Carlos Alberto Astivia Vilchis
Expediente 927/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 927/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 17/12/2018
Partes del expediente
- Carlos Alberto Astivia Vilchis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
I)Toluca, Estado de México; diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de treinta de octubre de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de depuración; ello es así, toda vez que en el presente juicio se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia). Asimismo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado y el duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original. De igual manera, se precisa que en el presente asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia), asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se le comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
I. SE LISTA AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Toluca, Estado de México; treinta de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la sentencia de amparo. Por ende, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran el juicio para verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se terminó de engrosar sentencia en la que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Alberto Astivia Vilchis, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso séptimo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carlos Alberto Astivia Vilchis, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso octavo." Ahora bien, la concesión del amparo fue para el efecto de que el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, dejara insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, emitida dentro de la carpeta administrativa 109/2018 y procediera a emitir una resolución en la cual después de ponderar las circunstancias especiales del caso concreto, con plenitud de jurisdicción, excluya la prisión preventiva oficiosa, imponga al quejoso una medida cautelar prevista en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atento a lo anterior, mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, México, mediante el cual comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada de la resolución de medida cautelar de nueve de octubre de dos mil dieciocho, emitida en los autos de la carpeta administrativa 109/2018, en la cual se aprecia lo siguiente: Dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la imposición de la prisión preventiva oficiosa de diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, emitida en la carpeta administrativa 109/2018. "A. Deje insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, emitida dentro de la carpeta administrativa 109/2018." El juez responsable determinó procedente imponer al quejoso como medida cautelar la de garantía económica prevista en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales por la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración los datos expuestos en la demanda inicial, básicamente en el certificado médico de estado psicofísico y de lesiones de la víctima. "B. Proceda a emitir una resolución en la cual después de ponderar las circunstancias especiales del caso concreto, con plenitud de jurisdicción, excluya la prisión preventiva oficiosa, imponga al quejoso un medida cautelar prevista en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; treinta de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la sentencia de amparo. Por ende, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran el juicio para verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se terminó de engrosar sentencia en la que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Alberto Astivia Vilchis, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso séptimo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carlos Alberto Astivia Vilchis, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso octavo." Ahora bien, la concesión del amparo fue para el efecto de que el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, dejara insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, emitida dentro de la carpeta administrativa 109/2018 y procediera a emitir una resolución en la cual después de ponderar las circunstancias especiales del caso concreto, con plenitud de jurisdicción, excluya la prisión preventiva oficiosa, imponga al quejoso una medida cautelar prevista en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atento a lo anterior, mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, México, mediante el cual comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada de la resolución de medida cautelar de nueve de octubre de dos mil dieciocho, emitida en los autos de la carpeta administrativa 109/2018, en la cual se aprecia lo siguiente: Dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la imposición de la prisión preventiva oficiosa de diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, emitida en la carpeta administrativa 109/2018. "A. Deje insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, emitida dentro de la carpeta administrativa 109/2018." El juez responsable determinó procedente imponer al quejoso como medida cautelar la de garantía económica prevista en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales por la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración los datos expuestos en la demanda inicial, básicamente en el certificado médico de estado psicofísico y de lesiones de la víctima. "B. Proceda a emitir una resolución en la cual después de ponderar las circunstancias especiales del caso concreto, con plenitud de jurisdicción, excluya la prisión preventiva oficiosa, imponga al quejoso un medida cautelar prevista en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Ténganse por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, mediante el cual comunica la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo; asimismo, remite copia certificada de la resolución medida cautelar de nueve de octubre de dos mil dieciocho, emitida en los autos de la carpeta administrativa 109/2018, así como un disco en formato DVD el que contiene la videograbación de la audiencia celebrada en esa fecha. Lo anterior, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. Expuesto lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con los oficios y anexos remitidos por el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, Estado de México y por el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, para que en el plazo de tres días, contado legalmente, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que las responsables dieron cumplimiento al fallo protector, apercibido que de no hacerlo, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias de autos. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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