Carlos Alberto Esparza Valdes

Expediente 843/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
843/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
11/09/2019

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Esparza Valdes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA VII Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio del tercero interesado Director de Investigaciones de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; y, atento a su contenido y a la certificación de cuenta, se autoriza al tercero la consulta del expediente vía electrónica, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, por lo que se comisiona al analista jurídico de esta adscripción para la apertura de campos necesarios para tal fin. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, a efecto de notificar la sentencia de veintidós de agosto de la presente anualidad y el auto de diez de septiembre, vía electrónica, al citado tercero. Notifíquese; y vía electrónica el tercero interesado Director de Investigaciones de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. ************SENTENCIA***** S E N T E N C I A Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 843/2019-VII y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. ** mediante escrito de demanda presentado el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y entregado el mismo día a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan AUTORIDAD RESPONSABLE "Como Autoridad Responsable señala al C. Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México." ACTO RECLAMADO "El auto de fecha 18 de junio de 2019, dictado dentro de la causa ** seguida en contra del Quejoso por el Delito de Defraudación Fiscal Equiparada." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que estima transgredidos. El quejoso señala como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 19 y 20, fracción I, apartado b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Por auto de cinco de junio de dos mil diecinueve, se registró la demanda bajo el número 843/2019VII, se admitió a trámite, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito; y se fijó día y hora para la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 12/2016, que reforma y adiciona el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el diverso acuerdo 16/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado; en virtud de que los actos que se reclama fue emitido por una autoridad penal con residencia dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio se debe precisar cuál es el acto reclamado en el presente juicio, antes de verificar lo relativo a su existencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo ha de observar para establecer cuál es el acto reclamado, a saber Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, Prescindir de los calificativos vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar el acto reclamado en la demanda. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, página 32, del epígrafe siguiente "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Así como la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, página 255, cuyo contenido es "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias allegadas al presente juicio, se concluye que el quejoso señala como acto reclamado El auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal ** del índice del Juez responsable, mediante el cual fija al quejoso la cantidad de ** para garantizar obligaciones procesales, y la suma de ** para garantizar la reparación del daño, correspondiente al crédito fiscal del impuesto sobre la renta del ejercicio del año dos mil diez. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, al rendir su informe justificado (foja 20) aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora de las constancias remitidas por el citado juez responsable como complemento a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la causa penal ** de las que se advierte la emisión de la determinación reclamada; a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 1995, que dice "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgado advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, toda vez que las partes no los hicieron valer, ni este juzgado advierte de oficio alguna causa de improcedencia, se procede al estudio del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. De las copias certificadas de la causa penal ** de la cual emana el acto reclamado, se destaca en lo que interesa los antecedentes siguientes Mediante oficio ** de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, el Director General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigación, formuló querella en contra del hoy quejoso **, en su carácter de administrador único de la moral **, por omitir presentar por más de doce meses la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Única, correspondientes al ejercicio fiscal 2010 (fojas 6 a 11, tomo I, del anexo). La querella se radicó con el número de averiguación previa ** el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Nueve de la Fiscalía de Delitos Fiscales de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, ejerció acción penal en contra del hoy quejoso, consignando dicha indagatoria al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, a fin de que librara orden de aprehensión (fojas 1473 a 1510, tomo I, del anexo). La indagatoria fue radicada ante el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, quien por auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la radicó con el número de causa penal **(foja 3, tomo II, del anexo). El ocho de octubre de dos mil dieciocho, el Juez responsable libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, en su calidad de administrador único de la empresa ** como probable responsable en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación (fojas 8 a 28, tomo II, del anexo). El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se tomó la declaración preparatoria del quejoso y se determinó la duplicidad del término constitucional (fojas 72 a 78, tomo II, del anexo). El tres de junio del año en curso, el Juez de la causa dictó auto de formal prisión en contra de **por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación y sancionado por el 108, fracción III, del mismo ordenamiento legal; por omitir presentar por más de doce meses la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diez, que estaba obligado, con lo que dejó de pagara por ese impuesto, la cantidad de **(fojas 94 a 114, tomo II, del anexo). El diez de junio del año en curso, causó estado dicha resolución, asimismo, en dicha data el Juez responsable giró oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "1" en Metepec, Estado de México, para que remitiera la actualización del importe del Impuesto Sobre la Renta no pagado al fisco federal por la contribuyente ** correspondiente al ejercicio fiscal comprendido el uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; lo anterior, a efecto de determinar el monto de la garantía que pudiera imponer al aquí quejoso, con motivo del beneficio de la libertad provisional bajo caución (foja 159, tomo II, del anexo). Mediante oficio presentado ante el juez responsable, el diecisiete de junio del presente año, el Administrador Desconcentrado de Recaudación de México "1", informó que la actualización del importe del Impuesto Sobre la Renta no pagado al Fisco Federal por la contribuyente **, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, ascendía a la cantidad de ** (fojas 170 y 171, tomo II, del anexo). El dieciocho de junio de dos mil diecinueve, el Juez responsable determina que, para que el quejoso pueda gozar del beneficio de libertas provisional bajo caución, debía exhibir la cantidad de **, para garantizar obligaciones procesales, y la suma de ** para garantizar la reparación del daño, correspondiente al crédito fiscal del impuesto sobre la renta del ejercicio del año dos mil diez (foja 174 tomo II, del anexo). Determinación que constituye el acto reclamado. SEXTO. Estudio de fondo. En mérito de lo anterior, se procede al estudio del fondo del asunto, tomando en cuenta tanto las consideraciones que sustentan el acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, los que se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo, que establezca la obligación de transcribirlos. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXI, mayo de 2010, página 830, registro 164618, que establece "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, de manera general, el solicitante del amparo expone como conceptos de violación los siguientes Se viola en su perjuicio el articulo 19 contitucional, toda vez que la cantidad fijada por el juez responsable para garantizar la reparación del daño, es distinta a la contenida en el auto de formal prisión, ya que en éste se determinó que el detrimento causado al fisco federal asciende a la cantidad de ** por lo que dicha cantidad es la que se debe garantizar. Se transgrede el principio de presunción de inocencia que opera a su favor en términos del artículo 20, fracción I, apartado B, pues al solicitarle que garantice la reparación del daño, representa una presunción de culpabilidad. Los argumentos esgrimidos son infundados, sin que se advierta queja deficiente que deba suplirse, como se verá. El artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución General de la República (de acuerdo al texto antes de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, en virtud a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de la citada data y vigente al momento de los hechos) dispone "Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantía A. Del inculpado I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional En tanto que los artículos 399 y 402 del Código Federal de Procedimientos Penales (aplicable al caso concreto), regulan las bases para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, conforme con lo siguiente "ARTÍCULO 399. Todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa o el proceso a ser puesto en libertad provisional, inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos I. Que garantice el monto estimado de la reparación del daño. Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo; II. Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele; III. Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón del proceso; y IV. Que no se trate de alguno de los delitos calificados como graves en el artículo 194. La caución a que se refiere la fracción III y las garantías a que se refieren las fracciones I y II, podrán consistir en depósito en efectivo, fianza, prenda, hipoteca o fideicomiso formalmente constituido." "ARTÍCULO 402. El monto de la caución relacionada con la fracción III del artículo 399, deberá ser asequible para el inculpado y se fijará tomando en cuenta I. Los antecedentes del inculpado; II. La gravedad y circunstancias del delito imputado; III. El mayor o menor interés que pueda tener el inculpado en substraerse a la acción de la justicia; IV. Las condiciones económicas del inculpado; y V. La naturaleza de la garantía que se ofrezca.". Centrado el marco constitucional y procesal que rige la libertad provisional bajo caución, es necesario imponerse de la determinación reclamada emitida por el Juez responsable, que en lo que interesa dice "Con fundamento en los artículos 21, 96 y 97, primera parte, del Código Federal de Procedimientos Penales, agréguese a los autos el oficio **signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de México "1", dependiente de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Metepec, Estado de México, por medio del cual en cumplimiento al diverso ** de diez de los actuales, comunica que la actualización al contribuyente **, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, asciende a la cantidad de ** En ese contexto, con fundamento en el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, dígase al inculpado ** que tiene derecho a gozar del beneficio de libertad provisional bajo caución, tal como lo dispone el artículo 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el precepto 399 del Código Federal de Procedimientos Penales, en virtud de que el delito por el cual se le instruye la presente causa penal no está calificado como grave por el artículo 194 del código adjetivo de la materia y fuero. Ahora bien, en aras de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que la ley establece en razón del proceso, en términos de lo dispuesto por el artículo 399, fracciones III y IV, del Código Federal de Procedimientos Penales y tomando en consideración las circunstancias personales y económicas del procesado, así como la naturaleza y la gravedad del delito que se le imputa, se considera justo fijar la cantidad de ** para garantizar las obligaciones procesales, y la suma de ** para garantizar la reparación del daño, que corresponde al crédito fiscal del Impuesto sobre la Renta del ejercicio dos mil diez. En la inteligencia de que dicha garantía deberá exhibirla para continuar en libertad el proceso, en un plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente proveído, o bien, en su caso de no hacerlo así, se interne voluntariamente en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México. Apercibido que de no acatar lo anterior, se librará orden de aprehensión en su contra, conforme a lo previsto en los artículos 411 y 412 del Código Federal de Procedimientos Penales. De lo anterior, se advierten las razones en que el juez de la causa se basó para fijar el monto de la caución, a saber De inicio, tomó en cuenta el contenido del artículo 399 del Código Federal de Procedimientos Penales, dado que para ello consideró que el delito por el cual se ejerció acción penal, en términos del artículo 194 de la legislación adjetiva en comento no está considerado como grave, por lo que tenía derecho a gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución. Adujo que, tomando en consideración las circunstancias personales y económicas del hoy quejoso **, así como la naturaleza y la gravedad del delito que se le imputa (defraudación fiscal equiparada), consideraba justo fijar la cantidad de ** para garantizar las obligaciones procesales, Expuso que el perjuicio ocasionado era de ** Asimismo, al hacer referencia al artículo 399 del Código Federal de Procedimientos Penales, dicho dispositivo en su último párrafo contempla que la caución fijada en las fracciones I, II y III, podrá consistir en depósito en efectivo, fianza, prenda, hipoteca o fideicomiso formalmente constituido. Estableció que la garantía fijada, debía ser exhibida para continuar en libertad el proceso, en un plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que fuera notificado de la determinación. En ese contexto, acorde con el marco normativo atingente a regular esa figura jurídica, se advierte que la autoridad responsable atendió lo previsto en los artículos 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como en los diversos artículos 399 y 402 del Código Federal de Procedimientos Penales, dado que previó garantizar el monto estimado para la reparación del daño y el cumplimiento de las obligaciones procesales, además ponderó que el ilícito que se le atribuye al procesado, aquí quejoso, no es considerado grave. Luego, el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución General de la República y el diverso 402 del Código Federal de Procedimientos Penales, establecen que el monto de la caución deberá ser asequible para el inculpado, además de ponderar los antecedentes del inculpado, la gravedad y circunstancias del delito imputado, debe estimarse el mayor o menor interés que pueda tener en substraerse a la acción de la justicia, las condiciones económicas del mismo y la naturaleza de la garantía que se ofrezca. En esa tesitura, en el acto reclamado, el juez federal responsable, fijó las cantidades que debía exhibir el quejoso, para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución concedido, a saber, la suma de ** para garantizar las obligaciones procesales, ** para garantizar la reparación del daño, que corresponde al crédito fiscal del Impuesto sobre la Renta del ejercicio dos mil diez. De ahí que, a juicio de este resolutor, las cantidades fijadas al quejoso para garantizar su libertad personal, resultan apegadas a las exigencias que establecen las normas constitucionales y procesales de la materia. Además, se estima que dicha cuantía resulta asequible, dado que dicho vocablo significa "Que puede conseguirse o alcanzarse. Accesible" (Diccionario de la Lengua Española). Por tanto, este Juzgador estima que las cantidades fijadas al impetrante de amparo para avalar su libertad provisional, es alcanzable y susceptible de conseguirse, tomando en cuenta las circunstancias personales y la situación financiera del quejoso, así como las circunstancias señaladas en la causa penal; máxime que no se advierte limitada la manera de otorgar la garantía. Aunado a ello, se advierte que el juez de la causa se apegó a lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución General de la República, y a lo establecido en el artículo 402, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales, pues ejerció su prudente arbitrio judicial, consignado en el artículo 31 del Código Penal Federal, en concordancia con el párrafo segundo del artículo 39 de dicha codificación, los cuales, en su orden, disponen "ARTICULO 31. La reparación será fijada por los jueces, según el daño que sea preciso reparar, con base en las pruebas obtenidas en el proceso y la afectación causada a la víctima u ofendido del delito." "ARTICULO 39. El juzgador, teniendo en cuenta el monto del daño y la situación económica del obligado, podrá fijar plazos para el pago de la reparación de aquél, los que en su conjunto no excederán de un año, pudiendo para ello exigir garantía si lo considera conveniente. La autoridad a quien corresponda el cobro de la multa podrá fijar plazos para el pago de ésta, tomando en cuenta las circunstancias del caso." Cabe destacar que el monto de la reparación del daño, fue fijado de acuerdo a la actualización que comunicó el Administrador Desconcentrado de Recaudación de México "1", dependiente de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Metepec, Estado de México, a través del oficio **, correspondiente al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio dos mil diez, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de ese año. Lo cual a consideración del suscrito se encuentra ajustado a derecho, pues atendiendo a lo previsto por el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, en los delitos fiscales en que sea necesaria la querella o la declaratoria de perjuicio y el daño sea cuantificable en dinero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará el dictamen correspondiente dictamen técnico contable y, en su caso, la autoridad judicial al momento de fijar el monto de la caución para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, la determinará tomando en consideración las contribuciones adeudadas, incluyendo actualizaciones y recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal al momento de la solicitud de la libertad provisional. De ahí lo ineficaz del disentimiento del quejoso al referir que dicha cantidad es distinta a la que se estableció en el auto de formal prisión y por tanto, debía fijarse como monto para la reparación del daño la cantidad de ** ya que como se adujo, la autoridad judicial para cuantificar el monto de la reparación del daño tratándose de delitos fiscales, debe ponderar las contribuciones adeudadas, incluyendo actualizaciones y recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal. Por lo que en el caso, no era viable que el juez responsable fijara como monto para garantizar la reparación del daño, la cantidad indicada en el auto de formal prisión. La consideración anterior encuentra apoyo en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 258, tomo XXXI, enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 165516, que establece "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. ES POSIBLE INCLUIR COMO PARTE DE LA GARANTÍA RESPECTIVA LAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS MÁS LA ACTUALIZACIÓN Y LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES, AL HABERSE DEROGADO EL ARTÍCULO 94 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PROHIBÍA A LA AUTORIDAD JUDICIAL IMPONER UNA SANCIÓN PECUNIARIA TRATÁNDOSE DE DELITOS FISCALES. El artículo 92, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación establece que para conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución de delitos fiscales no graves, el monto de la garantía que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuantificación del daño o perjuicio determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las contribuciones adeudadas más la actualización y recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva dicho beneficio. Ahora bien, esa norma se declaró inconstitucional, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 37/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 44, con el rubro "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL ARTÍCULO 92, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL AL CONDICIONAR ESE BENEFICIO AL PAGO DE UNA GARANTÍA POR EL MONTO ESTIMADO DEL DAÑO O PERJUICIO FISCAL, INCLUYENDO LAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS, ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS.", toda vez que el artículo 94 del indicado código fiscal prohibía a la autoridad fiscal imponer sanciones pecuniarias en los delitos fiscales. En términos de la referida jurisprudencia, las contribuciones, actualizaciones y recargos forman parte de la reparación del daño y, por ende, de las vedadas sanciones de tipo pecuniario. Sin embargo, dado que el aludido artículo 94 fue derogado mediante decreto publicado el 28 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, se concluye a través de un argumento a contrario sensu que ha desaparecido la condición de inconstitucionalidad. Aunado al razonamiento anterior, se considera que el artículo 92, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación respeta el orden constitucional, pues el hecho de incluir como parte del monto de la caución los referidos elementos no transgrede el contenido del artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (texto anterior a la reforma publicada en el citado medio de difusión oficial el 18 de junio de 2008), el cual establece que la reparación del daño es uno de los requisitos que debe tomar en cuenta el juez para resolver la forma y el monto de la caución. En los delitos de índole fiscal, como el contrabando, el daño o menoscabo patrimonial derivado de la conducta delictiva se traduce precisamente en la omisión de pago de las contribuciones correspondientes que habría recibido la Secretaria de Hacienda si la mercancía se hubiera introducido al país contando con el permiso respectivo. Y jurisprudencia emitida por la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, visible en la página 807, tomo I, abril de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2014145, que establece "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. LOS ARTÍCULOS 399 Y 402 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO LIMITAN LA GARANTÍA DE ASEQUIBILIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). Conforme al citado precepto constitucional, cuando el inculpado queda a disposición del juez puede solicitar la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando el delito imputado y las circunstancias permitan acceder a tal beneficio; siendo que el monto de la caución fijada debe ser asequible para el inculpado, para lo cual el juzgador no solamente debe tomar en cuenta la reparación del daño y las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponerse, sino también el cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. En ese sentido, se concluye que los artículos 399 y 402 del Código Federal de Procedimientos Penales no limitan la garantía de asequibilidad a que se refiere el numeral 20, apartado A, fracción I, de la Constitución General de la República, pues por lo que hace al indicado artículo 399, tratándose de delitos con efectos económicos en los que el autor obtiene un beneficio o causa un daño patrimonial, el objeto de la garantía es asegurar la reparación del daño, ya que de lo contrario la fianza podría resultar significativamente menor al beneficio obtenido con el ilícito o a los daños y perjuicios causados con su realización, lo cual también se justifica en la sanción pecuniaria que pueda llegar a imponerse; mientras que el citado artículo 402 establece una prevención idéntica a la contenida en el aludido precepto constitucional. De manera que al señalar dicho artículo que se tomará en cuenta la naturaleza de la garantía que se ofrezca, sólo desarrolla un concepto incluido en la Constitución, además de considerar las diversas formas previstas en la legislación penal para exhibir la caución (depósito en efectivo, fianza, prenda, hipoteca, entre otras), lo cual también permite cumplir con la orden de que la garantía debe ser asequible para el inculpado, ya que éste puede presentar la caución fijada en la forma que más le convenga, por mandato constitucional. Además, la materia que anima a los señalados artículos procesales no es la libertad provisional bajo caución del inculpado, sino el derecho a obtenerla cuando se cumplan los requisitos de ley; de ahí que no pueden considerarse inconstitucionales, al no prever mayores requisitos a los contenidos en la Ley Fundamental. Finalmente, opuesto a lo manifestado por el quejoso, no se transgrede en su perjuicio, el principio de presunción de inocencia, el cual es considerado como derecho humano, a la luz de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como la piedra angular de todo el proceso penal acusatorio; donde toda persona a quien se imputa un delito tiene derecho a considerarse inocente, en tanto no se pruebe legalmente su culpabilidad, en proceso realizado con todas las garantías previstas en ley, en el que se resuelva con base en pruebas debidamente valoradas que demuestren la culpabilidad del imputado. Ello es así porque, al solicitarle que garantice la reparación del daño, contrario a lo que aduce, no representa una presunción de culpabilidad, ya que frente a esa medida de aseguramiento, la Constitución Federal establece en su favor la garantía de la libertad provisional bajo caución, cuya finalidad es no privar de la libertad a la persona que se le imputa un delito no grave y al mismo tiempo asegurar que quede sujeta a la acción del tribunal que conozca del respectivo juicio de reproche. Por el contario, la garantía de libertad provisional bajo caución encuentra sustento en el principio de presunción de inocencia, consistente en que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía de audiencia. El principio de presunción de inocencia descansa la garantía de la libertad provisional, pues solamente la presunción de que el inculpado es inocente (mientras no se demuestre su culpabilidad), es lo que le permite estar libre enfrentando su proceso. Ese beneficio se encuentra a disposición del inculpado, pues se prevé que inmediatamente que lo solicite debe ser puesto en libertad provisional, bajo las condiciones y requisitos que constitucional y legalmente procedan, tomando en consideración sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le atribuya. En esas condiciones, el Juez en un proceso penal puede válidamente imponer al inculpado que se acoja al beneficio de la libertad provisional, la obligación de garantizar las obligaciones procesales así como la reparación del daño, pues éstas son medidas para sujetar al probable responsable a un proceso por el que se culminará con una sentencia; por lo que no contrario a lo que aduce, el hecho de que el juez de la causa le haya solicitado garantizar la reparación del daño, no vulnera el principio de presunción de inocencia. En las relatadas condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección constitucional solicitada por **, por las consideraciones señaladas anteriormente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XX, 63, fracción V, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **, en contra del acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese. ACUERDO DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Toluca, Estado de México; diez de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, la sentencia que negó la protección de la justicia federal en el presente juicio, no fue recurrida por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo en comento conforme a su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese como asunto concluido. Consecuentemente, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del Acuerdo citado. 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración pues se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo de dicho Acuerdo General). 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en mención). 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En otro orden de ideas, devuélvanse al Juez responsable, las constancias que remitió como anexo a su informe justificado; lo anterior, sin necesidad de requerirle a la citada autoridad que acuse de recibo, pues dichas documentales son copias certificadas. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente se hace la precisión que los cuadernos incidentales serán remitidos por separado al archivo físico junto con el cuaderno principal. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, la sentencia que negó la protección de la justicia federal en el presente juicio, no fue recurrida por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo en comento conforme a su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese como asunto concluido. Consecuentemente, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa 1. El presente asunto es susceptible de depuración, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del Acuerdo citado. 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración pues se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo de dicho Acuerdo General). 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en mención). 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En otro orden de ideas, devuélvanse al Juez responsable, las constancias que remitió como anexo a su informe justificado; lo anterior, sin necesidad de requerirle a la citada autoridad que acuse de recibo, pues dichas documentales son copias certificadas. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente se hace la precisión que los cuadernos incidentales serán remitidos por separado al archivo físico junto con el cuaderno principal. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VII Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de donde se aprecia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para hoy, sin embargo, toda vez que no se cuenta con las constancias de emplazamiento de la parte tercera interesada Director General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación ordenada en proveído de diez de julio de dos mil diecinueve. Por tanto, para no violar las reglas procesales que rigen al juicio de amparo y dar oportunidad de que la parte tercera interesada comparezca a juicio, la audiencia constitucional se difiere y se señalan las diez horas con treinta minutos del veintidós de agosto de dos mil diecinueve para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VII Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por el Juez Sexto de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, a través del cual rinde su informe justificado y remite copias certificadas, en dos tomos, de todo lo actuado en el causa penal 10/2018; dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al diverso 124 del propio cuerpo normativo de leyes. De conformidad con lo dispuesto por los ordinales 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que fueron anexadas a su informe justificado; por tanto, manténganse por cuerda separada, previa carátula que se forme para su debida identificación. Resulta aplicable al caso, por analogía, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3456 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, la cual establece "INFORME JUSTIFICADO, OBLIGACIÓN DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS CONSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES ADJUNTAN A AQUEL. El artículo 149 de la Ley Orgánica del Juicio de Amparo, obliga a las autoridades responsables a rendir sus informes justificados y a acompañar a éstos, en su caso, copia certificada de las constancias que tiendan a demostrar la legalidad de su actuación; por tanto, la finalidad perseguida en el precepto citado, es la de que los Jueces de Distrito tengan en cuenta las constancias contenidas en esa copia certificada, para juzgar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esas constancias tienden precisamente a comprobar, por parte de las responsables, la legalidad de su actuación.". En otro orden, toda vez que de lo hecho del conocimiento por la responsable y de las constancias recibidas se advierte que al Director General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, le recae el carácter de tercero interesado de conformidad con el ordinal 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con el artículo 28, de la Ley de Amparo, se ordena remitir mediante oficio al citado tercero, copia del escrito de demanda, auto admisorio y copia del informe justificado que se atiende, a efecto de emplazarlo al presente juicio. Finalmente, para el caso de que la autoridad destinataria del oficio por el que se le dé a conocer el presente acuerdo se encuentre gozando del período vacacional correspondiente al segundo semestre del año, y por tal motivo haya suspendido sus labores; comisiónese al actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día en que las reanude, entregue el oficio notificatorio sin necesidad de ulterior acuerdo; mismo que en tanto deberá quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta que sea debidamente entregado a su receptor. Notifíquese.

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