Carlos Alberto Couoh Chi
Expediente 294/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Alberto Couoh Chi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado la determinación señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en auto el acuse de recibo relativo al oficio por medio del cual se notificó la sentencia a la autoridad responsable y tercera interesado foráneas, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra los actos que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables, siendo que en relación dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión en contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se negó el amparo en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que su acto subsista. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en los registros de este órgano jurisdiccional, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista la fracción III, inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección constitucional y carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra dentro de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es conservable, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 17 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 294/2023-VII-A, promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, comparecieron ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclaman del Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiocho de febrero de esta anualidad, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual tuvo verificativo, previo diferimiento, al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES: PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 56 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó del Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax: El auto de vinculación a proceso dictado el uno de febrero de dos mil veintidós en autos de la carpeta de administrativa 96/2022. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax, pues así lo expresó al rendir su informe justificado (promoción 8808). Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió dicha responsable de la carpeta administrativa 96/2022, y el disco en formato D.V.D. que contiene el audio y video de las audiencias celebradas en dicho procedimiento penal; documentales que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. CUARTA. Causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza del acto combatido y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, ya sean advertidas por este órgano federal o señaladas por las partes, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. QUINTA. Conceptos de violación. No advirtiendo algún motivo de improcedencia que se actualice de oficio o que hayan propuesto las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTA. Estudio del asunto. Resultan infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, motivo por el cual deberá negarse el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En el caso, los promoventes aducen que el Juez responsable dictó auto de vinculación a proceso sin haber cumplido con los requisitos que establece el artículo 16 constitucional y el 316 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales en virtud de que no existen elementos suficientes para su dictado, pues estima que hay una insuficiencia probatoria, por parte de la fiscalía al no reunirse los elementos del tipo penal de amenazas y difamación. Que se vinculó a proceso a Rutilio Couoh Chi, sin haber cometido algún hecho que pudiere considerarse como delito ya que no formuló amenazas, ni tiene una cuenta de Facebook, y tampoco ha hecho publicación alguna que pudiera dañar a una persona. Y en cuanto a las declaraciones testimoniales que obran en autos, existen versiones distintas en cuanto a los hechos que se dieron el trece de junio de dos mil veintiuno, pues la fiscalía durante la integración del expediente no logró esclarecer los hechos que originaron la causa penal, y existen contradicciones entre las declaraciones de la víctima y sus testigos, Que existe una violación a sus derechos humanos, pues la cuenta de Facebook de C*** es privada. Que existe un informe psicológico de la víctima, quien manifesta que tiene temor y afectaciones, pero no tiene un nexo causal, pues no se han esclarecido los hechos por parte del Ministerio Público y no hay indicios en la carpeta de investigación, pues la fiscalía no realizó lo correspondiente en cuanto a la investigación para demostrar la existencia de un hecho catalogado como delito. Que durante la audiencia se proyectó la publicación hecha en contra de la víctima, en donde la defensa manifestó que no se contaba con la fecha de la publicación, y que dicha publicación se encontraba editada, siendo que la Fiscalía no se avocó entre sus funciones a investigar la procedencia de las mismas en la página social para comprobar su veracidad. Por lo anteriormente expuesto, considera que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 20 y 20 apartado B, fracción IV, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 316 fracción III y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso (que dio origen al acto que se reclama) se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin pasar por alto el derecho a la debida fundamentación y motivación de dicha resolución, que se encuentra tutelada en el artículo 16 de la misma Ley Suprema. Dichos preceptos establecen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..." "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: - Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. - Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. - Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aun y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. - Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: - Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. - Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. - Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Sirve de poyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, visible a página 1942, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación." Tal como lo estimó el Juez responsable, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. Así, una vez analizados los motivos de inconformidad que vierte el solicitante del amparo, se concluye como ya se dijo, que los mismos devienen infundados. Ello es así, porque como de manera correcta lo determinó el Juez responsable, los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos a cabalidad, como a continuación se expondrá. En primer lugar, del disco óptico que remitió el Juez responsable, se advierte que, en atención a lo dispuesto por el artículo 316, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra de los quejosos ********************, (minuto 11:52:03), misma audiencia en la que la fiscal investigadora solicitó se les vinculara a proceso por los delitos de amenazas y difamación, previstos y sancionados por los artículos 233, 234 fracción I y 295, todos del Código Penal del Estado de Yucatán, en vigor; en agravio de **** e imputados por la representación social (minuto 11:59: 53), por lo que el Juez responsable, tuvo por legalmente formulada la imputación. Siendo que el uno de febrero de dos mil veintitrés, el Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, dictó auto de vinculación a proceso en contra de los imputados ********************, por la probable responsabilidad en la comisión de los aludidos delitos de amenazas y difamación, previstos y sancionados por los artículos 233, 234 fracción I y 295, todos del Código Penal del Estado de Yucatán, en vigor querellados por D***, e imputados por la representación social. En efecto, de los datos de prueba relacionados por el Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, permiten establecer que en el caso, se cometieron los hechos señalados como los delitos de Amenazas y Difamación, y la probabilidad de que los imputados, aquí quejosos, los cometieron. De ahí que, la resolución de uno de febrero de dos mil veintitrés en la que se decretó auto de vinculación a proceso en contra de los aquí quejosos, se encuentre ajustada a derecho, toda vez que de los datos de prueba existentes se desprenden indicios razonables y suficientes que hasta este momento permiten establecer la probabilidad de que intervinieron en las conductas delictivas que se les atribuyen, constitutivos de amenazas y difamación en contra de la querellante Delsi Minelia Caamal Couoh, previstos y sancionados por los artículos 233, 234 fracción I y 295, todos del Código Penal del Estado de Yucatán, en vigor. En efecto, para llegar a esa conclusión, se tomaron en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la fiscalía estatal, y que en el caso concreto resultan: Escrito de querella de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, ratificado en la misma fecha, en la que la víctima refirió que desde hace tiempo atrás Carlos Alberto Couoh Chi ha estado afirmando hechos falsos en su contra, y el trece de junio de dos mil veintiuno, a las dieciocho horas, Carlos Alberto y Rutilio Couoh Chi, se apersonaron a las puertas de su casa, para reclamarle que su sobrino Eligio Margarito Pool Couoh se encontraba muy delicado de salud, infectado del virus Covid-19, gritándole que deshiciera el hechizo que le había hecho a su aludido citado sobrino, Rutilio le gritó que era una bruja y le pidió que retirara la Brujería. Que su madre Fandila Couoh Chi escuchó todo, lo que le provocó pánico e hiperventilación por lo que les solicitaron que se retiraran, que Carlos Alberto respondió que todo el pueblo se iba a enterar de los hechizos, y que se iba a arrepentir de haber embrujado a su sobrino Margarito, y que todo el pueblo se iba a enterar hasta sacarla a pedradas. Que el catorce de junio de dos mil veintiuno, falleció Eligio Margarito Pool Couoh, por lo que el señor Carlos Alberto publicó en la red social Facebook la frase "conozcan a esta bruja, ella mató a mi sobrino Márgaro, se lo entregó a su dios por $3,000.00, no el Covid lo mató, ella lo mató, pero en esta vida todo se paga, ojalá le sigan mandando dinero por mi hermanito hichi San Cocon como es conocido para que siga matando gente, ahora vas a comer bien, conseguiste lo que quieres, y si llegara a pasar algo a los demás integrantes de mi familia o a mí, ella es la única responsable. Acta de defunción de Eligio Margarito Pool Couoh, de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en la que se asentó como causa de su fallecimiento insuficiencia renal, choque séptico y neumonía por Covid-19. Escrito de siete de julio de dos mil veintiuno en la que el psicólogo Alejandro Benavides Dosales, hizo constar la necesidad de psicoterapia a la víctima para mejorar su estado emocional y psicológico en base a la entrevista que le practicó en la que consta de igual manera que ella consume medicamentos para dormir y tiene temor de que su familia la asesine. Acta de entrevista de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, practicada al testigo Rene Alonso Castillo Novelo en la que manifestó que el catorce de junio de dos mil veintiuno, al estar revisando sus redes sociales vio una publicación de Facebook en la que Carlos Alberto Couoch Chi culpaba a la querellante de la muerte de Eligio Margarito Pool Couoh y que con motivo de dicha publicación, la querellante ha recibido amenazas por parte de la gente del poblado de Mama, ya que al día siguiente de la publicación supo por los vecinos que estaban buscando gente del poblado para lapidar su casa, sacarla y hacerle daño con una escopeta. Entrevista practicada por la fiscalía el veinte de julio de dos mil veintiuno, a Maury Alexandra Pool Caamal quien refirió ser hija de la querellante y que el trece de junio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las dieciocho horas se encontraba en su domicilio en compañía de su madre, la ahora víctima, cuando se presentaron los inculpados, gritando a su madre que ella le estaba quitando la vida a su sobrino Eligio Margarito Pool Couoh, por medio de brujería, que su madre tenía que hablar con su dios para que le quitara el hechizo, y que si su sobrino moría, iban a contratar a un cazador para que mataran a su madre y si le pasaba algo a Carlos Alberto o la familia de éste, la única culpable sería ella, ellos se retiraron diciendo que publicarían que era una bruja que mató con hechizos a Eligio Margarito Pool Couoh. Que el catorce de junio de dos mil veintiuno, se enteraron de la muerte de Eligio Margarito Pool Couoh, a través de la cuenta personal de Facebook de Carlos Alberto, donde se vio la publicación que decía que su madre era una hechicera y la culpaban de la muerte del sobrino y su madre se empezó a sentir mal, se deprimió y se le alteró la presión arterial; que Carlos Alberto se dedica a repartir tortillas y cuenta a sus clientes que la señora es una bruja y ya sus vecinos no le hablan ni le compran ropa y sabe que Carlos Alberto está juntando gente para sacarla del pueblo queriendo incluso golpearla. Entrevista realizada por la Fiscalía el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, a Nely Aracely Caamal May, quien refirió ser prima de la querellante, que el tres de marzo de dos mil veintidós, a las nueve horas, se encontraba en la calle con la querellante y Carlos Alberto le dijo a Delsi; pobrecita ahí se va la bruja con todo su hechizo pero con un par de balas no creo que le funcione. Que el veintisiete de junio de dos mil veintidós de nuevo fueron vistas por Carlos Alberto quien les gritó: "ahí se va la bruja hechicera no sabe lo que le espera que siga disfrutando su paseo, pobrecita", agregando que Delsi vende blusas y cenas y ya no le compran por miedo, que ha notado cambios en su estado de ánimo y no quiere salir a la calle. Entrevista de la Fiscalía, de fecha veintidós de octubre de dos mil veintidós, a Fandilia Couoch Chi, quien manifestó ser madre de la querellante, y que el día trece de junio de dos mil veintiuno, cuando se ubicaba en su rancho haciendo los preparativos para una novena, con su hija Delsi, escucharon unos gritos pronunciando el nombre de su hija, siendo que Delsi salió y la testigo escuchó desde la cocina una discusión, viendo a su hija discutiendo con los inculpados que son sus hermanitos, que fueron para que le quiten el hechizo a Eligio Margarito, a lo que ella dijo que no era cierto, que Carlos Alberto la jaló de la ropa y dijo si no quitas el hechizo, va a morir uno de ustedes, que se retiraron y seguían diciendo a la gente del pueblo que no se lleven con ella; que ellos no fueron invitados ese día, no entiende porqué fueron. Que vió también una publicación de Facebook en la que atribuían a su hija la muerte de Eligio Margarito por medio de brujería. Dictamen en psicología forense, realizado por la psicóloga Campo Alonzo del Instituto de Ciencias Forenses, en el que se concluyó que la víctima presenta afectaciones relacionadas con los hechos, y que en una comunidad pequeña, la comunicación de que alguien practica brujería podría tener gran impacto en la persona, se recomienda que retome su proceso psicológico. En el caso, como conceptos de violación los promoventes aducen que el Juez responsable dictó auto de vinculación a proceso sin haber cumplido con los requisitos que establece el artículo 16 constitucional y el 316 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales en virtud de que no existen elementos suficientes para su dictado, pues estiman que hay una insuficiencia probatoria, por parte de la fiscalía al no reunirse los elementos del tipo penal de amenazas y difamación. Que en la audiencia de formulación de la imputación efectuada el veintisiete de enero de esta anualidad, no hubo formulación objetiva y subjetiva entre los elementos fácticos y el elemento jurídico de la teoría del caso de la fiscalía, ya que no narra ni expone los hechos del delito de amenazas, mismo que el juez no valoró y terminó con una vinculación a proceso. También aducen que se vinculó a proceso a Rutilio Couoh Chi, sin haber cometido algún hecho que pudiere considerarse como delito ya que no formuló amenazas, ni tiene una cuenta de Facebook, y tampoco ha hecho publicación alguna que pudiera dañar a una persona. Y en cuanto a las declaraciones testimoniales que obran en autos, existen versiones distintas en cuanto a los hechos que se dieron el trece de junio de dos mil veintiuno, pues la fiscalía durante la integración del expediente no logró esclarecer los hechos que originaron la causa penal, y existen contradicciones entre las declaraciones de la víctima y sus testigos,. Que existe una violación a sus derechos humanos, pues la cuenta de Facebook de Carlos Alberto Couoh Chi es privada. Que existe un informe psicológico de la víctima, quien manifesta que tiene temor y afectaciones, pero no tiene un nexo causal, pues no se han esclarecido los hechos por parte del Ministerio Público y no hay indicios en la carpeta de investigación, pues la fiscalía no realizó lo correspondiente en cuanto a la investigación para demostrar la existencia de un hecho catalogado como delito. Que durante la audiencia se proyectó la publicación hecha en contra de la víctima, en donde la defensa manifestó que no se contaba con la fecha de la publicación, y que dicha publicación se encontraba editada, siendo que la Fiscalía no se avocó entre sus funciones a investigar la procedencia de las mismas en la página social para comprobar su veracidad. Por lo anteriormente expuesto, considera que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 20 y 20 apartado B, fracción IV, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 316 fracción III y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Contrario a lo manifestado por lo quejosos, con los datos de prueba relacionados, se acredita el hecho que la ley señala como ilícito, esto es, que en el caso, ambos inculpados acudieron el día trece de junio de dos mil veintiuno al domicilio de la víctima, en donde le reclamaron la creencia de que ella había hechizado a un familiar, quien se encontraba delicado de salud, refiriendo varios anuncios de hacerle mal a su persona y desprestigiarla para que la gente la saque a pedradas e incluso dispararle, entre otras conductas de divulgación, actos que de materializarse, podrían atentar en contra de su integridad física o su vida mediante lapidación o disparo de arma de fuego, causando afectaciones psicológicas, por el mal anunciado a futuro. Hechos que se adminiculan con la publicación que hizo uno de los activos en la red social Facebook, en contra de la víctima, atribuyéndole ser hechicera y haber causado la muerte de una persona, publicación vista por los habitantes de Mama, Yucatán, y continuaron divulgando que la víctima había matado a su sobrino por medio de brujería. Comunicaciones dolosas realizadas conociendo sus consecuencias, consistentes en que en el pueblo se odien o no se lleven con la víctima, que le hagan daño en su persona, al ser imputaciones atribuidas para realizar deshonra o afectar su reputación. Colmando con ello los requisitos establecidos en el artículo 316, fracción III y 317, fracciones II y III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los anteriores datos de prueba, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por el Juez responsable, de conformidad con el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además pone de manifiesto que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso. En efecto, contrario a la apreciación de la parte promovente, en el caso existe la probabilidad (entendiéndose que no se requiere prueba plena de demostración), de que los imputados cometieron los hechos que se le imputan. Pues como se apuntó, existe el señalamiento en su momento, de diversos testigos que manifestaron haber estado presentes en varias ocasiones donde se realizaron los actos imputados a los inculpados. Y siendo que si bien en su mayoría, los hechos fueron atribuídos a Carlos Alberto Couoh Chi, y de la cuenta de éste fue hecha la publicación en la red social Facebook, en el caso existe el señalamiento de todos los testigos, que refieren que ambos inculpados Carlos Alberto y Rutilio Couoh Chi, estuvieron presentes el día de los hechos y formularon imputaciones y amenazas en contra de la querellante. Y finalmente en cuanto al medio de obtención de la publicación hecha en la red social Facebook, como correctamente lo manifestó el Juez responsable, contrario a lo manifestado por los quejosos, quedó establecido que la misma fue hecha en modo público, por lo que de ninguna manera se accedió a la cuenta del querellante de manera ilegal, lo que se robustece con el hecho de que varios testigos manifestaron haberla visto, sin necesidad de acceder a la cuenta de Carlos Alberto Couoh Chi. Por otra parte, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita de prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, tal y como sucede en la especie, ya que el estándar probatorio es mucho menor que para el dictado de un auto de formal prisión, pues se debe recordar que sólo se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y del eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así se estableció por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/20161, en la que sostuvo que en esta etapa del proceso que se analiza (auto de vinculación a proceso) basta con la existencia de indicios razonables que, a juicio del Juez de control, permitan establecer la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, visible a página 360, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por tanto, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar a ********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SÉPTIMA. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENA. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos señalados en la consideración sexta de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración séptima de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración octava de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguense a este expediente para los efectos legales condignos, el informe justificado rendido vía postal por el Juez de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, ambos con sede en Tekax, Yucatán, acompañado de dos anexos, consistente en una copia autorizada en DVD del registro de videograbación correspondiente a las audiencias celebradas en la causa penal 96/2022 y un legajo de copias certificadas derivadas de dichos autos. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguense a este expediente para los efectos legales condignos, el informe justificado rendido por el Juez de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, ambos con sede en Tekax, Yucatán. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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