Carlos Alberto Angelino Barron
Expediente 776/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barron
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diez de julio de dos mil veintitrés. SE RECIBE EXHORTO DILIGENCIADO Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio firmado electrónicamente por el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 146/2023, con número de orden 250/2023, de nuestro índice, enviado para notificar al quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, y otros, el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintitrés; en el que manifestó que promovía incidente de violación a la suspensión. Por lo tanto, dese de baja dicha comunicación, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), para los efectos administrativos a que haya lugar, sin que sea necesario acusar recibo a la autoridad oficiante, toda vez que se genera de manera automática. Por último, remítase al juzgado competente el oficio suscrito por la Responsable de la Unidad Médica de la Penitenciaria de la Ciudad de México y la razón actuarial diligenciada por el Actuario Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a siete de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio enviado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del oficio con el que le fue remitido el juicio de amparo 776/2023, del índice de este Juzgado, e informa que aceptó la competencia planteada y se avocó a su conocimiento. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes y, con fundamento en el numeral 214 de 13/10/23 11:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR 2 la Ley de Amparo, archívese el presente cuadernillo como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales vigente, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, dado que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer del presente asunto. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo tanto, con apoyo en el párrafos primero y tercero del artículo 19 del citado instrumento normativo, se ordena que una vez que transcurran seis meses, y dentro de los treinta días naturales siguientes, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FÉ DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Por último, téngase por recibido el oficio signado por el Apoderado General para la Defensa Jurídica de la Administración Pública de la Ciudad de México, en representación de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario y Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria, mediante el cual rinde informe de suspensión de plano; en consecuencia, déjese copia simple de ello y envíese al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que acuerde lo conducente. Notifíquese
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticuatro de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por 1Carlos Alberto Angelino Barrón, 2Edwin Daniel Guerra Córdova, 3 Iván García Mijares Hernández, 4Diego Issac Hernández González, 5Luis Gabriel Jop Corzo, 6José Othón Ramiro Hernández Lima, 7José Antonio Contreras Chávez, 8Enrique Mejia Bello, 9Enrique Alvarado Saucillo, 10Eduardo Flores Castro, 11García Bonilla Axel, 12Alejandro Díaz Madrid, 13Hugo Melchor Nieto, 14Erick Adrián Rosas Gamiño, 15Luis Alberto Flores Maldonado, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México, y otras autoridades. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 776/2023 VI-B. ANALISIS DE LA COMPETENCIA Del análisis integral de la demanda de amparo, de la que subyace su causa de pedir, se advierte que se señalan 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 2 como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: Actos reclamados La reubicación de los quejosos de los dormitorios y zonas a otras estancias, módulos (castigo), áreas o dormitorios diversos en esa penitenciaria; Ataques y actos de coacción contra 1Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de derechos Humanos y LGBTTTIQ, así como represalias y agresiones por los custodios; Actos de molestias, intimidación, extorsión y de coacción de custodios del segundo y tercer grupo de seguridad de la penitenciaría; Violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción por autoridades penitenciarias y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ; Desacato de cumplir órdenes judiciales y las ordenes de suspensión; La orden de traslado de la penitenciaría de la Ciudad de México, a otro centro de reclusión diverso o instalación diversa dentro o fuera de la Ciudad de México; Actos prohibidos por los artículos 22 de la constitución y 15 de la Ley de Amparo; Intimidación, castigos ilegales y agresiones como medio de represalia contra quejosos y en represalia por su activismo de derechos humanos LGBTTTIQ; Discriminación; Violación el principio pro persona; Inaplicación de criterios internacionales; 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 3 ??????????????? La omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos; entre otros actos que refiere en su escrito de demanda; Negativa del servicio médico y dental. Autoridades responsables ? Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México, Subdirector Jurídico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, Jefe de Unidad Departamental de Jurídico y Normativa de la Penitenciaria de la Ciudad de México, Subdirector de Apoyo Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, Jefe de Unidad Departamental de Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México, Encargada de la unidad del Servicio Médico de la Penitenciaria de la ciudad de México, Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jefe de Gobierno de la ciudad de México, Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Secretario de Gobernación con sede en la Ciudad de México y Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. ? Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México del primero al décimo sexto. ? Jueces de Distrito de Amparo en Materia administrativa y civil del primero al décimo. 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 4 ? Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. ? Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.- Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,- Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.- Contraloría de la Ciudad de México.- comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ? Gobernadores de Aguascalientes Baja California Baja California Sur, Colima, Campeche, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. SUSPENSIÓN DE PLANO DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en el artículo 125 de la legislación de la materia, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, consistentes en la tortura -de cualquier tipo-, o cualquier acto que atente contra la vida y la dignidad humana o de los previstos en el artículo 22, primer párrafo, 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 5 ??????????????? Constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. En ese sentido, toda vez que los quejosos sufren los posibles actos violatorios del artículo 22 constitucional en el lugar en que se encuentran privados de su libertad personal -esto es, en penitenciaria CDMX que es la denominación que se utiliza coloquialmente en la Ciudad de México para referirse al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, con sede en esa ciudad; y/o la Penitenciaría de la Ciudad de México-; y, si bien señalaron múltiples autoridades con el carácter de responsables, lo cierto es que únicamente las autoridades penitenciarias podrían cumplir con la suspensión de plano decretada, por tener a su disposición materialmente de manera directa a los peticionarios de amparo. Por tanto, a efecto de que se cumpla de forma efectiva la suspensión de plano anteriormente decretada, se requiere a las autoridades penitenciarias señaladas como responsables 1Director, 2Subdirector Jurídico, 3Dirección de Servicio Médico, 4Comité Técnico, 5Jefe de Unidad Departamental de Jurídico y Normativa, 6Subdirector de Apoyo Técnico, 7Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento, 8Subsecretario del Sistema Penitenciario y 9Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria, todos del Centro de Reclusión de la Ciudad de México denominado "La Penitenciaría", el acatamiento inmediato de la medida cautelar concedida en favor de los directos quejosos antes indicados. Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 6 informar el impedimento legal o material existente, se impondrá a la omisa, multa equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, y se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III, de la legislación de la materia. Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que se encuentren notificadas de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que han dado a la medida cautelar concedida; apercibidas que de no hacerlo, se impondrá a la omisa, la medida de apremio antes apuntada También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea sustancial, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por realizada, además de que se le impondrá multa de cien unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 7 ??????????????? declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. No se inadvierte, que la parte promovente, también señaló como actos reclamados, entre otros, la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentra, a uno diverso; así como la reubicación del mismo del dormitorio en que se encuentra a uno diverso, módulo diverso o área diversa. Sin embargo, al respecto, se estima improcedente conceder la suspensión de plano en relación con dichos actos, pues no constituyen una violación directa a la Constitución Federal, al ser dictados dentro del procedimiento correspondiente, y al respecto, existen medios ordinarios de defensa previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, con los cuales la determinación que al efecto se dicte, puede ser efectivamente combatida. Sustenta el criterio planteado, la tesis Tesis: 1a. XXIV/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 2023190, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Penal, Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506, Tipo: Aislada, de rubro y texto: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 8 AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INCOMPETENCIA Por otra parte, se considera que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo. A fin de corroborar lo anterior, se estima necesario transcribir el precepto artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del numeral reproducido se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. En este caso, de la lectura integral de la demanda se desprende que los actos reclamados están relacionados con las condiciones de internamiento de los quejosos, pues se refieren a una orden de traslado no 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 9 ??????????????? ejecutada, las condiciones de salud, reubicación de dormitorios, entre otros, todas estas dentro del centro de reclusión, indicando que se encuentran recluidos en la penitenciaria de la Ciudad de México. Así, se considera que la competencia para conocer de la demanda de amparo, corresponde a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al relacionarse los actos reclamados con su internamiento en el centro carcelario, por lo cual tienen o deberán tener ejecución en ese sitio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J.64/2019 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 71, octubre de 2019, tomo I, página 899, con registro digital 2020828, de rubro y contenido siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: 'COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.', determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 10 artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará. Asimismo, la jurisprudencia 1a./J.86/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo tribunal del País, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 73, diciembre de 2019, tomo I, página 254, con registro digital 2021191, de epígrafe y texto siguientes: OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 11 ??????????????? de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo. No es óbice a la anterior consideración, que dentro de la demanda de amparo se hayan señalado como autoridades responsables a todos los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, esto es, que en apariencia hay una causal de impedimento para que estos conozcan de la demanda en cuestión; empero, esa hipótesis de impedimento no se puede tener por probado a priori o de manera presuntiva. En efecto, la Primera Sala del alto tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 73/2003, en la cual versó en definir si conforme al artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, el solo señalamiento que se haga en la demanda de amparo, en el que se atribuya al juez de distrito el carácter de autoridad responsable, es suficiente para que éste se declare impedido, o es necesario para ello que se acredite que efectivamente emitió el acto reclamado. De la ejecutoria que dio origen al citado criterio se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la causa del citado impedimento, dispuso que no se actualiza con el solo 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 12 señalamiento que se haga en la demanda de amparo, sino que es necesario que se acredite que efectivamente haya tenido el carácter de autoridad responsable; es decir, que hubiere dictado, pronunciado, publicado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar la ley o el acto reclamado, aspecto que debe estar acreditado para poder declarar fundado el impedimento. También indicó que, en caso contrario, de tener por actualizada la referida causal de impedimento con el solo señalamiento que se haga del carácter de autoridad responsable en la demanda de amparo, indebidamente permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo. Tales consideraciones sirvieron de base para la emisión de la jurisprudencia 1a./J. 59/2003, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, junio de 2004, página 122, con registro digital 181330, de rubro y texto siguientes: IMPEDIMENTO. PARA QUE OPERE LA CAUSA PREVISTA EN LA PRIMERA PARTE DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, ES NECESARIO QUE EL JUEZ FEDERAL QUE MANIFIESTE ESTAR EN TAL SUPUESTO ACREDITE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. El referido precepto establece que no son recusables, entre otros, los Jueces de Distrito, pero que deberán manifestar estar impedidos cuando hubiesen tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo. Ahora bien, como la finalidad de esta causa de impedimento consiste en apartar del conocimiento de un asunto a un funcionario judicial cuya imparcialidad se encuentra menoscabada, para que opere es necesario que esté debidamente acreditado que tiene aquel carácter, conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, en atención al principio de que la carga de la prueba es para quien afirma, el juzgador que se manifieste impedido, debe contar con los elementos de convicción necesarios que prueben su afirmación, los que proporcionará al órgano jurisdiccional que deba calificarlo, para que esté en posibilidad de resolver. 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 13 ??????????????? En ese orden de ideas, si en la especie, solo existe el señalamiento genérico de tener como responsable a todos los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, es evidente que ello no es suficiente para considerar que se actualiza el impedimento de mérito, sino que es necesario que los titulares de esos órganos manifiesten la existencia del impedimento, o que se acredite plenamente que emitieron el acto reclamado, circunstancias que no acontecen en la especie. En ese contexto, es claro que no hay manifestación de impedimento de parte de los juzgadores porque no se les ha puesto a su consideración el asunto, además no hay evidencia de que ellos sean los responsables de los actos de internación reclamados, máxime que no está dentro de sus facultades la realización de ese tipo de actos según se desprende del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o la Ley de Amparo. Por ende, se insiste, si bien obra el señalamiento de múltiples autoridades judiciales como responsables, entre ellas, este juzgador y los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el momento, no es dable establecer su incompetencia legal para conocer del juicio constitucional, que se refiere a actos relacionados con el internamiento de los quejosos en un centro carcelario de esa demarcación. De ahí que, ante el reclamo de actos que inciden o guardan relación con el internamiento de la parte quejosa en la penitenciaría de la Ciudad de México, por lo cual tienen o habrán de tener ejecución en ese sitio; corresponde el conocimiento del juicio de amparo indirecto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 14 Ciudad de México, en turno, por ser quien tiene competencia territorial en esa demarcación. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis 1a. LXXIX/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 70, septiembre de 2019, tomo I, página 115, con registro digital 2020659, de epígrafe y contenido siguientes: CONFLICTO COMPETENCIAL. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONOCE POR RAZÓN DE TURNO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN LA CUAL SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que corresponda a un Tribunal Colegiado de Circuito conocer de una demanda de amparo directo, por razón de turno, donde se le señala como autoridad responsable, es insuficiente para declararse incompetente. De ahí que resulte necesario establecer las siguientes directrices para casos análogos: a) la circunstancia aludida no conlleva que de manera inmediata el Tribunal Colegiado de Circuito decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria ya que sólo produce dilación en la impartición de justicia; b) el tribunal de amparo, a través de su presidente, está obligado al momento de proveer sobre la demanda, a realizar un análisis integral de ésta, del informe de la autoridad responsable y, de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél; si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda precisando que al no existir el acto que se le reclama al Tribunal Colegiado de Circuito, no puede considerarse como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda; c) si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en los artículos 175, fracción III, 179 y 180 de la Ley de Amparo, debe prevenir al quejoso a efecto de que en el plazo de cinco días precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano colegiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza de dicho acto; y, d) si derivado del análisis mencionado surge la duda sobre si en realidad 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 15 ??????????????? lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al Tribunal Colegiado de Circuito, es plantear el impedimento para conocer del asunto de uno o más Magistrados integrantes del órgano colegiado, deberá prevenirse al quejoso para que aclare su demanda y, en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención debe determinarse si existen motivos para iniciar el trámite establecido en el artículo 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en el inciso b). Similares consideraciones adoptó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, al resolver el conflicto competencial 4/2022, de diez de marzo del año en curso, en el cual resolvió que la circunstancia de que un juez de distrito haya sido señalado como autoridad responsable no conlleva de manera inmediata que deba declinarse la competencia en favor de otro órgano de impartición de justicia federal. De igual forma, se sostuvo, que si el órgano jurisdiccional que resulte competente no intervino en la emisión del acto reclamado, de la misma manera no tiene impedimento legal para que conozca de la litis constitucional y resuelva lo que en derecho proceda, debido a que no puede considerársele como autoridad responsable, a pesar de que así lo haya señalado la parte quejosa en su demanda de amparo. Ello, indicó el tribunal colegiado de referencia, se sustenta sobre la base, que no puede quedar al arbitrio del justiciable la elección del Juzgado Federal que debe de conocer de su asunto en casos como el presente, en que no existe una base objetiva y real que permita establecer que el acto reclamado emana de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 16 Por ende, la decisión que adopta este juzgado de distrito es acorde a dicho criterio por actualizarse las mismas hipótesis que se tomaron en cuenta por el tribunal colegiado de previa cita, aunado a que los actos que se reclaman son de la misma naturaleza que los que fueron planteados en la presente demanda, incluso el representante común de los quejosos, de igual forma tiene el carácter de quejoso en los asuntos que dieron origen al conflicto competencial aludido. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, este órgano jurisdiccional designa como representante común a 1Carlos Alberto Angelino Barrón, sin perjuicio de que sea sustituido por otro, y en el entendido que las subsecuentes notificaciones de los diversos impetrantes se entenderán con él. NOTIFICACIÓN A PARTE QUEJOSA Seguidamente, tomando en consideración que la parte quejosa manifiesta que se encuentra privada de su libertad, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, por conducto del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, gírese atento EXHORTO al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que de no existir 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 17 ??????????????? impedimento legal alguno, ordene a quien corresponda y realice lo siguiente: ? Se constituya el Centro penitenciario de la Ciudad de México (Santa Marta Acatitla) y localice a 1Carlos Alberto Angelino Barrón, quien es representante común de los quejosos 2Edwin Daniel Guerra Córdova, 3 Iván García Mijares Hernández, 4Diego Issac Hernández González Luis Gabriel Jop Corzo, 5José Othón Ramiro Hernández Lima, 6José Antonio Contreras Chávez, 7Enrique Mejia Bello, 8Enrique Alvarado Saucillo, 9Eduardo Flores Castro, 10García Bonilla Axel, 11Alejandro Díaz Madrid, 12Hugo Melchor Nieto, 13Erick Adrián Rosas Gamiño, 14Luis Alberto Flores Maldonado; y, les notifique el presente proveído. ? Notifique los oficios 15613, 15614, 15615, 15616, 15617, 15618, 15619, 15620, 15621, dirigidos a las autoridades responsables, para comunicarles la suspensión de plano concedida en favor los quejosos. Hecho lo anterior, se devuelva la constancia respectiva a este órgano jurisdiccional, asegurando la reciprocidad en casos análogos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. 13/10/23 20:30:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 18 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese, y por exhorto a la parte quejosa.
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