Carlos Alberto Balderas Espinosa

Expediente 236/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
236/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Balderas Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de diez de septiembre del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses y tres años de haberse dictado el presente acuerdo, el presente expediente será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Además, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual la representante legal del Director General y de la Presidenta del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; rinden su informe justificado; por tanto, con su contenido dése vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a sus intereses convengan; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse por designados como delegados a la personas que menciona en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ahí señalado. Además, informa que dada la naturaleza negativa del acto reclamado no se forma expediente alguno, pues únicamente se conforma por el escrito de petición exhibido por la quejosa y que ya obra en autos, absteniéndose de remitir las constancias respectivas; circunstancia de la cual únicamente se toma conocimiento. Por otro lado, vista la razón de imposibilidad de veintitrés de diciembre del año en curso, practicada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte que asentó la imposibilidad de entregar el oficio 2515/2019 dirigido al Secretaría de Seguridad Ciudadana; lo anterior, en virtud de que al constituirse en la dirección proporcionada por el quejoso de la referida autoridad, esto es en Bulevard Miguel Alemán Valdez, número ciento setenta y cinco, San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de México, fue informado por una persona del sexo masculino quien le refirió ser policía tercero de ese lugar, que esas instalaciones son conocidas como C5 Toluca, por lo que no podía recibirle el oficio de cuenta, pero que acudiera a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad que se ubican en la calle María Curie en Toluca, lugar donde fue informado por la asesora jurídica que no podía recibir el oficio de referencia, debido a que se encontraba mal dirigido, aunado a que por período vacacional sólo podían recibir asuntos de carácter urgente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, dése vista al quejoso Carlos Alberto Balderas Espinosa, para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente proveído, proporcione la denominación correcta de la autoridad que señaló como responsable en el presente juicio; apercibido que de no hacerlo se declarará su inexistencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 153/2019 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 15 de noviembre de 2019, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió". Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de María de Lourdes Rivero Zamora, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios y otra; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 236/2019-V. Asimismo, se precisa que la parte quejosa exhibió un documento en original como anexo, por lo que deberá ser glosado al expediente en una mica para su protección. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por Carlos Alberto Balderas Espinosa, contra la abstención de la autoridad responsable al no emitir: El dictamen de pensión por jubilación en favor del quejoso, El otorgamiento de una pensión probable; y, A la entrega del dictamen el pago de la pensión definitiva. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Representante Social de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con treinta minutos del veintisiete de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a las responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, remitan el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que se tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también les será aplicada en el supuesto de que no rindan su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberán enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado de Distrito; apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberán hacer comunicación alguna. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Por otra parte, por lo que respecta a las pruebas que ofrece el promovente consistentes en la documental pública, consistente en la solicitud de pensión por jubilación, acusada de recibo el once de noviembre de dos mil diecinueve, que anexó a su escrito de demanda, y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la celebración de la audiencia constitucional. Y, en relación a la instrumental pública de actuaciones consistente en todo lo que se actúe en el juicio de amparo y que beneficie a sus intereses, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto se integre el presente sumario constitucional. Ahora bien, como lo solicita la promovente, devuélvasele el original de la solicitud que anexó a su escrito, previa copia certificada que se glose en su lugar. Por otra parte, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercero interesado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en ese sentido, con fundamento en el artículo 28 de la Ley de la materia, mediante oficio que derive del presente proveído se ordena emplazar al tercero interesado precitado, corriéndole traslado con copia autorizada de la demanda de amparo y de la presente determinación. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Paloma Alcalá Nápoles y Rodolfo Ríos Figueroa, ya que cuentan con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a Juana Arévalo Alba, Guadalupe Osorio Albiter, Saraí Ortega Álvarez, Gabriela Olivares Valdes, Diego Salinas Alcántara y Yenizareth Martínez Alcalá, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con los registros electrónicos de su cédulas profesionales, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, Décima Época, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Finalmente, se faculta a la Secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual, así como enviar, en el caso de ser necesario, las comunicaciones oficiales dirigidas a Juzgados de Distrito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el uso de su firma electrónica.

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