Carlos Alberto Castillo Gonzalez

Expediente 1036/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1036/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Castillo Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a nueve de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se hizo constar que a la fecha ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se tuvo por no presentada la demanda promovida por Jorge Valente Escobar Morales en representación de Carlos Alberto Castillo González. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 2 efectos legales. En ese sentido, quedan sin efectos las medidas cautelares decretadas por este Juzgado. ANOTACIONES Y SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que mediante proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo en que se actúa. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DEPURABLE El presente expediente se considera depurable, pues se concedió la suspensión de plano de los actos MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 3 ??A???????????? reclamados; por lo tanto, se conservará por el término de tres años en el archivo de "trámite" a que se refieren los numerales 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido y transcurrido ese plazo, dentro, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo de conformidad con el artículo 35 de acuerdo en comento. DIGITALIZACIÓN Y FÉ DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes el oficio signado por el Responsable de la Dirección de la Estación migratoria Siglo XXI, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad; mediante el cual informa que con fecha diecinueve de agosto del año en curso, se le autoriza el otorgamiento de la condición de Estancia de Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de veinte días hábiles del cual remite copia certificada del oficio de salida de la estación migratoria. Asimismo en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se dio vista al promovente del amparo Jorge Valente Escobar Morales, con la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito (foja 21), de la que se advierte que el directo quejoso Carlos Alberto Castillo González, no se encontraba alojado y/o retenido en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, en esta ciudad, sin que dicho promovente desahogara tal requerimiento. En consecuencia, en virtud a manifestado por la parte promovente y lo informado por la autoridad migratoria responsable, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se tiene por no presentada la demanda presentada en su favor. Ello es así, dado que el numeral 15 de la ley reglamentaria, dice: Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas.". De lo anterior se advierte que la finalidad de establecer los actos previstos en el numeral citado, es que la demanda de amparo se promueva por un tercero y lograr la localización del directo agraviado con el objeto de que ratifique la demanda promovida a su favor para estar en aptitud de proveer lo correspondiente. En ese sentido, de los autos en consulta se advierte que mediante proveído diecinueve de agosto de dos mil veintidós y en estricto cumplimiento al citado numeral 15 de la ley de la materia, se ordenó la ratificación de la demanda presentada por Jorge Valente Escobar Morales, en representación de Carlos Alberto Castillo González, ordenando al actuario que se constituyera para ello en "las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad", lugar donde se dijo se encontraba el directo quejoso, con el apercibimiento que de no hacerlo en los términos ordenados, se tendría por no presentada. En cumplimiento a lo anterior, a las ocho horas del veinte de agosto del año en curso, el actuario judicial adscrito se constituyó en tales instalaciones en busca del quejoso; sin embargo, no localizó al mismo, pues le informaron que en la base de datos no tienen registro de dicho quejoso. Por auto de veinticuatro de agosto del año en curso se requirió al promovente, así como al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, información respecto al paradero del multicitado quejoso; recibiendo el oficio de cuenta INM/ORCHIS/6890/2022 con registro 12286, a través del cual, el licenciado Miguel Cancino Escobar, Responsable de la Dirección de la Estación migratoria Siglo XXI, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, manifestó que con fecha diecinueve de agosto del año en curso, se autorizó al directo quejoso Carlos Alberto Castillo González, el otorgamiento de la condición de Estancia de Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de veinte días hábiles del cual remite copia certificada del oficio de salida de la estación migratoria. Documental, a la cual se le concede valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, tomo VI del Apéndice de 1995, Quinta Época, del rubro siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Por tanto, como se apuntó, si el fin último ante los actos previstos en el numeral 15 de la ley de la materia, es lograr la localización del agraviado con el objeto de que ratifique la demanda promovida a su favor, para estar en aptitud de proveer lo correspondiente; es manifiesto que en el caso, resulta innecesario seguir con la búsqueda y localización del multicitado quejoso Carlos Alberto Castillo González, a fin de obtener la ratificación de la demanda promovida a su favor, cuando del referido oficio, la autoridad responsable fue contundente y categórica en informar que el mismo ya no se encuentra en el lugar designado para su alojamiento, sin que se cuente con un domicilio en el que pueda ser localizado para la ratificación de la misma, ni por parte de la responsable, ni por el propio promovente, por lo que se colige, el directo impetrante citado ya no se encuentra en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. De ahí que debido a que, por los motivos antes expuestos, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114, así como en el diverso 15, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este juicio, por el directo quejoso Carlos Alberto Castillo González. Atento a lo anterior, una vez que cause estado el presente proveído, quedarán sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el auto inicial de diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Comuníquese la presente determinación a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    apachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, de la que se advierte que no fue posible notificar al directo quejoso Carlos Alberto Castillo González, el proveído de diecinueve de agosto del año en curso, a fin que manifestara si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, por los motivos ahí expresados. En mérito de lo anterior, requiérase al promovente de amparo Jorge Valente Escobar Morales, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, proporcione el domicilio actual y correcto en donde se pueda localizar al directo agraviado, a fin de hacerle saber el auto de diecinueve de agosto del año en curso, debiendo informar su actual situación jurídica. Con el apercibimiento, que en caso de ser omiso, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Ahora bien, dado que el promovente del amparo no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícese la notificación del presente proveído y los subsecuentes por medio de lista de estrados. SE REQUIERE CONSTANCIAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Ahora bien, de la razón actuarial de cuenta, el fedatario judicial señaló que la licenciada Cecilia Mares MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 2 Farfán, mando medio adscrita al Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, informó que después de revisar los libros de egresos e ingresos, las listas de extranjeros internos en esta estación y el sistema de cómputo que llevan en esa dependencia, el directo quejoso Carlos Alberto Castillo González, no se encuentra alojado en esas instalaciones y tampoco tiene registro de que haya estado ahí retenido. En consecuencia, se requiere a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita las constancias con la que se patentice que los referidos quejosos no se encuentran alojados o retenidos en la citada estación migratoria. Se apercibe a la autoridad responsable de trato que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización conforme a lo dispuesto por el numeral 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecinueve de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por Jorge Valente Escobar Morales, en favor del quejoso Carlos Alberto Castillo González, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 1036/2022-VII-B, y resérvese proveer sobre su admisión hasta en tanto la parte quejosa cumpla con las prevenciones apuntadas en los párrafos siguientes. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, a fin de proveer respecto a la suspensión de plano, se aduce que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables, lo siguiente: ? La orden de deportación. ? La incomunicación al no permitirle la visita a su representante legal. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 2 ? La privación de la libertad personal fuera de procedimiento, alojamiento y/o aseguramiento. ? La Prolongación en la detención por más de treinta y seis horas. Luego, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en el artículo 125 de la legislación de la materia, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Se ordena a las autoridades responsables hacer cesar de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en correlación directa con el 126 de la Ley de Amparo; particularmente, deberán abstenerse de detener a la parte quejosa para ser deportada, asegurada, repatriada o expulsada a su país de origen de manera arbitraria, es decir, sin agotar el cauce legal previsto en la normatividad aplicable, o bien, trasladada a una diversa estación migratoria, así como de mantenerla incomunicada, propinar malos tratos, tortura o privación ilegal de la libertad que equivalga a una desaparición forzada, en atención al respeto y tutela de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con otros. En ese contexto, si la detención (o presentación) de la parte quejosa ante las autoridades migratorias obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refiere ser extranjera, estas últimas deberán ajustar su actuación a los términos de ley, particularmente por cuanto hace a los tiempos máximos para restringir la libertad José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 3 personal, no soslayando que los preceptos 101 y 102 de la legislación de la materia, prevén una "custodia" o asignación de domicilios provisionales, mientras se dicte resolución dentro del procedimientos administrativo respecto de la situación migratoria de los extranjeros. De igual forma, se desprende que la parte directa agraviada se duele de la privación de su libertad personal dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria siglo XXI, con sede en esta ciudad, conforme al principio pro personae -que permite el más amplio acceso a la impartición de justicia-, debe privilegiarse la protección de los derechos humanos de los migrantes, quienes por su especial situación de vulnerabilidad deben ser sujetos a una protección especial. Ahora, si bien en la Ley General de Migración se establece, que la presentación de extranjeros se trata de la medida dictada por la autoridad administrativa, mediante la cual se decide el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria en el país, para la regularización de su estancia bien, para asistirlo en el retorno a su país de origen, es decir, que el alojamiento durará en tanto se determine su situación migratoria en territorio nacional. Resulta útil invocar los artículos 150, 162 y 164 de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 4 tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso. Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. De la interpretación correlacionada del articulado transcrito y el contenido de la Ley General de Migración, puede extraerse que la privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos extraordinarios, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, y como en la especie, el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la detención ilegal de la parte quejosa, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, se concede la suspensión de plano para el efecto de que la parte quejosa sea puesta en libertad. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 5 En ese sentido, conforme el artículo 150 de la Ley de Amparo, la suspensión decretada no impide la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Por lo tanto, las autoridades responsables dictaran las medidas previstas legalmente en Ley de Migración y su Reglamento (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 123/2022, respecto del juicio de amparo 349/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, relativo al tema. Apoya lo anterior, el criterio adoptado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 183/2022, el cual se invoca como hecho notorio pues dicha ejecutoria se encuentra en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Así como la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 2017123, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 16/2018 (10a.), José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 6 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, que dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). La medida cautelar concedida no surtirá efectos y, por consiguiente, no se proyectará sobre la detención de la parte quejosa, si la restricción de la libertad se efectuó en cumplimiento de una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Debe subrayarse que esta medida cautelar en ningún momento representa un salvo conducto, ni sustituye a la resolución que, en su caso, debe emitir la autoridad competente. Cabe destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en el testimonio de ejecutoria del recurso de queja 142/2021, determinó que la medida cautelar concedida no puede tener el alcance permitirle a la parte quejosa el libre tránsito a través del país, en virtud de que este se encuentra sujeto a los límites reseñados en párrafos precedentes, pues otorgarle dicha pretensión significaría el otorgamiento de algo adicional previo a la promoción del amparo, aunado a que en este momento se desconoce su situación legal en el país. CUMPLIMIENTO Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se les José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 7 impondrá en lo individual [específicamente a la persona física que ocupe el cargo público respectivo], una multa de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo, asimismo se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Se requiere a las autoridades responsables, a fin de que informen en un plazo no mayor de veinticuatro horas sobre el cumplimiento que dé a esta determinación, apercibida que, si al rendir su informe expresa un hecho falso o niega la verdad, se le impondrá las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo; para tal efecto, remítase a dichas autoridades copia simple de la demanda de amparo. Ahora, en el caso concreto, dado que en el presente auto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, se hace del conocimiento de las autoridades responsables lo siguiente: * Deberán informar a este juzgado federal el acatamiento de la citada medida cautelar en el plazo antes indicado, por lo que deberán remitir la información conducente, así como las constancias con las que acrediten sus manifestaciones al correo electrónico 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. * Fax: 962 62 61 84 1. En un horario comprendido de las ocho a las catorce horas. Sin perjuicio de hacerlo además a través de la vía postal ordinaria. Lo anterior obedece al hecho a que si bien el Consejo de la Judicatura Federal limitó el horario de las labores presenciales de todos los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, incluyendo el que aquí provee; lo cierto es que tal circunstancia no implica que la autoridad José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 8 responsable omita dar cumplimiento a la suspensión de plano, ni mucho menos que deje de informar - oportunamente- lo conducente. También se les informa a las referidas potestades que de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea sustancial, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por realizada, además de que se le impondrá multa de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. ACCESO AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán facilitar el acceso al actuario judicial adscrito, a cualquiera de los sitios, áreas, o estancias de que consten las instalaciones del recinto oficial en que se ubiquen, para lograr la localización de los agraviados; respetando su autoridad y cuidando las medidas de seguridad implementadas para resguardarse del virus Covid- 19; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procederá en su contra de acuerdo a la ley. Se requiere a las autoridades que físicamente tengan bajo su guarda o custodia a la parte quejosa, para que de necesitar ésta atención médica, le sea proporcionada de inmediato, debiendo salvaguardar su integridad física conforme al estado de salud que presenta, debiéndose tomar las medidas pertinentes que aseguren que la parte quejosa no evada la acción de la justicia; y de acreditarse José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 9 los actos reclamados, así como que dicha autoridad no procedió en la manera indicada en este proveído, se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción para los efectos a que haya lugar. RATIFICACIÓN DE DEMANDA Se instruye al actuario judicial adscrito a este juzgado para que se constituya en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Siglo XXI, de esta ciudad, a fin de que localice al quejoso Carlos Alberto Castillo González, en caso de encontrarlo le comunique esta determinación y lo requiera para que en ese acto procesal o dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, o transcurrido el plazo concedido, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efecto las providencias aquí decretadas. Asimismo, el funcionario encomendado deberá dar fe de la integridad física de la parte quejosa y de las condiciones de su confinamiento, a fin de estar en aptitud de acordar lo procedente. De igual forma, se comisiona al Actuario de la adscripción para que en caso de no encontrar a la parte quejosa recluida en la Estación Migratoria antes citada, indague entre las diferentes autoridades migratorias en esta ciudad, a fin de que, de encontrarse dentro de la jurisdicción de este juzgado, se constituya de forma inmediata para lograr la encomienda aquí realizada. En el caso de que en el centro de migración se niegue que el agraviado se encuentre recluido en ese José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 10 lugar, se faculta al actuario para que se introduzca y cerciore al interior de dichas instalaciones. PREVENCIÓN Por otra parte, con el fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente dispone: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley: .". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y V, en relación al 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentren notificados de este acuerdo o en el acto de la notificación bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los aspectos siguientes: Primero. Manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en la orden de deportación. Segundo. Exprese si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, en virtud de que señala como acto la deportación, la cual es la sanción que se emite como conclusión de dicho procedimiento administrativo. Tercero. Indique si contra actos similares a los ahora reclamados ha promovido con anterioridad un diverso juicio José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 11 de amparo, debiendo indicar el número que le haya recaído y el órgano jurisdiccional que lo tramita o que conoció del mismo. Cuarto. En virtud de que reclama la aprobación, emisión, promulgación y aplicación de lo dispuesto en los artículos 99 y 111 de la Ley de Migración, precisará la resolución que constituye el primer acto concreto de aplicación (heteroaplicativa) o bien, si esa afectación la vincula desde el inicio de su vigencia (autoaplicativa). Esto porque de la lectura de la demanda no se aprecia de manera concreta si la acción constitucional se ejerce por la simple entrada en vigor de la ley que se tilda de inconstitucional o porque ya exista un acto concreto de aplicación. Quinto. De considerar la quejosa que la afectación a su esfera jurídica de derechos es porque -según su opinión- dicha normativa se le aplicó en su perjuicio, deberá aclarar si ya existe alguna resolución, determinación, auto o actuación emitida, para lo cual indicará si ya hizo valer algún recurso ordinario, el sentido de la resolución y la fecha de su notificación, para establecer la procedencia de la acción constitucional inmediata que se intenta. Cobra aplicación al caso la tesis XX.1o.69 A, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, registro digital: 175975, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1797, que dice: DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. CONTRA LA DETERMINACIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE EL JUICIO DE José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 12 NULIDAD. De la lectura de los artículos 125 del Código Fiscal de la Federación y 11, fracciones XIII y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se obtiene, que contra la resolución que pronuncie el Comisionado del Instituto Nacional de Migración al resolver el recurso de revisión a que se refiere el precepto 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, procede el juicio de nulidad ante el indicado tribunal federal, aun cuando en él se ordene a un extranjero que abandone el país; lo anterior, en virtud de que en tratándose de esos actos, la legislación fiscal federal no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para otorgar la suspensión del acto impugnado, pues sus consecuencias no deben confundirse con la expulsión aplicada por el presidente de la República, de conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, caso en el que sí resultaría procedente el juicio de garantías sin necesidad de agotar algún recurso o medio legal de defensa, pues tratándose de tal determinación, la legislación de amparo, en su artículo 123, fracción I, prevé el otorgamiento de la suspensión de plano, misma que no establece el Código Fiscal de la Federación; en consecuencia, la resolución de mérito, no puede ser objeto de excepción para que sea combatida directamente a través del juicio de amparo, sin que previamente se haga valer el juicio de nulidad. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar directamente la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos que le consten. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 13 Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Así también, si con posterioridad y con motivo de las constancias allegadas por las partes, este tribunal advierte que la parte promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado y sus antecedentes, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene al promovente señalando como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo (lugar donde se encuentra alojado el directo agraviado). José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 14 AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 15 el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación, ya sea de manera autógrafa o por medio de su signatura electrónica [FIREL o FIEL]. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 16 resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.

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