Carlos Alberto Cuevas González

Expediente 1675/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1675/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Cuevas González
  • Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "Cps-Durango"

Actuaciones

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, porque no obra el acuse 36786/2023, de la autoridad responsable Titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Sistema de Justicia Penal Adversarial CDMX, del acuerdo diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual se le requirió rendir su informe justificado, por tal motivo, el presente asunto no está integrado para celebrar audiencia constitucional. Requerimiento a correo. Por lo tanto, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro de cinco días siguientes a la notificación de este auto, informe a este juzgado de distrito el destino dado al oficio 36786/2023, del acuerdo diecinueve de septiembre de la presente anualidad, dirigido al Titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Sistema de Justicia Penal Adversarial CDMX, o en su caso, remita copia certificada de entrega de los citados registros. Apercibimiento Para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cincuenta, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las doce horas con cuarenta minutos del veinte de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LA QUEJOSO:VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Luis Antonio Fernández Elosegui, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que a continuación se transcriben: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, se radicó el juicio de amparo con el número 756/2023 y por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta al tratarse de actos reclamados a una autoridad residente en el territorio donde este juzgado ejercerse jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que las autoridades y sus actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: La orden de aprehensión y/o comparecencia dictada en su contra; y, La ejecución. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Desistimiento del juicio. Sin necesidad de analizar la certeza de los actos reclamados, este juzgado considera que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, ya que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda [.]" En efecto, el precepto anterior señala que procede decretar el sobreseimiento del juicio de garantías, cuando el quejoso desista de la demanda de amparo, lo cual se relaciona con el contenido del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que establece que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre se debe seguir a instancia de parte agraviada, con lo que se entiende que válidamente puede desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad ante la presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado o mandatario. Con base en lo expuesto, conviene destacar que en las constancias que integran el cuadernillo auxiliar derivado de este juicio de amparo, las cuales gozan de valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. La parte quejosa presentó escrito el seis de noviembre del año en curso, mediante el cual se desistió del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. 2. En virtud de lo anterior, se requirió al quejoso para que ratificara el aludido desistimiento, quien así lo hizo ante la presencia del actuario judicial de la adscripción mediante diligencia de siete de noviembre siguiente. Consecuentemente, es clara la intención del quejoso de dar por concluido el presente procedimiento constitucional a su entero perjuicio, por lo que tal hecho actualiza la causal de sobreseimiento prevista por la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, por cuya razón procede decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial 2a./J. 33/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147, tomo XI, abril de 2000, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y nueve, Volumen 187-192, Séptima Parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DESISTIMIENTO, SOBRESEIMIENTO POR. Prospera el desistimiento en el juicio constitucional, si se lleva a cabo la ratificación del escrito relativo ante la presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado". Y la tesis visible en la página 681, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo I, Segunda Parte-2, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO. Si durante la tramitación del juicio de amparo el quejoso se desiste expresamente de la demanda que interpuso, procede sobreseer en el juicio constitucional con apoyo en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por otra parte, no es inadvertido que el desistimiento del quejoso aconteció con posterioridad a la fecha en que se celebró la audiencia constitucional del presente juicio de amparo; sin embargo, tal hecho no constituye un obstáculo para decretar el sobreseimiento en este fallo, por razón de que el desistimiento opera en cualquier etapa del procedimiento, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria. Máxime que es válido para este juzgado analizar las pruebas documentales en las que aparezca o sobrevenga la improcedencia del juicio, con independencia de que hayan sido aportadas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, mayo de 2012, tomo 2, página 1279, que reza: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, por los motivos y consideraciones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio signado por el apoderado jurídico del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación, por lo que, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que substancie el recurso de mérito, anexando el original y copias del escrito de interposición del recurso y agravios, para los efectos legales correspondientes. Cuaderno de antecedentes. En su oportunidad, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia certificada de las constancias en formato físico necesarias, que permitan conocer la historia procesal completa del juicio de amparo en que se actúa, exceptuándose de lo anterior las que consten en el expediente electrónico. Traslado. Con excepción de la autoridad recurrente, distribúyanse entre las demás partes copia del referido medio de impugnación, para los efectos legales correspondientes. Anotaciones. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.

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