Carlos Alberto Castro Vargas

Expediente 768/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 30 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
768/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Castro Vargas
  • CARLOS ALBERTO CASTRO VARGAS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. SE DECLARA CONSENTIDO EL FALLO PROTECTOR Y SE ORDENA SU ARCHIVO. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; respecto de los párrafos anteriores. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se otorgó la protección constitucional (artículo 18, fracción I, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 18 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, dentro de los siguientes noventa días éste órgano de control constitucional procederá a la depuración del mismo, de conformidad con el párrafo tercero del artículo en cita. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de siete de diciembre dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que los actos reclamados se hicieron consistir en: "1. Incomunicación, tortura y/o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Omisión de mantener con condiciones saludables de higiene y con los servicios necesarios la celda 13 de la planta alta pasillo 4 del dormitorio 9 del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito" Almoloya de Juárez." Mediante sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se resolvió el asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por Carlos Alberto Castillo Vargas y/o Mario Alberto Rodríguez Vargas y/o Mario Alfonso Rodríguez Vargas, contra los actos y autoridades señalados en los considerandos segundo y tercero de este fallo." Inconforme contra dicha resolución, Luceli del Carmen Mendoza Martínez, en su carácter de asesora jurídica del quejoso Carlos Alberto Castillo Vargas y/o Mario Alberto Rodríguez Vargas y/o Mario AlfonsoRodríguez Vargas, interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; el cual registró como recurso de revisión 256/2021; ahora bien, la ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria por la superioridad el veintiocho de abril del año en curso, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la resolución sujeta a revisión. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la parte final del considerando Tercero de esta ejecutoria, se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo 768/2021-I del Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, promovido por Carlos Alberto Vargas y/o Mario Alberto Rodríguez Vargas y/o Mario Alfonso Rodríguez Vargas." En acatamiento a esa determinación, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y mediante sentencia de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Carlos Alberto Castillo Vargas y/o Mario Alberto Rodríguez Vargas y/o Mario Alfonso Rodríguez Vargas, en contra de los actos y autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carlos Alberto Castillo Vargas y/o Mario Alberto Rodríguez Vargas y/o Mario Alfonso Rodríguez Vargas, en contra de los actos y autoridades precisadas en los considerandos segundo y cuarto de la presente resolución, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia." La concesión del amparo fue para los efectos siguientes: "(...) En tanto el justiciable se encuentre bajo la supervisión de las autoridades penitenciarias señaladas aquí como responsables (independientemente de la persona física que ostente el cargo), ya sea con motivo de la prisión preventiva impuesta como medida cautelar o bien, a consecuencia de estar compurgando la sanción corporal determinada en sentencia de condena, se abstengan de desplegar en su contra actos lesivos de su dignidad humana; lo que implica que no deberá estar recluido en una celda con las condiciones que imperaban al momento de instar la acción constitucional, de conformidad a lo establecido en esta sentencia. Se precisa que para efecto de calificar el cumplimiento de esta sentencia, bastará que se verifique por las autoridades carcelarias, que el impetrante no continúe ni permanezca recluido en una celda, en las condiciones y con las características que prevalecían al momento de ejercitar la acción de amparo (con presencia de insectos y roedores) y que motivaron el otorgamiento de la protección constitucional" (sic)" Ahora bien, mediante oficio registrado con número de promoción 20909, el Director General y el Administrador, ambos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, informaron que tomaron conocimiento y acataron el fallo protector, máxime que el Administrador del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, en su informe recibido el veintisiete de septiembre de la presente anualidad, informó que el aquí quejoso había sido reubicado en una estancia distinta a fin de restituir el goce de sus derechos. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que realizaran las manifestaciones que a su derecho estimara conveniente, sin que así lo realizara. Lo precedente revela que la responsable acató los efectos de la ejecutoria, pues tal y como se aprecia de las constancias que obran en el presente asunto, y obran dentro del expediente se dio cumplimiento al fallo protector; de ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra totalmente cumplida. En consecuencia, las responsables no incurrieron en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." RESERVA DE OFICIO POR PERIODO VACACIONAL. Para el caso de que la autoridad destinataria del oficio que se genere por la presente determinación, se encuentre gozando del período vacacional correspondiente al segundo semestre del año en curso, y por tal motivo, haya suspendido sus labores; se comisiona al actuario adscrito a este juzgado para que precisamente en el día en que reanuden labores, entregue el oficio relativo, sin necesidad de ulterior acuerdo, mismo que deberá quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil veintidós. VISTA CON CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta enviado al correo electrónico de este juzgado por el Director General y por el Administrador, ambos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, con el que comunican la forma en que cumplen con la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dése vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que las responsables dan cumplimiento al fallo protector, y una vez transcurrido el plazo dado, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano judicial de amparo declarara si la sentencia está cumplida o no, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa por conducto de su asesora legal.

  4. Principal

    MESA I. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que las autoridades responsables directamente encargadas de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, el Director y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, México, así como el Administrador de ese centro carcelario, no han remitido las documentales con las cuales acrediten haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante de estar debidamente notificadas para ello. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a las autoridades responsables Director y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, México, así como al Administrador de ese centro carcelario, para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, cumplan con el fallo protector y remitan copia certificada de las constancias que así lo acrediten, esto es: "(.) En tanto el justiciable se encuentre bajo la supervisión de las autoridades penitenciarias señaladas aquí como responsables (independientemente de la persona física que ostente el cargo), ya sea con motivo de la prisión preventiva impuesta como medida cautelar o bien, a consecuencia de estar compurgando la sanción corporal determinada en sentencia de condena, se abstengan de desplegar en su contra actos lesivos de su dignidad humana; lo que implica que no deberá estar recluido en una celda con las condiciones que imperaban al momento de instar la acción constitucional, de conformidad a lo establecido en esta sentencia." De igual forma, la Jurisprudencia I.3o.C. J/7 (10a.), de la Décima Época, visible en la página: 2892, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Con el apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de las autoridades requeridas una multa de CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE para todo el país, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en caso de reiterar su conducta omisiva al respecto se duplicará dicha multa, hasta llegar a mil veces la unidad de medida y actualización. Y en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, en el momento procesal oportuno este órgano jurisdiccional declarará que la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para los efectos del artículo 107 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

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