Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 131/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
131/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Juan Manuel Espinoza González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, firmado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo, en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual transcribe el auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por medio del cual se advierte que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada. Asimismo, informa que el indicado sumario constitucional quedó radicado con el número *** de su índice. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comunicando lo anterior a las partes. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha en que se actúa ha fenecido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de cinco de marzo de la presente anualidad, a efecto de que desahogara la prevención formulada, sin que lo hubiese hecho. En ese contexto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y se deja de tener como autoridades responsables a los dieciséis Jueces de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro e Hidalgo; así como a los gobernadores de las entidades federativas precisadas en la demanda de amparo. En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ***, en representación de los quejosos ***, contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: Subsecretaría de Sistema Penitenciario con residencia en la Ciudad de México. Dirección de la Penitenciaría Comité Técnico de la Penitenciaria con residencia en la Ciudad de México. Subdirección de Seguridad de la Penitenciaria Subdirección Técnica de la Penitenciaria Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y determinación del tratamiento de a Penitenciaria de la Ciudad de México. Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana Órgano Administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social OADPRS Secretaría de Gobernación Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Actos reclamados: Reubicación de los quejosos del dormitorio en los que se encuentran -dormitorio cuatro, zona uno, estancia once-. Represalias, amenazas, intimidación, actos de molestia, dolor psíquico, angustia, así como afectación a su integridad psicoemocional. Desacato de órdenes de medidas cautelares, emitida por la fiscalía de investigación de delitos cometidos por servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Discriminación por condición y por ideología. En ese contexto, conviene señalar que por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, resulta procedente analizar de manera previa lo relativo a la competencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de amparo, a efecto de evitar una dilación procesal en aras de salvaguardar lo establecido en el artículo 17 Constitucional, pues en caso de ser legalmente incompetente para conocer del asunto, ello impediría resolver el fondo. En efecto, la competencia es un presupuesto procesal de orden público cuyo estudio se encuentra obligado a efectuar el juzgado de distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juzgado de distrito, se analiza la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Por lo que, para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinarla, como lo son la competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé como tipos de competencia los siguientes: 1. Competencia por territorio; 2. Competencia por materia; 3. Competencia por razón de la vía; y, 4. Competencia auxiliar. En esa tesitura, en el caso se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda constitucional por razón del territorio. Conforme a lo dispuesto en el numeral citado, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración consiste en que el juez de amparo ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda, lógicamente siempre que el acto reclamado haya tenido ejecución dentro de su jurisdicción. c) En el tercer párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que hace la diferencia entre los supuestos descritos en los incisos a y b, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Por su parte, lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. Así, la locución ejecución material es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En otras palabras, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que estatuya una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En el caso concreto, se advierte que los impetrantes de derechos fundamentales se encuentran internos en la Penitenciaria de la Ciudad de México y se duelen que las autoridades responsables pretendan trasladarlos a otro dentro o fuera de la citada ciudad; así como de diversos actos con ejecución dentro de ese centro de reclusión. Por tanto, como en este momento procesal solo se tiene noticia de donde iniciaría la ejecución de traslado (Ciudad de México) pero no del lugar donde continuara ejecutándose, la competencia le corresponde al Juez de Distrito del lugar donde comenzó o comenzará la ejecución, esto es, la Ciudad de México. En consecuencia, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio para someter a control constitucional las actuaciones de las autoridades responsables, y por ende, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por ***, en representación de los quejosos ***, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito respectivo, quien se estima competente para conocer de la controversia planteada pues es el lugar donde inició o comenzará la ejecución del traslado reclamado y donde tienen lugar los demás actos combatidos. Sin que obste para la anterior determinación el hecho de que los quejosos hubieren señalado como autoridades responsables a los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, pues en párrafos anteriores se les hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de cinco de marzo pasado, y se dejaron de tener, junto con otras, como autoridades responsables. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, solicitándose al órgano jurisdiccional que conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta la competencia declinada. Por otra parte, no es el caso girar exhorto al juez de Distrito correspondiente a fin de que comunique la presente determinación de los quejosos, pues en caso de que el homologo federal con sede en la Ciudad de México acepte la competencia declinada, estará en aptitud de comunicárselos de manera directa, en caso contrario, este órgano jurisdiccional comunicará lo conducente a los peticionarios.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto ***, del índice de este juzgado, registrado en dicho órgano judicial con el número de exhorto ***, por el que se le solicitó notificar a los quejosos *** y ***, el proveído de cinco de los corrientes, dictado en el presente juicio de amparo; destacándose que dichos quejosos ratificaron la demanda interpuesta a su favor; en la inteligencia que se encuentra transcurriendo el plazo concedido para que den cumplimiento a la prevención formulada en dicho proveído. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otra parte, agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario adscrito al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite los informes rendidos por las autoridades responsables respecto de la suspensión de plano, en consecuencia, se provee: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene al Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento, Secretario del Comité Técnico, encargado de la Dirección de Seguridad, Subdirectora de Apoyo Técnico, Subdirector Jurídico en representación del Director, todos de la Penitenciaria de la Ciudad de México, Subsecretario y Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaria, ambos del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, rindiendo sus informes respecto a la suspensión de plano concedida; atento a ello, este juzgado toma conocimiento de lo anterior.

  4. Principal

    Agréguese a los autos la impresión del correo electrónico enviado por el Técnico de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, así como la boleta de turno que se remite junto con dicha comunicación, correspondiente a la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, para los efectos legales y administrativos conducentes.

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