Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 1204/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1204/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Luis Gabriel Jop Corzo
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en San Luis Potosí.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de la misma se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio, por el que se desechó la demanda con que se formó este expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Destrucción del juicio principal. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, toda vez que se desechó la demanda que dio origen a este asunto y que dicha determinación causó estado, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Sin documentos para devolver. De autos se advierte que las partes no exhibieron documentos ni garantías que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.
- Principal
Téngase por recibido el oficio y anexos que acompaña, enviados por el Secretario adscrito al Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Ahora bien, del referido oficio dictado en el juicio de amparo indirecto 929/2021-II, se desprende el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que el citado Juzgado acusa recibo del oficio por el que se informó que este juzgado aceptó la competencia para el conocimiento del presente asunto, y comunica que ordenó su archivo como concluido. Asimismo, sin que sea necesario pronunciarse en cuanto al contenido de los informes en relación a la suspensión de plano decretada en autos que al efecto remite, toda vez que mediante determinación de seis de diciembre del presente año, se desechó la demanda que dio origen a este asunto, para los efectos legales a que hubiere lugar.
- Principal
Agréguese oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 399/2021-V, orden 771/2021, del que se advierte que notificó a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Renán Hidalgo Echazarreta y Eduardo Ampudia Fraustro el auto de seis de diciembre del presente año. Asimismo, como lo refieren los quejosos se dan por enterados en todos sus términos legales.
- Principal
Agréguese el oficio remitido por el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual remite diligenciado el exhorto 444/2021, Orden 451/2021-V de su índice, deducido del diverso 375/2021-V, Orden 746/2021, de este Juzgado; sin que se acuse recibo toda vez que el mismo se genera automáticamente. Ahora bien, de la comunicación de cuenta se advierte que en diligencia de veintiséis de noviembre del presente año, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México se constituyó en la penitenciaría de la Ciudad de México, a fin de notificar a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Renán Hidalgo Echazarreta y Eduardo Ampudia Fraustro, la determinación de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno y requerirlos en términos del citado acuerdo, para que manifestaran si ratifican o no la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo. De la comunicación citada se advierte que todos los quejosos ratificaron la demanda de amparo que promovieron. Del conocimiento. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y al representante social, para los efectos legales a que haya lugar. Marco legal del desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisión de los actos. A efecto de realizar el estudio correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Del estudio integral que se efectúa a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: 1. Mala atención médica. 2 Restricción de otorgar kits, accesorios e insumos de higiene personal y limpieza. 3. Restricción de otorgar agua potable. 4. Omisión de otorgar calzado y ropa de invierno a los quejosos. 5. Los actos de intimidación equiparada a tortura sicofísica y sicoemocional, así como represalias constituidas por actos de molestia y perturbación del sueño, por personal de custodia del Centro Penitenciario de la Ciudad de México. a) Causal de improcedencia respecto de los actos reclamados relativos a la mala atención médica, restricción de otorgar kits, accesorios e insumos de higiene personal y limpieza, restricción de otorgar agua potable y omisión de otorgar calzado y ropa de invierno a los quejosos. Hipótesis a comprobar. En el caso, de oficio se advierte que, respecto de los actos reclamados enunciados en los puntos del 1 al 4, antes indicados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Marco legal de la causa de improcedencia. Tal numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". La fracción citada regula uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional y, que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte que lo promueva debe previamente, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, los recursos ordinarios son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, es posible controvertirlo por medio del juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por autoridades distintas a los tribunales judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo supliría sus facultades. Así, conforme a la fracción citada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Marco Constitucional En este orden de ideas, es menester tener en cuenta los numerales 1º, 18 y 19 de la Constitución Federal, que señalan: "Artículo 1. (.) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (.)". "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto". "Artículo 19. (.) Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. (.)." Los artículos constitucionales reproducidos disponen que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; además, solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, en cuyo caso, dicho sitio será distinto del que se destine para la extinción de las penas y estará completamente separado; asimismo, que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. En relación con este último aspecto, es de destacarse que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al emitir la jurisprudencia P./J. 17/201214, precisó que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la facultad de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias". De manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, tales como la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas, corresponde conocerlas a tales jueces. En ese sentido, el sistema penitenciario se organizará sobre la base al respeto a los derechos humanos, siendo que todo mal tratamiento en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Ley Nacional de Ejecución Penal. Por su parte, la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; el trámite para la presentación de dichas peticiones se regula en los siguientes preceptos: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." Dichos preceptos establecen el trámite que debe seguir la parte interesada para formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Aunado a que al resolver la contradicción de tesis 57/201815, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el mecanismo de control de las peticiones administrativas, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Además, el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito determinó que las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento; por lo que, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en atención al principio de definitividad. Lo anterior dio origen a la tesis de jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.)16, la cual resulta aplicable al caso por analogía, cuyo contenido es el siguiente: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." Caso Concreto. En el particular, se surten las características de las anteriores normas porque la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, personal directivo del Centro Penitenciario de la Ciudad de México, la mala atención médica, restricción de otorgar kits, accesorios e insumos de higiene personal y limpieza, así como colchones y ropa de invierno a los quejosos, restricción de otorgar agua potable y omisión de otorgar calzado y ropa de invierno a los quejosos, en su carácter de internos del sistema penitenciario. Por lo tanto, es inconcuso que previo a la promoción del juicio de amparo contra dichas omisiones de las autoridades, los peticionarios de la protección constitucional debieron agotar el procedimiento de peticiones administrativas previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que se llevara a cabo el análisis de dichas omisiones. Entonces, en el caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, toda vez que, conforme a lo expuesto, la legislación ordinaria aplicable prevé el procedimiento de peticiones administrativas para el examen de su legalidad, cuyo trámite no se agotó con antelación a la promoción del juicio de amparo. Aspecto que era indispensable que se colmara, en virtud de que, se insiste, ese mecanismo de defensa es susceptible de modificar, revocar o nulificar la omisión reclamada, cuya procedencia no está sujeta a interpretación adicional ni adolece de fundamento suficiente para determinarla, debido a que la Ley Nacional de Ejecución Penal es clara al establecer, en los artículos 107 a 115, que el procedimiento de peticiones administrativas es la vía idónea para reclamar omisiones relacionadas con las condiciones de internamiento. Interpretación que es acorde con las reformas a los artículos 18 y 21 Constitucionales17, que en su conjunto, implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de reclusión y la creación de jueces de ejecución, cuya función primordial es, entre otras, ejercer un efectivo control de legalidad de los actos de las autoridades penitenciarias y velar por los derechos de las personas privadas de la libertad, previo a su control constitucional; con lo cual adquiere sentido uno de los objetivos para los que fue expedida la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, la implementación de mecanismos eficientes, rápidos y sencillos, a cargo de los jueces de ejecución, para la protección de las prerrogativas de los sentenciados y procesados que se hallan en centros de reinserción social. Decisión. En tales condiciones, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues los quejosos se encontraban obligados a agotar el procedimiento de peticiones administrativas previsto en la Ley de Ejecución Penal, medio de defensa ordinario previo a la promoción del juicio de amparo, pues a través del mismo podía lograr la modificación, revocación o nulificación de las omisiones reclamadas; por lo que, se desecha la presente demanda de amparo, por lo que respecta a los actos reclamados precisados en los puntos 1 a 4 del apartado correspondiente de esta resolución. b) Desechamiento por el acto que se señala como intimidación equiparada a tortura sicofísica y sicoemocional, así como represalias constituidas por actos de molestia y perturbación del sueño, por personal de custodia del Centro Penitenciario de la Ciudad de México. Marco legal de la causa de improcedencia. Al respecto, este Juzgado advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)." La transcrita hipótesis normativa establece la improcedencia del juicio de derechos fundamentales, cuando se den los siguientes supuestos: a) Que sea promovido contra actos que sean materia de otro juicio de amparo, que se encuentre pendiente de resolución. b) Que sea promovido por el mismo quejoso; y, c) En contra de las mismas autoridades responsables. En este orden de ideas, obra en la estadística de este juzgado el diverso juicio de amparo 1205/2021-V, promovido por los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Renán Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Fraustro y Hugo Melchor Nieto. El anterior dato se toma en cuenta, con apoyo en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada, por disposición de su artículo 2°, así como la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dicho expediente en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda respecto de los actos de tortura sicofísica y socioemocional e intimidación equiparada a tortura, represalias constituidas por actos de molestia y perturbación del sueño, por personal de custodia del Centro Penitenciario de la Ciudad de México. Así las cosas, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que se advierte que los actos aquí reclamados son materia del diverso juicio de amparo 1205/2021-V, que fue admitido a trámite, por lo que debe entenderse que, en la especie, se trata de un acto que es materia de un juicio de amparo no concluido. Máxime que admitir la presente demanda sería contrario a las limitantes que quiso fijar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, que fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social. En las narradas condiciones, este órgano constitucional procede desechar de plano la demanda, que promueven Carlos Alberto Angelino Barrón, Renán Hidalgo Echazarreta y Eduardo Ampudia Fraustro, contra actos del Director de la Penitenciaría en Ciudad de México y otras autoridades, consistentes en intimidación equiparada a tortura, represalias constituidas por actos de molestia y perturbación del sueño. Gira exhorto. Notificación a la parte quejosa. Los quejoso señalan que se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México, conocida también como el Polígono de Santa Martha, ubicado en la Zona oriente, Avenida Ermita Iztapalapa en el Kilómetro 17.5, de la carretera a México a Puebla de Zaragoza, por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado tenga a bien notificar el presente proveído a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Renán Hidalgo Echazarreta y Eduardo Ampudia Fraustro, y los requiera para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente a la notificación de este auto, señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y los aperciba para que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se les realicen por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, de la Ley de Amparo. Notifíquese, por exhorto a los quejosos.
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