Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 125/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Juan Manuel Espinoza González
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio en el que se le remitió el cuaderno principal del presente sumario constitucional e informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo presentada por ***, quedando radicada bajo el número ***. Se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Finalmente, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de tres de marzo del año que transcurre, a efecto de que aclarara el acto reclamado a las autoridades responsables ahí precisadas, sin que lo hubiesen hecho. En ese contexto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y se deja de tener como autoridades responsables a los Jueces de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro e Hidalgo; así como a los gobernadores de las entidades federativas precisadas en la demanda de amparo. En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ***, en representación de los quejosos ***, contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: Secretaría de Gobierno con residencia en la Ciudad de México. Subsecretaría de Sistema Penitenciario con residencia en la Ciudad de México. Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria con residencia en la Ciudad de México. Secretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con residencia en la Ciudad de México. Órgano Administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social OADPRS con residencia en la Ciudad de México. Secretaría de Gobernación con residencia en la Ciudad de México. Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación con residencia en la Ciudad de México. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con residencia en la Ciudad de México. Dirección Penitenciaria. Subdirección de Seguridad de la Penitenciaria. Comité Técnico de la Penitenciaria con residencia en la Ciudad de México. Actos reclamados: El traslado fuera de procedimiento de la penitenciaria en la que se encuentran, a otro centro penitenciario. Represalias, intimidación, amenazas y actos de molestia, que influyen en dolor y angustia psíquica. Reubicación de los quejosos del dormitorio en los que se encuentran -dormitorio cuatro, zona uno, estancia once- a otro dormitorio diverso módulo de castigo o área diversa fuera de procedimiento que pone en riesgo grave a la salud, vida, integridad y dignidad personal. Discriminación por condición, ideología y usos y costumbres. Violación a la orden de restricción emitida por la Fiscalía de Investigación de delitos cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la que se ordenó no ingresar a ninguna otra persona a la estancia ***. Vulneración a los derechos de salud e integridad psicoemocional. En ese contexto, conviene señalar que por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, resulta procedente analizar de manera previa lo relativo a la competencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de amparo, a efecto de evitar una dilación procesal en aras de salvaguardar lo establecido, pues en caso de ser legalmente incompetente para conocer del asunto, ello impediría resolver el fondo. En efecto, la competencia es un presupuesto procesal de orden público cuyo estudio se encuentra obligado a efectuar el juzgado de distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juzgado de distrito. Por tanto, se analiza la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. En esa tesitura, en el caso se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda constitucional por razón del territorio. Conforme a lo dispuesto en el numeral citado, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración consiste en que el juez de amparo ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis constituye un matiz de la anterior, ya que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda, lógicamente siempre que el acto reclamado haya tenido ejecución dentro de su jurisdicción. c) En el tercer párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que hace la diferencia entre los supuestos descritos en los incisos a y b, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Por su parte, lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. Así, la locución ejecución material es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En otras palabras, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que estatuya una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En el caso concreto, se advierte que los impetrantes de derechos fundamentales se encuentran internos en la Penitenciaria de la Ciudad de México y se duelen que las autoridades responsables pretendan trasladarlos a otro dentro o fuera de la citada ciudad; así como de diversos actos con ejecución dentro de ese centro de reclusión. Por tanto, como en este momento procesal solo se tiene noticia de donde iniciaría la ejecución de traslado (Ciudad de México) pero no del lugar donde continuara ejecutándose, la competencia le corresponde al Juez de Distrito del lugar donde comenzó o comenzará la ejecución, esto es, la Ciudad de México. En consecuencia, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio para someter a control constitucional las actuaciones de las autoridades responsables, y por ende, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por ***, en representación de los quejosos ***, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito respectivo, quien se estima competente para conocer de la controversia planteada pues es el lugar donde inició o comenzará la ejecución del traslado reclamado y donde tienen lugar los demás actos combatidos. Sin que obste para la anterior determinación el hecho de que los quejosos hubieren señalado como autoridades responsables a los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, pues en párrafos anteriores se les hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, y se dejaron de tener, junto con otras, como autoridades responsables. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, solicitándose al órgano jurisdiccional que conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta la competencia declinada. Por otra parte, no es el caso girar exhorto al juez de Distrito correspondiente a fin de que comunique la presente determinación de los quejosos, pues en caso de que el homólogo federal con sede en la Ciudad de México acepte la competencia declinada, estará en aptitud de comunicárselos de manera directa, en caso contrario, este órgano jurisdiccional comunicará lo conducente a los peticionarios.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto *** (orden *** de su índice, derivado del diverso *** (orden ***) del registro de este órgano jurisdiccional, en el que se solicitó que en auxilio de las labores de este juzgado, se constituyera ante el encargado de las instalaciones del centro de reclusión en el que se encuentren los quejosos, y constatara si *** y *** se encuentran recluidos dentro de alguna celda de aislamiento o castigo de dicho centro, y de ser así, les notificara personalmente el acuerdo de tres de los corrientes; asimismo, para que los requiriera para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días siguientes, manifiesten si es su deseo o no ratificar la demanda promovida en su favor. En ese contexto, téngase por devuelto el exhorto de mérito y, en consecuencia, hágase las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Asimismo, toda vez que la presente comunicación fue recibida de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el propio sistema realiza en automático el acuse de recibo, el cual puede ser consultado por la autoridad remitente ingresando al referido módulo de información. Ahora bien, de las constancias que integran la referida comunicación oficial, se advierte que los directos quejosos *** y *** ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor; por tanto, una vez que fenezca el plazo de cinco días concedido en el acuerdo de tres de marzo de la presente anualidad, para que den cumplimiento a la prevención ahí formulada, acuérdese lo conducente.
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