Caridad Rodríguez Quian
Expediente 1136/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1136/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 03/11/2022
Partes del expediente
- Caridad Rodríguez Quian
- Caridad Rodríguez Quian y Otros.
- Manuel Alejandro Carrera Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
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CERTIFICACIONES DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE Y REMISIÓN ARCHIVO MATERIAL
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Toluca, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de quince de agosto del año en curso, por el que se declaró el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el juicio en que se actúa. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
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Toluca, Estado de México, quince de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los tres escritos de cuenta (el segundo con anexos), mediante los cuales, con el primero, aparentemente la tercero interesada *******, nombra a ********, autoriza a para oír y recibir notificaciones, así como para recoger cualquier tipo de documentos, sin revocar los anteriores. En ese sentido, dado que la firma que calza el ocurso que se atiende, difiere notablemente de la que obra en autos; se requiere al promovente para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este proveído, comparezca en las instalaciones de este Juzgado de Distrito a ratificar el contenido y firma del ocurso de cuenta; apercibida que de ser omisa al respecto, se tendrá por no presentado el ocurso que se atiende. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 202, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 165 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBE MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiéndose al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." En el entendido, que previo a acudir a este órgano jurisdiccional a ratificar el contenido y firma del escrito de cuenta, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. No se soslaya que como se le precisó en auto de veintiocho de julio del año en curso, los efectos de la resolución emitida en los autos del amparo en revisión 98/2022 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, fueron para reponer el procedimiento y dejar insubsistente todo lo actuado, a partir del auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de prevenir a la parte quejosa en los términos precisados; sin embargo, ante la evidente discrepancia de su firma a la que obra en las constancias que en su momento fueron exhibidas, se acuerda en los términos precisados. Por otro lado, con dos restantes escritos de cuenta, el quejoso *******, ofrece diversas documentales como pruebas en el juicio de amparo en que se actúa y formular manifestaciones a manera de alegatos. En consecuencia, en relación a las pruebas que ofrece, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la celebración de la audiencia constitucional. Luego, en relación a las manifestaciones que realiza, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas a manera de alegatos, las cuales serán relacionadas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la tercero interesada. Así lo proveyó y firma Víctor Eduardo Hernández Pérez, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el diverso 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2647/2022, de veinte de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial, asistido de Xavier Esteban Reyes Iniesta, Secretario con quien actúa. Doy fe.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DE QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, TODA VEZ QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL CITATORIO QU ELE FUE ENTREGADO EN SU DOMICILIO EL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, AUTO QUE REFIERE: Toluca, Estado de México, quince de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los escritos de cuenta; mediante los cuales, con el primero, Jesús Emmanuel Méndez Monroy, asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, en atención a la vista ordenada en proveído de cuatro de agosto del año en curso, realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos; en ese sentido, únicamente se tienen por vertidas las mismas, sin emitir mayor pronunciamiento por lo que se acordará en los siguientes párrafos de la presente determinación. Por otro lado, con el segundo escrito, Jesús Emmanuel Méndez Monroy, asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, en atención a la vista ordenada en proveído de nueve de agosto pasado, manifiesta que toda vez que del informe justificado rendido por el Representante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, se desprende que en fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, los quejosos egresaron del albergue donde permanecían privados de su libertad y por ende cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que procede decretar el sobreseimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, así como la causal de improcedencia enunciada en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo: Atento a lo anterior, toda vez que de autos se evidencia que en fecha cinco de agosto pasado, los directos quejosos fueron externados de las instalaciones del Albergue del Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno del Estado de México, en donde se encontraban puestos a disposición y el alojamiento temporal con motivo del procedimiento administrativo migratorio instaurado en su contra. En consecuencia, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: *** Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: **** Este juzgado estima lo anterior, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó del Titular o Director del "albergue" o "estancia" del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y otras autoridades los siguientes actos: El aseguramiento, alojamiento y/o detención de las quejosas por más de 36 horas en el "albergue" o "estancia" del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México ubicado en Privada El Oro 806, Colonia Barrio de San Miguel Apinahuizco, 50040, Sector 28 Toluca de Lerdo, Estado de México, con teléfono 7222133080, lugar autorizado por el Instituto Nacional de Migración del Estado de México. Inminente y posible deportación y/o expulsión del país o similar ya sea a frontera o a su país de origen en donde su vida peligre, de la que fuimos amenazados por parte del Instituto Nacional de Migración del Estado de México. Ahora bien, del oficio INM/OREM/SCVM/1768/2022, firmado por la encargada de la oficina de la representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, se aprecia que los efectos del citado acto reclamado cesaron, en virtud a que, las autoridades responsables, en fecha cinco de agosto del año en curso, en cumplimiento a los ordenado en el presente asunto, procedieron a dejar en libertad a los directos agraviados, bajo una medida de control migratorio de las que contempla la Ley de Migración y su Reglamento; circunstancia que se acredita con la citada misiva, la cual, por tratarse de una documental pública y ser emitida por autoridad competente en uso de sus facultades, se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, del segundo escrito de cuenta, se advierte que el propio Asesor Jurídico Federal, solicita el sobreseimiento de la instancia constitucional. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintidós, así como la diversa fijada para la audiencia incidental por defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano agendada para las once horas con quince minutos del veintidós de agosto de dos mil veintidós, se dejan sin efectos.
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