Carlos Alberto Angelino Barron

Expediente 427/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
427/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barron

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Efectos de control. Se ordena agregar para efectos de control el oficio y anexo de cuenta toda vez que el juicio de amparo en que se actúa se encuentra concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta se aprecia que a la fecha le transcurrió a la parte promovente el plazo de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, en los términos del numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, diez de junio de dos mil veintidós. Oficio. Se ordena agregar a sus antecedentes el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, mediante el cual no acepta la competencia declinada en el juicio de amparo en que se actúa, mismo que registró con el número estadístico 708/2022. No se insiste en la competencia declinada. Desechamiento. Una vez asentado lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que la demanda que se analiza, resulta notoriamente improcedente, por las siguientes razones y fundamentos legales: El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 113: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De la lectura de la demanda, la misma carecen de firma autógrafa y/o electrónica. Al respecto, este Juzgado Federal, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, por lo que hace a las demandas que dieron origen a este juicio. Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se dejen inválidos los actos de autoridad trasgresores de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3º, 6°, y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o si se presenta por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Ello es así, porque la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En la especie, la demanda de amparo, carece de la firma autógrafa y electrónica de las personas que se indican como aparentes promoventes, por propio derecho. En ese sentido, no se advierte la manifestación de voluntad de los aparentes promoventes de acudir a la presente instancia constitucional, pues con la firma autógrafa o electrónica de los agraviados se expresa la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Además de que no se promueve en términos del artículo 15 de la ley de la materia. En efecto, se debe enfatizar que las promociones que carecen de firma electrónica, como en el caso que nos ocupa, no son una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, son equiparables a una copia simple, las cuales no tienen ningún valor probatorio, puesto que no se encuentran avalados mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido; por lo que no resulta procedente realizar un pronunciamiento judicial respecto de su contenido. Ante la determinación asumida, se resalta que no se desatiende lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de expediente electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a que se hizo referencia en párrafos anteriores, que dispone que el registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo, en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo y tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, como ya se indicó en párrafos que anteceden, las demandas de amparo presentadas vía electrónica, objeto del presente análisis, no se ubican en los casos de excepción ya indicados, para promover la demanda de amparo por medios electrónicos sin evidencia criptográfica. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que los actos reclamados se precisan en forma genérica en cuanto al señalamiento de circunstancias fácticas que se enuncian por los artículos 22 de la Constitución Federal y 15 de la Ley de Amparo; sin embargo, no se aporta algún dato concreto sobre su existencia, que permitan establecer que los mismos se hayan ejecutado o actualmente se estén ejecutando, o se vayan a ejecutar, además de que no se destacan como actos autónomos, sino que se hacen depender de la posible actualización de actos que no forman parte del listado restrictivo a que se refieren las normas antes precisadas. Adicional a lo anterior, se destaca que ni las condiciones actuales de salud que se viven en el país derivado de la pandemia provocada por el virus conocido como COVID-19, ni la condición de persona privada de la libertad de los aparentes promoventes, constituyen un obstáculo material insuperable que impida a los quejosos promover la demanda de amparo con firma autógrafa. Lo anterior, pues a la fecha ya se encuentra funcionando con regularidad la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de en La Laguna, la cual se encarga de recibir los escritos de demanda de las personas que no cuenten con firma electrónica; por lo que se salvaguarda el derecho de los quejosos a promoverla por propio derecho o por conducto de quien legalmente los represente (apoderados o defensores), a través de la referida área. Por consiguiente, quien se menciona como promovente no firmó electrónicamente la demanda que presentó a través del Portal de Servicios en Línea, entonces no se demostró su voluntad inequívoca de instar la acción constitucional; requisito que debe cumplirse cuando los actos reclamados no sean de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia PC.I.C. J/6 C (11a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE PRESENTA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SIN LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL PROMOVENTE, PROCEDE REQUERIRLO PARA QUE LA RATIFIQUE SÓLO SI SE ENCUENTRAN ACTIVOS LOS PROTOCOLOS DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO ROJO A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19)." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que no se aprecia la voluntad del quienes aparecen como promoventes de la demanda de amparo, la presente determinación se ordena notificarla por lista en términos de los artículos 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo. En el entendido de que es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, a qué juzgado se remitió su demanda de amparo y del acuerdo que recaiga a la misma, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado. Es aplicable a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis P./J. 12/96, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMUN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Las demandas de amparo que se presentan fuera del horario de labores ante el secretario autorizado de un Juzgado de Distrito, en términos del último párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo, deben ser remitidas a la oficina de correspondencia común, para que ésta cumpla con el procedimiento que señala el artículo 56 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (49 de la ley en vigor); esto es, para que la registre por orden numérico riguroso y la turne al juzgado que corresponda. Por otra parte, el examen de los artículos 30, primer párrafo, y 147, primer párrafo, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que no hay obligación legal para el Juez de Distrito, de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, pues el primero de los numerales señalados dispone este tipo de notificación respecto del emplazamiento del tercero perjudicado y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, y le otorga al juzgador la facultad de ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente; por tanto, es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término, a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." Notifíquese.

  4. Principal

    Se notifica por lista a Oscar Eusebio Soto Sánchez. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, y realiza diversas manifestaciones en relación a la autoridad responsable denominada ********************, en su carácter de Director Responsable de Obra No. 229 Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Lerdo, Durango. No obstante lo anterior, y toda vez que en autos obra una constancia de notificación en el domicilio ubicado en ********************, se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que notifique el auto de dos de mayo del año en curso en el domicilio antes citado.

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