al derecho al debido proceso (previa audiencia), la cual, por disposición expresa del propio texto constitucional, debe encontrarse establecida en la ley. Al respecto, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, establece en sus artículos 11 y 18, que todo extranjero que esté en territorio nacional tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, para lo cual deberá presentar por escrito su solicitud ante la Secretaría de Gobernación dentro del término de treinta días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que haya ingresado al país o, en su caso, a aquel en que le haya sido materialmente posible presentarla. El artículo 21 del aludido ordenamiento legal dispone que cuando un extranjero se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias, en cada caso, de conformidad con el reglamento. Los preceptos 24 y 25 del mismo ordenamiento disponen que la Secretaría analizará y evaluará todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud, plazo que podrá ampliarse hasta por un período igual a juicio de la Secretaría, sólo en casos excepcionales; que la resolución deberá ser notificada por escrito al solicitante; en los casos de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá expedir el documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país, pero si la resolución fuese en sentido negativo, el extranjero podrá interponer recurso de revisión dentro de los quince días hábiles contados a partir de la notificación respectiva. La Ley de Migración establece, que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional; la presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto Nacional de Migración, mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno (artículo 99). En el caso particular, de conformidad con el principio de excepcionalidad de la detención previsto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en relación con los principios constitucionales que reconocen el derecho fundamental a la libertad personal, en tanto no se haya cometido delito alguno que merezca pena privativa de libertad, robustecidos con el principio pro persona previsto en el precepto 1 de la Constitución Federal, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia ley fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso particular debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal del quejoso, lo que no impide que la autoridad con competencia legal dicte las medidas que aseguren que el quejoso no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ella y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigido. Lo anterior, porque no existe disposición alguna que establezca que las personas migrantes que no logren comprobar su situación migratoria regular cometen por ese sólo hecho algún delito, sino en todo caso, una falta administrativa que, en cuanto al aseguramiento o alojamiento de los quejosos en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, no puede exceder de las treinta y seis horas a que hace alusión la Carta Magna. Por tanto, con fundamento en los artículos 126 de la ley de la materia, se decreta de plano la suspensión de los actos reclamados para el único efecto de que cese de manera inmediata la incomunicación de que son objeto los quejosos; asimismo, para que no se lleve a cabo la deportación, expulsión, proscripción o destierro de los mismos; para que no se ejecute traslado de los quejosos a estación migaratoria diversa a aquella en la que se encuentra; y para que sin demora cese la detención de Carlos Alberto Feal Rosello, Yadana Ortiz González y el menor de iniciales L.A.F.O., esto es, que sea puesto en libertad de forma inmediata, lo anterior, si en su caso ya pasaron más de treinta y seis horas sin que se hubiera emitido la resolución definitiva a que se refiere el artículo 101 de la Ley de Migración. Lo anterior, pues el promovente del amparo fue omiso de manifestar la hora y fecha en que fueron detenidos los quejosos. En la inteligencia de que los quejosos quejoso quedan a disposición, en cuanto a su libertad, del juzgado que conozca del presente amparo -con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional-, y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. Resulta orientador, en lo conducente, el criterio que sustenta el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Ahora bien, para el caso de que al momento de recibir la notificación del presente proveído, no hayan transcurrido más de treinta y seis horas, las responsables deberán decretar las medidas necesarias para evitar el hacinamiento de los quejosos con personas positivas a COVID-19, y deberán dar cumplimiento a las medidas de salud previstas en el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración y deberán decretarse todas las medidas necesarias para la protección de los derechos del menor L.A.F.O. Los anteriores lineamientos surtirán efectos de inmediato sin requisito de garantía alguna. Obligaciones de la parte quejosa. Dicha suspensión surtirá efectos, siempre y cuando se cumplan los lineamientos y medidas de seguridad siguientes: -Se requiere a la parte quejosa Carlos Alberto Feal Rosello, Yadana Ortiz González y el menor de iniciales L.A.F.O., para que en el acto de la diligencia de notificación del presente acuerdo o en el término veinticuatro horas, señale si el domicilio en el cual residirá dentro de la ciudad de Torreón, Coahuila, es el ubicado en Ramón Corona 320, Sur Colonia Centro, Primero de Cobián Centro, Torreón Coahuila, o bien, para que señalen uno diverso. -Asimismo, hágase del conocimiento del quejoso que no podrán ausentarse sin previa autorización otorgada por el Juzgado que conozca del presente amparo. -Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo, comuníquese a los quejosos Carlos Alberto Feal Rosello, Yadana Ortiz González y el menor de iniciales L.A.F.O., que deberán comparecer al Juzgado que acepte la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional, lo que se hará de su conocimiento en su momento a través de los datos proporcionados por el promovente, los días viernes de cada semana o el siguiente si fuera inhábil, para lo cual de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/20201, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", sistema "Agenda OJ", a fin de que pueda estar en posibilidades de levantar la comparecencia correspondiente. También, se impone a los quejosos la obligación de comparecer ante las autoridades responsables, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila, cuantas veces sea requerido para la prosecución del procedimiento administrativo de migración. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión decretada en los términos anteriormente señalados. Requerimiento de informe en relación con la suspensión de plano decretada. De ese modo, requiérase a las responsables para que, en el término de veinticuatro horas, de conformidad con los preceptos 17 y 22 Constitucionales, rindan su informe respecto del cumplimiento a la suspensión de plano decretada, apercibidas de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización vigente, en los términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia. Requerimiento autoridades responsables. Dado que se impuso a la parte quejosa la obligación de comparecer ante las autoridades responsables, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila, cuantas veces sea requerida para la procesión del procedimiento administrativo de migración, requiérase a dichas autoridades para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, informen a este órgano jurisdiccional de amparo si la parte quejosa, en su momento, incumple con dicha medida; bajo el apercibimiento que en caso de no realizar lo ordenado en el plazo indicado, se les impondrá una multa con base en lo estipulado en los artículos 237, fracción I, y 238, en relación con el 259 de la ley de amparo, equivalente a Cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente. Sin que la suspensión de plano decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 80/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, se requiere a las autoridades responsables, para que, al rendir su informe de la suspensión de plano, indiquen cuál es la situación legal que guarda el quejoso, a saber: a) El motivo de su detención o retención. b) La fecha en que ello aconteció y demás información atinente a las circunstancias del caso. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por tanto, deben cumplir con el diverso artículo 5° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Así como con los Principios Generales y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión durante el 131° período ordinario de sesiones celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, entre ellos: a) Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales. b) Igualdad y no-discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminará, así como que se prohíbe cualquier distinción exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos. c) Salud en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. d) Alimentación y agua potable, en el sentido de que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo. e) Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentren privados de su libertad; así como tener acceso a inhalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad, así como a productos básicos de higiene personal y agua para aseo personal. Apoyo a lo anterior, la tesis P/LXIV/2010, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero 2011, Página 26, Materia Constitucional, Novena Época, de rubro y texto: "DERECHOS A LA INTEGRACIÓN PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DES LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD." En virtud a ello, dígase a las autoridades responsables que deben tomar las medidas necesarias para que se protejan los principios descritos, ya que la omisión a ello traería como consecuencia responsabilidad para el Estado Mexicano en relación a los derechos fundamentales del quejoso. Asimismo, en cuanto a lo que señala el promovente, en el sentido de la omisión de proporcionar alimentos, se precisa a las autoridades responsables que deben proteger que se cumplan los principios antes señalados, como lo es proporcionar una alimentación que responda, en cantidad y calidad y al quejoso. Máxime que al encontrarse el país, en una situación de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, implica que deban necesariamente tomarse decisiones extraordinarias a fin de garantizar a los quejosos su derecho a la salud, como lo es seguir las medidas se sanidad necesarias para prevenir el contagio por Covid-19. Precedentes. Todo lo anterior encuentra apoyo en la consideraciones contenidas en las ejecutorias de los recursos de queja 235/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, 182/2021 y 183/2021 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, ambos de este circuito. Notificación, se gira exhorto. En virtud de que el quejoso Carlos Alberto Feal Rosello, Yadana Ortiz González y el menor de iniciales L.A.F.O., se encuentra en Torreón, Coahuila, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto con los insertos y anexos necesarios al Juez de Distrito en el Estado de Torreón, Coahuila, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a personal de su adscripción para que se constituya en la Estación Migratoria en la Ciudad de Torreón Coahuila o en cualquier estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en esa ciudad, a fin de que localice a los quejosos Carlos Alberto Feal Rosello, Yadana Ortiz González y el menor de iniciales L.A.F.O. y, bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia realice lo siguiente: -Vocear o llamar a los directos quejosos, en el lugar respectivo; -Notificarle el presente auto; -Dar fe del estado físico en que se encuentre el referido quejoso. -Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Se faculta al actuario para que indague en caso de ser necesario a disposición de qué autoridad diversas a las señaladas se encuentra la parte quejosa, y en caso de tener conocimiento le notifique este auto, y asiente la denominación de dicha autoridad. A fin de diligenciar el exhorto de mérito, se remite copia autorizada del escrito inicial de demanda y del presente proveído. Entrega de oficios. Dado el carácter urgente de la medida suspensional decretada en autos y tomando en cuenta el requerimiento formulado a las responsables, se solicita atentamente al Juez Federal que por razón de turno conozca del exhorto que se remite, instruya al personal correspondiente para que haga entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Coahuila, así como a la Estación Migratoria en la ciudad de Torreón, Coahuila, que se adjuntan a la comunicación oficial correspondiente. De igual manera, en aras de tutelar el artículo 17 Constitucional, se faculta al actuario de su adscripción, testar de ser necesario la denominación incorrecta y, colocar, de su puño y letra, el nombre correcto de cada autoridad a fin de notificar a las autoridades vinculadas en el cumplimiento de la suspensión de plano, o la autoridad donde sea localizado el quejoso. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que la referida autoridad esté en aptitud de cumplir con la diligencia encomendada. Se remite comunicación oficial electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). El exhorto de mérito remítase a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, sin que haya necesidad de requerir al Juzgado exhortado el acuse de recibo respectivo, en razón de que éste se genera automáticamente una vez enviada la comunicación oficial por la referida vía (SISE). Para tal efecto, encomiéndese al Analista Jurídico SISE el envío de dichas comunicaciones que se validarán con las firmas electrónicas del Suscrito y de la Secretaria que da fe de este acuerdo. Se hace del conocimiento al juzgado exhortado. Finalmente, se solicita la devolución de la presente comunicación oficial a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, en cumplimiento a la expedita impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Domicilio y autorizado. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa y como autorizado para esos efectos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Armando Benjamín Andrade Salado, quien tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de julio del dos mil cinco. Consulta expediente electrónico. Como se solicita de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario "lic.armandoandrade", la consulta del expediente electrónico. Notificaciones vía electrónica. Asimismo, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, como lo solicita, se ordena que las notificaciones a la citada parte se realicen por vía electrónica, por conducto del referido usuario. Medios de comunicación. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se tiene como correo electrónico y teléfono de contacto el que indica la parte quejosa, única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el diverso 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Copia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase por triplicado la copia fotostática certificada del presente autos, autorizando para tal efecto a la persona que indica previa identificación y toma de razón que por su recibo de deje en autos. Se forma cuaderno de antecedentes. Por separado fórmese cuadernillo de antecedentes con copia certificada de la boleta de turno, del escrito de demanda de amparo, del presente proveído, oficios y exhorto de esta fecha. Notifíquese; y, personalmente al quejoso.

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