Carlos Alberto Chable Contreras
Expediente 496/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Alberto Chable Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada en este juicio el doce de mayo de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su punto resolutivo primero negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la secretaría de este juzgado, los anexos consistentes en los originales del toca de apelación 143/2020 y el procedimiento especial de divorcio sin causales 739/2015, que fueron remitidos por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, junto con su informe justificado. Por tanto, devuélvanse los anexos de referencia a la citada autoridad, solicitándole se sirva acusar el recibo respectivo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo negado, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTO, para resolver los autos del juicio de amparo 496/2021-I-A, que promovió Carlos ***. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el cinco de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el propio día, por razón de materia, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, compareció Carlos *** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Declaratoria de incompetencia del Tribunal Colegiado. Por acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito se declaró incompetente para conocer del presente del asunto; razón por la cual, mediante diverso acuerdo de veinticuatro de marzo pasado, tras causar estado el primer proveído, ordenó remitir estos autos y anexos al Juez de Distrito en turno en el Estado, por ser la autoridad competente; que por razón de turno, le tocó conocer a este Juzgado Segundo de Distrito. TERCERO. Avocamiento al conocimiento de la demanda y admisión. Así, por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del asunto y admitió a trámite la demanda, dio vista del informe justificado que rindió la autoridad responsable, ordenó el emplazamiento de la tercero interesada y dio la intervención legal que competía a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Así mismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro P./J. 40/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de siete de septiembre de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación 143/2020, que dejó insubsistente la sentencia de primera instancia de once de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial Estado, en el Juicio Especial de Divorcio Sin Causales 739/2015; y ordenó reponer el procedimiento. TERCERO. Existencia del acto. Es cierto el acto que se reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, pues así lo reconoció su Presidente al rendir su informe justificado. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen por reproducidos, ya que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal. Para arribar a lo anterior, es importante destacar que de las constancias que remitió la Presidente de la Sala responsable con su informe, consistentes en los originales del procedimiento especial de divorcio sin causales 739/2015 y el toca de apelación 143/2020, a los que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Escrito de diecisiete de agosto de dos mil quince, en autos del expediente 739/2015; por el cual, el directo quejoso promovió Juicio Especial de Divorcio Sin Causales contra Francisca Gurrión Regalado, solicitando que la guarda y custodia de su hija menor, de entonces tres años de edad, quedara a cargo de la nombrada progenitora. 2. Informe de tres de febrero de dos mil diecisiete, relativo a la valoración psicológica realizada a la progenitora tercero interesada Francisca Gurrión Regalado y a su hija menor de entonces cuatro años. 3. Constancia de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, fecha en que se llevó a cabo la reanudación de la audiencia incidental y se citó a las partes para escuchar sentencia. 4. Sentencia de primera instancia de once de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado en el incidente (pérdida de patria potestad, régimen de convivencia, pensión alimenticia, garantía, liquidación de la sociedad legal, uso del domicilio conyugal y menaje); en la cual, entre otras determinaciones, se dejó subsistente la pensión alimenticia provisional que inicialmente se decretó a favor de la menor, por la cantidad mensual de $4,000.00 (cuatro mil pesos, sin centavos, moneda nacional) a cargo del quejoso, por no aportar la progenitora tercero interesada, prueba que justificara un incremento de la pensión, y por aducir la responsable haberlo determinado atendiendo al principio de proporcionalidad. También, se relacionó y consideró el informe que emitió la Unidad de Psicología de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, en el cual, se determinó que la menor por su corta edad, de entonces cuatro años, no era apta para ser escuchada y expresar su libre opinión sobre el derecho que tenía de convivir con sus progenitores; no obstante de tener siete años cumplidos al dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, fecha en que se llevó a cabo la reanudación de la audiencia incidental y se citó a las partes para escuchar sentencia. 5. Acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veinte, dictado en el toca de apelación 143/2020; mediante el cual, la Sala responsable tuvo por recibido del Juez de origen, los autos del juicio especial de divorcio y los recursos de apelación que ambas partes progenitoras interpusieron contra la referida sentencia. 6. Resolución de siete de septiembre de dos mil veinte, dictada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la cual, en su resolutivo segundo, dejó insubsistente la sentencia impugnada de once de septiembre de dos mil diecinueve y ordenó reponer el procedimiento para los efectos siguientes: "... reponer el procedimiento con la finalidad de que el A quo obtenga mayores elementos para permitir a la menor de edad aquí involucrada, formar parte de manera activa del procedimiento que nos ocupa; realizar la valoración psicológica del demandante que permita determinar un adecuado régimen de convivencia con él, así como para determinar de una forma más fehaciente el caudal económico del deudor alimentista, para lo cual, deberá girar por los conductos debidos, oficios al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, a fin de que informe si el obligado alimentario aparece como socio y/o administrador de alguna empresa en los últimos cinco años; así como si en el mismo periodo, existen bienes inmuebles a nombre del deudor alimentista; a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, para que informe si el mencionado deudor alimentario en el propio periodo aparece como dueño de algún vehículo automotor; así como al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Yucatán, para que informara si el aquí demandado aparece registrado como contribuyente, bajo qué régimen y los ingresos declarados por éste en los ejercicios fiscales de los últimos cinco años, o también si, aparece en dichos años como prestador de servicios; así como al Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal Yucatán, para que informe si el señor Chablé Contreras se encuentra dado de alta o cotizando ante dicho Instituto, y en caso afirmativo proporcione el nombre y domicilio del patrón, persona física o moral de la empresa que lo tiene registrado, y el monto del salario con el que se encuentre dado de alta; así como al Ayuntamiento de la ciudad de Mérida, Yucatán a fin de que informe si se encuentra dado de alta con licencia para algún negocio a nombre del deudor alimentista; así como a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia para que realice un estudio socio económico en el domicilio señalado por la parte actora como particular, siendo lo anterior, de carácter demostrativo y no limitativo, por lo que el Juez de primera instancia deberá considerar si hubieren otras formas de allegarse de mayores elementos para tal fin, para que posteriormente con base en la información recabada proceda a dictar una nueva sentencia con libertad de jurisdicción..." Esta resolución, constituye el acto reclamado. En síntesis, la Sala ordenó reponer el procedimiento para los puntos siguientes: 1) Se obtengan mayores elementos para que la menor de edad pueda formar parte activa del procedimiento. 2) Realizar la valoración psicológica del demandante, la cual ya había sido ordenada, pero éste se rehusó a practicársela no obstante de haber sido requerido; ello, a fin de determinar un adecuado régimen de convivencia de la menor con él. 3) Obtener mayores datos para determinar con más certeza el caudal económico del quejoso deudor alimentista, para efectos de la pensión alimenticia de la menor. Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que el peticionario, como conceptos de violación, aduce se violan en su contra sus derechos fundamentales de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica contenidos en los artículos 1°, 4°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Tribunal de segunda instancia no realizó una adecuada interpretación y valoración de la pruebas ofrecidas y repuso el procedimiento basándose en una indebida interpretación del interés superior de la menor, sin valorar adecuadamente las probanzas que ya obraban en autos. Lo anterior, pues el quejoso aduce que resulta ocioso e innecesario realizar una nueva valoración psicológica a su hija, así como permitir su escucha en el procedimiento; ya que tales situaciones pudieran repercutir en su esfera y ocasionarle daños emocionales irreparables a la menor, pues en la valoración psicológica que se le hizo a sus cuatro años de edad, se determinó que no era apta para participar por sus condiciones de madurez, atento a su edad, ya que era susceptible de distorsionar su memoria por ser menor de 8-9 años, edad en que aproximadamente los niños toman conciencia y adquieren capacidad para reconstruir hechos. Razón por la cual, el quejoso estima no le asiste razón a la Sala responsable para reponer el procedimiento y realizar una nueva valoración psicológica a su hija, ya que insiste en que no tiene la madurez ni la capacidad para reconstruir hechos en virtud de su edad, aunado a sus manifestaciones de que si bien ambos padres se quejan de violencia, en ninguna parte se señala que ésta hubiera sido ejercida contra la menor por alguno de sus progenitores, ni que se le hubiera causado algún daño emocional, por lo que la prueba psicológica de la niña es ociosa y sólo atrasaría más el procedimiento. Sin embargo, es infundada tal dolencia. Para arribar a lo anterior, cabe citar los siguientes preceptos: Artículo 4°, párrafos noveno, décimo y decimoprimero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "(...) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. (.)." Artículos 1, 3 y 12, Apartados 1 y 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación. "Artículo 1º. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad." "Artículo 3º. 1. En todas las medidas concernientes a los nin~os que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá sera´ el intere´s superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al nin~o la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas." "Artículo 12. 1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional." Artículo 41, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. "Artículo 41. El derecho a expresar opinión implica que se les tome su parecer respecto de: "A. Los asuntos que los afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen. B. Que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas respecto a los asuntos de su familia o comunidad." De lo anterior se colige que por mandato expreso del artículo 4o. constitucional, es obligación del Estado velar y cumplir con el principio del interés superior del menor; y conforme a los demás ordenamientos plasmados, que forman parte del sistema jurídico mexicano y son de observancia obligatoria, se desprende también la obligación de todas las autoridades, entre ellas, las judiciales, de atender al interés superior del niño en todas las medidas y decisiones concernientes a aquéllos. Así como la obligación de asegurar al menor la protección y cuidados necesarios para su bienestar, concatenados con los derechos y deberes de sus padres. Y en concreto, el derecho del menor de participar y ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte; lo que implica, que se les debe tomar en cuenta en los asuntos y resoluciones donde estén involucrados, así como ser escuchados y considerar sus opiniones y propuestas respecto a temas que atañan a su familia. Por su parte, en el ámbito interno, el Estado de Yucatán también reconoce y regula el interés superior del niño; se cita: Artículo 11 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. "Artículo 11. La dirección de los procedimientos está confiada al juez, quien tiene la facultad de dictar las medidas necesarias que resulten de la ley o de su potestad de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contraria al orden o a los principios que rigen los procedimientos. En particular, el juez en todo momento debe actuar de oficio para velar por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes." En ese sentido, como se ha ido exponiendo y como también detalla la legislación interna, en toda contienda judicial donde se vean involucrados derechos inherentes a menores, el juzgador en todo momento debe actuar de oficio para velar por el interés superior del niño y resolver atendiendo a ese principio básico, que es, lo que resulte ser más benéfico para el infante. Por su parte, nuestro Máximo Tribunal de Justicia ha ponderado la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño, el que sostuvo implica considerar aspectos relativos a garantizar y proteger su sano desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, así como adoptar criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, referidos en cuanto a su protección integral, estos son, aspectos físicos, morales, sociales y psicológicos. Al respecto, se cita la jurisprudencia 25/2012 que integró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto se aprobó en sesión privada del veintiuno de noviembre de dos mil doce, de tema: 'INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.' , la cual, impera atender el interés superior del niño en todas las medidas que tomen los tribunales. De igual forma, es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos seis, Libro 4, marzo de dos mil catorce, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2006011, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión". Bajo todas las consideraciones anteriores y vistos los autos de origen, como correctamente sostuvo la Sala responsable, el Juez primigenio no atendió debidamente el interés superior de la menor involucrada, pues no le dio la oportunidad de participar ni ser escuchada en el juicio donde se debatían cuestiones que le afectaban, como lo es, la pérdida de patria potestad, régimen de convivencia, pensión alimenticia, garantía y demás cuestiones por las que se promovió el incidente. Pues en atención a su edad debió dictar mayores medidas y allegarse de más elementos para que la menor pudiera formar parte activa del procedimiento, ello, al determinarse que no era apta para participar, en razón de los cuatro años que tenía cuando se le practicó la valoración psicológica, pues de los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se colige la exigencia del reconocimiento y respeto de las formas no verbales de comunicación, como sería el juego, la expresión corporal, facial, el dibujo y la pintura, mediante los cuales los niños muy pequeños pueden demostrar capacidad de comprender, elegir y tener preferencias. Lo que tiene apoyo en la tesis aislada 1a. CVIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1099, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Materia(s): Constitucional, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2008640, de rubro y contexto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO A EXPRESAR SU OPINIÓN EN UN PROCESO JURISDICCIONAL DEBE RESPETARSE, INCLUSIVE EN TEMAS EN LOS QUE AÚN NO ESTÉ PREPARADO PARA MANIFESTARSE. De los artículos 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, deriva la obligación del Estado de velar por el principio del interés superior del menor, garantizando de forma plena su derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que puedan afectarle y que aluden a determinaciones de su ámbito cotidiano. En ese sentido, incluso en aquellos temas en los que el menor aún no esté preparado para manifestarse, ya sea por su falta de madurez o desconocimiento pleno de la información respecto de las ventajas o desventajas de la situación, debe respetarse el derecho a expresar su opinión en un proceso jurisdiccional, pero siempre teniendo en cuenta que el ejercicio de ese derecho está supeditado a su situación particular, así como al análisis del caso concreto en el cual se cuestione en los términos y parámetros en que debe escucharse a los menores involucrados, pues lo que se pretende es prevenir que enfrenten situaciones que les inquieten o perturben su sano desarrollo, y sobre las cuales no sepan aún externar una opinión madura que pueda considerarse lo suficientemente válida para decidir algún aspecto que les afecte, asumiendo que a medida que el niño o la niña madura, sus opiniones deberán tener cada vez más peso en la evaluación de su interés superior." Así, dicho criterio de la Primera Sala dispone que incluso en aquellos temas en los que el menor aún no esté preparado para manifestarse, ya sea por su falta de madurez o desconocimiento de la información respecto de ventajas o desventajas de la situación, debe respetarse su derecho a expresar su opinión en un proceso jurisdiccional, siempre teniendo en cuenta que el ejercicio de ese derecho está supeditado a su situación particular, así como al análisis del caso concreto. Y en el caso concreto, atendiendo a las circunstancias fácticas, el Juez de origen previo a dictar sentencia, debió considerar el hecho de que la menor, a la fecha en que se llevó a cabo la reanudación de la audiencia incidental, ya tenía siete años cumplidos, por lo que la madurez que tenía en ese entonces y su capacidad de reconstruir hechos ya era muy distinta de aquella que tenía a sus cuatro años de edad, cuando se le practicó la valoración psicológica que determinó que no era apta para participar. Pero por el contrario, el Juez citó a las partes para escuchar sentencia y dictó resolución sin tomar en cuenta dicha circunstancia, dando valor a la prueba psicológica inicial de la menor, sin realizar su escucha; transgrediendo con ello directamente sus derechos de participar en el juicio y de ser escuchada; inobservando así, los diversos preceptos contenidos en ordenamientos locales, nacionales, internacionales y de la propia Carta Magna, que imponen la obligación a todos los tribunales del país de atender el interés superior del menor en todos los asuntos en los que sea vea involucrado y que le afecten, a fin de garantizar la protección máxima de sus derechos. De tal manera que el suscrito juzgador, en el mismo sentido que la Sala responsable, estima que el Juez de origen, atendiendo al interés superior de la menor, debió dictar las diligencias necesarias a efecto de que se le realizara una nueva valoración psicológica, con personal especializado acorde a su edad, para allegarse de mayores elementos para determinar lo que mejor conviniera para ella respecto a su régimen de convivencia y guarda, por cuanto había el antecedente de violencia ejercida entre ambos padres, y a fin de obtener información de si ésta igual había sido ejercida contra la menor, todo lo cual, con la finalidad de proteger sus intereses en la mayor medida posible; además, de realizar su escucha en el procedimiento. Pues como bien sostuvo la Sala responsable y como se ha venido desarrollando, el derecho de los menores a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica es un derecho con el que cuentan y éste no puede estar condicionado a una regla fija en función de su edad, ni aunque en la propia ley ésta esté fijada; lo anterior, pues atendiendo al principio de autonomía progresiva, la edad biológica no guarda necesariamente una correlación con la madurez y la posibilidad de formar un criterio propio. De ahí que no pueda partirse de parámetros cronológicos específicos para determinar cuándo un menor puede participar en un procedimiento judicial donde se vea involucrado, sino que hay que considerar sus condiciones específicas, a fin de garantizar su derecho de participación. Apoya lo anterior, el criterio de la jurisprudencia 1a./J. 13/2015 (10a.), consultable en la página 382, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Civil, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2009009, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO DE LOS MENORES A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA NO PUEDE ESTAR PREDETERMINADO POR UNA REGLA FIJA EN RAZÓN DE SU EDAD. De conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los menores de edad tienen derecho de expresar libremente su opinión en todos los asuntos que los afectan. Ahora bien, su participación en un procedimiento jurisdiccional no puede estar predeterminada por una regla fija en razón de su edad, ni aun cuando esté prevista en ley. Atendiendo al principio de autonomía progresiva, la edad biológica no guarda necesaria correlación con la madurez y la posibilidad de formarse un juicio o criterio propio. De ahí que no puede partirse de parámetros cronológicos específicos para establecer una generalización de cuándo los menores de edad deben participar en procedimientos jurisdiccionales, pues es el juzgador quien deberá tomar en consideración las condiciones específicas del niño o niña, así como su interés superior, para acordar su intervención, siempre con una actitud orientada a favorecer la eficacia de su derecho de participación." Por todo lo anterior, es notorio que la decisión de la Sala responsable tiende a la protección de un principio preponderante, del interés superior del menor, y al ser evidente que el Juez de origen no dictó las providencias necesarias a fin de garantizar sus derechos de ser escuchada y participar en el procedimiento; ni considerar las nuevas circunstancias, de que la infante ya tenía siete años de edad a la fecha de reanudación de la audiencia -ocho años a la fecha en que se dicta esta resolución-, por lo que tendría mayor conciencia y con ello, poder tener una participación más activa en el procedimiento; resulta apegada a derecho la decisión de la Sala responsable de reponer el procedimiento, a fin de que el Juez de origen, atendiendo en todo momento al interés superior del menor, realice una nueva valoración psicológica a la niña y dicte las medidas necesarias para que participe y sea escuchada en juicio, a efecto de garantizar plenamente la protección de sus derechos. En ese mismo sentido, con los fundamentos legales ya transcritos, igual resulta infundado el diverso concepto de violación del progenitor quejoso, relativo a su dolencia de que la Sala responsable también ordenó la reposición del procedimiento para obtener más datos a fin de determinar con mayor certeza su caudal económico, para efectos de la pensión alimenticia a su cargo. Así, el quejoso argumenta que fue incorrecto el actuar de la Sala, ya que en la fase probatoria no se acreditaron los ingresos que la aquí tercero interesada afirmó que él percibía, pues como manifestó en el juicio primario, estos provenían del comercio informal y que con dificultad podía cubrir los gastos de pensión que mensualmente se le tenían fijados, de $4,000.00 (cuatro mil pesos, sin centavos, moneda nacional); situación que no valoró la autoridad responsable. Sin embargo, contrario a lo sostenido por el quejoso, bajo las mismas consideraciones en torno al interés superior del menor, se estima correcta la decisión de la Sala responsable, de también reponer el procedimiento a efecto de recabar mayores elementos para determinar los ingresos reales del deudor y con ellos, resolver lo que conforme a derecho corresponda respecto a la pensión de la menor. Lo anterior, ya que en los autos de origen no se advierte que estén comprobadas ni determinadas fehacientemente las percepciones del quejoso y, al estar involucrados los derechos de una menor de edad, resulta indispensable saber a cuánto ascienden realmente los ingresos del promovente para garantizar los derechos de alimentos de su hija. Lo cual, era obligación del Juez de origen al estar involucrados derechos de una menor, por lo que aún y cuando la parte demandada hubiera incumplido con la obligación de acreditar su capacidad económica y la parte actora no ofreciera mayor probanza, el juzgador estaba obligado a recabar y practicar las diligencias necesarias para obtener tal información y acreditar tal extremo, a efecto de garantizar plenamente los derechos de la infante. Apoya lo anterior, la tesis 1ª. CCCXXXVI/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Civil, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre 2018, Tomo I, página 356, con registro digital 2018735; del rubro y texto siguientes: PENSIÓN ALIMENTICIA PARA MENORES DE EDAD. PARA FIJAR SU MONTO, LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEBEN EJERCER SUS FACULTADES PROBATORIAS A FIN DE ATENDER A LA DETERMINACIÓN REAL Y OBJETIVA DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR ALIMENTARIO. La protección alimentaria prevista en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en consonancia con el mandato de vigilar el interés superior de la infancia, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere de las autoridades jurisdiccionales encargadas de resolver los asuntos relativos al tema, la determinación real y objetiva de la capacidad económica del deudor alimentario, la que no se limita necesariamente al ingreso reportado o declarado en el juicio, sino que debe estar referida a todo tipo de ingresos, esto es, tanto a rentas de capital como del trabajo, cubriendo todos los recursos que tiene la persona para satisfacer sus necesidades materiales, sin que tal ejercicio pueda quedar a expensas de la conducta procesal de las partes. En ese sentido, en caso de cuestionamiento o controversia sobre esa capacidad económica, el juez está obligado a recabar de oficio las pruebas necesarias que le permitan determinar de manera precisa las posibilidades y medios económicos del deudor alimentario, como son, a manera de ejemplo, los estados de cuenta bancarios, las declaraciones de impuestos ante el fisco, informes del Registro Público de la Propiedad y todos aquellos que permitan referir su flujo de riqueza y nivel de vida. En el entendido, de que en la fijación del monto de la pensión alimenticia en todo momento debe regir el principio de proporcionalidad y atenderse a los demás derechos involucrados en el juicio, como son la igualdad, la certeza jurídica y el derecho al mínimo vital, así como los derechos de otros acreedores alimentarios, de ser el caso." Así, la Primera Sala de la Suprema Corte también determinó mediante el criterio anterior, que para la protección alimentaria que prevén los artículos 27 de la Convención sobre los Derechos de los Niños y el 4º Constitucional, es indispensable la determinación real y objetiva de la capacidad económica del deudor alimentario y que dicho ejercicio no puede quedar a expensas de la conducta procesal de las partes; por lo que en caso de controversia, el Juez está obligado a recabar oficiosamente las pruebas que sean necesarias para determinar de forma precisa las posibilidades económicas del deudor. Lo que no realizó el Juez de origen, ya que de autos no se advierte que estuvieran determinadas las percepciones reales del quejoso, pues no hay elementos de convicción suficientes que generen certeza en cuanto a sus posibilidades económicas. Máxime que éste al dictar sentencia y pronunciarse sobre los alimentos (fojas 276 y 277, anexo II), en su determinación dejó sentado que en dicho procedimiento no se tenía determinado el monto de las percepciones del quejoso, por no haber sido acreditadas con documento alguno. Lo que hace evidente que el Juez dictó una resolución y fijó una pensión alimenticia sin saber los ingresos reales del quejoso, transgrediendo con ello los derechos de la menor e inobservando su interés superior; no obstante de las obligaciones que como juzgador tiene, en términos de los dispositivos legales referidos en esta sentencia y demás legislaciones aplicables. En tales condiciones, al omitir el Juez primigenio proveer lo necesario para acreditar de manera objetiva y fehaciente a cuánto ascendía la totalidad de los ingresos del deudor alimentario, se estima apegada a derecho la decisión de la Sala responsable de reponer el procedimiento, a fin de que se obtengan los elementos de prueba necesarios para determinar su verdadera capacidad económica y fijar el monto de la pensión con base en los principios de proporcionalidad y equidad. Pues precisamente dicha medida tiene como finalidad determinar las percepciones reales del deudor alimentista, y sí éste aduce que sus ingresos no son los que afirma la tercero interesada y que con dificultad puede cubrir la pensión a su cargo, justamente será con todos los datos que se recaben de diversas autoridades, que será apreciable tal circunstancia; a efecto de fijar una pensión atendiendo al interés superior del menor y al aludido principio de proporcionalidad, esto es, conforme a la posibilidad económica de quien debe otorgarlos y a la necesidad de quien debe recibirlos. Todo lo cual, aunado al hecho de que la Sala responsable se encontraba imposibilitada para pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la pensión alimenticia, ya que para poder atender al interés superior del menor, era indispensable tener cuantificada fehacientemente la capacidad económica del deudor, así como las necesidades de la menor; lo que también adiciona a dejar insubsistente la sentencia y reponer el procedimiento. Apoya lo anterior, la tesis XII.C.5 C (10ª) del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, Materia Civil, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 2323, con registro digital 2013661. "PENSIÓN ALIMENTICIA. EN ARAS DE PRIVILEGIAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, SI EL JUEZ PRIMARIO OMITE RECABAR LAS PRUEBAS PARA CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER SOBRE EL PORCENTAJE DE AQUÉLLA DE MANERA OBJETIVA, QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). En los casos en que el Juez primigenio omite proveer lo necesario para acreditar, de manera objetiva y fehaciente, a cuánto asciende la totalidad de los ingresos del deudor alimentario, la Sala de apelación está imposibilitada para pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la pensión alimenticia, pues para poder atender al interés superior del menor, conforme a los numerales 217 y 223 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, es indispensable que se dicten todas las medidas necesarias a fin de tener acreditado el monto aproximado de sus necesidades alimenticias, así como la real capacidad económica del deudor alimentario y, para ello, es el juzgador primario quien, ante la conducta procesal de los progenitores contendientes, debe recabar oficiosamente todos los medios de prueba, para estar en condiciones de cuantificar el monto de la pensión alimenticia con base en los principios de proporcionalidad y equidad que rigen esa materia. Ello, porque el juzgador de origen, conforme a los artículos 5, fracción II y 237 del Código de Procedimientos Familiares de esa entidad, en aras de privilegiar el interés superior del menor, es quien cuenta con facultades constitucionales para recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados, a fin de resolver la cuestión planteada, siempre de la manera que resulte de mayor cobertura para los derechos alimentarios del infante. De manera que si el Juez primario omitió proveer lo necesario para ello, y el tribunal de alzada advirtió que en autos no constaban los medios de convicción referidos, debe revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento a fin de recabar las probanzas indispensables para fijar el porcentaje de la pensión respectiva, que cumpla con los principios de proporcionalidad y equidad." En las consideraciones anteriores, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. Protección de datos. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura en SISE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Carlos ***, contra el acto que reclamó de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Al causar ejecutoria la sentencia, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado del presente asunto, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por la tercera interesada Francisca ***, mediante el cual formula alegatos que relativos a los actos combatidos por la parte quejosa; los cuales se reservan para ser tomados en consideración al momento de dictarse la sentencia respectiva en este asunto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Vistos estos autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días que refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto de la vista que se dio al quejoso, del informe justificado y anexos que se relacionaron en el auto admisorio. Lo anterior, ya que de autos se advierte que fue notificado el catorce de abril de este año. Por tal motivo, con fundamento en el invocado numeral, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con treinta y un minutos del doce de mayo de dos mil veintiuno, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y Otros.2416/2022
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.592/2023
- Carlos Alberto Angelino Barrón401/2023
- Carlos Alberto Arceo Arjona1018/2020
- Carlos Alberto Bacab Tziu2439/2022
- Carlos Alberto Castillo Gamboa265/2019
- Carlos Alberto Cid Salas396/2019
- Carlos Alberto Couoh Chi294/2023
- Carlos Alberto Escalante Méndez1340/2018
- Carlos Alberto Esquivel Kú1067/2019
- Carlos Alberto Galaz Echeverría960/2018
- Carlos Alberto Galaz Echeverría68/2018