Carlos Alberto Alvarez Diaz
Expediente 1149/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1149/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 20/10/2016
Partes del expediente
- Carlos Alberto Alvarez Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Toluca, Estado de México; veinte de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, se advierte que por auto de esta misma fecha se ordenó remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. De igual forma, se declaró que tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción, al haberse negado la medida cautelar solicitada. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito; el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de octubre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que el quejoso Carlos Alberto Álvarez Díaz, a quien se considera podría perjudicarle la sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se resolvió sobreseer en el juicio de amparo; no fue recurrida dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado, por lo que háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se precisa que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo. 2. El original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al haberse negado la medida cautelar definitiva. 3. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original. Asimismo, es menester referir que en los cuadernos aludidos no existen documentos originales que encuadren en las hipótesis descritas en el punto segundo de las disposiciones generales del inciso XVIII del Acuerdo citado; por lo que, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo multicitado. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
SENTENCIA. Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1149/2016-I, promovido por Carlos Alberto Álvarez Díaz, contra actos del Comisionado Nacional de Seguridad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, remitido ese mismo día a este Juzgado de Distrito, Carlos Alberto Álvarez Díaz, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "3. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- C. Comisionado Nacional de Seguridad; 2.- Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; 3.- C. Coordinador General de Centros Federales; 4.- C. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno denominado "Altiplano"; 5.- H. Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, denominado "Altiplano"; 6.- C. Subdirector Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, denominado "Altiplano"; 7.- C. Subdirector Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, denominado "Altiplano"; 8.- C. Subdirector de Seguridad y Guarda del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, denominado "Altiplano"; 9.- C. Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, denominado "Altiplano"; y, 10.- C. Subdirector Administrativo del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, denominado "Altiplano". "4.- ACTOS RECLAMADOS: A todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, se les reclama la orden de traslado del suscrito a diverso centro penitenciario de máxima seguridad y su inminente ejecución. Además, a las autoridades señaladas como responsables en esta demanda inicial de amparo, se les reclaman todas las consecuencias de hecho y de derecho que emanan de los actos antes precisados, como lo son: el de impedir de que el quejoso continúe en prisión preventiva dentro del centro penitenciario en el que me encuentro a disposición del C. Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el cual se me instruye proceso dentro de los autos de la causa penal 23/2016, mismo que se encuentra pendiente de resolver. Se les reclama a las autoridades responsables el acto formal y la material ejecución de los actos arriba señalados, por no existir previa notificación legal al ahora quejoso y sin que se hubieran seguido las formalidades esenciales del procedimiento administrativo previsto en el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, así como en lo estipulado en el Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social. Por último, se les reclama a la totalidad de las autoridades que son señaladas de responsables en esta demanda inicial del juicio de amparo indirecto, todas las consecuencias de hecho y de derecho, que en forma inminente y futura deriven necesariamente de los actos que a cada una de ellas se les atribuyen y que se precisaron con antelación, así como, su legal intervención que en esos actos reclamados tuvieron directa e indirectamente, mismos que se impugnan en la vía del amparo indirecto por considerarlos violatorios de los derechos humanos que le asisten a CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ DÍAZ, en los términos de los "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN" que más adelante se proponen." La parte quejosa narró los antecedentes del caso y, dada la naturaleza del acto reclamado, no señaló tercero interesado, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes; y precisó que los actos reclamados aducidos son violatorios de los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante auto de uno de agosto anterior, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En proveído de treinta de agosto de dos mil dieciséis, se difirió por única ocasión la audiencia constitucional, por los motivos expuestos en dicha determinación, asimismo, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CUARTO. AUTORIDADES INEXISTENTES. La presente sentencia no se ocupará de los actos reclamados a las autoridades responsables denominadas por el quejoso como: Consejo Técnico Interdisciplinario, Subdirector Jurídico y al Titular del Área Seguridad y Custodia, todos del Centro Federal de Readaptación del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, pues en proveído de nueve de agosto de dos mil dieciséis, se les dejó de tener como autoridades responsables para efecto del trámite subsecuente del presente amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado, de existir, podría tener ejecución material dentro de la demarcación territorial en que este órgano constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, número de registro 192097, misma que se transcribe a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en concordancia con los autos del sumario constitucional, se concluye que el peticionario de amparo reclama: La orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, a diverso Centro Penitenciario, así como su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados a cada una de las autoridades responsables en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página sesenta y ocho, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con número de registro 212775, misma que se transcribe a continuación: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En esa tesitura, las autoridades responsables: Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica, en representación del Director General, el Subdirector Técnico, Encargado de la Subdirección de Seguridad y Guarda y el Subdirector Administrativo, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México. Director General de Procedimientos Constitucionales en suplencia por ausencia del Comisionado Nacional de Seguridad. Subdirectora de Área en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, éste a su vez en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y del Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Negaron la existencia del acto que le atribuye el impetrante de amparo, consistente en la orden de traslado a diverso centro de reclusión en el que se encuentra actualmente. Ahora bien, toda vez que el quejoso no desvirtuó la negativa de los actos dentro de su oportunidad procesal; en consecuencia, se sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades indicadas, por surtirse el supuesto normativo contenido en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto se transcribe a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Carlos Alberto Álvarez Díaz, en contra del acto reclamado atribuido a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de este fallo constitucional, en términos de lo razonado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario María Isabel López Mondragón, quien da fe. Doy fe
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL. VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1149/2016-I, promovido por Carlos Alberto Álvarez Díaz, contra actos del Comisionado Nacional de Seguridad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito de demanda recibido en este Juzgado de Distrito el uno de agosto de dos mil dieciséis, Carlos Alberto Álvarez Díaz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se indican: "3. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- C. Comisionado Nacional de Seguridad; 2.- Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; 3.- C. Coordinador General de Centros Federales; 4.- C. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno denominado "Altiplano"; 5.- H. Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, denominado "Altiplano"; 6.- C. Subdirector Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, denominado "Altiplano"; 7.- C. Subdirector Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, denominado "Altiplano"; 8.- C. Subdirector de Seguridad y Guarda del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, denominado "Altiplano"; 9.- C. Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, denominado "Altiplano"; y, 10.- C. Subdirector Administrativo del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, denominado "Altiplano". "4.- ACTOS RECLAMADOS: A todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, se les reclama la orden de traslado del suscrito a diverso centro penitenciario de máxima seguridad y su inminente ejecución. Además, a las autoridades señaladas como responsables en esta demanda inicial de amparo, se les reclaman todas las consecuencias de hecho y de derecho que emanan de los actos antes precisados, como lo son: el de impedir de que el quejoso continúe en prisión preventiva dentro del centro penitenciario en el que me encuentro a disposición del C. Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el cual se me instruye proceso dentro de los autos de la causa penal 23/2016, mismo que se encuentra pendiente de resolver. Se les reclama a las autoridades responsables el acto formal y la material ejecución de los actos arriba señalados, por no existir previa notificación legal al ahora quejoso y sin que se hubieran seguido las formalidades esenciales del procedimiento administrativo previsto en el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, así como en lo estipulado en el Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social. Por último, se les reclama a la totalidad de las autoridades que son señaladas de responsables en esta demanda inicial del juicio de amparo indirecto, todas las consecuencias de hecho y de derecho, que en forma inminente y futura deriven necesariamente de los actos que a cada una de ellas se les atribuyen y que se precisaron con antelación, así como, su legal intervención que en esos actos reclamados tuvieron directa e indirectamente, mismos que se impugnan en la vía del amparo indirecto por considerarlos violatorios de los derechos humanos que le asisten a CARLOS ALBERTO ALVAREZ DÍAZ, en los términos de los "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN" que más adelante se proponen." SEGUNDO. SOLICITUD DE INFORME PREVIO. Por auto de uno de agosto anterior, se formó por duplicado el incidente de suspensión para proveer respecto del acto combatido; se solicitó informe previo a las autoridades responsables. TERCERO. RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA. Mediante resolución interlocutoria de ocho de agosto de dos mil dieciséis, se resolvió en definitiva respecto de las autoridades responsables ahí señaladas y, en relación a las diversas se dejó pendiente por resolver, hasta en tanto éstas rindieran su informe previo. CUARTO. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se difirió por última ocasión la audiencia incidental, por lo que se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. FIJACIÓN DE ACTO RECLAMADO. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el impetrante de amparo señaló como acto reclamado la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, a diverso Centro Penitenciario, así como su ejecución. SEGUNDO. Las autoridades responsables: Director General de Procedimientos Constitucionales en suplencia por ausencia del Comisionado Nacional de Seguridad. Subdirectora de Área en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, éste a su vez en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y del Coordinador General de Centros Federales de dicho Órgano Administrativo Desconcentrado. Al rendir sus informes previos negaron la existencia del acto reclamado. Por su parte, el agraviado no aportó prueba alguna en contrario tendente a desvirtuar tal negativa. En tal virtud, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada por no existir materia sobre qué aplicarla. Por su aplicación al caso se cita la jurisprudencia publicada en la página 227, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 1991, Tomo VIII, octava época, registro 221398, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se niega a Carlos Alberto Álvarez Díaz, la suspensión definitiva respecto del acto reclamado y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante la Secretaria, María Isabel López Mondragón, quien da fe. Doy fe.
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